El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente.

Este es al análisis realizado por parte de la investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA), con base en datos públicos del gobierno y en solicitudes de acceso a información pública. Los resultados fueron presentados este mes de septiembre en el informe Trasnformación Militarizada: Derechos Humanos y Controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México.

El gobierno de López Obrador logró, según el informe, lo que sus antecesores no lograron: aprobar leyes y normativas que garantizan la institucionalización de la militarización. En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero fue invalidada en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2018, por pretender normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas civiles.

Po su parte, López Obrador logró una reforma constitucional en marzo de 2019 que, entre otros puntos, se les brindó a los militares la facultad de realizar tareas policiales hasta 2024, si es que el presidente lo considera conveniente.

En 2020, el mandatario mexicano publicó un nuevo Acuerdo Presidencial mediante el cual ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la SCJN ha validado la procedencia de este Acuerdo citando el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019. Ya para el año 2022, se decide que la disposición de las fuerzas armadas en tareas policiales se extiende hasta 2028 mediante otra reforma constitucional. Es decir, que quien suceda a López Obrador en el poder, tendrá la posibilidad de hacer uso de las fuerzas armadas en el ámbito civil y administrativo.

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Como consecuencia, a través de la reforma constitucional de marzo de 2019 y la posterior aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, en mayo del mismo, se creó la Guardia Nacional (GN) como nueva fuerza de seguridad federal, en sustitución de la ahora extinta Policía Federal entrenada y equipada por los Estados Unidos.

Aunque el artículo 21 de la Constitución dispone que la GN sea “una institución policial de carácter civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los hechos se trata de una fuerza cuya formación, estructura de mando, despliegue territorial mediante cuarteles e identidad institucional son fundamentalmente militares.

De acuerdo con la investigación, existen documentos oficiales que revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la coordinación operativa de la GN a partir de octubre de 2020.

Para formalizar y profundizar la identidad de la GN como una fuerza armada, López Obrador logró una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en septiembre de 2022 para otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena. Cabe mencionar que dicha reforma figura entre los cambios previstos por esta institución en un esquema más amplio de reestructuración interna dado a conocer en 2021.

Para abril de este año 2023, la SCJN invalidó la reforma a la GN por contradecir el texto de la Constitución, al considerar a la GN como una fuerza civil. No obstante, la SCJN otorgó un plazo hasta enero de 2024 para el cumplimiento de su resolución. De cumplirse lo ordenado por la SCJN en ese plazo, presumiblemente la GN seguiría bajo la coordinación de facto de la Sedena.

Militares reconocen “logros” del presidente

El informe menciona el recuento de este proceso que hace el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, que ilustra cómo las propuestas de las fuerzas armadas encontraron eco en la presente administración federal:

“[En sexenios anteriores] nunca nos dieron lo que siempre, tanto mi general Galván como mi general Cienfuegos, pidieron. En esta administración se dio de una manera fácil porque el señor presidente entendió perfectamente cuál era la necesidad que teníamos para no exponernos y para obviamente tener la facultad legal de actuar. Además, se logró con algo muy sencillo, no con una ley sino con un artículo transitorio que nos da respaldo legal. Con uno, dos o tres renglones, que es lo que abarca ese transitorio, se logró lo que en tantos años no pudimos. […]”.

Despliegues

El despliegue de fuerzas militares y militarizadas se mantiene en niveles históricos, señala el informe. El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentado por las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en mayo de 2023, reporta un despliegue de 79 mil 399 “efectivos de la Fuerza Armada Permanente repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública”, de los que 59 mil 217 corresponden al Ejército y 20 mil 182 a la Marina.

Si se suma el despliegue de las fuerzas federales en otras tareas, de acuerdo al informe mensual de seguridad del gobierno federal, de junio de 2023, en el periodo que va del 30 de mayo al 12 de junio de 2023, estaban desplegados 109 mil 281 integrantes de la GN y 145 mil 995 integrantes de las fuerzas armadas, dando un total de 255 mil 276 elementos adscritos a Sedena.

La militarización de las tareas policiales también ocurre a través del nombramiento de mandos militares en las instituciones de seguridad estatales y locales, sostiene el informe. López Obrador ha recomendado públicamente a los gobernadores y gobernadoras consultar con la Sedena y la Semar antes de nombrar a las personas titulares de las secretarÌas de seguridad pública estatales, “para que se tenga personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles”.

En megaproyectos

El gobierno federal también ha asignado una creciente lista de otras tareas civiles a las fuerzas armadas, mediante una serie de acciones y reformas tanto administrativas como legislativas.

Estas tareas incluyen la construcción de megaproyectos o la administración de empresas a cargo de estos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos, con planes para que pronto empiece a operar una aerolínea militar. Las instituciones militares también controlan puertos y aduanas.

El estudio alerta que al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. Además, México sigue experimentando niveles históricos de violencia, y la gran mayoría de delitos quedan impunes.

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