El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezará a revisar el próximo 28 de noviembre la constitucionalidad del acuerdo presidencial, publicado en mayo de 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en tareas de seguridad pública.

Se trata de la controversia 90/2020. El proyecto está a cargo de la ministra Ríos Farjat. La Consejería Jurídica intentó impedir que se admitiera, con recurso de reclamación. En noviembre de 2021 se envió a Pleno, luego de intentar resolverlo en Primera Sala, explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) en sus redes sociales.

En una rueda de prensa, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, precisó que desde el pasado 10 de noviembre la ministra Ríos Farjat presentó el proyecto de resolución sobre el tema que será debatido por el pleno.

Zaldívar señaló que el Pleno de la SCJN aún no ha acordado si el proyecto de Ríos Farjat será público. “Dada la trascendencia de la discusión, sería deseable que el proyecto se haga público con antelación”, manifestó el Centro Prodh.

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La Corte recibió una decena de recursos e impugnaciones, tanto de organizaciones civiles, como de diputados y senadores de oposición en contra del acuerdo presidencial.

Argumentación frente a la SCJN

El Centro Prodh presentó un Amicus Curiae – figura utilizada en el derecho que alude a la presentación formal dentro de un litigio de observaciones técnico-jurídicas por parte de terceros ajenos al mismo – a los ministros de la Suprema Corte sobre la controversia constitucional 90/2020.

En el documento, la organización de Derechos Humanos argumenta que “el derecho a la vida se ve impactado por la militarización puesto que se ha documentado que las Fuerzas Armadas propenden con mayor frecuencia, por formación y capacidad de fuego, a hacer un uso desproporcionado y a menudo innecesario de la fuerza letal”.

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Además, sostiene que los organismos internacionales han sido constantes en señalar lo problemático que resulta para la vigencia de los derechos humanos, involucrar elementos castrenses en tareas de seguridad pública y, por lo tanto, la necesidad de separar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad y justicia en las que actualmente están involucradas.

Nueva reforma

El acuerdo presidencial publicado en mayo de 2020, el cual reforma el artículo 5° transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, otorga las tareas de seguridad a las fuerzas armadas hasta 2024.

Sin embargo, fue publicado hoy (18) en el Diario Oficial de la Federación el decreto que instituye nueva reforma al artículo 5º transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. El decreto entrará en vigor mañana, 19 de noviembre.

La publicación se dio después de que el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas locales ratificaron esta reforma.

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En la Corte hay otros nueve asuntos pendientes de resolución sobre militarización del país.