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Declaración del genocidio quintanarroense: La destrucción parcial del pueblo maya rebelde y las memorias de la autonomía

El estado mexicano de Quintana Roo esconde un genocidio: su estatus anterior como Territorio Federal (1902-1974) fue diseñado y fundado a través de la destrucción parcial del pueblo maya rebelde –los masewales– y su identidad y autonomía. Los genocidas son el gobierno federal y sus militares; su intención fue planeada: destruir la identidad de los rebeldes, a través de cálculos y ejecuciones racionales y sistemáticas, para después construir una nueva identidad que se adapte a los intereses del Estado, del capitalismo y de la empresa colonial, con la imposición de las ideas de “progreso” y “civilización”. Esta injusticia silenciada ha intentado borrar durante más de un siglo no solo sus cuerpos, sino su memoria y su cultura de manera definitiva.

Los inicios de esta práctica genocida se remontan a los primeros intentos de conquista y sus consecuencias han llegado hasta nuestros días y se proyectan hacia el futuro. Las condiciones de su posibilidad se formaron durante el sistema de dominación colonial, con la producción del racismo, la ocupación de los territorios y el expolio de los pueblos originarios, pero desarrollaron su potencialidad en la formación del Estado-nación mexicano, con las políticas de despojo y la marcación del “otro” indígena, construido por las élites como negativo, inferior y atrasado. Los rebeldes fueron marcados porque su condición de ser mayas implica razones políticas, a saber, el potencial subversivo de su autonomía y su oposición decisiva a la asimilación de la identidad y las prácticas hegemónicas y a las lógicas capitalistas y coloniales.

En la década de 1880 el gobierno federal del porfiriato comenzó el hostigamiento decisivo contra los rebeldes, para la ocupación militar y la integración a la economía peninsular y nacional. El intento de la colonización de su territorio se hizo con decretos legales y el uso de concesiones a empresas forestales, por cientos de miles de hectáreas, con el objetivo de imponer la vida de la “civilización” y acarrear el “progreso” con inversiones de infraestructura, al mismo tiempo que reducir a los rebeldes y obtener el control de la región. Fracasaron, pero no por falta de voluntad. En 1895 el gobierno federal determinó preparar una campaña militar para la “pacificación” de los entonces llamados “salvajes” y “bárbaros”, máxima prioridad nacional para Porfirio Diaz, con la guardia nacional de Yucatán como auxiliar. Ese mismo año el ejecutivo presentó un decreto para sustentar el reordenamiento territorial y las acciones violencia extrema y masiva contra los rebeldes, a quienes les dieron dos opciones: someterse y aceptar el reparto de tierras (perdiendo su autonomía, con la imposición de un gobierno externo) o sufrir la represión militar.

Entre 1896 y 1899 empresarios y el gobierno federal intentaron desarrollar el proyecto insignia del “progreso” de la época: un ferrocarril que pasaría por la capital rebelde y que conectaría Peto con la costa oriental de la península. Se otorgó una concesión para construcción y explotación por 99 años, atrayendo la cooperación de capitalistas regionales y nacionales, en vista de una posible integración de la economía peninsular. La estrategia era en principio militar y después económica: la campaña militar avanzaría simultáneamente con la construcción de las vías ferroviarias: el desmonte en la espesura de la selva significaba abrir paso a los militares. El proyecto, sin embargo, fue nuevamente un fracaso. Pero la ofensiva no se detuvo.
Fueron asimismo tiempos de planeación intelectual para la campaña militar, con recopilación de datos y estudios rigurosos de las condiciones de los rebeldes, así como reclutamiento y formación física y mental de un ejército genocida, a través de la Secretaría de Guerra, y hasta el diseño de una “solución final”. Esto tiene lógica con la elección de Lorenzo García, quien tenía experiencia en el combate contra pueblos indígenas, pues fue condecorado por haber colaborado en la década anterior en los genocidios contra los apaches en Chihuahua y los yaquis en Sonora. Ese historial fue compartido por otros jefes militares que llegaron a la península.

En 1898, la campaña militar consolidó su avance definitivo con la ocupación militar: apoyados por tierra con construcción de caminos, vías telegráficas y telefónicas, y por mar con la instalación de aduanas con el pontón “Chetumal” y buques de guerra.

Se delimitó el territorio rebelde, fragmentando sus relaciones con el exterior y construyendo un cerco de aislamiento casi completo. Los rebeldes, con el drenaje de sus fuentes de suministros para la guerra y de uso cotidiano, se vieron debilitados, sin olvidar que las epidemias, la falta de atención sanitaria y los enfrentamientos políticos internos causados por el hostigamiento acabaron con parte importante de su población.

En octubre de 1899, Ignacio A. Bravo tomó el control de la campaña militar y se emprendió el máximo adelanto, aniquilando a los rebeldes que salieron a la defensiva. La asimetría en la guerra no era solo numérica, sino sobre todo de poder tecnológico y armamentístico. Uno de los primeros enfrentamientos en diciembre de 1899 lo demuestra: fueron asesinados cerca de un centenar de rebeldes, a pesar de haber huido, cargando a sus compañeros, muertos y heridos. Los federales contaban con las armas más avanzadas y el uso de una ametralladora; los rebeldes, por el contrario, tenían fusiles antiguos, de una sola bala por carga. A pesar de que condiciones de la selva ayudaban a los rebeldes, para marzo de 1900 habían fallecido quinientos mayas y cinco federales, sin contar a los heridos de paradero desconocido.

El pueblo maya rebelde se vio forzado a abandonar su pueblo sagrado y capital, Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj K’ampokolche’, para refugiarse en las profundidades de la selva. Bravo profanó el lugar, entrando el 3 de mayo de 1901, día de la Santa Cruz. Al año siguiente, el 24 de noviembre de 1902, se creó el Territorio Federal de Quintana Roo. Bravo y los jefes militares recibieron medallas por matar mayas rebeldes. Pero los rebeldes no tuvieron paz. Los federales destruyeron sus bases esenciales para la vida, con persecución incesante y devastación de sus poblados,
milpas, maizales y suministros. Años después, todavía se practicaban escalofriantes cacerías ocasionales y capturas de mayas rebeldes para destinarlos al puerto de Veracruz como esclavos. Este terror producido por los federales, en especial por Bravo, se extendió por el territorio, los cuerpos y la memoria de los rebeldes. Pero el genocidio no pudo someterlos por completo. Con el final oficialista de la campaña militar, construyeron una autonomía, pero más limitada, obligados a ciertas negociaciones con el gobierno.

El debilitamiento sistemático nunca se detuvo, solo cambió de forma. El objetivo de integración a la nación mexicana se dio entonces a través del disciplinamiento de las misiones educativas y de nuevos proyectos de comunicación, transporte e infraestructura. Aun con este disimulo, un grupo de rebeldes se opuso a los intentos del gobierno federal de acabar con toda forma de autogobierno. En 1933 ocurrió un enfrentamiento entre los militares mexicanos y los mayas en el pueblo de Dzulá, que fue saqueado, incendiado y sitiado, no dejando más alternativa que un exilio por seis años en el último bastión de la autonomía, el pueblo de Xcacal. A esto sobrevino la imposición de la «identidad mexicana” a los pueblos mayas.

El reordenamiento territorial estaba en marcha. En 1969 el pueblo maya de Chumpón se opuso a la construcción de una carretera pavimentada dentro de su territorio, pero la falta de armas les impidió atacar a los constructores, quienes estaban protegidos por un destacamento de tropas federales.

Aquella carretera se convirtió en la Federal 307, que pasando por Felipe Carrillo Puerto, antigua capital rebelde, conecta con 366 km Chetumal y Cancún, cuya creación como Centro Integralmente Planeado fue justamente un año después, en 1970, y se ha convertido en la capital de la criminalidad y el ejemplo del desastre ambiental, social y cultural, ocasionado por un modelo desarrolista y de hiperturistificación impuesto a nuestros pueblos.

El genocidio quintanarroense como destrucción parcial del pueblo maya rebelde no ha cesado de producir muertes. No necesitan ser asesinatos masivos o directos. La práctica genocida en realidad produce las condiciones para la muerte de un pueblo: el empobrecimiento general de la calidad de vida, la contaminación de alimentos y agua, la falta de atención sanitaria, las secuelas de la explotación, la agitación del reordenamiento territorial, los accidentes y el incremento de la violencia por el crimen.

Con todo, para la lógica genocida la muerte física no es suficiente. Su objetivo es el diseño de una nueva identidad sobre el propio grupo aniquilado y la construcción de nuevas prácticas sociales. Es así como se desvanece una cultura para reconfigurar otra, con la imposición de tradiciones inventadas por el poder, como la “mexicanidad” y ahora la “identidad quintanarroense”, al servicio de las lógicas del mercado.

Ahora, más de un siglo después de aquel ferrocarril porfirista, se está construyendo un tren al que han llamado “maya”. Existen continuidades históricas y sistémicas de las prácticas genocidas con las lógicas del despojo y la explotación actuales. Similar al de aquella época, este tren está diseñado para el avance militar y el reordenamiento territorial, ligado a las lógicas genocidas del exterminio, la muerte antes de tiempo y la destrucción cada vez más intensa de los pueblos mayas. Los efectos previstos son catastróficos y amenazan con clausurar por completo la práctica genocida: no solo la extinción de un pueblo, sino la realización de que el pueblo nunca existió; no solo el olvido definitivo, sino el falseamiento de la memoria y la cultura.

Los genocidios son más frecuentes de lo que pensamos. Al mismo tiempo que aniquilan pueblos, no solo conciernen a sus integrantes, sino que tienen efectos en toda la sociedad. Opuestos a la autodeterminación de los cuerpos y los pueblos, son atentados contra la vida. ¿Cuántos genocidios habrá en la historia de las injusticias que han sido borrados de la memoria? ¿Cuáles son los efectos que tienen los genocidios en la configuración actual de nuestros pueblos, del estado, del país y del mundo? ¿Qué relación tienen los genocidios con la expansión del capitalismo y el desarrollismo? ¿Quiénes se benefician por los genocidios?

Ante este panorama desesperanzador, ¿qué podemos hacer? La primera respuesta está en la memoria: conocer las injusticias del pasado y pensar el presente y el futuro a la luz de las experiencias terroríficas de nuestros pueblos. No hay otra manera de cultivar la justicia que conociendo las injusticias.

Eso es la memoria: el grito de no repetición, el ¡nunca más! Tenemos responsabilidad con nuestras abuelas y abuelos, con el pasado, con la memoria.

Es por eso que una manera de comenzar a luchar contra las injusticias es no olvidar. Solo manteniendo viva las memorias de la autonomía podemos pensar en lograr nuevas autonomías para nuestros futuros.

En el tiempo en que el gobierno de Quintana Roo celebra el 120 aniversario de la creación del Territorio Federal con un discurso que profundiza el despojo de la memoria, los nietos y las nietas de los mayas rebeldes declaramos que el genocidio quintanarroense sucedió, que nos atraviesa el corazón y lo más sagrado de lo que somos como pueblo. Que las prácticas genocidas están vigentes, como vigentes están también la resistencia y la rebeldía.

¡Por la memoria!
¡Por la justicia!
¡Por la autonomía!
Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj K’ampokolche’. En el día 3 ben, 6 keej, del año 172.
Campaña U jeets’e le ki’ki kuxtal.
¡Por una vida digna, vamos por la autonomía!

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