En Chiapas existe un patrón recurrente hacia personas defensoras de derechos humanos, a quienes se les amenaza, agrede y asesina; el Estado mexicano sigue sin generar mecanismos apropiados y que den evidencia de resultados para revertir la impunidad y la violencia. Los gobiernos tanto estatal como federal no garantizan ni protegen a quienes defienden los derechos humanos, utilizan el poder político para su criminalización y hostigamiento judicial.

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