Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
^{Fotos por Aidesep}

Tras once años del asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto (región Ucayali), el Poder Judicial del Perú ratificó la sentencia contra los autores del crimen.

En un fallo que marca precedentes para casos de crímenes contra dirigentes indígenas, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó, este lunes 25 de agosto, la pena de 28 años de cárcel por homicidio calificado a cuatro taladores ilegales, quienes aún no son capturados. 

Se teme que los asesinos escapen del país y la sentencia no se ejecute. Hay, además, un quinto acusado cuyo proceso se encuentra suspendido y de quién se desconoce su paradero.

“Tenemos información de que ya han intentado huir hacia Brasil. Si no se actúa de inmediato, la justicia podría volver a quedar impune”, señaló la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

En este largo proceso, los familiares de las víctimas se enfrentaron a obstáculos por parte de las autoridades, como la anulación de una primera condena en 2023, lo que significó el inicio de un nuevo juicio. La presión de las comunidades amazónicas para visibilizar el caso Saweto durante estos años fue clave. 

El crimen fue cometido el 1 de setiembre de 2014, cuando a Edwin Chota -un emblemático defensor de los territorios ashéninka-, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo los emboscaron cerca de la frontera con Brasil, adonde se dirigían para participar en una reunión internacional de líderes indígenas.

Desde años anteriores, Edwin Chota denunció e identificó ante el Ministerio Público, la Policía y el Gobierno Regional de Ucayali a los taladores que extraían madera de territorios de su comunidad. En sus denuncias incluyó las coordenadas de las áreas donde operaban. Sin embargo, él y los demás defensores no recibieron protección. 

“Con este fallo, la sala confirma la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de los líderes indígenas asesinados por defender los bosques y el ambiente, que son parte de su territorio. Esto genera un precedente para los otros casos de defensores indígenas y un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”, declaró Rocío Trujillo Solís, abogada de la familia de Edwin Chota.

Entre 2013 y este año se registran por lo menos 36 asesinatos de defensores de la Amazonía en circunstancias similares, de acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). 

“Esta resolución en segunda instancia constituye un paso sólido y trascendental en la ardua lucha contra la impunidad. Además, ratifica el rigor de la pena indicada en la instancia anterior, que fue la primera condena significativa relacionada con crímenes en que líderes indígenas peruanos fueron las víctimas”, resaltó la organización indígena.

Entre 2010 y 2024 se reportaron, solo entre Ucayali y otras dos regiones de la Amazonía peruana, 226 casos de defensoras y defensores de pueblos originarios en riesgo, según el informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024, elaborado por ProPurús y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). 

El seguimiento y la acreditación de la madera extraída de la Amazonía tiene graves vacíos. En un estudio que abarca de 2010 a 2019, Global Witness halló que más del 60% de la madera inspeccionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) en Loreto y Ucayali es de origen ilícito. Una estimación incluso insuficiente, puesto que se basa solo en los bosques supervisados, menos de la mitad de las áreas madereras.