^{Bosque a las orillas del Río Acará. Río y bosque son usados por comunidades tradicionales. Foto: Anderson Barbosa}

Indígenas Turiwara, en la Amazonía brasileña, fueron atacados por la seguridad privada de la empresa productora de palma africana, Agropalma, entre los municipios de Acará y Tailândia, en el estado de Pará, el viernes, 10 de noviembre. El indígena identificado como Agnaldo fue asesinado y, al menos dos más, Jonas y José Luis, fueron heridos.

Los indígenas seguían, de acuerdo con informaciones de medios locales, un antiguo camino de tierra en sus motos a través del bosque que la empresa sostiene que es suyo. Los indígenas iban a pescar y cazar para alimentarse.

En un reportaje publicado en mayo de este año por Avispa Mídia, relatamos el conflicto de tierra que involucra comunidades tradicionales y la empresa que, además de las plantaciones de palma, lleva a cabo el Programa REDD+Agropalma en bosques que están bajo su posesión. Estos bosques, que sirven desde siglos atrás para la subsistencia de estas comunidades y que son demandados como sus territorios en órganos administrativos y en los tribunales brasileños, están hoy cercados y bajo vigilancia de esta empresa.

En un segundo reportaje, publicado por Avispa Mídia, se informa que la Asociación Brasileña de Antropología solicitó al Ministerio Público Federal la apertura de un proceso para investigar el contrato de venta de créditos de carbono firmado entre Agropalma y Biofilia Ambipar Ambiental.

De acuerdo con la asociación, parte de las 50 mil 519 hectáreas de bosque amazónico, que Agropalma pretende comercializar en el mercado especulativo de carbono, es un territorio reivindicado en las instancias de justicia por indígenas Turiwara y Tembé del Alto río Acará.

Tras la publicación del reportaje, la asesoría de prensa de Agropalma envió, por correo electrónico, una nota a la redacción sosteniendo que “no hay comunidades indígenas dentro de su área de actuación” y que “todos sus terrenos fueron adquiridos de buena fe de sus legítimos dueños y poseedores”.

Para profundizar la cuestión, Avispa Mídia entrevistó a Ione Nakamura, promotora de justicia del Ministerio Público del Estado de Pará, órgano del Estado brasileño que logró en los tribunales de justicia la cancelación del registro de propiedad de dos haciendas de la empresa, debido a que las áreas adquiridas por Agropalma “poseen vicios”, sostiene la promotora de justicia.

De acuerdo con la promotora, existe un modus operandi de empresas en la Amazonía, que “compran tierra barata, barata porque tiene problemas, tiene vicios, que en Brasil se nombra grilagem”, es decir, en el histórico de compra y venta de la propiedad existe fraude de documentos en la adquisición de la tierra.

La empresa “no puede alegar que compró de buena fe, que no tenía el conocimiento de que las tierras tienen vicio porque, como una empresa con recursos y que conoce la legislación brasileña, tenía que haber investigado mejor las propiedades que adquirió”, sostiene la promotora de justicia.

Desde la decisión judicial, las dos haciendas de Agropalma volvieron a ser tierras públicas. Y son estas tierras que las comunidades, tanto quilombolas como indígenas, sostienen que son suyas.

En la entrevista para Avispa Mídia, realizada antes del asesinato del indígena, la promotora de justicia declaró que, mientras no se resuelva la cuestión de la tierra, “se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando conflictos”.

A continuación reproducimos parte de una larga entrevista realizada con la promotora de justicia Ione Nakamura, quien nos aclara el contexto del conflicto de tierra donde está involucrada Agropalma, ofreciéndonos una perspectiva más amplia de los conflictos en curso en esta parte de la Amazonía.

¿Cómo están los procesos en los tribunales contra la empresa Agropalma?

Existen varios procesos contra Agropalma por haciendas que la empresa adquirió, entre los cuales están incluidas por lo menos tres acciones civiles públicas del Ministerio Público, que se refieren a las haciendas Roda de Fogo, Castanheira y Porto Alto. En los dos primeros casos el Tribunal de Justicia, que corresponde a una segunda instancia de justicia en Brasil, confirmó la cancelación de la matrícula de propiedad de la empresa debido a vicios.

La cancelación de la matrícula de propiedad implica que estas tierras vuelven a ser consideradas públicas. En su sentencia, el juez no impidió a la empresa de buscar los órganos del Estado para comprar estas tierras nuevamente.

[Sin embargo, como estas tierras, que ahora son públicas, son demandadas administrativamente y judicialmente por comunidades quilombolas, estos procesos de tierras colectivas poseen prioridad en relación a la venta para una empresa, como es el caso de Agropalma].

En relación a la hacienda Porto Alto, recientemente Agropalma obtuvo una decisión favorable en un tribunal de segunda instancia y contra nuestro pedido. Nuestra petición había sido acogida por un juez de primera instancia, que había cancelado la matrícula de propiedad. La empresa apeló y logró una decisión favorable.

El Ministerio Público todavía no cuestionó la decisión. Utilizó, primero, un recurso en el cual pide a la desembargadora [lo que corresponde a una jueza] que esclarezca imprecisiones en su decisión, es decir, que esclarezca mejor la decisión que tomó para que nosotros podamos decidir si apelamos o no.

Ahora estamos esperando la aclaración del tribunal en relación a su última decisión favorable a Agropalma.

Si la decisión se mantiene, el caso podrá ser llevado a última instancia en Brasil, en el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa se quedó entonces con la posesión de las tierras, mientras se resuelve la cuestión de la propiedad. Pero ¿cómo queda la licencia ambiental de la plantación, ya que ahora son tierras públicas?

Esta ha sido una cuestión para nosotros. Preguntamos a la Secretaría Estatal de Medio Ambiente cómo había quedado la licencia ambiental. Nos dijeron que dieron la Licencia Ambiental Rural (LAR) a la empresa porque tenían la información de que eran tierras privadas. Entonces les informamos que existe una decisión judicial en relación a las dos haciendas que confirman que son áreas públicas. Y les cuestionamos si iban a rivalidar esta licencia. Todavía no tenemos una respuesta.

Otro argumento utilizado con frecuencia por Agropalma es que no existen comunidades tradicionales en sus tierras. ¿Cómo el Ministerio Público analiza esta argumentación? En las áreas donde ellos plantaron palma africana, inicialmente, cuando adquirieron las tierras, hubo un proceso de expulsión de estas familias de estas áreas. Hubo un proceso de limpieza de la zona.

Eso es relatado por las comunidades. Ellas salieron del área, pero no fue de forma voluntaria. Fue un proceso de violencia o de compra de estas tierras, pero una compra muy desigual, casi una expulsión. Entonces ellos fueron retirados de sus tierras, sin realmente tener alguna asistencia jurídica y de forma violenta. Y hoy ellos requieren las tierras que tradicionalmente ellos ocupaban.

Hoy el derecho está mucho más claro en el sentido de que indica que estas áreas tradicionalmente ocupadas son áreas que pertenecen aún a su territorio y las comunidades utilizan como argumento muy fuerte la existencia de cementerios, de antiguos cementerios, como evidencia material de que ellos ocupaban allí ancestralmente, antes de que la empresa hubiera adquirido estas tierras.

¿Y los proyectos de conservación de la empresa?

Agropalma posee un discurso importante en las redes, en los medios de comunicación sobre sustentabilidad, protección ambiental. Me preocupa mucho ese discurso de conservación que no incluye el ser humano. Como si tuviera que proteger solamente el bosque, como si en el bosque amazónico no hubiera comunidades. Como si las comunidades no hubiesen convivido con el bosque desde hace siglos, sosteniendo este bosque a lo largo de generaciones.

El discurso de conservación de la empresa que excluye la presencia de las comunidades, ahora está pautado en la captación de recursos, en los proyectos de crédito de carbono. Entonces hay, hoy en el mercado, la posibilidad de capitalización, de monetización por la no emisión de carbono de estas áreas.

Lo que vemos en muchos casos es que estas empresas están aprovechando las áreas de reserva legal (bosques que pertenecen a empresas), para captar recursos con proyectos de carbono. Sin embargo, son extensas áreas que poseen vicios en su adquisición. Muchos procesos judiciales nos están mostrando ese vicio.

Entonces, primero ellos ganan con la compra barata de tierras, porque compran tierras con problemas, tierras griladas (con fraudes en el documento de la tierra). Y ahora, además de hacer eso, ellos están ganando también con la aprobación de proyectos de monetización a partir de la manutención de estos bosques, a un costo de excluir y prohibir el uso de estos bosques por parte de las comunidades, quienes tradicionalmente ocupan estos territorios y que necesitan de estas áreas para la subsistencia.

Entonces, cuando las personas son impedidas de pescar o cazar, estas personas están siendo impedidas de obtener su sustento de la naturaleza, una práctica que hace parte de su ancestralidad, de su cultura.

Lo que está pasando es muy grave en términos de violación de derechos humanos, porque ni siquiera consideran que estas personas o comunidades existen. Es una invisibilización deliberada, por parte de las empresas, de la existencia de pueblos y comunidades tradicionales en esta región.

Es necesario, primero, hacer un reconocimiento de la existencia de estos pueblos y de sus derechos, y establecer parámetros de delimitación de sus espacios que permitan la convivencia y la sobrevivencia de estos pueblos y comunidades en esta región.

La falta de definición de estos espacios genera mucho conflicto. Mientras no se resuelve eso, se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando más conflictos.

Un paréntesis sobre el concepto de “delimitación de territorio” utilizado en Brasil para proteger los territorios de las comunidades tradicionales …

Me gustaría abrir un paréntesis sobre esta herramienta jurídica y administrativa que tenemos en Brasil, la delimitación de los territorios de pueblos indígenas y quilombolas. En mi visión, el propio concepto de delimitar territorio ya es una violación. Porque la delimitación del territorio es algo impuesta por las instituciones blancas. Esta noción de cerca, de límite, no pertenece a las culturas indígenas y quilombolas. Ellos siempre tuvieron la naturaleza como algo que puede ser compartida entre todos, como espacio de convivencia y para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. El límite era la necesidad, la subsistencia.

La delimitación sirve mucho más para el Estado delimitar el derecho, y no para proteger realmente lo que es el territorio, la cultura y el valor de las tierras para estos pueblos.
El valor de la tierra para una comunidad tradicional es un valor cultural, simbólico, de identidad, de vida. Y el valor de la tierra para el Estado y para las empresas es un valor económico.

Tengo esta percepción crítica sobre la demarcación de tierras. Sin embargo, en nuestra legislación es lo que tenemos para proteger los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, es el parámetro que utilizamos.

En el caso específico del Programa REDD +Agropalma, ¿el Ministerio Público está llevando a cabo algún tipo de procedimiento investigativo?

Está en nuestro radar, estamos investigando. En caso de que sí existan pruebas suficientes, es posible que el caso sea judicializado.

¿Ha habido procesos de consulta a las comunidades tradicionales en esta región de la Amazonía para la implementación de proyectos de crédito de carbono?

Algunas empresas han buscado hacer procesos internos de consulta, coordinados por ellas mismas. Sin embargo, de acuerdo con nuestro entendimiento sobre consulta, considerando los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sería el Estado quien debería coordinar estos procesos de consulta, respetando los protocolos internos de cada comunidad, en caso de que tenga un protocolo de cómo hacer una consulta.

Lo que me parece más problemático no es el proceso de consulta en sí, sino el proceso que antecede una consulta.

¿Qué proceso?

Lo que está pasando en la práctica, con la implementación de este mercado de carbono [que todavía no está reglamentado], es una gran disputa entre las empresas por territorios en la Amazonía. Territorios estos generalmente habitados por comunidades.

Hay una disputa similar a la disputa que ocurrió hace 500 años en el proceso de colonización. Quien llega primero en el territorio pone su bandera y, a partir de entonces, este territorio empieza a hacer parte de un proyecto específico.

Entonces hay una disputa de quién llega primero en los territorios, quién lo mapea, y quién ofrece primero su proyecto a las comunidades. Solamente después hay un proceso de consulta interno, pero que, para mí, no es libre. Es viciado.

¿Será que las comunidades tienen asesoría técnica y jurídica para entender lo que significan estos proyectos y los contratos que están firmando?, ¿quién está defendiendo sus intereses en los procesos de negociación con las empresas?

Lo que vemos es que las comunidades no tienen de hecho de libertad para elegir, no tienen tiempo y tampoco elementos suficientes para decidir si quieren mercantilizar o no su bosque.

En esta lógica, lo que preocupa no es solamente la consulta en sí, sino todo el procedimiento. En mi opinión, está viciado desde su origen.

^{En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene}

El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.

El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.

De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.

“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.

Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.

De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.

Avance de la coca

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

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“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.

“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.

Herramientas legales

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.

Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.

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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.

Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.

La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.

Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.

El aumento de la demanda mundial por aluminio, considerado material crítico para la llamada “transición energética”, aumentará los impactos en comunidades tradicionales en la Amazonía brasileña e intensificará la deforestación. La alerta hace parte del estudio Transición energética y la demanda por aluminio en Brasil, realizado por la Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI).

El aluminio es uno de los metales claves en la “transición energética” y podrá, según el estudio, tener un crecimiento mundial de 29% en la demanda hasta 2030. El metal ya es el segundo más utilizado en el mundo, después del hierro, con 67,2 millones de toneladas producidas en 2021.

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Brasil es el cuarto mayor productor de bauxita del mundo, materia prima del aluminio, y posee la cuarta mayor reserva internacional del mineral, después de Australia, Guinea y Vietnam.

El estado de Pará, en la Amazonía, posee alrededor de 75% de las reservas nacionales brasileñas de la bauxita. En el municipio de Oriximiná, en el mismo Estado, está la mayor productora de bauxita del país, la Mineração Rio do Norte (MRA).

De acuerdo con el estudio, la MRN a lo largo de los 40 años de operación, ha causado deforestación de 10,8 mil hectáreas para dar lugar a la instalación de minas de bauxita y presas de jales en la reserva Floresta Nacional de Saracá Taquera, en zonas originalmente utilizadas por comunidades tradicionales.

“Las comunidades impactadas por proyectos mineros, como los pueblos tradicionales de Oriximiná, sufrirán más la aceleración de la explotación minera y la apertura de nuevas minas y proyectos en Brasil, y particularmente en la Amazonía”, sostienen los autores del estudio Luiz Jardim Wanderley y Pedro Catanzaro Rocha Leão.

Emisión de carbono

Los autores alertan también para el hecho de que el aumento de la extracción de minerales, demandado para las nuevas tecnologías que requiere la “transición energética”, aumentará las emisiones de carbono. “Las emisiones de carbono relativas a la explotación minera mundial crecieron 50% entre 2005 y 2018. La emisión de carbono por la producción de aluminio casi duplicó en el mismo periodo y ya representa el 2% de las emisiones globales”, señalan los autores.

Inversiones para la “transición”

La “transición energética” cuenta con promesas de robustos paquetes económicos de los grandes Estados Naciones, conocidos como “New Green Deal Global”. “Los analistas del mercado apuestan en un nuevo ciclo de las commodities, en especial de los bienes minerales”. La meta de la Unión Europea y de los Estados Unidos, según el estudio, para cumplir el Acuerdo de París es alcanzar una matriz energética de emisión cero y una emisión líquida de impacto neutral hasta 2050.

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Para eso, se estima ser necesario una inversión de 2,5% del PIB mundial por años, es decir, 2 trillones de dólares en inversiones pública y privada. Solo en el sector minero, para aumentar la producción de los cinco principales metales para las tecnologías de la transición, serán necesarios 1 trillón de dólares en 15 años, siendo 335 billones destinados para el aluminio.

^{En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.}

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

^{Foto por greenpeace}

La semana pasada la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, lanzó un estudio donde documenta que entre los años 2013 y 2021 la deforestación aumentó en 129% en territorios indígenas, a la par, se aceleró la minería ilegal en estas mismas zonas. Esto fue causa de la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), del cual se responsabiliza en un 59% al gobierno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un equivalente a 57 millones de toneladas de CO2.

El CO2 es uno de los principales gases emitidos hacia la atmosfera responsable por el llamado efecto invernadero, que a su vez es uno de los responsables del aumento de la temperatura en el planeta.

Solo en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se registró un aumento del 195% en la deforestación con un avance del 30% hacia tierras indígenas establecidas en la selva, alcanzando áreas anteriormente conservadas. El año 2020 es considerado como el de mayor tasa de deforestación de la década, alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados deforestados, para dar paso a la minería y la agricultura industrial.

Esta destrucción de la selva fue superada en 2021, con un aumento del 20% de salva talada, alcanzando los 13 mil kilómetros cuadrados, según constató el equipo que trabajó en esta investigación, el cual esta conformado por científicos de diez instituciones y universidades ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, además de investigadores del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia).

Por ello, el equipo de científicos sostiene que urge al actual gobierno de este país sudamericano, presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, frenar la deforestación en los territorios indígenas, ya que son considerados territorios determinantes ante la crisis climática. Así mismo se recomienda garantizar los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

Según el informe, los territorios indígenas en Brasil albergan alrededor de 700 mil indígenas y más de la mitad de ellos se encuentra en la Amazonia brasileña. Estos territorios concentran más de un millón de kilómetros cuadrados de selva tropical que contribuyen a la regulación del clima, además de albergar una gran biodiversidad y diversidad sociocultural.

“Durante el gobierno de Bolsonaro, con el debilitamiento de las instituciones ambientales y los intentos inconstitucionales de explotar económicamente estos territorios, la deforestación ha aumentado significativamente. Los resultados de nuestro trabajo, por lo tanto, son una importante contribución al nuevo gobierno en la reconstrucción del sistema de gestión ambiental del país”, valora Celso Henrique Leite Silva Junior, investigador del IPAM.

^{En portada: Autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.}

La minería para extraer oro en el norte de la Amazonía brasileña está destruyendo la tierra del pueblo Yanomami. Así lo han expresado integrantes de dicho pueblo indígena, quienes resaltan las consecuencias fatales contra sus comunidades: violencia y daños a la salud, así como contaminación de ríos y muerte de fauna.

Ante la gravedad de la situación, Davi Kopenawa Yanomami, chamán y líder del pueblo Yanomami, apunta como principal responsable al ex presidente Jair Bolsonaro, quien huyó a los EEUU al finalizar su mandato el 31 de diciembre del 2022.

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“Quien mató a mis parientes, a mis hermanos, a mi familia, fue el [ex] presidente Jair Bolsonaro. En los cuatro años que apoyó a los mineros trajo enfermedades, coronavirus, paludismo, gripe, disentería, verminosis y otras enfermedades. Fue él quien mató. Mató y se fue”, sostuvo Kopenawa durante una entrevista para Amazônia Real.

De acuerdo a la organización Cultural Survival, debido al avance de la minería ilegal en sus tierras, familias Yanomami se han visto forzadas a desplazarse miles de kilómetros de sus territorios para resguardar su vida.

Debido a esto, Davi Kopenawa es uno de los representantes Yanomami que actualmente se encuentran recorriendo los EEUU para denunciar la situación de emergencia de su pueblo. Ante funcionarios de instituciones como la ONU, Kopenawa exige la detención de Bolsonaro.

Genocidio

En el año 1992, el gobierno federal demarcó el territorio Yanomami al certificar una extensión de 9.4 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el territorio indígena más grande de Brasil. Esto sucedió años después de una larga campaña internacional donde Kopenawa se involucró para defender su territorio y expulsar a los cerca de 40, 000 mineros que invadieron las tierras Yanomami.

No obstante, a pesar del reconocimiento oficial del territorio indígena, un año después un grupo de mineros entró a la comunidad de Haximú y asesinó a 16 indígenas yanomamis, entre ellos a un bebé, por lo cual cinco personas fueron juzgadas por genocidio.

En los tiempos recientes, como registra Amazônia Real, durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, las acciones a nivel federal y estatal promovieron la extracción de oro y estaño en tierras indígenas Yanomami. Así, se calcula que entre 20,000 y 30,000 mineros han invadido el territorio, que cuenta con una población de 30,400 indígenas y 386 comunidades.

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Sumado a la minería también ingresó el crimen organizado por medio de actividades como el lavado de dinero procedente de la venta de oro extraído de los territorios Yanomami. Ante esta situación Kopenawa, quien funge como presidente de la Asociación Yanomami Hutukara, califica la minería depredadora en su tierra de “oro de sangre Yanomami”.

Para Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación, ésta es una situación de emergencia que vienen denunciando desde 2019, cuando comenzó el incremento de muertes entre los indígenas. “Hutukara lleva casi cuatro años haciendo campaña por Fora Garimpo, Fora Covid (Fuera minería ilegal, Fuera Covid). Llamamos la atención del Estado brasileño y, principalmente, de la sociedad brasileña, llamamos la atención del mundo entero. El gobierno pasado [de Bolsonaro] ni siquiera nos atendió en Brasilia. Así que esta es una situación que se está produciendo y que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.

Crisis sanitaria

Acorde a Darío, el gobierno de Bolsonaro lideró una estrategia para debilitar la salud del pueblo Yanomami. Desmanteló la red pública de salud en la región, al mismo tiempo que permitía el ingreso de personas no indígenas quienes contagiaron con enfermedades a la población indígena.

Apenas el pasado 23 de enero, el Ministerio Público Federal también apuntó como responsable por esta situación al gobierno. “La grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los pueblos Yanomami es consecuencia de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras”.

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Ante la inacción del Estado, distintas organizaciones han emprendido campañas para recoger alimentos que son enviados a las comunidades más afectadas por la desnutrición extrema y las condiciones de violencia.

Además, la vulnerabilidad de algunas poblaciones Yanomami aumenta al considerar que permanecen sin contacto, es decir, no mantienen relaciones con foráneos, ni siquiera con otras comunidades Yanomami. “Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta y los invasores podrían aniquilarlos”, alerta Cultural Survival en un llamado de emergencia.

Desde este lunes (6), autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

“El avance de la minería, alentado por el último gobierno, resultó en una crisis humanitaria en la tierra indígena”, dice un comunicado del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama). “La policía federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomami”, sostiene el documento difundido en el contexto del operativo.