^{Bosque a las orillas del Río Acará. Río y bosque son usados por comunidades tradicionales. Foto: Anderson Barbosa}

Indígenas Turiwara, en la Amazonía brasileña, fueron atacados por la seguridad privada de la empresa productora de palma africana, Agropalma, entre los municipios de Acará y Tailândia, en el estado de Pará, el viernes, 10 de noviembre. El indígena identificado como Agnaldo fue asesinado y, al menos dos más, Jonas y José Luis, fueron heridos.

Los indígenas seguían, de acuerdo con informaciones de medios locales, un antiguo camino de tierra en sus motos a través del bosque que la empresa sostiene que es suyo. Los indígenas iban a pescar y cazar para alimentarse.

En un reportaje publicado en mayo de este año por Avispa Mídia, relatamos el conflicto de tierra que involucra comunidades tradicionales y la empresa que, además de las plantaciones de palma, lleva a cabo el Programa REDD+Agropalma en bosques que están bajo su posesión. Estos bosques, que sirven desde siglos atrás para la subsistencia de estas comunidades y que son demandados como sus territorios en órganos administrativos y en los tribunales brasileños, están hoy cercados y bajo vigilancia de esta empresa.

En un segundo reportaje, publicado por Avispa Mídia, se informa que la Asociación Brasileña de Antropología solicitó al Ministerio Público Federal la apertura de un proceso para investigar el contrato de venta de créditos de carbono firmado entre Agropalma y Biofilia Ambipar Ambiental.

De acuerdo con la asociación, parte de las 50 mil 519 hectáreas de bosque amazónico, que Agropalma pretende comercializar en el mercado especulativo de carbono, es un territorio reivindicado en las instancias de justicia por indígenas Turiwara y Tembé del Alto río Acará.

Tras la publicación del reportaje, la asesoría de prensa de Agropalma envió, por correo electrónico, una nota a la redacción sosteniendo que “no hay comunidades indígenas dentro de su área de actuación” y que “todos sus terrenos fueron adquiridos de buena fe de sus legítimos dueños y poseedores”.

Para profundizar la cuestión, Avispa Mídia entrevistó a Ione Nakamura, promotora de justicia del Ministerio Público del Estado de Pará, órgano del Estado brasileño que logró en los tribunales de justicia la cancelación del registro de propiedad de dos haciendas de la empresa, debido a que las áreas adquiridas por Agropalma “poseen vicios”, sostiene la promotora de justicia.

De acuerdo con la promotora, existe un modus operandi de empresas en la Amazonía, que “compran tierra barata, barata porque tiene problemas, tiene vicios, que en Brasil se nombra grilagem”, es decir, en el histórico de compra y venta de la propiedad existe fraude de documentos en la adquisición de la tierra.

La empresa “no puede alegar que compró de buena fe, que no tenía el conocimiento de que las tierras tienen vicio porque, como una empresa con recursos y que conoce la legislación brasileña, tenía que haber investigado mejor las propiedades que adquirió”, sostiene la promotora de justicia.

Desde la decisión judicial, las dos haciendas de Agropalma volvieron a ser tierras públicas. Y son estas tierras que las comunidades, tanto quilombolas como indígenas, sostienen que son suyas.

En la entrevista para Avispa Mídia, realizada antes del asesinato del indígena, la promotora de justicia declaró que, mientras no se resuelva la cuestión de la tierra, “se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando conflictos”.

A continuación reproducimos parte de una larga entrevista realizada con la promotora de justicia Ione Nakamura, quien nos aclara el contexto del conflicto de tierra donde está involucrada Agropalma, ofreciéndonos una perspectiva más amplia de los conflictos en curso en esta parte de la Amazonía.

¿Cómo están los procesos en los tribunales contra la empresa Agropalma?

Existen varios procesos contra Agropalma por haciendas que la empresa adquirió, entre los cuales están incluidas por lo menos tres acciones civiles públicas del Ministerio Público, que se refieren a las haciendas Roda de Fogo, Castanheira y Porto Alto. En los dos primeros casos el Tribunal de Justicia, que corresponde a una segunda instancia de justicia en Brasil, confirmó la cancelación de la matrícula de propiedad de la empresa debido a vicios.

La cancelación de la matrícula de propiedad implica que estas tierras vuelven a ser consideradas públicas. En su sentencia, el juez no impidió a la empresa de buscar los órganos del Estado para comprar estas tierras nuevamente.

[Sin embargo, como estas tierras, que ahora son públicas, son demandadas administrativamente y judicialmente por comunidades quilombolas, estos procesos de tierras colectivas poseen prioridad en relación a la venta para una empresa, como es el caso de Agropalma].

En relación a la hacienda Porto Alto, recientemente Agropalma obtuvo una decisión favorable en un tribunal de segunda instancia y contra nuestro pedido. Nuestra petición había sido acogida por un juez de primera instancia, que había cancelado la matrícula de propiedad. La empresa apeló y logró una decisión favorable.

El Ministerio Público todavía no cuestionó la decisión. Utilizó, primero, un recurso en el cual pide a la desembargadora [lo que corresponde a una jueza] que esclarezca imprecisiones en su decisión, es decir, que esclarezca mejor la decisión que tomó para que nosotros podamos decidir si apelamos o no.

Ahora estamos esperando la aclaración del tribunal en relación a su última decisión favorable a Agropalma.

Si la decisión se mantiene, el caso podrá ser llevado a última instancia en Brasil, en el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa se quedó entonces con la posesión de las tierras, mientras se resuelve la cuestión de la propiedad. Pero ¿cómo queda la licencia ambiental de la plantación, ya que ahora son tierras públicas?

Esta ha sido una cuestión para nosotros. Preguntamos a la Secretaría Estatal de Medio Ambiente cómo había quedado la licencia ambiental. Nos dijeron que dieron la Licencia Ambiental Rural (LAR) a la empresa porque tenían la información de que eran tierras privadas. Entonces les informamos que existe una decisión judicial en relación a las dos haciendas que confirman que son áreas públicas. Y les cuestionamos si iban a rivalidar esta licencia. Todavía no tenemos una respuesta.

Otro argumento utilizado con frecuencia por Agropalma es que no existen comunidades tradicionales en sus tierras. ¿Cómo el Ministerio Público analiza esta argumentación? En las áreas donde ellos plantaron palma africana, inicialmente, cuando adquirieron las tierras, hubo un proceso de expulsión de estas familias de estas áreas. Hubo un proceso de limpieza de la zona.

Eso es relatado por las comunidades. Ellas salieron del área, pero no fue de forma voluntaria. Fue un proceso de violencia o de compra de estas tierras, pero una compra muy desigual, casi una expulsión. Entonces ellos fueron retirados de sus tierras, sin realmente tener alguna asistencia jurídica y de forma violenta. Y hoy ellos requieren las tierras que tradicionalmente ellos ocupaban.

Hoy el derecho está mucho más claro en el sentido de que indica que estas áreas tradicionalmente ocupadas son áreas que pertenecen aún a su territorio y las comunidades utilizan como argumento muy fuerte la existencia de cementerios, de antiguos cementerios, como evidencia material de que ellos ocupaban allí ancestralmente, antes de que la empresa hubiera adquirido estas tierras.

¿Y los proyectos de conservación de la empresa?

Agropalma posee un discurso importante en las redes, en los medios de comunicación sobre sustentabilidad, protección ambiental. Me preocupa mucho ese discurso de conservación que no incluye el ser humano. Como si tuviera que proteger solamente el bosque, como si en el bosque amazónico no hubiera comunidades. Como si las comunidades no hubiesen convivido con el bosque desde hace siglos, sosteniendo este bosque a lo largo de generaciones.

El discurso de conservación de la empresa que excluye la presencia de las comunidades, ahora está pautado en la captación de recursos, en los proyectos de crédito de carbono. Entonces hay, hoy en el mercado, la posibilidad de capitalización, de monetización por la no emisión de carbono de estas áreas.

Lo que vemos en muchos casos es que estas empresas están aprovechando las áreas de reserva legal (bosques que pertenecen a empresas), para captar recursos con proyectos de carbono. Sin embargo, son extensas áreas que poseen vicios en su adquisición. Muchos procesos judiciales nos están mostrando ese vicio.

Entonces, primero ellos ganan con la compra barata de tierras, porque compran tierras con problemas, tierras griladas (con fraudes en el documento de la tierra). Y ahora, además de hacer eso, ellos están ganando también con la aprobación de proyectos de monetización a partir de la manutención de estos bosques, a un costo de excluir y prohibir el uso de estos bosques por parte de las comunidades, quienes tradicionalmente ocupan estos territorios y que necesitan de estas áreas para la subsistencia.

Entonces, cuando las personas son impedidas de pescar o cazar, estas personas están siendo impedidas de obtener su sustento de la naturaleza, una práctica que hace parte de su ancestralidad, de su cultura.

Lo que está pasando es muy grave en términos de violación de derechos humanos, porque ni siquiera consideran que estas personas o comunidades existen. Es una invisibilización deliberada, por parte de las empresas, de la existencia de pueblos y comunidades tradicionales en esta región.

Es necesario, primero, hacer un reconocimiento de la existencia de estos pueblos y de sus derechos, y establecer parámetros de delimitación de sus espacios que permitan la convivencia y la sobrevivencia de estos pueblos y comunidades en esta región.

La falta de definición de estos espacios genera mucho conflicto. Mientras no se resuelve eso, se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando más conflictos.

Un paréntesis sobre el concepto de “delimitación de territorio” utilizado en Brasil para proteger los territorios de las comunidades tradicionales …

Me gustaría abrir un paréntesis sobre esta herramienta jurídica y administrativa que tenemos en Brasil, la delimitación de los territorios de pueblos indígenas y quilombolas. En mi visión, el propio concepto de delimitar territorio ya es una violación. Porque la delimitación del territorio es algo impuesta por las instituciones blancas. Esta noción de cerca, de límite, no pertenece a las culturas indígenas y quilombolas. Ellos siempre tuvieron la naturaleza como algo que puede ser compartida entre todos, como espacio de convivencia y para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. El límite era la necesidad, la subsistencia.

La delimitación sirve mucho más para el Estado delimitar el derecho, y no para proteger realmente lo que es el territorio, la cultura y el valor de las tierras para estos pueblos.
El valor de la tierra para una comunidad tradicional es un valor cultural, simbólico, de identidad, de vida. Y el valor de la tierra para el Estado y para las empresas es un valor económico.

Tengo esta percepción crítica sobre la demarcación de tierras. Sin embargo, en nuestra legislación es lo que tenemos para proteger los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, es el parámetro que utilizamos.

En el caso específico del Programa REDD +Agropalma, ¿el Ministerio Público está llevando a cabo algún tipo de procedimiento investigativo?

Está en nuestro radar, estamos investigando. En caso de que sí existan pruebas suficientes, es posible que el caso sea judicializado.

¿Ha habido procesos de consulta a las comunidades tradicionales en esta región de la Amazonía para la implementación de proyectos de crédito de carbono?

Algunas empresas han buscado hacer procesos internos de consulta, coordinados por ellas mismas. Sin embargo, de acuerdo con nuestro entendimiento sobre consulta, considerando los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sería el Estado quien debería coordinar estos procesos de consulta, respetando los protocolos internos de cada comunidad, en caso de que tenga un protocolo de cómo hacer una consulta.

Lo que me parece más problemático no es el proceso de consulta en sí, sino el proceso que antecede una consulta.

¿Qué proceso?

Lo que está pasando en la práctica, con la implementación de este mercado de carbono [que todavía no está reglamentado], es una gran disputa entre las empresas por territorios en la Amazonía. Territorios estos generalmente habitados por comunidades.

Hay una disputa similar a la disputa que ocurrió hace 500 años en el proceso de colonización. Quien llega primero en el territorio pone su bandera y, a partir de entonces, este territorio empieza a hacer parte de un proyecto específico.

Entonces hay una disputa de quién llega primero en los territorios, quién lo mapea, y quién ofrece primero su proyecto a las comunidades. Solamente después hay un proceso de consulta interno, pero que, para mí, no es libre. Es viciado.

¿Será que las comunidades tienen asesoría técnica y jurídica para entender lo que significan estos proyectos y los contratos que están firmando?, ¿quién está defendiendo sus intereses en los procesos de negociación con las empresas?

Lo que vemos es que las comunidades no tienen de hecho de libertad para elegir, no tienen tiempo y tampoco elementos suficientes para decidir si quieren mercantilizar o no su bosque.

En esta lógica, lo que preocupa no es solamente la consulta en sí, sino todo el procedimiento. En mi opinión, está viciado desde su origen.