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Despojos, Territorios, Resistencias

Rocío Moreno, comunera de Mezcala, habla de la organización del CIG en tiempos electorales

Esta serie de Voces de las Resistencias de Cara a las Elecciones del 1 de julio de 2018 en México nos permite conocer de primera mano las experiencias de lucha que los y las miembros del Congreso Nacional Indígena han tenido defendiendo sus tierras-territorios y siendo parte de un trabajo organizativo de base que reta las formas y modos de la democracia representativa electoral. La compañera de lucha Rocío Moreno, mujer coca de la isla de Mezcala Jalisco -quien a la vez es historiadora y concejala del CIG- habla del proceso de organización que el Concejo Indígena de Gobierno/CNI-EZLN tienen durante este tiempo electoral. Ella nos recuerda que más allá de los candidatos, las elecciones y los votos las mujeres y los pueblos en resistencia siguen organizándose de cara a la ofensiva global neoliberal patriarcal colonial en curso…

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CNI/CIG

CNI-CIG denuncia sobrevuelos militares en territorios de bases de apoyo y desmiente información difundida en medios de paga

CNI- CIG DENUNCIAMOS HOSTIGAMIENTO A COMUNIDADES  ANTE EL PROCESO ELECTORAL Y ACLARAMOS DESINFORMACIÓN DIFUNDIDA EN MEDIOS DE PAGA

 

Al Pueblo de México

A los Pueblos del mundo

A los medios de comunicación

 

El Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena denunciamos y condenamos el hostigamiento del mal gobierno con sobrevuelos de helicópteros militares en territorio de bases de apoyo del EZLN en la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas.

Denunciamos esta agresión cobarde que se suma a la difusión de información falsa difundida el pasado 26 de junio en medios de comunicación de paga, donde se publicaron imágenes de supuestos “representantes de 23 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)” respaldando la candidatura del cacique Roberto Albores, candidato priísta para gobernador de Chiapas. De manera mentirosa la clase política recurrió a personas encapuchadas que se hacen pasar por representantes de los MAREZ, a través de la organización llamada Unión Regional de Ejidos Marginados en el Estado (UREME).

Aclaramos que esa organización UREME no es ni ha sido parte del Congreso Nacional Indígena, ni son representantes de los caracoles zapatistas, por lo que desconocemos cualquier aseveración o posición política que puedan tener frente a la fiesta de los poderosos que son las elecciones partidistas capitalistas.

El CNI y las bases de apoyo del EZLN hemos dicho sin descanso y de forma clara nuestro pensamiento, en el no cabe la política capitalista. No apoyamos a ningún partido o candidato porque nuestra lucha es por la vida y no por el poder podrido que tienen los malos gobiernos para la destrucción de los de abajo y de la madre tierra.

En ese mismo sentido condenamos enérgicamente las agresiones del mal gobierno con el fin de intentar instalar casillas para las elecciones del próximo primero de julio en municipios y comunidades indígenas que han decidido expulsar a los partidos políticos y los procesos electorales de sus territorios como es el caso de Tila, en Chiapas, o Nahuatzen en la meseta Purepecha de Michoacán.

Denunciamos la militarización de regiones enteras del país con el pretexto de cuidar el proceso electoral y exigimos respeto a la decisión de la comunidad wixarika de San Sebastián Teponahuaxtlan, en Jalisco, de no permitir el proceso electoral en su territorio.

Rechazamos la mentira y la guerra con la que pretenden dividir a nuestros pueblos, pues para nosotros lo verdaderamente importante es la lucha por la vida, y no la muerte que trae y traerán los malos gobiernos, sean del partido que sean.

ATENTAMENTE

Junio de 2018

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

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Comunidad de Nahuatzén/Concejo Indígena Ciudadano de Nahuatzén

Comunicado de prensa. declaración de alerta roja en Nahuatzén, Michoacán.

COMUNICADO DE PRENSA: DECLARACIÓN DE ALERTA ROJA EN LA COMUNIDAD DE NAHUATZÉN

A TODOS LOS PUEBLOS DE LA MESETA P’URHÉPECHA
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS CONCEJOS COMUNITARIOS, COMUNALES Y AUTÓNOMOS DE MICHOACÁN Y MÉXICO
A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

Hermanos y hermanas de Michoacán, México y el mundo: nos hemos declarado en alerta roja y pedimos estén pendientes de lo que en éste momento está sucediendo en nuestro pueblo.

RATIFICAMOS QUE NO HABRÁ LECCIONES EN NUESTRA COMUNIDAD.

Las amenazas de Silvano Aureoles Conejo gobernador del Estado de Michoacán se han cumplido: a sangre y fuego pretende llevar a cabo la jornada electoral el próximo 1° de julio. Siendo las seis de la tarde de hoy, fuimos agredidos con armas de alto poder por simpatizantes de los partidos políticos cuando nos encontrábamos en la barricada ubicada en salida del pueblo que conduce a la comunidad de Sevina.

Hasta el momento no tenemos compañeros heridos ya que hemos optado por no caer en confrontación. Nos preguntamos si ¿para el gobierno valen más unas boletas electorales que la vida de los seres humanos? ¿Quiénes armaron a estos grupos agresores que actúan como paramilitares?

Denunciamos que los responsables de esta artera agresión son los tres niveles de gobierno porque pudo evitarse y, porque las agresiones fueron hechas con armas de uso exclusivo del ejército. Denunciamos también a la policía sectorial que por órdenes Ignacio Pérez García, director de seguridad publica municipal en este municipio con rango de Capitán de Infantería del Ejército Mexicano, ya que han actuado claramente a favor del grupo agresor porque minutos después de la agresión a la que fuimos víctimas se presentaron al lugar de los hechos y se reagruparon con los agresores portando sus armas de alto poder, sin que, hicieran por desarmar a los agresores.

Como hemos venido denunciando, las protestas que estamos realizando son para exigir que el Instituto Electoral de Michoacán evite instalar las casillas electorales en nuestra comunidad ya que por acuerdo de asambleas de barrios y asambleas generales hemos acordado no permitir la instalación de las casillas electorales, ya que como comunidad estamos a la espera de una consulta ciudadana para transitar del sistema de partidos políticos a un sistema de usos y costumbres para elegir a nuestras autoridades y ejercer nuestro autogobierno, como ya ha ordenado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México.

Exigimos en este momento a los tres niveles de gobierno ordenen que pare estas agresiones, no queremos derramamiento de sangre. El mal gobierno será responsable de lo que se prevé pueda ser una masacre de grandes dimensiones.

En nombre de la verdad y la justicia seguiremos resistiendo, nuestras raíces ancestrales solo conocen la palabra victoria.

¡El pueblo unido jamás será vencido!
¡Concejo sí, partidos políticos no!
¡Hasta la victoria siempre!

ATENTAMENTE

COMUNIDAD DE NAHUATZÉN
CONCEJO CIUDADANO INDÍGENA DE NAHUATZÉN

JUCHARI HUINAPEKUA
CORAZÓN DE LA MESETA P’URHÉPECHA

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Patricia Chávez

El mayo de Jhonatan.-continúa el descrédito y la movilización popular contra el gobierno del MAS en Bolivia

El 24 de mayo de 2018 fue asesinado por la policía boliviana el estudiante Jhonatan Quispe Vila, de la Universidad Pública de El Alto UPEA, ubicada en la ciudad de El Alto en el Departamento de La Paz, en una movilización docente-estudiantil que exigía una modificación de la Ley 195 que otorgue una mayor asignación presupuestaria con la cual resolver verdadera y definitivamente la crisis financiera por la cual atraviesa la universidad. Este episodio nos acerca a la comprensión de las maneras en que el gobierno boliviano, en un contexto de grave declinación de legitimidad y de oposición cada vez más generalizada, viene confrontando las movilizaciones populares, pues no fueron solamente los estudiantes de esta universidad los que experimentaron las formas represivas del poder de un gobierno que, para la más cruel de la ironías, se autodenomina del pueblo, “de los movimientos sociales”.

Los estudiantes se miraban entre ellos y decían “nunca nos había pasado esto, ni con Goni”[1]. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros –“a él le gustaba cantar el Achuhuete[2]” dice una de las estudiantes que lo vio morir-, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. Desde donde me encontraba no podía ver a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían “está cansada”, “están furiosos, contra nosotros también por la declaración del ministro”, “claro, quién está preparado para que le digan que su hijo ha muerto”, “pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado”, “murió como valiente”, “gobierno asesino” dice la gente en susurros. Para la Universidad Pública de El Alto (UPEA) este es el Mayo de Jhonatan Quispe Vila, estudiante de la Carrera de Comunicación Social, muerto por una acción de represión del gobierno boliviano que aún no está aclarada y cuyo arbitrario tratamiento ha generado indignación en la población boliviana.

Ubicada en Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, la UPEA fue creada el año 2000 y el año 2003 consiguió su autonomía, todo ello tras largas jornadas de lucha de la población alteña, sobre todo de sus jóvenes habitantes. Esta universidad, a diferencia de otras, nace al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no como una rancia escuela de elite. En 2015 ya se había establecido que la población estudiantil era mayoritariamente femenina[3], tendencia que hoy se mantiene. Las trayectorias de vida de sus estudiantes son predominantemente de migrantes, y aunque un gran porcentaje reside en El Alto, muchos mantienen contacto con sus comunidades de origen.

 Modus operandi del “gobierno de los movimientos sociales”

En 12 años consecutivos de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha quedado en evidencia algo del complejo modus operandi de la red de aparatos de inteligencia y represión del estado frente a las movilizaciones de los sectores que no son afines al partido de gobierno, que se ven forzados a plantear sus demandas en las calles por haber sido previamente ignorados, indignamente tratados e indebidamente atendidos por los “servidores” públicos. El estado boliviano emplea una lógica de guerra frente a las movilizaciones populares consistente en agotarlas, dividirlas, descalificarlas, amedrentarlas y reprimirlas. Utiliza varios tipos de estrategias y garrotes: laxas tratativas burocráticas con el sector demandante con planteamientos inamovibles y sin condiciones, llevando al sector a declararse en conflicto y a movilizarse en las calles; luego, una inflexible represión policial por un lado y, por el otro, una sistemática emisión de spots mediáticos destinados a desalentar el apoyo de otros sectores y del público en general y aislar al sector movilizado para que pierda fuerza y termine aceptando las migajas ofrecidas. Cuando hay un muerto de por medio la inteligencia gubernamental extrema sus recursos para eludir cualquier responsabilidad, poniéndolos en juego para urdir rápida y laboriosamente una estrategia de “esclarecimiento” que inculpe a los mismos movilizados, o que termine sin esclarecer nada.

Desde el año 2014 la UPEA protagonizó manifestaciones para exigir más presupuesto al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Cada año ocurría casi lo mismo, después de semanas de movilización y de producir un escenario de fuerzas que le fuera favorable, el gobierno cedía un apoyo económico que paliaba temporalmente el problema y luego el próximo año volvían las marchas –por eso la comunidad upeista siente que la tratan como a “un limosnero”-. Este 2018 es diferente, se quiere una solución definitiva y se retoma la bandera de la modificación de una ley –la 195-, para subsanar el problema de manera permanente. La muerte de Jhonatan Quispe hace que los universitarios abran los ojos y adquieran una convicción: “si con un muerto no nos hacen caso ¿qué pasará luego?, no queremos más muertos. Es ahora o nunca”.

La convocatoria a mesas de negociación con el gobierno ha servido como otra maniobra de desgaste, que dilata tiempos y se enreda en tecnicismos pretendiendo agotar a los movilizados. Si alguien quiere saber qué tanto se ha descolonizado el estado boliviano con un indígena al mando, puede hacer el seguimiento del desarrollo de las mesas de negociación de la UPEA y saldrá impresionado por la mezcla de autoritarismo, paternalismo y desprecio con que los operadores del gobierno tratan a su contraparte –basta con ver cómo fue expulsado el comité de negociaciones de la UPEA que se declaró en huelga de hambre en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, habiendo sufrido el corte de electricidad y la prohibición de que reciban asistencia médica o vituallas-[4]. Simultáneamente el gobierno recurre a un ataque mediático dirigido a desacreditar a los sectores no oficialistas que lo interpelan con sus demandas: andanada de spots difamatorios, esbirros informáticos contratados para sembrar confusión en los movilizados[5] y programas de “opinión” en los medios de comunicación que oficial o solapadamente le son funcionales y muestran para lo que han sido hechos. También están los oscuros personajes de contrainteligencia que se dedican al matonaje y el amedrentamiento –amenazas telefónicas, acoso y golpizas- de quienes se destacan en las movilizaciones, así como dirigencias mercenarias que se declaran en estado de apronte y amenazan con enfrentar físicamente a los estudiantes rebeldes. El chantaje de inducir a guardar silencio para no ser afrentados por el soso maniqueísmo de ser incluidos en el eje del mal, llamado “la derecha”, “la oposición”, “el imperialismo”, ha pretendido inútilmente callar a la UPEA pues ya se ha hecho de sentido común no creerle a un gobierno cuyas acciones represivas desmienten lo que demagógicamente declara.

La UPEA también se ha visto en sus movilizaciones bajo el embate de consignas estigmatizadoras –“flojos”, “borrachos”, “chupeas”, “violentos”, “aprendan a vestirse”, “mediocres”, “los de la UPEA abstenerse”, “la peor universidad”, “indios”, “váyanse a El Alto”- porque disputa un campo en el que los indígenas y las mujeres son vistos como arribistas y advenedizos, usurpadores de espacios de estudio universitario y competidores ilegítimos. La llamada educación superior fue pensada y bautizada con ese nombre para guardiar los privilegios de casta, clase y género de las élites económicas y políticas –desde sus puestos de poder hasta la irradiación de sus imaginarios- papel que sigue cumpliendo actualmente, por eso las dudas que el gobierno pretende sembrar en la población no tienen que ver con un debate serio sobre los fundamentos, medios y fines de la educación, sino con los supuestos selectivos que la rodean, a ver si los upeístas damos la talla para osar pedir más recursos y para considerarnos dignos de pertenecer a ese mundo donde cultura es sinónimo de superioridad racial.

El Problema

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Radio Zapote

Organización y resistencia frente a decretos privatizadores: concentración frente a CONAGUA en CDMX

Ciudad de México, 29 de julio del 2018.- El día de ayer decenas de organizaciones sociales se concentraron frente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) luego de que el presidente Enrique Peña Nieto firmara algunos decretos que eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas en el país que representan mas de la mitad del agua total en la nación aproximadamente un 55%, este cambio de nomenclatura significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua de estas cuencas, ahora se podrá “aprovechar” algunas zonas de reserva de aguas para los usos domésticos, publico, urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”

Durante varias horas varios ponentes expresaron su preocupación por dichos decretos y llamaron a resistir en las calles, escuelas y desde lo jurídico dichos decretos; la organización agua para todos agua para la vida invito a firmar para echar atras los decretos e impulsar una ley general de aguas que busca el respeto, la inclusión sobre todo de los pueblos originarios para el verdadero aprovechamiento y conservación de los mantos acuíferos, ríos y zonas lacustres para los ciudadanos y no para la industria. Al mismo tiempo en decenas de estados se concentraron en las representaciones de CONAGUA dichas organizaciones que exigieron echar abajo los decretos firmados.

Compartimos el análisis preliminar de Agua para todos agua para la vida:

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Noticias de abajo ML

Defendiendo y construyendo la educación bilingüe para la Comunidad Otomi en la CDMX

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Por TodosconelCNI

Compartimos este audio de una entrevista que realizamos para que pueda difundirse esta situación, quizá pueden hacer nota a partir de esto o si quieren ir a visitar a los compas otomís para saber más sobre lo que sucede, o como vean pertinente para que sea una nota o exracto de audio o algo que sirva para ayudar a su lucha y al respeto de sus derechos.

Este audio muestra primero la historia de las familias otomíes de varios predios de la colonia Roma en la ciudad de México y su situación, y explica lo que implica el intento por parte de la SEP y la escuela Primaria Alberto Correa de cerrar el turno vespertino que da clases a los niños, que de por sí es discriminatorio y desigual con respecto al trato que reciben los niños del turno matutino y ahora quieren eliminar su espacio en la tarde. También expone la participación de una Asociación Civil llamada Centro Colibrí en esta problemática. Nos parece muy importante este caso porque ilustra lo que viven muchos niños y familias de pueblos originarios en la Ciudad de México y lo que está sucediendo con la educación pública del país.

El cierre de este turno viola el derecho fundamental que tienen los niños y niñas de este país de acceder a la educación pública y gratuita y se violan los derechos de los pueblos indígenas. Derechos consagrados no sólo en nuestra Carta Magna, sino en distintas Leyes y Convenios a nivel local e internacional.

También es importante denunciar las condiciones de extrema vulnerabilidad que viven estos niños, niñas y sus familias al habitar predios que se dañaron en el pasado terremoto del 19 de septiembre. Lo anterior ha ocasionado que los niños, niñas otomís y sus familias tengan que vivir en campamentos afuera de los edificios, sobre la banqueta, y expuestos a toda una serie de peligros y condiciones que incrementan su condición de riesgo.

Es justo que se mantenga el turno vespertino de la escuela pública primaria Alberto Correa, así como la correcta implementación del programa intercultural Bilingüe que desde 2003 fue decretado en esta misma escuela. Asimismo, que los maestros hablen la lengua materna de esta comunidad y se den las condiciones necesarias para que los niños y niñas tengan acceso real a una educación libre de discriminación y óptima para su desarrollo intelectual y cultural. También es indispensable que las instancias correspondientes de apoyo a la vivienda, resuelvan de forma definitiva, el proceso legal que estas familias indígenas han interpuesto para acceder a una vivienda digna, legítima y libre de peligros y se reparen sus casas para que puedan dejar de vivir en campamentos en la calle.

Algunos de los derechos fundamentales:

– Derecho a una Educación pública, gratuita y de calidad.

· Artículo 28 Convención Derechos del Niño

· Artículo 57, capítulo 11 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

– Derecho a una Educación que respete, desarrolle y preserve su cultura.

· Artículo 30 Convención sobre los derechos del Niño

· Convenio 169 de la OIT.

– Derecho a una vida digna.

· Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

– Derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo.

· Principio rector del artículo 6to de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

– Derecho a la No Discriminación

· Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño

· Artículo 40, capítulo 6to de la Ley de Niños, niñas y adolescentes

– Interés superior del niño.

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Radio Zapote

Deber ineludible del nuevo gobierno: esclarecer los hechos de Ayotzinapa

Deber ineludible del nuevo gobierno: esclarecer los hechos de Ayotzinapa.- Familiares de los 43

Ciudad de México, 28 de Junio del 2018.- A 45 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; Familiares, estudiantes, organizaciones sociales y personas de buen corazón se reunieron en el Ángel de la Independencia para recordar y exigir como cada mes que se cumplan con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en particular las siguientes que resultan fundamentales para poder llegar a la verdad:

1.-Una investigación seria, pronta y legitima que incluya al ejercito mexicano, 2.- Detención inmediata de elementos de la policía federal y municipal de Huitzuco que participaron en la desaparición forzada de los compañeros llevándolos a dicho municipio la madrugada del 26 de septiembre, 3.- Presentación de resultados de los análisis de telefonía celular de 300 a 500 teléfonos que no han sido analizados y no se conoce los contenidos de esos teléfonos de la madrugada del 26 de septiembre y 4. -El trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen y acatar la creación de la comisión de la verdad.

Hacia una comisión de la verdad

En días pasados la Procuraduría General de la República se declaro incompetente para acatar la creación de una comisión de la verdad, pues “no comparte el criterio de los magistrados ya que, desde su perspectiva, la resolución emitida “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.

Durante el mitin reconocieron el acierto de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas quien ordenó la creación de la Comisión que busca reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial ademas resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. Ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

Debido a las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala). El tribunal destaco que la comisión “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos”. (Animal Político, 2018)

Durante una tarde lluviosa el contingente encabezado en su mayoría por las madres de los normalistas desaparecidos avanzó como cada 26, en su mes 45 en un comunicado que se leyó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocieron la labor de los jueces y ofrecieron el apoyo de las madres y padres de los 43, de igual manera reconocieron su valentía al apegarse a la constitución y a lo mas altos estándares internacionales de derechos humanos en un gobierno autoritario y al enfrentarse al aparato de estado con su resolución, informaron que la PGR ha tramitado amparos contra estas decisiones.

“El comité de Madres y Padres exigió a la SCJN apegarse a derecho y que no se dejen presionar por el gobierno federal, pero sobre todo llamaron a los magistrados a “que se apeguen a los principios de imparcialidad e independencia del poder judicial”, de igual manera pidieron no darle la espalda como lo han hecho los otros poderes.
Para el esclarecimiento de los terribles hechos apuntaron es necesario la creación de la comisión, llamaron al nuevo gobierno que resulte electo este primero de Julio a que cumpla con su deber ineludible de impulsar dicha comisión de investigación así como dar con el paradero de los 43 para aclarar los hechos del 26 de Septiembre”, y a estar al tanto de las convocatorias para las actividades de los cuatro años así como a seguir acompañando a las madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.”

 

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Ké Huelga Radio

Continúa el intento de privatizar el agua en México

Intento de privatización del agua en México

GeoComunes: geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes

Los diez decretos de reservas de agua de 2018, se basan en una nueva regionalización hidrológica del país decretada en 2016, que reconoce 757 cuencas hidrológicas comprendidas por 37 regiones hidrológicas, frente a las 731 cuencas reconocidas entre 2010 y 2013.

Estos decretos suprimen 30 vedas decretadas sobre 99 cuencas hidrológicas entre 1931 y 1954 (además de una veda de 2012 sobre la Presa La Concordia) pertenecientes a diez regiones hidrológicas, y establecen zonas de reservas de aguas nacionales superficiales sobre 194 cuencas.

Un estudio detallado de estos decretos requiere el análisis por cuenca del volumen de agua considerado como reserva (flujo mínimo ecológico) y el volumen de agua destinado para aprovechamientos y concesiones.

Por lo pronto, este mapa muestra las diez regiones hidrológicas comprendidas por los decretos y las 194 cuencas sobre las que se establecieron las zonas de reservas de agua, en relación con actividades extractivas y productivas y las áreas de influencia de las Zonas Económicas Especiales.

Análisis de Dr. Rodrigo Gutiérrez, IIJ-UNAM:


Análisis sobre los decretos de reserva de agua. Rodrigo Gutiérrez

El 5 de junio de 2018 el presidente de la República firmó 10 decretos con los que se modificó el régimen de veda de 289 cuencas hidrológicas del país. Lo que presentamos es un análisis de la situación jurídica de dichos decretos, así como de algunas posibles consecuencias derivadas de los mismos que han generado preocupación entre la sociedad civil y la academia.

Conviene comenzar señalando que en el país existían miles de millones de metros cúbicos de agua en las 289 cuencas a debate que, antes de que se firmaran los decretos, se encontraban bajo el régimen de veda. Ello implicaba que no podían ser utilizados ni aprovechados por ningún actor en tanto que dicho régimen impedía a la Conagua otorgar concesiones. Por lo tanto, toda esa agua quedaba intocada y era para uso exclusivo de la naturaleza. Las vedas son instrumentos jurídicos que buscan evitar que las actividades humanas afecten bienes comunes que tienen problemas de escasez o sobreexplotación.

Los decretos de la Conagua cambiaron ese régimen restrictivo del agua por uno más laxo, denominado régimen de reserva que, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, permite concesionar y asignar el agua para tres usos distintos: a) uso doméstico o público urbano; b) generación de energía eléctrica para servicio público; c) garantizar flujos mínimos para la protección ecológica.

Los decretos en cuestión fueron firmados el “Día Mundial del Medio Ambiente” y publicitados por parte del gobierno como una medida para garantizarle en el futuro agua a la naturaleza. Ello no deja de ser paradójico si se toma en cuenta que la veda es el instrumento que protege con mayor rotundidad los flujos del líquido para el medio ambiente. También es verdad que otro porcentaje mucho
menor del agua se reservó para uso público urbano, bajo el argumento de que la población crecerá en el futuro y requerirá acudir a estos cuerpos de agua. Esto último generó las primeras preocupaciones debido a que bajo el rubro de uso público urbano se podría otorgar agua a actores privados que desarrollan sus actividades en las ciudades.

Sin embargo, lo que más preocupó a la ciudadanía es que el volumen de agua decretado bajo el régimen de reserva es menor que el volumen total liberado. En otras palabras, los decretos liberaron más agua de la que se reservó. Ello significa que un porcentaje del agua liberado de la veda entra en el régimen ordinario de concesiones y, por lo tanto, la Conagua puede entregar enormes volúmenes del líquido a actores privados que lo soliciten.

Por esta razón es que la palabra “privatización” apareció en el debate público. Y si bien es cierto que el decreto en sí mismo no privatiza al agua, sí permite que la Conagua lo entregue a privados que hacen negocio directa o indirectamente con el líquido.

La suspicacia y preocupación que ha manifestado la comunidad académica y la sociedad civil encuentra parte de su explicación en el hecho de que la Conagua es el órgano administrativo que concentra, sin contrapesos ni participación, la mayor capacidad de decisión sobre toda el agua en el territorio nacional. Se trata de una institución altamente centralizada que por ello ha sido fuertemente cuestionada (Sánchez Meza, 2010), incluso por la Auditoría Superior de la Federación que ha subrayado el deficiente funcionamiento de los Consejos de Cuenca que son los únicos espacios formales de participación.

Además de ello, la Ley de Aguas Nacionales reconoce al agua como un bien de seguridad nacional, por lo que toda la información relativa a ella puede ser reservada (como de hecho ocurre).

Ambos elementos dan como resultado una estructura de gestión centralizada y sin transparencia del agua a nivel nacional, lo que es un terreno fértil para la corrupción. Esto último ha sido denunciado desde múltiples espacios, subrayando el otorgamiento privilegiado de concesiones de agua a industrias,
embotelladoras, mineras, inmobiliarias y otros grandes usuarios, poniendo en riesgo el derecho humano al agua.

La suspicacia aumenta si se toma en cuenta que el actual gobierno, desde el inicio de su gestión, construyó jurídicamente, a través de las reformas estructurales, importantes acuerdos y alianzas con el sector empresarial nacional y transnacional de los hidrocarburos convencionales y no convencionales (fracking), la electricidad y otros. El Pacto por México, a través del cual se lograron las reformas estructurales, es un acuerdo político para seguir abriendo en México los mercados del petróleo, los minerales, el gas, la electricidad; todo ello requiere millones de metros cúbicos de agua para poder
fructificar.

En conclusión, si bien es cierto que los decretos en cuestión son legales y en estricto sentido no privatizan el agua, también es cierto que dicha decisión, que afecta a la mitad de las cuencas en el país, se realizó sin contrapesos, sin consulta, bajo un régimen centralizado, de nula transparencia y que además le permiten a la Conagua disponer de millones de metros cúbicos que podría entregar al actor que ella decida.


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Somos el medio

Se cumplen dos meses de la desaparición de Mariela Vanessa, estudiante de la UNAM

 

Por José Valdemar

Ciudad de México 28 de junio de 2018-A dos meses de la desaparición de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam, familiares, organizaciones civiles de derechos humano y el abogado de la familia, convocaron a una rueda de prensa el día de ayer en el local Café Zapata Vive, en donde dieron a conocer los pormenores sobre el caso de la estudiante.

Mencionaron que a dos meses de la desaparición de Mariela Vanessa, que la Carpeta de investigación solamente esta integrada por los informes escritos de las autoridades y de personas cercanas a la estudiante desaparecida, los cuales no han abonado nada a la posible localización de Mariela Vanessa, dicha investigación se esta llevando a cabo, únicamente, conforme a disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGJCDMX, y no así conforme a la Ley de General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y mucho menos con perspectiva de genero.

El Ministerio Público ha sido omiso en solicitar los vídeos a los sistemas de transporte, tanto metro como metrubus, en donde posiblemente exista la posibilidad en la Mariela Vanessa salga en los vídeos, dentro de sus omisiones el MP no ha recabado información de la línea telefónica de Mariela, sobre todo porque la familia le informo al Ministerio Público en su debido tiempo que el número telefónico de Mariela seguía repicando línea, los familiares mencionaron que esta información, la del teléfono, es de vital importancia para conocer la llamadas hechas y recibidas en el teléfono de Mariela antes y en los momentos posteriores a su desaparición.

Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Unam, desapareció el día 27 de abril de este año, en donde según la localización del teléfono indicaron que se encontraba en los alrededores del Cerro de la Estrella, en la Delegación Iztapalapa.

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Comunicado de Las Abejas exige a la CIDH informe de fondo y justicia por la masacre de Acteal

Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”

Tierra Sagrada de los mártires.

Acteal, Chenalhó. Chiapas. México.

 

27 de Junio del 2018

Al pueblo de México y del mundo

A la prensa Nacional e Internacional

A la opinión publica

Hermanos y hermanas

En tiempo electoral los gobiernos y candidatos aspirantes se olvidan de lo más fundamental, los “Derechos Humanos”. Sus discursos centran únicamente en sumar votos y los dirigen para ganar simpatía de los electoreros. Caber decir que la corrupción no es el único mal que aqueja nuestro país, también son graves problemas nacional la enorme desigualdad social, marginación, extrema pobreza, injusticias, violaciones de derechos humanos impunes e imperante en nuestro país, es lo que más hiere y sangra nuestro país, pero sobre todo es el reclamo constante de los pueblos indígenas de México.

Como mexicanos, preguntamos a los gobiernos y aspirantes ¿el respeto de los Derechos Humanos no es principio básico para ejercer la democracia en México?, ¿Dónde quedan las víctimas de violencias, los asesinatos y  las masacres cometidos por el estado mexicano?, ¿Los desaparecidos y los presos políticos?, ¿el derecho de los pueblos indígenas? y ¿los Acuerdos de San Andrés Sakamchen de los Pobres?. En México hay muchos mundos diferentes, nuestro país es multicultural y plurietnico, así con sus indiferencias ¿cómo piensan representar México ante el mundo negando la diversidad y los pueblos indígenas?. Está claro que, con este escenario que tenemos, indica que sea quien gane el 01 de julio, no habrá cambios y lo que es seguro, es que recrudecerá la violencia sistemática contra los pueblos indígenas y el despojo ambiental-cultural en todas sus manifestaciones.

Preocupados por los Derechos Humanos, más de cien sobrevivientes de la masacre de Acteal mismo que desde el 22 de Diciembre de 2017 se declararon en asamblea permanente, hoy solicitaron encarecidamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita lo más pronto un informe de fondo correspondiente el caso 12.790, Caso Acteal, México. Nosotros, somos testigos que en la comunidad de Acteal sigue sin asomarse la justicia y los sobrevivientes sufren cada día el efecto de la impunidad del crimen de lesa humanidad. Pues, estos más de veinte años de la masacre la vida no ha sido nada fácil para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, muchos han fallecidos esperando Verdad y Justicia, y otros más se encuentran hoy en graves situaciones de salud. Tememos por los sobrevivientes que por falta de un justicia integral sufran posibles daños irreparables a su salud física y psicológica ya que sabemos en opinión de médicos que el caso de Zenaida Pérez Luna sobreviviente herido reconocido por la CIDH, quien perdiera el campo visual por causa de un impacto de bala que recibió en el día de los hechos del 22 de Diciembre de 1997, el daño causado a su salud ya es irreversible. Por ello, en colectivo le preguntamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿cuántos sobrevivientes más tienen que morir para encontrar justicia en el caso 12.790? recordamos que fue desde Octubre del 2015 que se realizó la audiencia de fondo del caso en Washington D.C., y consideramos que más de dos años es tiempo suficiente para que concluya el fondo del caso y  emita un pronunciamiento correspondiente.

Así mismo, como organización defensora de los Derechos Humanos nos sumamos al rechazo de la política migratoria “cero tolerancia” impulsado por el gobierno de Estados Unidos de América Donald Trump, por su característica consideramos que es inhumano el ejercicio de dicha política y carece de sentido común.  Desde ya decimos que se equivoca Donald Trump si piensa que con la separación de los niños de sus padres busca usar el llanto de los menores como moneda de cambio para construir su muro no le funcionará y será una estrategia fallida.

 

Por lo anterior exigimos:

Justicia por la masacre de Acteal, caso 12.790, caso Acteal. México.

Aunque nosotros no votamos este 01 Julio, pero respetamos a quienes sí lo hacen, por ello exigimos una elección respetuosa y libre de violencia.

ATENTAMENTE

Concejo de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”

 

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