Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
^{Fotos por Jeny Pascacio}

La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024. 

Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco. 

“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia. 

El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.

Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.

Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.

Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.

Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.

No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.

Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

^{Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)}

El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.

El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.

Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

La búsqueda de la defensora de territorios mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace siete meses en la región de Los Ríos, es obstruida por las instituciones del Estado de Chile. 

Las organizaciones que se movilizan por la activista demandan la separación de la fiscal Tatiana Esquivel, por haber detenido las investigaciones y supervisado diligencias policiales en las que violentaron a los familiares de Chuñil.

Desde el 8 de noviembre de 2024 no hay rastros de Julia Chuñil, de 72 años, y su perro Cholito. Por su posición como presidenta de la comunidad indígena Putreguel, en la comuna Máfil, al sur de Chile, era amenazada por el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien no ha sido incluido en las indagaciones fiscales. 

Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González

Antonio González Méndez es un indígena maya originario de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, México. Cuando fue desaparecido en 1999 contaba con 32 años de edad. Él y su pareja Zonia López Juárez tenían 3 hijas y un hijo: Ana, Magdalena, Elma Thalía, y Gerardo.

Ante la falta de actuación del Estado mexicano para esclarecer los hechos y localizar a Antonio, su familia, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2000. El 4 de mayo de 2019, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 62/19. Debido a la falta del Estado mexicano al cumplimiento integral de las recomendaciones, el 22 de enero de 2022, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuya sentencia fue publicada el 12/12/2024. En ella, la CoIDH declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio.
 
(In)cumplimiento de la sentencia a seis meses de su publicación
Lamentamos que a seis meses después de la publicación de la sentencia, México no haya demostrado voluntad política para cumplir con las reparaciones ordenadas. La única medida que implementó a cabalidad fue la reparación económica. Si bien saludamos esta acción, notamos que tanto la investigación como la búsqueda, disposiciones más urgentes para la familia, y que más impacto tienen para la sociedad en su conjunto, no están atendidas con seriedad.
 
            Investigación de los hechos
Un punto crucial es la investigación de la desaparición forzada de Antonio. La Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de Chiapas presentó un primer plan de investigación con graves fallas, y haciendo caso omiso a las demandas de la familia.

En su plan de investigación, queda patente que la Fiscalía desconoce la propia sentencia, pone en duda hasta la presencia de Paz y Justicia en Sabanilla, y la existencia de un motivo para desaparecer a Antonio.

De igual forma, se sugiere indagar sobre el perfil de Antonio para determinar si era susceptible de haber sido blanco de un grupo paramilitar. Es otro grave retroceso; la sentencia deja claro que el motivo de la desaparición de Antonio es su pertenencia a un movimiento político-social que el Estado, a través de una política de contrainsurgencia plasmada en su “Plan de Campaña Chiapas 1994” buscaba “destruir y/o desorganizar”.

Las acciones de investigación propuestas evidencian además una ignorancia de las pruebas e indicios que sostienen la sentencia de la CoIDH, y que fueron aportados no solo por la familia y el Frayba, sino también por el mismo Estado.

El sentimiento que queda al leer el plan de investigación es que no se está tomando en serio el esclarecimiento de los hechos. Pareciera que la Fiscalía no tiene claros ni los hechos más básicos del caso. Además, el documento es de difícil lectura, y es obvio que varios apartados fueron copiados y pegados del anterior plan y/o de otros documentos.
 
            Búsqueda de Antonio González Méndez
Otro de los pilares de la reparación del daño, y el más importante para la familia de Antonio, es la búsqueda. A más de 26 años de su desaparición, y tras la emisión de la sentencia, el Estado por primera vez organizó jornadas de búsqueda en abril 2025. Al menos, así fue presentada esta acción a la familia. Pero más que una búsqueda, fueron acciones de prospección dentro de un perímetro muy importante, en una lógica de reconocimiento del terreno. Esto fue un primer golpe para la familia de Antonio. La invitación a una búsqueda creó importantes expectativas que fueron decepcionadas.

Apareció claramente la falta de coordinación interinstitucional necesaria para desarrollar acciones de esta magnitud. La familia y el Frayba nos pudimos percatar de que la mayoría de los y las funcionarias presentes no tenían conocimiento ni de la sentencia de la CoIDH, ni de los hechos de la desaparición, ni mucho menos del contexto en el cual se dio.

Es preocupante en particular que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Chiapas en todo momento ignoró a la familia y sus representantes en sus diálogos con las demás autoridades. Pese a ser una acción de reparación fundamental para la familia, en esta primera búsqueda el trato hacia ellas fue irrespetuoso, y no se tomó en cuenta su palabra, quedando clara la falta de voluntad de realizar una búsqueda real y profunda con la plena convicción de hacer todo lo posible por localizar a Antonio.
 
            Otras medidas de reparación
La familia, el Frayba como sus representantes, y el Estado, hemos llegado a varios acuerdos sobre la implementación de la sentencia de la CoIDH. Los espacios de interlocución han sido importantes, sobre todo los que permitieron aterrizar en medidas concretas las exigencias de la CoIDH hacia el Estado. Dichas medidas, además de la investigación y búsqueda, abarcan varios temas, desde la atención de salud para familiares de Antonio, hasta la difusión de la sentencia en redes sociales, y medidas de no-repetición.

Sin embargo, lamentamos la falta de solidez de los compromisos tomados por el Estado en varios ámbitos. En particular, nos preocupa que en la interlocución se llegue a revertir los acuerdos consensuados entre todas las partes.

Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González

Descarga el Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González(168.56 KB)

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Fotos por Madres en Resistencia

La colectiva Madres en Resistencia solicitó la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, por la nula atención de los casos de feminicidios, desaparición forzada de personas y por la negligencia en sus declaraciones públicas.

“El fiscal solo demuestra su falta de preparación. Por ejemplo, la fiscalía es la primera que nos violenta, nos dicen ‘sus hijas se suicidaron’. No hacen investigación con la debida diligencia y perspectiva de género”, señaló Adriana Gómez, fundadora de la colectiva Madres en Resistencia.

Hace unos días, la colectiva se pronunció contra las declaraciones de Llaven Abarca que, ante medios de comunicación, calificó como “crimen pasional” el feminicidio de dos adolescentes en San Juan Chamula. La madrugada del pasado 20 de abril, Deysi Guadalupe, de 14 años, y su hermana Rosa Valeria Gómez Méndez, de 18, fueron halladas sin vida en una vía de terracería de la comunidad Cruz Obispo I, luego de dos días desaparecidas.

Las Madres en Resistencia mencionaron los estándares y los protocolos para investigar y procesar casos de feminicidio, como la Sentencia Mariana Lima Buendía que dicta lineamientos específicos en casos de asesinatos de mujeres, como que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.

Otro de los puntos de la sentencia especifica que la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, y los responsables deben ser sancionados. “¿Para qué existen esos tratados si Llaven Abarca hace lo que le da la gana? Para nosotras es una ofensa lo que dijo y exigimos su destitución”, insistió Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, adolescente asesinada al interior del Instituto del Deporte el 14 de enero de 2022; caso que Llaven Abarca resolvió como suicidio.

“Desafortunadamente tenemos fiscales que no saben qué es la perspectiva de género y la debida diligencia. Estando muertas hablan de ellas. Ya no están para defenderse, pero nosotras estamos aquí alzando la voz, porque estamos hartas de tener este tipo de autoridades”, precisó Adriana Gómez.

Para las familias de la colectiva, integrada en su mayoría por mujeres, Llaven Abarca habló desde su ideología machista y como parte del sistema patriarcal, y con su actitud solo busca dar carpetazo y cerrar el caso de un doble feminicidio de adolescentes.

“La Fiscalía es autónoma, pero cuando les conviene, porque cuando llegamos al edificio nos recibe un letrero que dice ‘Gobierno de Chiapas’. Y el gobernador nos dice que no tiene compromisos con nadie solo con la población, ¿entonces qué sucede?”, cuestionó la madre de Jade Yuing.

Encuentros y desencuentros

Jorge Luis Llaven Abarca aceptó reunirse con las Madres en Resistencia cuando protestaron con una huelga de hambre en Palacio de Gobierno, durante las primeras semanas de administración del gobernador Eduardo Ramírez (en diciembre de 2024). En ese encuentro se comprometió a atender cada uno de los casos y a reunirse de manera periódica con ellas, pero no sucedió así.

Hace un mes, la colectiva viajó a la Ciudad de México, tocó puertas en el Senado de la República y, desde ahí, dio una rueda de prensa, en la que proporcionaron detalles de sus casos. Poco después, el Fiscal General les pidió reunirse el 1 de abril. Las Madres en Resistencia acudieron y expusieron sus preocupaciones, pero percibieron que en todo momento el funcionario minimizó sus palabras, no lograron avanzar en los puntos solicitados y acordó verlas, de nuevo, el 4 de mayo, pero no llegó a la cita. “Llaven Abarca acude a las reuniones sólo cuando nos quejamos con la secretaria de Gobierno”, señaló Isabel Torres.

La junta fue dirigida por Armando Pérez Narváez, Fiscal de Coordinación y mano derecha del Fiscal; también estuvo José Zetina Sánchez, director General de Servicios Periciales; Cynthia Velázquez Sánchez, de la Fiscalía Contra el Feminicidio; Josefa de la Cruz Núñez de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada; Elizabeth Santiago, de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil; y Lesdy Cecilia Calvo Chacón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) quien en su participación negó el recurso económico para las acciones de búsqueda de la colectiva.

“La directora de la CEEAV se puso prepotente porque le dije que no trabajan, el apoyo psicológico de mi nieto (hijo de Cassandra Arias Torres) lo da la Fiscalía de Derechos Humanos, el médico lo proporciona la CEB y el acompañamiento jurídico la Facultad de Derecho de la UNACH. Si la CEEAV no sirve para nada entonces que la quiten”, dijo Isabel Torres.

Las autoridades acordaron reunirse con las Madres en Resistencia el día siete del próximo mes para planear acciones de búsqueda.

Indispensable la creación del Consejo Ciudadano

Las acciones de las Madres en Resistencia en el Senado de la República tuvieron resonancia el 30 de abril en el Congreso del Estado de Chiapas, con la presentación de la iniciativa en la que piden la conformación inmediata de un organismo especializado dentro del Congreso y el Consejo Estatal Ciudadano, con base en el Capítulo III de la Ley en Materia y Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas. De acuerdo al Artículo 41 de la citada Ley, el Consejo debe estar conformado por tres familiares de víctimas de desaparición; dos especialistas reconocidos y con prestigio en su labor en la protección y defensa de los derechos humanos (ddhh), la búsqueda de personas o investigación; y dos defensores de ddhh con conocimientos en la materia

El Consejo Estatal Ciudadano en Chiapas, previsto en la Ley de Desaparición de Personas, tiene como objetivo vigilar y evaluar las políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, canalizar denuncias y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil, buscando justicia y transparencia en la atención a víctimas y familiares.

“Queremos hacer un llamado de conciencia respecto a un problema que es tan real como nuestro dolor. Desde hace años vivimos en la incesante búsqueda de nuestros desaparecidos forzadamente, prácticamente con nuestros propios recursos y la voluntad inquebrantable para saber dónde están nuestros hijos o al menos conocer qué fue de ellos y menguar la prolongada incertidumbre con la que vivimos desde que se los llevaron”, fueron las palabras de las Madres en Resistencia ante al parlamento legislativo.

Señalaron de injusto que, desde el gobierno federal se minimice o se desacredite a las víctimas de desaparición forzada que tienen rostros, nombres y apellidos. Insistieron en la necesidad de reconocer una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas que siguen afectando profundamente las comunidades del territorio chiapaneco ante la omisión, inacción y negligencia de las autoridades.

“Son acciones urgentes y necesarias, no sólo para fortalecer los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación, también significa dar un paso para atender las verdaderas problemáticas sociales, comprometerse con los derechos humanos y las demandas legítimas de la ciudadanía. Ahora más que nunca las víctimas de la violencia, necesitamos del acuerpamiento y la sensibilidad institucional para acceder a la verdad, y la justicia por nuestros desaparecidos y el dolor de las familias que buscan arriesgando la vida propia”, enfatizó la colectiva.

Isabel Torres, dio a conocer que luego de entregar la iniciativa le solicitaron una cita a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente de Mesa Directiva del Congreso, pero, como en muchas otras ocasiones, puso pretextos para no atenderlas.

 “No sabemos por qué pone tantos pretextos si se la pasa detrás de Eduardo Ramírez o de Óscar Aparicio Avendaño (secretario de Seguridad del Pueblo), no entendemos cuál es su función en el Congreso que le facilita estar detrás del gobernador todo el tiempo, pero no para atender a la población”, cuestionó la madre buscadora.

El próximo 10 de mayo, bajo el lema “nuestra lucha de hoy en día es búsqueda, justicia y verdad”, la colectiva Madres en Resistencia convoca a una caminata que comenzará en el retén ubicado en la carretera Chiapa de Corzo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, realizarán un mitin en la Fiscalía General del Estado y concluirán la protesta pacífica en la entrada del Palacio de Gobierno.

Fuente: Avispa Midia

^{por Xochiquetzal Tlazolteolt}

Después de casi siete meses de su desaparición, la defensora de derechos humanos ayuujk Sandra Estefana Domínguez Martínez fue velada de cuerpo presente el 29 de abril en el velatorio Núñez Banuet, en Oaxaca. Fue una noche larga acompañada entre rezos, flores, velas, cantos de su familia, amistades, comunidad, compañeras y compañeros que han defendido los derechos humanos, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, esa violencia que nos arrebató a Sandra.

Antes de su desaparición, Sandra denunció a Donato Vargas – funcionario de la administración de Salomón Jara [gobernador del estado de Oaxaca] – por haber creado un chat en donde se compartía material de índole sexual de mujeres ayuujk sin su consentimiento. Antes de su desaparición Sandra recibió varias amenazas e intimidaciones, por haberse atrevido a señalar a violentadores de mujeres del actual gobierno estatal.

El jueves 31 de abril, antes de partir a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde Sandra fue sepultada, su familia y defensoras de derechos humanos prepararon un programa para honrar su vida y memoria. Su hija, madre, hermanas y quienes las acompañamos estuvimos atentas a las mujeres que, con sus voces entrecortadas, compartieron haber sido cobijadas por Sandra para denunciar violencias ejercidas por sus parejas y/o violencia comunitaria. Para ellas fue un pilar y soporte importante en los procesos de denuncia. También compartieron las alegrías, la fortaleza para continuar exigiendo justicia, tal como ahora su familia lo hace.

En su homenaje Sandra estuvo rodeada de flores coloridas, porque así era como tenían que recibirla, dignificándola, recordándola alegre, con canciones oaxaqueñas como la Zandunga, canción que tiene un especial sentimiento para su familia. Cuando las mujeres terminaron de compartir sus testimonios, otras fueron levantándose para continuar con los abrazos para su familia. Se formó una larga fila y cada una, a su manera, rociando agua sobre la caja repleta de flores, fue una y otra vez despidiéndose de ella.

Al término del homenaje, a las afueras del velatorio, las mujeres feministas y su familia salieron con una manta de “Oaxaca feminicida” y al grito de ¡Sandra, hermana aquí esta tu manada! Carteles morados en donde se leía “Fue el Estado”, ¡sí fue el Estado en su complicidad de continuar sosteniendo a funcionarios claramente señalados por violencia!, ¡Sí, fue el Estado ante la sordera del clamor de la familia que exigía la presentación de Sandra, compañera feminista, madre, hija, hermana!

En otro cartel se lograba leer “Una familia incompleta” ¡sí, una familia incompleta por la torpeza de las autoridades incompetentes para frenar la violencia feminicida en este país! ¡Sí, más de una familia incompleta, porque faltan más Sandras en miles de familias en México, en Oaxaca!

La familia trasladó el cuerpo de Sandra a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde con rezos estuvo por última vez. De su espacio físico familiar, llegó al panteón. Fue acompañada en una caravana motorizada por su familia, compañeras feministas, por sus paisanas, paisanos. A su llegada al panteón, todo listo para que la madre tierra recibiera a su hija, en un lugar donde ya no hay maldad y ni dolor. Una vez más rezos y cantos, en un momento de profundo dolor para su familia. Su madre la señora Araceli la despedía: “Hija, no tiene nombre lo que te hicieron”, al grito de ¡Sandra vive, hoy y siempre!, ¿qué quiere Sandra? ¡Justicia!

Compañeros y compañeras les informamos con alegría que por la irrefutable inocencia de los compañeros, se demostró de manera contundente y por las acciones persistentes de quienes se movilizaron: personas en lo individual, colectivas, organizaciones… Las exigencias de libertad total fueron irrebatibles,  así se obtuvo la libertad absoluta y se logró arrebatar de las garras del mal gobierno a las BAEZLN.

¡Por su solidaridad rebelde, que viva la resistencia por la Verdad y la Justicia!

#LibertadInmediataZapatistas #EZLN

COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA
DOMINGUEZ

De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra.
Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra
Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.

La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.

Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho
tiempo por la violencia.

La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.

Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.

No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.

Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje
claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.

Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.

GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.

¡SANDRA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Joaquín Galván
Activista de Derechos Humanos.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos que luchan y resisten
A la población de este México en guerra

La Autonomía y el Común que construyen día con día las bases de apoyo zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy, son el objetivo de la violencia de Estado encabezada por el mal gobierno de la cuarta transformación con su representante ejecutiva Claudia Sheinbaum y en el estado de Chiapas Eduardo Ramírez.

El día 24 de abril del 2025, un fuerte operativo integrado por al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con civiles armados, realizaron cateos a casas de compañeros bases de apoyo zapatista privando de su libertad y desapareciendo de manera forzada a los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez. Hasta el momento de publicación del presente comunicado no se conoce su paradero.

Estos hechos se suman a los actos de hostigamiento e intimidación que el ejército, la Guardia Nacional y el grupo de operaciones especiales llamado Pakal realizaron en el cierre del encuentro de arte (Revel y Rebel) Arte convocado por el EZLN.

La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) por parte del actual gobernador, y este tipo de ataques abiertos son muestra clara de que la prioridad para el gobierno es someter a la población a una constante violencia, intimidación y represión, así como atacar directamente a los pueblos organizados como son los pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En medio de esta guerra abierta en contra de quienes defienden la vida y luchan contra el capitalismo y su sangriento despojo, nuestras hermanas y hermanos zapatistas nos llaman a construir esperanza y las bases para el mañana. A través del arte, bases de apoyo de todas las edades nos invitan a imaginar, sentir y soñar con ese mundo donde la vida digna sea asegurada. Esos sueños son los que el mal gobierno quiere destruir.

Vemos ahora que el enemigo más grande de este narco estado capitalista es la esperanza que construyen los pueblos, es la fuerza de las familias que buscan incansablemente a quienes les fueron arrebatados, son las y los defensores del territorio que inspiran rebeldía, son las personas que simplemente nacieron en un México donde las vidas son mercancía.

La detención arbitraria y posible desaparición forzada de nuestros compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez se suma a los ataques dirigidos a compañeros y compañeras defensores del territorio, familias buscadoras y población en general:

• 27 de marzo: Asesinato de Teresa González integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco.
• 3 de abril: Ataque al compañero David Peralta en Eloxochitlán de Flores Magón.
• 18 de abril: Ataque armado al compañero Marco Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien falleció el 25 de abril a causa de las heridas recibidas.
• 24 de abril: Ataque a la comunidad de Santa María Ostula por parte del CJNG.
• 25 de abril: Asesinato de María del Carmen Morales y a Jaime Daniel Ramírez integrantes de Guerreros buscadores.
• Más de 127 mil personas desaparecidas cuya búsqueda no es prioridad para el gobierno y que continúa creciendo dramáticamente día con día.

Ante estos cobardes actos de violencia que este narco estado capitalista ejerce contra nuestros hermanos zapatistas, familias buscadoras, compañeros de los pueblos originarios que defienden su territorio así como la constante y sistemática desaparición forzada a la que somos sometidos en todo el territorio mexicano, los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos:

• PRESENTACIÓN INMEDIATA Y CON VIDA DE JOSÉ BALDEMAR SÁNTIZ SÁNTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO ZAPATISTA
• Alto a los ataques, hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades zapatistas
• Alto a los ataques en contra de la comunidad de Santa María Ostula
• Alto a las agresiones contra David Peralta y el pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón
• Justicia para Marco Suástegui
• Justicia para Teresa González
• Justicia para María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales

No concebimos la justicia desde un Estado mexicano criminal que desaparece miles de jóvenes, pero sí del pueblo organizado y de buen corazón por ello convocamos a los pueblos originarios comunidades, barrios, colectivos e individuos a manifestarse amplia y urgentemente en exigencia por la aparición con vida de los compañeros bases de apoyo (comunicados, pintas, manifestaciones, mítines, volanteos, videos, ilustraciones, etc), así como firmar la acción urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DEL EZLN!
¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡ALTO AL EXTERMINIO!

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!

TIERRA AGUA Y LIBERTAD

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Link para firmar acción urgente Frayba Derechos Humanos
https://frayba.org.mx/fuerzas-de-seguridad-y-militares-desaparecen-2-bases-de-apoyo-zapatistas

#EZLN
#VivosLosLlevaronVivosLosQueremos
#AltoALaGuerraContraLosPueblos
#ALTOalaGUERRAcontraelEZLN
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