^{En portada: 400 años de minería no alteraron la apariencia del Cerro de San Pedrio. En cinco años se abrió un abismo de 400 metros de profundidad por 800 de ancho}

En 1996, los órganos ambientales de México dieron autorización a la minera San Xavier, de la canadiense New Gold, para explotar plata y oro en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión. Pero la minera presentó amparo y logró continuar sus actividades.

En 2016, luego de haber devastado al cerro, la minera cerró las actividades sin un plan de restauración. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, pregunta don Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro.

La minera canadiense dejó, según Martínez, 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos, además de 100 millones de toneladas de material con cianuro que, con las lluvias, filtran hacia al acuífero.

Son motivos de preocupación y resistencia la prospección, exploración, explotación, además de los conflictos que generan la actividad minera. Sin embargo, existe un “completo vacío” en lo que respecta al cierre y abandono de los sitios mineros, alerta la investigadora y experta en el tema, Letizia Silva, quien coordinó el informe ¿Y después de la mina qué? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll.

“¿Qué sucede cuando deja de tener actividades a corto, mediano y largo plazo una mina?, ¿qué sucede con los lugares que quedan en total abandono? Quedan residuos tóxicos que no permite que viva nada. No se puede producir, no se puede tener una vida social, una vida en común. Y nadie se hace responsable de ello”, señala la investigadora.

En México, no existe una definición normada y regulada que establece lo que significa ‘cierre de mina’, tampoco existen normas para regular cómo debe ser la finalización de una actividad minera, o cómo se va a vigilar que la restauración del sitio ocurra.

Lo que existe, según la investigadora, son las definiciones en las Manifestaciones de Impacto Ambienta (MIA), estudio realizado por una consultoría ambiental pagado por las mineras. “Son las empresas que determinan, bajo sus criterios, que se considera cierre de mina”, explica.

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Justamente por no haber una normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas, tampoco existe un registro oficial de los pueblos fantasmas que han generado las actividades mineras en todo el país.

El dato oficial a partir del cual se puede generar una idea de la contaminación es el inventario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ubica 585 registros de presas de jales, desechos tóxicos generados por la actividad minera.

Cierre en las distintas fases

La actividad minera posee cinco fases. La prospección, exploración, explotación, beneficio o limpieza del mineral y el cierre. “Pareciera un ciclo continuo y normal, pero hemos visto que, por ejemplo, una concesión puede estar en explotación y, al mismo tiempo, desarrollar prospección. Pueden estar en la fase de beneficio y volver a la fase de prospección. No es una actividad continua. Así como se puede regresar las fases, el cierre también puede coincidir con cualquier otra fase”, explica Silva.

Es decir, puede ser que la empresa esté haciendo la prospección y considere que no es viable la explotación y determina retirarse. “¿Dónde está la planeación de cierre cuando no hubo explotación?, por ejemplo. La actividad de prospección no es solamente hacer medición, es hacer perforación, retirar vegetación, modificar suelo. Entonces desde las primeras fases habría que existir un plan de cierre”, sostiene.

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Otra situación que no está prevista en las normas mexicanas es la suspensión de la actividad minera. “Puede ser que la empresa se haya ido momentáneamente. Todavía es un cierre y abría que estar normado”, señala la investigadora.

La postergación de las actividades mineras ha sido cada vez más frecuente en los últimos años. En 2017, 17% de los proyectos mineros estaban suspendidos. En 2021, alzó a 62%. “No sabemos lo que sucede en este período que es indeterminado”.

Distintas organizaciones y colectivos demandan una política de monitoreo y manejo de desechos tóxicos, además exigen que las empresas restauren los lugares luego de la extracción de los materiales. ¿Sería eso posible?, considerando los daños irreversibles que traen dichas actividades. Como señaló Martínez, ¿cómo van a volver a construir un cerro?”.