• Alto a la represión y criminalización a Pueblos Originarios que defienden su territorio.

   

El día 1 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas, el Juez de Control con residencia en Cintalapa, Chiapas, México, determinó en audiencia de revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, que José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) y César Hernández Feliciano (César),¹ defensores comunitarios del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, continuarán su proceso penal presentándose de manera periódica ante el Juzgado de Control de Ocosingo, así como la prohibición de salir sin autorización del país y del ámbito territorial fijado. Son acusados del delito de motín, por oponerse a la instalación de una base o cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Es así que deberán de presentarse a firmar cada 15 días.

José Luis y César son presos políticos en un contexto de criminalización a Pueblos Originarios que rechazan la instalación de bases de la Guardia Nacional en sus comunidades. Como ejidatarios de San Jerónimo Bachajón apoyan las reivindicaciones del ejido San Sebastian Bachajón: «Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal que se instalen medidas eficaces para dar marcha atrás a la instalación de esta base militar en el municipio de Chilón, Chiapas, así como el respeto a los derechos y cultura de los pueblos originarios.»²

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) asumió la defensa jurídica de José Luis y César, quienes permanecieron 17 días en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa. El Frayba documentó violaciones a derechos humanos como: Privación Arbitraria de la Libertad, Tratos Crueles Inhumanos y/o Degradantes, así como irregularidades en el debido proceso, entre ellas: obstrucción a la defensa, incomunicación y traslado injustificado.³

Además el uso de la prisión preventiva constituye una vulneración al derecho a la libertad personal y una pena anticipada violentando también el derecho a la presunción de inocencia, que se usa para castigar la disidencia social.

La protesta es una acción legítima como derecho de la población socialmente invisible y excluida, para hacer valer sus exigencias y está implícitamente vinculada con la libertad de expresión, asociación y de participación en los asuntos de interés público.

Organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos⁴ y Front Line Defenders⁵ hicieron llamamientos al Estado mexicano por la libertad de César y José Luis. Y expresaron que: «el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México».

El Frayba reitera al Estado mexicano el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos, en especial los Pueblos Originarios que defienden sus territorios así como garantizar su protección y seguridad en el contexto de pandemia por COVID 19.

Exigimos absolver de manera inmediata del delito de motín a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano ya que evidentemente se trata de usar esta figura para criminalizar la protesta social. Se garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal de Chilón que ejercen su derecho a la defensa del territorio, la libre autodeterminación y a la protesta. Nos sumamos a la exigencia de suspender la construcción del la base de la Guardia Nacional en el territorio del Pueblo Maya Tseltal, en el ejido de San Sebastían, en Chilón.