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Radio Pozol

“Tren Maya”, pueblos originarios frente al reordenamiento territorial en México

Audio de la conferencia de prensa: (Descarga aquí)  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 16 de marzo. Pueblos originarios del sureste mexicano impugnaron mediante un amparo judicial al autodenominado “Tren Maya”, ya que dicho proyecto de reordenamiento territorial no cuenta con los estudios de impacto ambiental por lo que el juzgado primero de distrito de la ciudad de Campeche, otorgó la suspensión definitiva del proyecto, informaron este lunes en conferencia de prensa pueblos tsotsiles, steltales, choles y mayas peninsulares, desde el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la ciudad de San Cristóbal.

“El amparo número 12/2020 en dicho juzgado, se presentó contra actos de las siguientes autoridades: presidente de la república, director del fondo nacional de fomento al turismo, secretaría de gobernación y director del instituto nacional de pueblos indígenas”, informaron pueblos originarios de más de 15 municipios de Chiapas, que recolectaron más de 24000 firmas en apoyo a sus compañer@s de la península, ya que se violentó la libre autodeterminación de los pueblos originarios, denunciaron en la rueda de prensa.

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Radio Pozol

Chiapas: Con huelga de hambre, indígenas injustamente presos piden a Escandón la revisión de sus casos

 

A la opinión pública.
A las Redes de apoyo al C.I.G
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación masivos y alternativos.
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.
A los defensores de Derechos Humanos y ONG’s.
A las organizaciones independientes.
A la Sociedad Civil de México y del mundo.

Presos en lucha de las organizaciones: La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del E.Z.L.N. recluidos en el Cereso número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Compañer@s, a l@s Defensor@s de Derechos Humanos, a los medios de comunicación, a l@s periodistas y organizaciones independientes. Reciban saludos cordiales de parte de Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Adrián Gómez Jiménez integrantes de dichas organizaciones ya mencionadas.

Después de dar este saludo, pasamos a dar nuestras palabras:

A través de este comunicado, sacamos nuestra palabra desde nuestra trinchera de lucha, presos indígenas Adrián Gómez Jiménez, Germán López Montejo y Abraham López Montejo, hoy 5 de febrero nos declaramos en huelga de hambre durante un periodo de tres días, y culminaremos el día viernes a las 18:00 horas. Es con la finalidad de exigirle al Gobernador de Chiapas, de nombre Rutilio Escandón Cadenas sobre la revisión de nuestros casos que se encuentran a través de la Mesa de Reconciliación y el Juzgado Mixto de Bochil, que se le está dando seguimiento a los casos de Abraham y Germán López Montejo, pero hasta la fecha no hemos recibido una respuesta favorable. Al contrario, hemos recibido puras amenazas y represalias de parte del Director de este centro de nombre: José Javier Sánchez Ríos. También de la Jueza de Ejecución de Sentencia de nombre: M. Guadalupe Flores Rocha y del Defensor Público del Juzgado de Ejecución de Sentencia de nombre: Luis Carlos Gordillo Arguello.

Primeramente como presos indígenas y luchadores en contra de las injusticias que se viven, y vivimos, en este centro por parte del Director de nombre: José Javier Sánchez Ríos, nos ha estado intimidándonos de diferentes maneras.

El día 13 de enero nos cambió nuestra corriente eléctrica que lo teníamos conectado en el área de Trabajo Social y nos lo conectó en una fuente de corriente que tiene más potencia, pero antes de eso llamó a un electricista que es conocido por el nombre de Lencho. Lencho le dijo al Director que nuestro cable no aguantaría y que correríamos peligro. El Director hizo caso omiso a las palabras del electricista, más bien le dijo: “ No sé cómo le vas a hacer, pero tienes que conectarlos ahí”. Y quedó conectado, pero esa noche se sobrecalentó nuestro cable y provocó un corto circuito que se quemó parte de nuestra lona, una parte de esponja y no pasó a mas fue gracias a unas virutas que están húmedas y que utilizamos como colchón, este Director nos quiere ver muertos.

También enfatizamos que un día martes, 21 de enero, el Director mandó a sus elementos a revisar nuestros dormitorios en donde mantenemos el plantón pacífico sin pedir permiso que van a entrar en nuestro dormitorio, sino que entraron sin nuestro consentimiento. Al terminar la revisión dejaron todas nuestras cosas tiradas, nuestros papeles y documentos pisoteados. Entramos a reacomodar nuestras cosas y nos percatamos que había desaparecido un billete de cien pesos que lo teníamos junto con unas monedas de a cinco pesos. Este Director lo hace para intimidarnos psicológicamente diciendo, entre comillas: “yo puedo hacer lo que quiero”.

La verdad en dónde estamos en plantón pacífico no poseemos drogas, bebidas embriagantes, celulares o armas blancas. Sino que se llevaron nuestras herramientas de trabajo, un espejo y el billete de cien pesos. Al día siguiente le fuimos a pedir nuestras cosas al Director, también le mencionamos nuestra corriente eléctrica que cada mañana sus elementos bajan la pastilla que nosotros compramos, junto con los cables. Porque cada mañana apagan las lámparas del Cereso.

Pero la pastilla es de nosotros, está marcada con el nombre de Adrián Gómez Jiménez, según el comandante Alejandro que la marcó con el nombre de Adrián. Por eso llegamos a la conclusión de que lo hacen a propósito. Pero el Director nos amenazó en vez de apoyarnos, nos dijo que ya no nos proporcionarían más la corriente. Él dijo que esa misma tarde se reunirían con sus superiores, por eso nos amenazó de movernos de nuestro campamento, según él es orden que recibirá de sus superiores, por eso hasta la fecha sigue latente esa amenaza porque ha llegado a nuestros oídos que le solicitará al Subsecretario José Miguel Alarcón García, a un grupo de elementos federales que se denomina “Grupo Lobos” que tienen su función de hacer operativos, y hacer revisiones de penal, en penal. Estos son muy crueles y maltratan a los internos, y según el director nos reubicará a la fuerza valiéndose de estos “Grupo Lobos”.

Por otro lado el pasado 25 de enero de 2020, siendo las 11:30 de la mañana se presentaron los funcionarios públicos en nuestro espacio de lucha en donde nos encontramos en plantón desde el año pasado, un día 14 de mayo. Se presentó la Lic. M. Guadalupe Flores Rocha, Jueza de Ejecuciones de sentencia, el Lic. Luis Carlos Gordillo Arguello, Defensor Público estatal del Juzgado de Ejecución de Sentencia. El Lic. Luis Carlos Costa, Subdirector de la Defensoría Zona Altos; Ángela Méndez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Defensor Público de este Cereso #5 de nombre Andrés Diaz Hernández.

La Jueza tomó la palabra y me preguntó mi nombre, y por supuesto le dije mi nombre: Adrián Gómez Jiménez. Después me preguntó mi delito: Al decirle lo que se me imputa, ella me dijo que dicho delito que se me acusa de secuestro que no alcanzo ningún beneficio y pasó a preguntar de que se le acusa a Germán y Abraham.

Al terminar con ellos pasó a decirme que puedo alcanzar beneficio por lo que me detuvieron en el año 2004, pero me puso condiciones que tengo que reubicarme donde están los demás internos y estudiar; pero si no me reubico y sigo estando en plantón indefinido no obtendré mi beneficio. Claramente se ve que esto es una amenaza para nosotros.

En resumen, primero dijo que no hay beneficio para el dicho delito que yo tengo. Segundo: Que si hay beneficio, pero tengo que abandonar mi espacio de lucha y plantón sobre mi libertad. Tercero: ella dice que si no abandono mi manifestación política no obtendré mi libertad.

La jueza M. Guadalupe Flores Rocha solo está jugando con nuestros sentimientos, hago hincapié que el Director me dijo que asistiera a la escuela, según para obtener mi libertad, aunque tengo terminados los estudios de primaria y secundaria. Asisto los días lunes, miércoles y viernes. Y los tres realizamos trabajos de manualidades, por eso he llegado a la conclusión que solo andan jugando, amenazándonos psicológicamente junto con el Director de nombre: José Javier Sánchez Ríos.

Por eso denunciamos estas anomalías que nos andan haciendo y que nos dejen de amenazar psicológicamente.

En el Art. 6º del “Código” de la Constitución Política, está plasmada en el derecho a la libertad de expresión, y más aún por las irregularidades de nuestros expedientes y anomalías que se nos prefabricaron por la Fiscalía del Estado de Chiapas. Estas son las constantes amenazas que se vive y vivimos los presos.

Por eso nos tiramos en la huelga de hambre por un periodo de tres días que culminaremos el día viernes 7 de febrero, y nuestras exigencias son:

1.- Exigimos que nuestros casos sean revisados a través de la Mesa de Reconciliación y del Juzgado Mixto del Distrito de Bochil porque no ha habido una respuesta concreta y a pesar de que nuestros expedientes hay muchas irregularidades y anomalías y no hay señalamiento por eso exigimos nuestras libertades.

2.- Exigimos respeto por nuestro espacio de lucha hasta obtener nuestras libertades, porque hay razón de peso por lo que estamos en plantón indefinido y esa razón de peso esta plasmada en nuestros expedientes de las irregularidades.

3.-Exigimos no más represalias y amenazas psicológicas de parte del Director de este centro de nombre: José Javier Sánchez Ríos y de la jueza M. Guadalupe Flores Rocha.
¡Ya basta de tantas amenazas!

4.- Exigimos medicamentos en el área médica y atención médica, no sólo para nosotros sino, para toda la población interna. También le exigimos al contador Giovani Ramos Morales materiales para la odontóloga como: Amalgamas, guantes, cubre bocas e Hidróxido de Calcio por el motivo de que la mayoría de los internos queremos la limpieza de dientes.

Por último hacemos la invitación a las organizaciones independientes tanto estatal, nacional e internacional y a los Defensores de los Derechos Humanos a seguir exigiendo las verdaderas justicias y libertad a presos políticos y presos de conciencia.

¡Nunca más los presos humillados, ignorados y pisoteados sus derechos!

Uniendo nuestras voces y fuerzas de los pueblos mexicanos triunfarán las verdaderas justicias.

Desde el Cereso número 5 mandamos saludos combativos a luchadores sociales de abajo y a la izquierda de México y en todo el mundo.

RESPETUOSAMENTE

Germán López Montejo y Abraham López Montejo integrantes de la Organización La Voz Verdadera del Amate.

Adrián Gómez Montejo, integrante de la Organización La Voz de indígenas en Resistencia

________________

CERSS No 10
Comitán, Chiapas, México

Comunicado de presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia
Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN
Recluidos en el CERSS 10 de Comitán de Domínguez, Chiapas, México

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Apoyo al CIG
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación masivos nacional e internacional
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad
A los defensores de derechos humanos y a las ONGs
A las organizaciones independientes
A la Sociedad Civil
Al Pueblo Creyente
Al pueblo de México y del mundo

Hermanxs, compañerxs Desde nuestro lugar de lucha y resistencia reciban un afectuoso saludos combativos. Hoy 5 de febrero de 2020 tomamos la decisión de manifestarnos en un ayuno comenzando el día de hoy y que será durante tres días ya que el gobierno del estado de Chiapas no ha hecho caso a nuestras demandas desde el pasado 15 de marzo del 2019 nos manifestamos en una huelga de hambre para exigir justicia y libertad ya que los que pertenece permanecemos recluidos somos indígenas tzotziles víctimas de torturas y violaciones a los derechos humanos ya que el señor gobernador Rutilio Escandón cadenas junto con su secretario Ismael Brito Mazariegos al parecer son muy olvidadizo o sea que se hacen los olvidados o de plano no les interesa a nosotros los indígenas oprimidos ya que no han cumplido el acuerdo ya que se ha llevado a cabo con nuestros familiares en la gobernación para obtener nuestras libertades llevamos ya muchos años cumple purgando sentencias de delitos prefabricados a base de torturas de parte de la fiscalía y los elementos de ministerio público que hasta el día de hoy sufrimos las secuelas físicas y psicológicas porque el encierro y la injusticia destruye familias y destruye sueños prácticamente lo destruye todo.
Es por eso que sacamos nuestra palabra exigiendo justicia y libertad y no nos cansaremos de exigir luchando porque ya estamos cansados de soportar las injusticias de los malos gobernantes opresores que reprimen a los pueblos indígenas es por eso que seguiremos resistiendo desde el encierro con la firme determinación y la fe de que la justicia prevalecerá.
ya que el estado de Chiapas es una de las entidades con mayor número de presos indígenas y sabemos que ser indígena es un delito grave. Agradecemos las unidades de todos los presos de todas las personas organizaciones medios de comunicación colectivos y derechos humanos no gubernamentales de buen corazón que se indignan ante la injusticia que nunca nos han dejado solo y que siempre nos han acompañado en nuestra lucha y resistencia.

Atentamente
Organización Vineketik en Resistencia
Marcelino Ruiz Gómez
Valdemar Gómez Hernández

Audio: https://m.soundcloud.com/chiapas-denuncia-p-blica/presos-reiniciaran-huelga-de-hambre-en-chiapas

Video de conferencia de prensa:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=493698384679288&id=368073686557643

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NotiFrayba

NotiFrayba: Cuando la solidaridad se hace presente

El proyecto de las Brigadas Civiles de Observación nació hace 25 años frente a las agresiones del Estado mexicano contras las comunidades indígenas en resistencia. Llegaron personas de diferentes partes del mundo para frenar la violencia usando como única herramienta la documentación. Ellas y ellos con su presencia y con la denuncia diluyeron los ataques militares y paramilitares en diferentes regiones de Chiapas.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Amenazas de muerte a defensora y al Frayba

    • Gobierno de Rutilio Escandón omiso ante situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha1 y el equipo Frayba; quienes hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz.

Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre de 2019, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido del Director del Frayba.

Posteriormente el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio. A raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano.

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CDH Fray Bartolomé de Las Casas

Pronunciamiento internacional por justicia para niñas masacradas en el Hogar Seguro, en Guatemala.

Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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Radio Zapatista

Por la vida y memoria de nuestros pueblos

“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.

Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.

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Junta de Buen Gobierno Zona Altos

Denuncia de JBG zapatista sobre violencia en el Municipio Autónomo Magdalena de la Paz y en la comunidad Santa Martha, Chiapas


Foto: Comunidad zapatista en Aldama. @Luis Aguilar (Tragameluz)

Colectivo RZ, 9 de febrero, 2019.

Hoy, 9 de febrero, se cumplen 24 años del arranque de una persecución contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional planificada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Aunque el gobierno se encontraba en negociaciones con el EZLN, se giraron órdenes de aprehensión y se movilizó al ejército para aniquilar a las comunidades zapatistas y encarcelar a su dirigencia. La traición de febrero fracasó, pero decenas de comunidades vivieron semanas de desplazamiento forzado y dolor. A estas violaciones siguieron años de ataques por parte de grupos paramilitares que resultaron en masacres como la de Acteal o El Bosque (Unión Progreso y Chavajeval), así como en el encarcelamiento de habitantes de comunidades en lucha.

Las caravanas civiles de observación que se movilizaron en días posteriores a la traición recopilaron testimonios sobre graves violaciones a derechos humanos. Una imagen en particular vuelve a nuestra memoria. Una comunidad zapatista en mitad de las cañadas de Chiapas. Las casas destruidas y abandonadas. Algunas personas acercándose con cautela a rendir testimonio. Una escuela a la que acudían niñas y niños zapatistas hecha jirones. El aula despedazada. Los libros rotos y orinados por soldados. Los cerdos hozando en el muladar. Moctezuma Barragán, uno de los principales responsables de esa barbarie, encabeza hoy la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al día siguiente del intento de aniquilación, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con un comunicado en el que podía leerse: “Usted se está equivocando demasiado, con la decisión que ha tomado en contra de nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos puede acabar con esta lucha, no señor Zedillo, la lucha zapatista está en todo México, Zapata no ha muerto, vive y vivirá siempre.”

En días recientes (6 de febrero, 2019), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un Informe de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”, con sede en Oventik, Chiapas, que documenta violaciones a derechos humanos de población perteneciente a pueblos originarios en los municipios de Aldama y Chenalhó. El informe habla de 25 personas asesinadas y 14 personas heridas. También presenta 4 videos con testimonios de bases de apoyo zapatistas sobre la situación actual.

La organización autónoma zapatista avanza. La violencia gubernamental continúa.

Reproducimos aquí la denuncia de la JBG y los videos:

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Frayba

[Frayba] Persiste riesgo a la vida de indígenas tsotsiles en Aldama, Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
25 de abril de 2018
Acción Urgente No. 04

El Frayba manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en el que se encuentran indígenas tsotsiles de comunidades de Aldama, Chiapas.(1)

Desde el pasado 15 de abril hasta la fecha se han intensificado los disparos de armas de fuego en diferentes comunidades del municipio de Aldama, de manera continua durante todo el día; lo cual ha generado un ambiente de terror en la población, por lo que varias familias se han desplazado forzadamente al monte para resguardarse de los disparos y algunas han tenido que huir a la cabecera municipal y a otros lugares.

Según la información recibida, las comunidades que en este momento se encuentran en mayor riesgo son: Koko´, Xuxchen, Cotsilman, Tabak y la cabecera municipal de Aldama. En Tabak los disparos han hecho daño a instalaciones del servicio eléctrico, por lo que la población teme quedarse sin luz aumentando el miedo. Los testigos refieren que los disparos provienen de Manuel Utrilla, Santa Marta y otras comunidades de Chenalhó que colindan con Aldama.

El Frayba considera que la situación en el municipio de Aldama y de las comunidades que colindan con Chenalhó es cada vez más crítica. Como lo hemos hecho saber la ineficacia en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de la violencia.

Solicitamos al Estado mexicano:

Garantice la vida, la integridad y seguridad de las personas de las comunidades indígenas tsotsiles de Tabak, Koko´, Cotsilnam y de la cabecera municipal de Aldama, Chiapas.

Atender de manera urgente e integral la situación de desplazamiento de las comunidades afectadas por la violencia en Aldama, aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.

Realizar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del Estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y la emergencia en la que encuentran las y los pobladores de Aldama.

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto,
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
Correo: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Twitter: @PresidenciaMX

Lic. Alfonso Navarrete Prida
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06600, México;
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: secretario@segob.gob.mx
Twitter: @NavarretePrida
@SEGOB_mx

Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
Correo: correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @VelascoM_
@gubernaturachis

Mario Carlos Culebro Velasco
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com
Twitter: @Secgob_Chiapas

Gustavo Víctor Moscoso Zenteno
Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales
Palacio de Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29200 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 61 874 60 Ext. 20031

Pedro Gómez Gómez
Subsecretario de Gobierno de la Región Altos Tsotsil-Tseltal
Francisco I. Madero No. 101, Barrio Guadalupe
C.P. 29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

(1) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama.
Acción Urgente No. 04. 22 de marzo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vidade-indigenas-tsotsiles-de-aldama/ y
Bases de Apoyo Zapatista en riesgo de desplazamiento forzado. 27 de marzo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/

Foto: Tabak, marzo 2018. (Carlos Ogaz)

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Frayba

Ejército mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad

A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

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Frayba

Con acciones pacíficas Abejas de Acteal obtuvieron su libertad

Fuente: Comunicación Frayba

A las ocho de la noche del día 09 de enero de 2018, obtuvieron su libertad nueve personas, integrantes de La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que se encontraban en injusta detención, en la cárcel comunitaria de Río Jordán, colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenalhó.

En la tarde de ayer, 22 mujeres de Las Abejas de Acteal realizaron una peregrinación en exigencia de la libertad de José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.1 Posterior a esta acción civil y pacífica, las autoridades comunitarias de Los Chorros liberaron a quienes privaron arbitrariamente de su libertad.

Los liberados se reunieron con su organización en Acteal. En el sitio sagrado, realizaron un rezo y un acto de bienvenida. José Vázquez Entzín agradeció que no los dejaron solos y reiteró su compromiso en la organización colectiva. Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal, destacó que fueron las diversas acciones pacíficas por las que se logró la libertad de las 9 personas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C reiteramos que la Privación Arbitraria de la Libertad es una violación de derechos humanos; mantenemos la exigencia de no repetición, cese al hostigamiento a Las Abejas de Acteal y respeto a su autonomía. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional, a quienes con sus llamamientos al Estado mexicano contribuyeron en el camino de la justicia en Chiapas.2

Frayba reconoce el proceso organizativo de Las Abejas de Acteal en la construcción de Otra Justicia y autonomía. Son 25 años de afrontar estrategias para destruir su tejido comunitario, pero también 25 años de ser emblema de paz.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
10 de enero de 2018

Boletín No. 01

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