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Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas se unen por verdad y justicia


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13

 

  • Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.

Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.

 

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Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos

Comunicado

Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas, nos encontramos para unirnos, hacer familia, abrazo y voz colectiva. Hemos compartido nuestra lucha y esperanza para logar la justicia, la libertad y la reparación integral de todos los daños que el Estado nos ha causado.

Les informamos que hemos decidido crear la organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”, hemos reflexionado y pensando en torno a la tortura y nuestros casos, por eso hemos decidido organizarnos para ser escuchadas y escuchados, atendidas y atendidos y acabar con la tortura, la corrupción, la humillación de las personas inocentes que están en las cárceles.

Nuestra demanda al Estado mexicano es que exigimos para nuestros presos, justicia con verdad, libertad con dignidad, agilidad y eficiencia en los tramites.

Asimismo, hacemos una invitación a otros familiares que tienen nuestros mismos problemas para sumarse a nuestra lucha contra la tortura.

A la sociedad en general le invitamos a conocer la situación de quienes hemos sufrido las injusticias de la tortura y el encarcelamiento injusto. Que no nos estigmaticen más.

Exigimos también investigación y castigo a todos los responsables de la tortura.

Atentamente,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
San Cristóbal de Las Casas,
La Concordia,
Pichucalco,
Jiquipilas,
Palenque,
Playas de Catazajá,
Teopisca,
Villaflores,
Chillón,
Cintalapa,
Venustiano Carranza.

San Cristóbal de Las Casa Chiapas, México
A 8 de octubre de 2021

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La Fiscalía Federal y la Fiscalía del Estado de Chiapas cómplices en la falsificación de pruebas a personas inocentes

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

a 21 de septiembre de 2021

Boletín No. 10

 

  • Las Fiscalías federal y estatal de Chiapas cómplices en la falsificación de pruebas a personas inocentes.
  • Gobierno de Chiapas mantiene una acción criminal como parte de su política de gobierno.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGECH) cómplices en falsificación de pruebas a personas inocentes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) investigó y documentó la utilización ilegal de las identificaciones de Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) –joven víctima de privación arbitraria de la libertad y tortura– para privar de la libertad a dos personas, una de ellas de nacionalidad salvadoreña.

Yonny Ronay fue detenido ilegalmente y torturado por elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de FGECH entre el 13 y 15 de marzo del 2019. En el momento de su detención traía consigo diferentes pertenencias entre las que se encontraba su credencial de conducir.

El día 14 de marzo de 2019 Yonny Ronay fue exhibido por medios de comunicación con fotografías obtenidas por medio de la FAI, como integrante de una banda de la delincuencia organizada, en posesión de armas de grueso calibre y como el responsable de un homicidio en Villaflores, Chiapas.

Al día siguiente, tras ser expuesto públicamente y violar su presunción de inocencia, la FAI determinó darle la libertad a Yonny Ronay alegando que de acuerdo con la investigación le habían encontrado un arma blanca del tipo de navaja multiusos. Horas antes de su libertad la Fiscalía de Distrito Fraylesca (FDF) realizó actos de investigación a Yonny por otros delitos.

Al salir de la FAI fue detenido nuevamente con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado; hasta este momento legalmente se le atribuyó una responsabilidad sobre estos hechos, es decir la FGECH había fabricado al culpable 24 horas antes.

Por otra parte, contamos con documentación de que el día del homicidio que se le imputa a Yonny Ronay, el joven se encontraba en otro municipio del estado de Chiapas. Este Centro de Derechos Humanos cuenta con documentos que acreditan tortura física y psicológica, privación arbitraria de libertad, mismos indicios que se encuentran dentro de la carpeta de investigación integrada por certificados médicos que constatan las lesiones que le causaron, además de testimonios de sus familiares que lograron verlo cuando se encontraba detenido.

El 21 de marzo de 2019 fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y el 21 de octubre del mismo año la FDF le imputó el delito de robo, vinculandolo a proceso. Durante la audiencia, Yonny Ronay denunció actos de tortura que sufrió durante su detención y señaló al fiscal del ministerio público como uno de sus perpetradores.

El día 23 de abril de 2020 fueron detenidas ilegalmente dos personas por la FAI, quienes también fueron torturados en el sótano de esta institución, y se les atribuyó un robo ejecutado con un arma de fuego el día 24 de abril del mismo año en Tuxtla Gutiérrez. En esa investigación la FAI, utilizó ilegalmente la credencial de Yonny Ronay para fabricar un testimonio y falsificó su firma para incriminar a estas personas. En la fecha de estos hechos él ya se encontraba en prisión.

Por las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, estas dos personas aceptaron reconocer responsabilidades a cambio reducirles la pena y recobrar su libertad por medio de una fianza. Esto no sucedió, por lo que fueron sentenciados a cuatro años cuatro meses de prisión, pena que siguen cumpliendo.

La FAI transfirió el 21 de junio de 2019 la investigación a la FGR por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Un Juez Federal emitió un auto de vinculación a proceso por estos hechos y ordenó investigar los actos de tortura que se manifestaron durante la audiencia.

Del 20 agosto de 2019 al 19 de febrero de 2020 la FGR realizó actos de investigación con finalidad de esclarecer los hechos; en este periodo entrevistó a Yonny Ronay el día 17 de febrero de 2020 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 08 de Villaflores, en ese momento el joven refirió que era imposible que haya sido testigo de esos hechos –del robo y la portación de arma de fuego- ya que en ese se encontraba detenido.

Además, la FGR en su investigación no localizó a las supuestas víctimas y otros testigos de los hechos referidos por la FAI, verificó también que en el lugar de los hechos existían cámaras del C5 que pudieron grabar los hechos, mismo que contrariaba el informe de la FAI, quien argumentó la inexistencia de los aparatos de grabación.

Por estas circunstancias dentro de la investigación, la FGR determinó cerrar la investigación por el delito de portación de armas de fuego: “En estas circunstancias y al no encontrarse debidamente corroborado que –——————————, participó en la comisión del hecho señalado como delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO … sino más bien que se simularon pruebas en su contra… en el hecho señalado como delito antes descrito y el de ROBO EJECUTADO CON VIOLENCIA AGRAVADO”.

Es decir, que la FGR concluyó que el delito de portación de arma de fuego fue fabricado por la FAI, así como el robo ejecutado con violencia, delito por el cual estas personas actualmente se encuentran sentenciadas.

Por estos hechos se configuran los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servicio público, falsificación de documentos, los cuales se encuentran previstos en el Código Penal Federal, por lo que correspondería a la FGR investigar a los funcionarios públicos de la FAI que incurrieron en estas acciones, lo que hasta el momento no se ha realizado.

La Secretaría General de Gobernación y la Dirección de Derechos Humanos del estado de Chiapas tienen conocimiento de estos hechos, sin que hasta el momento hayan intervenido para hacer cesar este cúmulo de violaciones a derechos humanos hacia estas tres personas.

El día 06 de septiembre de 2021 Yonny fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión, por un juez del distrito judicial de Villaflores, el cual no valoró las pruebas de una investigación cargada de violaciones a los derechos humanos.

La comisión de una serie de violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad e integridad personal, entre otras violaciones a los derechos humanos representan una acción criminal de parte del gobierno del estado de Chiapas hacia la población, representando una política de investigación penal que constituye la instalación de una fábrica de delitos y culpables.

Descarga nuestro Boletín en PDF.

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Defensores y defensoras del COMDHSM y periodistas documentan violaciones a derechos humanos contra caravana migrante en la frontera sur

Foto: Jacob García | Reuters

Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas

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Palabra de familiares de víctimas de asesinados y desaparecidos en la masacre de Viejo Velasco

Ojo de Agua Tseltal, Ocosingo; Chiapas

30 de Agosto del 2021

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

A LOS GOBERNANTES DE MÉXICO

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) Y AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

AL PÚBLICO EN GENERAL

 

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDÍGENAS DE LA SELVA DE CHIAPAS COMITÉ DE DEFENSA DE LA LIBERTADES INDIGENAS, CDLI-XI’NICH, UCISECH, TSOBLEJ YU’UN WOCOLTIC, Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDOS DE LA MASACRE DEL PUEBLO MAYA CHÓL DE LA COMUNIDAD VIEJO VELASCO, ENCLAVADO EN LA SELVA LACANDONA DE CHIAPAS-MEXICO.

REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA TSELTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS.

 

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

EL DIA 30 DE AGOSTO CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS.

En memoria de nuestras hermanas y hermanos que desde hace 14 años fueron desaparecidos, ejecutados, y desplazados de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

14 años de investigación simulada, ineficaz e inefectiva, de impunidad, sin que hasta el momento sepamos del paradero de nuestros compañeros Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, personas que fueron desaparecidas por la acción y omisión del Estado mediante un operativo paramilitar, por aproximadamente 40 civiles armados y 300 elementos de la Policía Sectorial, en presencia de Fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno estatal, en la Selva Lacandona. En dicho operativo resultaron 4 desaparecidos (dos de ellos ya han sido identificados sus restos y entregados a sus familiares) 4 personas ejecutadas extrajudicialmente y 36 personas desplazadas forzadamente, además de que se mantenerse vigente órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlo responsable de asesinar a sus propios compañeros.

Demandamos la aparición con vida de nuestros dos compañeros y de las 89,488 personas registradas como desaparecidas según el informe semestral de la Comisión Nacional de Búsqueda (Informe semestral CNB 2021, https://www.gob.mx/cnb/es/documentos/informe-semestral-cnb-2021?state=published) y que día a día se incrementa. En este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

También recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue asesinada al interior de su vivienda, cuando se encontraba embarazada. También a nuestra compañera Petrona Núñez González que fue secuestrada y torturada el mismo día de los hechos y que más tarde logró escapar. Sin embargo, como consecuencia de su afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

Nuestro dolor e incertidumbre por nuestros hermanos y hermanas, asesinados y ejecutados en esa masacre y por el no saber en dónde están nuestros dos compañeros desaparecidos desde entonces.

La agresión hacia los pueblos indígenas no para:

CONDENAMOS Y EXIGIMOS JUSTICIA, POR EL COBARDE ASESINATO DE SIMÓN PEDRO PEREZ LOPEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DEL SITIO CASA DE LA MEMORIA Y LA ESPERANZA, TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL.

 

Ningún desaparecido más

Presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y de los más 80 mil desaparecidos en México

Presentación con vida de nuestros hermanos Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán desaparecidos el 13 de noviembre del 2006.

 

 

Atentamente

 

FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LA MASACRE DE VIEJO VELASCO

ASAMBLEA y COORDINADORA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL XI’NICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC.

 

DESCARGA EL COMUNICADO DE PRENSA 

 

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Acceso a la justicia para Sergio Alberto González Castro, sobreviviente de tortura


Tras la denuncia por el delito de tortura, el pasado 9 de agosto de 2021, el Juez de Control del Distrito Judicial en Villaflores, Chiapas, dictó auto de vinculación a proceso en contra de agentes policiales aprehensores por su probable intervención en el delito de tortura en agravio de Sergio Alberto González Castro (González Castro) originario del municipio de La Concordia. Los agentes policiales quedaron bajo la medida cautelar de firmas semanales y no acercamiento a la víctima, hasta que se cumpla el plazo de investigación complementaria de un mes.

En 2015, González Castro fue torturado para obtener su confesión por el delito de Abigeato (robo de una vaca), fue procesado y posteriormente absuelto en octubre de 2018, al acreditarse la detención ilegal, violaciones a derechos humanos y falta de elementos para acreditar el delito. Hasta el momento a González Castro no se le ha reparado los daños causados por las violaciones a derechos humanos cometidas a él y a sus familiares de acuerdo a estándares internacionales.

Lamentamos que para la procuración y administración de justicia en Chiapas, quien ha sufrido tortura para autoinculparse por un delito que no cometió esté sujeto a prisión preventiva; mientras que los probables responsables de cometer el delito de tortura estén sujetos bajo libertad condicionada.

#StopTortura
#EnElPaísDondeSeErradicóLaTortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de agosto de 2021
Nota informativa

Descarga la nota aquí

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La tenaz búsqueda de verdad y justicia de familias, pueblos y personas victimizadas no pasará desapercibida


• Exigimos justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México.
• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad
• Hacemos un llamado a poner un alto a la impunidad con acciones de abajo, pacíficas y organizadas desde la sociedad civil.

Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.

Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.

Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:

Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.

En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial1 de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.

Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.

Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.

De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.

Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.

Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:

Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.

Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.

Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:

• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.

• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.

Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.

Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.

¡No están solas, no están solos!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México
29 de julio de 2021

Descarga el Pronunciamiento conjunto aquí: Pronunciamiento Verdad y Justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos

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Alerta urgente. Riesgo a la libertad e integridad personal, garantías judiciales y libre tránsito Los Altos de Chiapas


 

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas, además, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado. Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Hacemos un llamado al gobierno federal para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez


• Desmentimos la versión de accidente vehicular provocado por nuestros compañeros.

• Exigimos al Estado mexicano respetar, proteger y garantizar el trabajo de derechos humanos en Chiapas.

El día de hoy pasadas las 00:00 horas, fueron liberados nuestros compañeros defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez (Lázaro y Vico), quienes por más de 40 horas estuvieron privados arbitrariamente de la libertad. Ellos se encuentran en buen estado de salud, por ello celebramos la vida y reencuentro con sus familiares, sus seres queridos y con la comunidad Frayba.

Desmentimos categóricamente la información difundida por el estado de Chiapas, en donde se ha señalado que el motivo de la detención de Lázaro y Vico se debió a un accidente de tránsito, en Ocosingo.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), preocupa este tipo de discursos porque minimizan el contexto de violencia en la región y por consiguiente el alto riesgo que vivimos las personas defensoras de derechos humanos, tergiversando las agresiones a que constantemente somos blanco, haciéndolas pasar por hechos ajenos a nuestra labor. Y aún más preocupante es que mantenga la política de simulación de la seria crisis de seguridad y derechos humanos, que sigue atentado contra la Vida de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y mestizas en las diferentes regiones de nuestro estado.

Sobre la situación vivida por nuestros compañeros, por ahora valoramos no hacer público los detalles de tales hechos porque les pone en riesgo y vulnera su seguridad y la de los que integramos el Frayba, sin embargo, reafirmamos que la privación de la libertad de nuestros compañeros se origina por nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Lamentamos que ante hechos de denuncia realizados por el Frayba la actuación del Estado mexicano es inoperante, lenta y que generan actos que hace posible mantener el pacto de impunidad, ligado a la ineficacia del sistema judicial.

Las personas defensoras de derechos humanos en México realizamos nuestra labor en territorios donde las condiciones de inseguridad y violencia nos vulnera cada día más. Frente a este contexto se suma la omisión y acción del Estado mexicano aumentando con ello la grave crisis de derechos humanos.

Sabemos que esta lucha por la dignidad y la justicia molesta a actores, a ellos les incomoda nuestra presencia y palabra, por tal motivo nos preocupa que las agresiones, amenazas, desprestigio a nuestra labor e incluso del uso de la libertad personal como moneda de cambio para justificar una política de estado que propicia la confrontación y violencia institucional

Frente a esta situación, recordamos la misión que nos dejó jTatik Samuel Ruiz: Caminar al lado del Pueblo pobre y organizado, reafirmamos que seguiremos alzando nuestra voz para denunciar las injusticias, acompañando a los pueblos y a las personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Nuestra misión se hace cada vez más fuerte cuando nos acompáñanos en el camino, ahí nos encontramos en la humanidad que somos y en la queremos ser, por eso enviamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a las personas, colectivos, pueblos, barrios y colonias, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, familiares de víctimas y medios de comunicación, porque sus acciones de solidaridad e indignación hicieron posible la libertad de Lázaro y Vico.

No tenemos otra forma de retribuirles más que con nuestro agradecimiento que viene del corazón y el compromiso desde la resistencia y desde la una visión de derechos humanos que emerge desde los Pueblos, en donde la solidaridad es permanente con sus luchas, procesos y se sostiene con toda la fuerza de construcción de nuevos horizontes de vida más humanos y justos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de abril de 2021
Boletín No. 4

Descarga en PDF: Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victóricov Gálvez Pérez.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Privación arbitraria de la libertad a integrantes del Frayba

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), tienen información de que dos de sus integrantes fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la Ciudad de Palenque, Chiapas, y hasta esta hora su paradero es impreciso.

El 12 de abril de 2021, aproximadamente las 7:00 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba abordo de una camioneta Hillux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el Frayba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo y que alguno de sus familiares llevara con una cierta cantidad de dinero en vehículo particular a las 8:00 horas de la mañana del día de hoy, 13 de abril.

Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos quienes hasta el momento no han dado una información clara sobre la situación.

Ante estos lamentables hechos, el Frayba manifiesta su preocupación y condena de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez. No omitimos mencionar que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectue una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez, para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

 

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

 

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
13 de abril de 2021
Acción Urgente No. 3

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