Ciudad de México 26 de julio de 2024

Señor Presidente, quienes abajo firmamos, padres y madres de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, nos dirigimos a usted respetuosamente para dejar constancia escrita de nuestra respuesta al reporte del 8 de julio de 2024, publicado hace unos días.

Aunque el documento no nos fue entregado personalmente en nuestro domicilio, como se había anunciado, sino en un proceso poco cuidadoso, al punto de que muchas familias no recibieron su correspondiente copia, ya todos y todas hemos podido conocer el documento, al menos en la versión que se publicó el sábado 20 de julio en el periódico La Jornada.

Después de revisar el reporte y analizar su contenido junto con nuestro equipo de asesores queremos compartir nuestras valoraciones, junto con las razones y pruebas que lo sustentan.

Somos los primeros en reconocer que al inicio de su Gobierno, su voluntad de reabrir la investigación en el caso de nuestros hijos se tradujo en avances que no se habían logrado sin su voluntad. Sin embargo, nuestra exigencia principal de saber qué pasó con nuestros hijos mediante el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y la sanción a todos los responsables no ha sido aún satisfecha.

Como padres y madres esto nos causa dolor y sufrimiento en esta tortura de no saber sobre nuestros hijos, lo que nos ha impulsado a seguir movilizándonos para exigir la verdad y justicia, y siempre lo hemos hecho con dignidad: un caso de desaparición forzada no puede considerarse resuelto mientras no se esclarezca el paradero de los desaparecidos.

Nunca ha sido nuestro interés señalar al Ejército para debilitarlo como institución, ni para servir a intereses ajenos a nuestra única prioridad, que es saber qué pasó con nuestros hijos. Los señalamientos sobre la necesidad de investigar el papel de los militares tiene que ver con la propia investigación, pues en esta aparición poco a poco preguntan sobre la actuación de integrantes del Ejército antes, durante y después de los hechos.

Antes de los hechos, porque se acreditó la infiltración ilegal en la escuela normal Raúl Isidro Burgos y los vínculos militares con las organizaciones delictivas en Iguala.

Durante los hechos, porque esa noche los militares presenciaron completamente la desaparición de nuestros hijos y luego lo ocultaron de modo sospechoso en sus declaraciones iniciales.

Y después de los hechos, porque la Sedena actuó y actúa con opacidad frente a la investigación, al no entregar toda la información, pese a que así instruyó desde el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018.

Además, la indagatoria arrojó al menos otros dos elementos adicionales que pensamos son relevantes: el dicho de los testigos protegidos que hablan de una posible participación activa en la desaparición y los mensajes de teléfono de celular que gracias a sus gestiones se recuperaron de los Estados Unidos, que muestran cómo los militares tenían vínculos con los criminales.

Frente a esos hechos lo único que hemos pedido es que esta línea de investigación se agote y que se actúe en consecuencia.

Consideramos injusto que nuestro reclamo que quiera ver como expresión de un intento de desprestigiar al Ejército, y que incluso se señala que está guiado por intereses internacionales ajenos por completo a nosotros.

Que se diga que al inicio no señalamos a los militares, no es bastante para descreditar nuestra exigencia pues ha sido el propio avance de la investigación que se realizan a las autoridades, lo que ha permitido que surjan evidencias al respecto.

Son muchos los aspectos que no conocíamos al inicio, también consideramos injusto que se descarta la posible existencia de otros niveles de responsabilidad mayores cuando ni siquiera se ha investigado a profundidad, pero al margen de eso nunca hemos entendido por qué cuando se trata del Ejército exigir una investigación exhaustiva, se toma una afrenta máxime cuando esta institución no se ha conducido a una buena fe en este proceso.

Prueba de la mala fe del Ejército en el caso es que los militares una y otra vez han dado información falsa. Un ejemplo, presente en el propio reporte que nos entregó, es suficiente para demostrarlo.

En el anexo del documento que nos entregó la Sedena, niega que el estudiante desaparecido trabajaba para dicha institución fuera parte de una infiltración liberada de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, señalando en su documento que no contaba con algún curso de inteligencia militar y que la única razón de su existencia en la escuela era el deseo de superarse personalmente por el bien propio y de su familia, página 11.

A partir de esa información, la Sedena en el reporte presidencial se nos dice que el mencionado compañero, quien tiene desde luego todo el derecho a ser buscado y sus familias toda la legitimidad de víctimas, no contaba con adiestramiento en materia de inteligencia militar ni mucho menos era un infiltrado, sino que se trataba de un joven que había recibido autorización de su comandancia para estudiar en la escuela, como parte del deseo de superarse y convertirse en maestro rural, página 8.

Pues bien, es el caso que en la propia investigación se puede obtener en el oficio GAOUI-5823, de fecha 21 de octubre de 2014 firmado por el general de brigada diplomado del estado mayor, Alejandro Saavedra Hernández, en el que la Sedena acepta que dicho joven había recibido entrenamiento para el manejo de información sensible, estaba desplegado en el municipio de Tixtla como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), seguía bajo las órdenes de sus superiores y se encontraba con estos una vez a la semana para dar al Ejército información sobre la Normal, donde se inscribió con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante. Es decir, realizaba labores de inteligencia militar en el plantel, tanto así que el mismo documento refiere como tras los hechos se ordenó una intensiva vigilancia sobre sus familiares, siendo este el caso y existiendo el referido documento.

Solo abona a nuestra desconfianza que el Ejército le mienta a usted, a nosotros, al pueblo de México y en su último informe. Es por conductas institucionales tan desleales como ésta que aquí referimos solo para ejemplificar y que han sido sistemáticas en nuestro caso durante toda una década.

Estimamos acreditada la mala fe del ejército, lo que nos lleva a seguir insistiendo en que se investigue realmente a fondo la actuación de sus elementos. Si en este tema los militares le presentaron a usted y publicaron información falsa, se confirma que tenemos razón en no confiar a ciegas en las palabras castrenses.

En ese sentido, seguimos exigiendo la entrega de los 800 folios faltantes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) de Iguala, y que una vez que estos sean entregados a autoridades civiles, se permita la revisión y análisis por parte del grupo independiente, GIEI, preferentemente propuesto por los expertos internacionales que ya han tenido conocimiento del caso, pues en estos antecedentes no podemos dar por satisfechos que el hecho de que sea la propia Sedena la que determine la forma unilateral ¿cuáles de estos folios tienen que ver con el caso?, ¿cuáles no? ¿y cuáles supuestamente son de seguridad nacional?, como nos han dicho.

Por todas estas razones consideramos que sigue siendo fundada nuestra exigencia y que no debe trivializarse señalando que es producto de la ideología o de la injerencia e interés ajenos al proceso.

Recordamos además que esta exigencia nunca ha implicado que dejemos de demandar también que se investigue a las otras corporaciones y actores civiles criminales implicados en la desaparición de nuestros hijos y en su posterior encubrimiento.

Finalmente, no estamos de acuerdo con la apreciación que usted tiene respecto a instituciones y organizaciones que nos han tendido la mano a lo largo de este camino de casi 10 años de buscar justicia y verdad.

Los organismos internacionales de derechos humanos no buscamos debilitar al Estado mexicano, sino quisieron apoyarlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue fundamental para la exigencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este último, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense fue fundamental, pues gracias a su labor supimos que no había pruebas científicas suficientes para afirmar que nuestros hijos habían sido calcinados en el basurero de Cocula.

La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos de las Naciones Unidas fue clave para documentar el uso de la tortura en la investigación y nos sigue acompañando reunión a reunión.

Con los aportes en conjunto de los organismos internacionales fue posible demostrar que la versión del basurero de Cocula, la “verdad histórica”, fue una maquinación del gobierno anterior para tratar de acallarnos y cerrar nuestro caso.

Y gracias a esto y su voluntad política se logró algo inédito: llevar a juicio a un ex procurador General de la República.

Igualmente los organismos civiles, defensores de derechos humanos han estado con nosotros siempre, incluso las autoridades nos voltearon la espalda y han intentado siempre coadyuvar de buena fe.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, junto con Serapaz y Fundar, han sido siempre nuestros más honestos asesores. De estas organizaciones hemos recibido acompañamiento constante y humano.

Lamentamos que se señale al abogado de Tlachinollan por unas declaraciones que nunca se tradujeron en acciones concretas, pues en ningún momento irrumpimos en ningún evento electoral de la hoy Presidenta electa, a quien expresamos nuestro respeto.

También lamentamos que se señale al Centro Prodh por firmar el acuerdo que permitió la llegada del GIEI, pues se firmó uno idéntico con su Gobierno.

Atribuirle al Centro Prodh la autoridad de una sentencia que descalificó la “verdad histórica” cuando ni siquiera éramos parte del expediente, es una falsedad.

En suma, nos parece que los señalamientos contra nuestros representantes legales buscan minar nuestra desconfianza en ellos en el ánimo de dividirnos, lo que ya se fomentó recientemente desde algunas instancias de Gobierno. Pese a ello, la gran mayoría de las familias seguimos unidas lo que es a 10 años en ese mismo un logro, pues usted también lo ha experimentado. Luchar no es fácil y el riesgo de las divisiones siempre es alto.

En cuanto al resto del reporte, respetuosamente consideramos que nos distrae de lo esencial y que no abona al objetivo que buscamos.

Tenemos 10 años luchando con nuestra salud física y mental mermada y es triste que terminemos este sexenio debatiendo sobre una conspiración internacional contra el Ejército que no existe.

En este sentido, ni siquiera tenemos relación con muchas de las personas y situaciones mencionadas en el reporte. Las hipótesis que quisiéramos conocer son las relacionadas con lo que ocurrió a nuestros hijos.

Pese a todo lo anterior, si se retoma lo que se logró avanzar en esta administración, gracias al impulso de usted, aún tenemos la esperanza de llegar a la verdad y esperemos que esto pueda ocurrir en el próximo Gobierno.

Para ello, será fundamental que la siguiente administración se forme su propia lectura e interpretación del caso, que se remueva a quien hoy está en la cabeza de las investigaciones y la interlocución con nosotros, pues han mostrado su ineficiencia.

Que se continúen las búsquedas en terreno, que se asegure la entrega de la información militar faltante, que se aceleren las extradiciones pendientes, que la asistencia victimal sea por fin digna y que se agoten todas las líneas de investigación pendientes.

En la propia experiencia de los primeros años de esta administración puede haber un camino que retomar.

Como familiares de personas cuyo paradero no ha sido esclarecido, nosotros seguiremos interpelando la responsabilidad del Estado y dialogando con quien debamos hacerlo. Nuestro amor a nuestros hijos nos obliga a ello.

Señor Presidente, para las víctimas de la violencia en México sigue siendo prácticamente imposible acceder a la justicia y a la verdad; es natural que eso, sumando al inmenso dolor que cargamos, nos lleve a exigir con firmeza.

Lo hacemos nosotros, lo hacen también muchos otros padres y muchas otras madres que buscan a sus hijos e hijas en este país herido que aún tenemos, que no son recibidos por ninguna autoridad, a quienes siempre tenemos presentes.

Exigir justicia y verdad no nos convierte en opositores políticos, ni mucho menos en sujetos pasivos de la supuesta manipulación de nuestros abogados, ni menos aún representantes de intereses extranjeros.

A nosotros esas cuestiones políticas no nos interesan. Lo que queremos es saber qué pasó con nuestros hijos. Ojalá eso no deje de entenderse y respetarse siempre en nuestro país y que sea lo que a usted le motive a continuar trabajando hasta el último día de su Gobierno.

Tenemos dignidad, exigimos justicia y verdad, no más pero tampoco menos.

¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!