La Puya: 10 años de resistencia a la minería en Guatemala
Fuente: Avispa Midia
En portada: Mujeres del plantón en La Puya reciben apoyo y solidaridad de colectivos y organizaciones feministas de Centroamérica. Foto: Radio Victoria
Este mes de marzo marcó el cumplimiento de una década en la lucha de las comunidades integrantes de la resistencia pacífica de La Puya, en Guatemala. Fue el día 2 de marzo del 2012, cuando habitantes de las comunidades pertenecientes a los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, al atestiguar el tránsito de maquinaria pesada por su territorio, se enteraron de las actividades del proyecto minero Progreso VII Derivada, a ser explotado por una filial de la norteamericana Kappes, Cassiday y Asociados (KCA).
Ante ello, una a una, las personas se congregaron con el afán de proteger sus fuentes de agua, tierras y el medioambiente. Para detener las operaciones extractivas, instalaron un plantón permanente, el cual, pese a reiterados ataques, ha bloqueado efectivamente el acceso a la mina de oro por más de una década.
“Nuestra preocupación fue tan grande que nos indujo a que hicieramos esa acción, la cual fue sujeto de una serie de intimidaciones de parte de la empresa y también con apoyo de las autoridades de Guatemala”, relata para Avispa Midia José Ángel Llamas, integrante del movimiento que se ha caracterizado por su resistencia no violenta.
Llamas recalca que, en esta región, ubicada en el altiplano central de Guatemala, la escasez de agua ya es una realidad. Por esto, los pobladores, alertados por los daños a la naturaleza y la contaminación de mantos acuíferos que provocaría la operación de la industria minera, han mantenido el plantón permanente.
“Estar todavía de pie, unidos, no ha sido fácil ya que la actitud de criminalización ha sido fuerte”, comparte Llamas cuando se le pregunta sobre el trayecto recorrido en la lucha. Él enfatiza que los ataques han sido desproporcionales, los actos de intimidación han sido una constante e incluso dos personas han sufrido intentos de asesinato. También sucedieron operativos violentos que, pese al desproporcionado uso de la fuerza, han fracasado en su objetivo de desalojar el campamento.
Ilegalidad
José Ángel Llamas enfatiza que la operación de la mina siempre ha sido desde la ilegalidad. Sobre ello, ejemplifica las irregularidades de la empresa norteamericana, desde la obtención de la licencia “a base de compras de conciencias y sobornos”, hasta cómo fue que la empresa “falseó” el estudio de impacto ambiental para obtener el permiso de explotación por el Ministerio de Energía y Minas, para 25 años a partir de 2011, en un área de 18 kilómetros cuadrados.
Esta licencia permitía la operación a la subsidiaria de Kappes, Cassiday y Asociados (KCA), Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (Exmingua), para la extracción de oro y plata en los terrenos que integran el proyecto Progreso VII Derivada, además de abarcar un área mayor que incluye un área de más de 100 mil hectáreas.
Llamas señala a la empresa KCA, con sede en el estado de Nevada, EEUU, como la responsable de los ataques, quien además ha contado con el apoyo del aparato gubernamental para reprimir a los integrantes del movimiento pacífico.
“La Policía Nacional Civil de Guatemala fue utilizada, comprando a las autoridades de alto mando para darnos la represión que se ha sufrido”, denuncia el comunitario, quien también formó parte de un grupo de personas quienes fueron objeto de una demanda por difamación contra la empresa minera.
A la par de los ataques físicos, la empresa minera intentó contrarrestar la resistencia de La Puya mediante estrategias legales. Así, en reiteradas ocasiones, comunitarios fueron judicializados, acusados por delitos como detenciones ilegales, los cuales no prosperaron en las cortes. “Contábamos con pruebas de no haber incurrido en ningún delito”, asegura Llamas quien menciona que, pese a los intentos de criminalización, los integrantes de la resistencia continuaron en el fortalecimiento del plantón.
Suspensión
Los integrantes del movimiento pacífico también recurrieron a las demandas legales para exigir el cierre de la mina. “Cuando nosotros como comunidades alegamos nuestros derechos, falta de consulta y de licencia municipal, fue suspendido el proyecto”, sostiene José Ángel Llamas.
El comunitario hace referencia a la suspensión de la licencia ordenada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala con el argumento de que la licencia violó el derecho a la consulta de las comunidades.
A pesar de la decisión de la Corte, la minera se negó a detener operaciones y fue hasta mayo de 2016 cuando, mediante acción de las comunidades, se logró la captura de trabajadores de Exmingua y el decomiso de costales con concentrado mineral con un valor estimado de casi 2 millones de dólares.
Desde entonces, asegura Llamas, cesaron los intentos de la minera de reiniciar sus operaciones por la fuerza. Sin embargo, de acuerdo al comunitario, actualmente existe presencia de trabajadores mineros quienes aseguran realizan trabajos de mantenimiento en la mina. Aunque pese a las peticiones de los habitantes al Ministerio Público para esclarecer sus actividades, no han obtenido respuesta del por qué de su presencia.
“Según los tribunales guatemaltecos, las operaciones de KCA siempre fueron ilegales”, escribe Jen Moore, miembro del Instituto de Estudios Políticos. Acorde a Moore, la empresa nunca tuvo apoyo local, carecía de licencia de construcción para edificar la mina y violaba la normativa medioambiental.
Para junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión de la operación del proyecto minero debido a que violentó el consentimiento previo de las comunidades, por lo que ordenó la realización de una consulta comunitaria, la cual aún no se lleva a cabo.
En ese contexto, Llamas destaca que aún persisten los esfuerzos de la mina por reiniciar sus operaciones. Por ejemplo, cada dos meses su personal anuncia que será reabierta la mina, para lo cual ofrecen trabajo a los pobladores, labor que el comunitario identifica como un “plan para seguir dividiendo a las comunidades”, pues no tienen fundamento legal para continuar la extracción minera e incluso existe una demanda internacional en curso.
Arbitraje
Ante la suspensión de sus operaciones, la empresa KCA recurrió a otra estrategia, esta vez ante organismos internacionales. A pesar de las violaciones a los derechos humanos documentadas a través de los años, la empresa norteamericana presentó una demanda contra el Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En la demanda, basada en los términos del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica con los Estados Unidos (DR-CAFTA), la minera KCA exige a Guatemala el pago de una indemnización de más de 400 millones de dólares.
De acuerdo con Jen Moore, ex coordinadora de Mining Watch Canadá en Latinoamérica, una revisión realizada por dicha organización y por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, sobre los casos de arbitraje presentados por empresas mineras contra gobiernos en América Latina, reveló que los inversionistas mineros frecuentemente presentan esas demandas contra medidas que son el resultado de las luchas de las comunidades.
“De los 38 juicios mineros presentados desde 1998 hasta 2019, la mayoría tiene como centro la resistencia de las comunidades a los proyectos mineros”, remarcó Moore durante el foro virtual denominado ¿Despojo por Arbitraje?.
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En el evento organizado por Mining Watch Canadá, Moore destacó que este marco jurídico fue creado por empresas petroleras como Shell, en un intento por asegurar el control de recursos estratégicos en el contexto de procesos y luchas de descolonización posteriores a la segunda guerra mundial.
“Ese sistema también busca disciplinar o contener los esfuerzos de importantes movimientos de base y comunidades organizadas que trabajan para defender sus vidas y territorios de los impactos devastadores de la minería y otras industrias extractivas”, remarcó Moore durante el evento en el que también abordaron el caso de La Puya.
La relevancia de este marco jurídico está representada en 2,800 acuerdos de protección de inversiones a nivel global. Además, la mayoría de esos casos son llevados por empresas con domicilios en países de altos ingresos en contra de países en el sur global. “Casi 70% de los casos han sido presentados por empresas de tan solo cinco países: EEUU, Canadá, Reino Unido, Paises Bajos y Australia”, enfatizó Moore.
Por su parte, José Ángel Llamas reclama que solo después de la demanda ante el CIADI, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se acercó a las comunidades para solicitar pruebas de las ilegalidades en que incurrió la empresa minera.
“Lo debió de haber hecho en otro momento, cuando nosotros pedíamos el apoyo para la suspensión del proyecto”, enfatiza Llamas. No obstante, las comunidades accedieron en el aporte de pruebas para con ello evitar el pago de la sanción exigida por la empresa norteamericana.
Según Llamas, el movimiento de resistencia condicionó su participación en el arbitraje internacional. Demandaron a la PGN que sus integrantes también formen parte del descargo de testimonios para evidenciar “los atropellos que originó la empresa y el mismo Estado contra las comunidades”.
Otra de las exigencias del movimiento es la cancelación definitiva de la mina, aunque el comunitario lamenta que eso no garantiza que resurja el proyecto bajo otra empresa, con otro nombre y licencia. Por ello, el movimiento también analiza demandar que su territorio sea declarado como un área protegida para blindarla de futuros proyectos mineros.
“En la finca donde está establecido el proyecto hay una extensión de 100 kilómetros cuadrados en la cual están divididos otros 18 proyectos. Este proyecto Progreso VII Derivada es como la puerta hacia todos los demás”, comparte el comunitario sobre la preocupación de no permitir el reinicio de la extracción minera en el área.
Resistencia
A 10 años de distancia, la lucha de las comunidades que integran el movimiento pacífico de La Puya reconocen el haber frenado la devastación de su territorio. “En este momento creo que las comunidades más cercanas, como La Choleña, ya tendrían que haber sido desplazadas ya que así lo contempla en el estudio de impacto ambiental del proyecto. Esperamos que nunca vayan a ser desplazadas”, cuenta alegre José Ángel Llamas.
Para Llamas es importante resaltar las afectaciones de los proyectos mineros no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, impulsados por lo que él denomina “un falso desarrollo” que beneficia “unicamente a las trasnacionales”.
“Solo queda la destrucción, la división y la pobreza para las comunidades y, por eso, es el llamado a toda la población para que esteamos pendientes de esos proyectos que nunca van a dejar nada bueno para nuestro planeta principalmente”, finaliza.
