Desplazamiento de 14 mil personas en Chiapas se mantiene en la impunidad
Por Jeny Pascacio
En portada: En febrero de 2018 se reportaron 750 personas en situación de desplazamiento forzado por las agresiones de un grupo armado contra las comunidades de Koko, Tabak y San Pedro Coizilnam en el municipio de Aldama, región de los Altos de Chiapas. Foto: CDH Frayba
Cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de al menos 15 municipios de la geografía de Chiapas, por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios.
De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se trata de tres décadas desplazamiento forzado que se convirtieron en un fenómeno histórico y de impunidad.
Entre los años del 2010 al 2021, la organización con sede en los Altos de Chiapas, documentó el desplazamiento forzado de 14, 476 personas por motivos religiosos y conflictos armados internos, principalmente de la comunidad maya-tsotsil de municipios como Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.
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Tan solo en el año 2019, México registró 28 episodios de desplazamiento interno masivo, donde los estados más afectados fueron Chiapas y Guerrero.
“Actos de desplazamientos vinculados al crimen organizado, que actúa con la aquiescencia del Estado y coludidos con células criminales que operan en la región, utilizando conflictos comunitarios para provocar el terror, y controlar a la población”, refiere el informe de Frayba.
Las comunidades desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó cuentan con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió́ una recomendación, pero el Estado mexicano no ha cumplido en su aplicación.
La organización Sipaz (Servicio Internacional por la Paz) coincide con Frayba en que el panorama de esta entidad al sur de México, es parecido al que se vivió en los años 60, “en muchas regiones del estado, el tiempo sigue detenido; pero más que el tiempo, la justicia”.
Otro conteo realizado por el Centro de Derechos Humanos Ku’untik registró que tan solo en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) fueron desplazadas más de 5,000 personas y en estos casos también hay medidas cautelares sin cumplir otorgadas por la CNDH.
Sin datos oficiales
En 2012 se echó andar la Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas que en un apartado reconoció no estar incorporada en nuestro orden jurídico nacional. “No existen estadísticas ni cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno”, consideró la legislación en aquel momento.
Sin embargo, a 10 años de su creación aún no existe un registro oficial de las personas que se vieron forzadas a abandonar sus viviendas, a pesar de ser un tema de gran relevancia social y por las precarias condiciones en que viven las familias, algunas en situación de hacinamiento.
Del total de la población de Chiapas en 2020, el 75,5% se encontraba en condiciones de pobreza, y de esta cifra, el 29% en condición de pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Más de un tercio de la población presenta rezago educativo; menos del 40% de la población cuenta con acceso a servicios de salud; menos del 80% tiene acceso a seguridad social; únicamente el 20% se beneficia de vivienda de calidad; 55,8% tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y menos de un cuarto de la población, es decir 24,5%, tiene acceso a alimentación de calidad.
A estas condiciones, se suman los efectos físicos, psicológicos y comunitarios que sufren las poblaciones desplazadas por este evento traumático, equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, agrega Frayba.
