Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomadas en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas acerca de la operación de la mina y porque en el proyecto Fénix se sigue extrayendo níquel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declaró que esa operación es ilegal, precisamente por falta de consulta, y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios. Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Prensa Comunitaria*

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde.

Los primeros disparos de bombas lacrimógenas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de policías antimotines se habían formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los líderes de la resistencia pacífica Q’eqchi’ se habían instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Sonó un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensaña como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llenó el aire de El Estor.

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

La mina llevaba para entonces 19 días sin recibir el suministro de carbón que necesita para mantener en funcionamiento la planta extractora y, según dos fuentes comunitarias consultadas en El Estor, trabajadores mineros hablaban ya el jueves 21 de que la planta de extracción estaba echando mano de la reserva de carbón para operar. Si las calderas de la mina se quedan sin carbón, el cambio repentino de temperatura puede estropearlas y la operación quedaría completamente detenida durante unos 3 años.

La mina es parte de un proyecto extractivo conocido como Fénix, manejado por un consorcio de empresas de capital extranjero que tiene varias operaciones en Izabal. La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) es la dueña de la licencia para la explotación de níquel y otros cuatro minerales en El Estor.  Pronico, que es parte del mismo consorcio, extrae y procesa el material y lo exporta. Ambas son subsidiarias de la empresa suiza Solway, de la cual son dueños capitales rusos. Ante el Estado de Guatemala, CGN es la dueña de todos los proyectos mineros. La mayoría de los operadores y administradores extranjeros de alto rango en El Estor son de origen ruso o ucraniano y habitan en una colonia de la minera en las afueras del pueblo que es más una ciudad fortaleza, resguardada por un pequeño ejército de agentes de seguridad privada, y en la que hay restaurantes, piscina, bancos, supermercados, tiendas y un hospital.

Desde los primeros días de la semana que empezó el lunes 18 de octubre, la minera había hecho llegar góndolas con carbón desde el Puerto Santo Tomás de Castilla, donde otro consorcio relacionado con la empresa Mayaníquel y a los mismos capitales rusos que son dueños del proyecto Fénix en El Estor había perdido pocas semanas antes un contrato para administrar enormes predios y construir un mega muelle para importar el carbón y sacar los minerales de Izabal.

De haber ganado ese contrato, los rusos controlarían completamente toda la cadena de suministros, ya que el contrato propuesto para el proyecto en Santo Tomás de Castilla, además de proponer un precio de arrendamiento muy inferior al del mercado, hubiese permitido una operación de salida y entrada al puerto con muy poca supervisión, según los términos del acuerdo que no se aprobó y fuentes sindicales consultadas por Prensa Comunitaria en el puerto.

Debido a la protesta que mantenía la resistencia Q’eqchi’ en la entrada de El Estor, los camiones de la minera se estacionaron cerca de Río Dulce, unos 60 kilómetros al noreste de la mina. Algunos estoreños aseguran que en la aledaña finca El Murciélago, en medio de cultivos de palma de aceite, también resguardaron el carbón.

La protesta pacífica había iniciado el 4 de octubre como un plantón anti minero. Los representantes de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi reclamaban que sus comunidades no estaban debidamente representadas en el proceso de preconsulta que, por ley, tiene que realizar el Estado a través del MEM para autorizar la operación minera, y que, a pesar de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2019 -reiterada en 2020- que prohíbe el funcionamiento de la mina, esta ha seguido operando en las narices del gobierno de Alejandro Giammattei.

Desde el primer día, a través de tres periodistas que cubren de forma permanente El Estor, Prensa Comunitaria constató que el plantón permanente en la ruta siempre fue parcial y afectó únicamente a los transportes de CGN, Mayaníquel y Pronico. Los comunitarios establecieron una base de resistencia a un kilómetro del centro de El Estor, en la que grupos de unas dos docenas de personas se rotaban para hacer guardia durante las 24 horas.

Los únicos momentos en que cerraron el paso fue cuando la mina intentó entrar carbón o sacar ferroníquel. La actividad económica de El Estor continuó como siempre: comercios, hoteles, restaurantes, municipalidad, cantinas y oficinas públicas nunca cerraron; tampoco la comunicación terrestre hacia Río Dulce y Panzós, al oeste, y a Mariscos y otras comunidades por vía acuática hacia el sur.

La primera oleada de tensión llegó a partir del 8 de octubre, cuatro días después de iniciada la protesta, cuenta Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Torriello (FGT) en El Estor. Ese día empezaron a llegar noticias a las líderes Q’eqchi’ que gentes extrañas a las comunidades preguntaban por comunitarios y líderes sociales a quienes identificaban como opositores a la minera. Por la noche, dice Tut, empezaron a circular carros grandes, “de lujo”, por las calles del municipio.

El gobierno de Giammattei siempre se refirió a la protesta Q’eqchi’ como bloqueo. Y sí hubo bloqueos en El Estor, pero no fueron los miembros de la resistencia quienes lo protagonizaron, sino grupos ligados a la minera. Uno de esos retenes estaba a cargo de trabajadores mineros, quienes bloqueaban el paso por completo cerca de la planta procesadora de la mina para impedir que otras comunidades Q’eqchi’ llegaran desde el oeste al plantón para participar en la protesta; en las paredes de la propiedad de CGN colgaron mantas en apoyo a la minera.

Vecinos de El Estor y periodistas de Prensa Comunitaria comprobaron que la PNC incluso se mantenía cerca de este primer bloqueo sin intervenir.

El segundo bloqueo lo organizó un reducido grupo de encapuchados unos 10 kilómetros al este de la resistencia anti minera. Ellos detenían el tráfico que llegaba de Río Dulce, tapaban la calle y cobraba por la entrada a El Estor. La PNC supo de este retén, pero tampoco intervino.

Viernes 22 de octubre. 6:27 a.m.

Una fila de motos, al menos unas 15, recorre la calle de terracería, fangosa y lisa por las lluvias recientes. Son trabajadores que, a esa hora, enfilan ya desde El Estor hacia el recinto minero, un monstruo de metal coronado por cinco chimeneas, una por cada caldera de carbón, y una salida de vapor más grande, conectada a un gigantesco horno eléctrico. El perfil de la mina se dibuja, viendo al sur, frente al Lago de Izabal: de dos de las bocas salen columnas de humo que pierden sus contornos en el cielo gris. Al norte y hacia el oeste, crestas de tierra roja coronan los cerros pelados que rodean las canteras.

La mina de El Estor se apresta a iniciar otra jornada de trabajo, como lo ha hecho aun después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara el cese de sus actividades. Aquí hay calderas encendidas, trabajadores que ingresan al recinto, vigilantes a punto en las entradas. Desde la planta de CGN, en dirección a Panzós, hay mucho movimiento de camiones que traen tierra para procesar; provienen de Chichipate, una tercera licencia de la empresa, o de Sechol, la licencia de Mayaníquel, que es la otra empresa relacionada a los capitales rusos. Lo que no hay desde hace 19 días son camiones que salgan rumbo al puerto. Y hay mucho ferroníquel que espera viajar a Santo Tomás de Castilla, el puerto desde el que Solway exporta a Europa.

Atrás, en el pueblo, la actividad comienza. En el campamento de la resistencia hay apenas una docena de hombres y mujeres que se desperezan junto a los restos de un fuego improvisado en la orilla de la carretera. El fresco del ambiente es engañoso: en menos de una hora se instalarán el sol inclemente y el calor típicos de El Estor.

Frente al campamento apenas hay algunos restos de ramas y maderos que el día anterior, jueves, la resistencia había colocado para tapar el paso a un contingente de policías que, acampado por la noche en Río Dulce, marchó hasta el pueblo lacustre para repetir la rutina que habían iniciado el martes 19: ofrecer una y otra vez un diálogo que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi habían rechazado. Representantes del gobernador de Izabal, oficiales de la Policía y funcionarios de Gobernación ofrecían, en nombre del presidente Giammattei, llevar a cuatro personas a Ciudad de Guatemala “con todas las comodidades” para establecer un diálogo. Después de cada monólogo gubernamental, los funcionarios finalizaban con su reclamo más importante: que la resistencia permitiera el paso de los camiones mineros.

Los comunitarios entienden que el único indicio posible de una solución negociada es que el gobierno certifique, con documentos legales, que los líderes Q’eqchi’ excluidos de la preconsulta dirigida por el MEM para autorizar la operación minera han sido inscritos oficialmente en un proceso que ministerio y otros comunitarios adelantan sin ellos.

Un miembro del consejo ancestral, a quien por seguridad solo se identifica como José, explica que los Cuatro Consejos no inscritos representan a 94 comunidades afectadas directamente por la actividad minera, ubicados en cuatro sectores distintos: Qawa’ San Baals en el sur, Qana’ Tomasa, Qawa’ Siyab’ en el centro y Qawa’ Oxalaju Aj. De ahí sus nombres.

En 2019, la CC resolvió un amparo en el que varias comunidades alegaban que la mina no cumplía con requisitos legales para operar. La Corte ordenó suspender las operaciones mineras y realizar una preconsulta con las comunidades afectadas en concordancia con el Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, del que Guatemala es firmante. La corte además estableció como requisito para la consulta que las operaciones mineras fueran suspendidas, lo que no ha ocurrido.

En esencia, la resistencia Q’eqchi’ en El Estor reclama que el MEM, ejecutor de la preconsulta, no tomó en cuenta a comunidades afectadas por la mina e incluyó a otras que están fuera del territorio comprendido en la concesión otorgada por el Estado de Guatemala a CGN. En 2006, el gobierno de Óscar Berger otorgó la licencia de explotación de 6.7 kilómetros cuadrados de El Estor a CGN -Incluidos los municipios de Panzós, Senahú y Cahabón de Alta Verapaz-. En 2013, la administración de Otto Pérez Molina amplió el territorio de la licencia a 244 kilómetros cuadrados, que incluyen a los municipios de El Estor y Panzós en Izabal y otros dos en Alta Verapaz. La sentencia de 2019 de la CC volvió a reducir la concesión a los 6.7 km2 originales.

Uno de los reclamos de los Cuatro Consejos Ancestrales excluidos es que el MEM, al planificar la preconsulta, incluyó a comunidades más allá del terreno de la concesión y excluyó a otras asentadas dentro de los límites de los 6.7 km2, con el objetivo de marginar a comunitarios opuestos a la actividad minera. Se trata, dicen, de una consulta diseñada para favorecer a la minera.

Con ese antecedente, los líderes de los consejos ancestrales optaron por no aceptar las ofertas del gobierno.

“Se decidió seguir aquí”, cuenta Cristóbal Pop, uno de los representantes Q’eqchi’, la respuesta que, una y otra vez, los comunitarios dieron a los funcionarios. Y ahí siguieron.

La caravana de motos con trabajadores, como el resto de los vehículos que antes de las siete de la mañana salieron hacia la mina por la ruta de Panzós, podían ver, al pasar por la garita municipal que marca el límite oeste del pueblo, restos de llantas quemadas a las orillas de la calle. Son los despojos de los bloqueos pro-mina -estos mucho menos publicitados que el plantón de la resistencia en el otro extremo del casco urbano- impuestos por trabajadores mineros en apoyo a CGN desde el 8 de octubre. “Son trabajadores o gente de la mina que se paran en las dos entradas para desgastar a las comunidades”, explica Erwin Tut.

Viernes 22 de octubre. 10:40 a.m.

La calle está completamente bloqueada por primera vez en el día. Una cinta de tela roja marca la frontera. En el lado este, el Estado de Guatemala representado por un enviado de la gobernación de Izabal, funcionarios del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, y la jefa departamental de la PNC en Izabal. Los escoltan unos 600 policías, entre antimotines equipados con disparadores de gases lacrimógenos, escudos, batones y armas largas de fuego -fusiles de fabricación israelí conocidos como Tabor-, y un contingente de policías de seguridad.

Los de seguridad, uniformados con pantalones negros y camisas beige, forman un cuadrado compacto de al menos 228 hombres y mujeres en filas de 12 y columnas de 19. Detrás, apostados en dos columnas, unos 50 a cada lado de la carretera, las primeras filas de antimotines. Luego, al menos dos veintenas de patrullas de Izabal y otras traídas de Chiquimula, Zacapa y Sololá.

Es un despliegue muy parecido a los que se han sucedido desde el martes 19, cuando la policía empezó a llegar a El Estor. Cada día, el número de agentes ha ido creciendo, cuenta Erwin Tut de FGT. “Ha sido la semana más dura. El jueves (21 de octubre) llegaron como 150 de día y entraron más de noche. La policía manda varios contingentes; en el primero van solo con bastones y detrás de ellos vienen los antidisturbios”, cuenta Tut.

En total, de acuerdo con el acta notariada sobre el procedimiento a ejecutarse el viernes 22 en El Estor, la comisaria Carla Deleón Chacón, jefa de la comisaría 61 de la PNC en Izabal, y el comisario Juan Álvarez, jefe del Distrito Oriente, habían partido entre las 8:30 y las 9:00 a.m. de la aldea Buenos Aires, a unos 60 kilómetros de El Estor, al mando de 593 hombres y mujeres para verificar “las manifestaciones públicas y entablar el diálogo para garantizar la libre locomoción y seguridad” en el municipio lacustre.

A los funcionarios y oficiales apostados al frente los flanquean comunicadores de la PNC y agentes armados con celulares y cámaras, que registran por igual rostros de periodistas y manifestantes.

La comisaria Deleón dialoga durante unos minutos con uno de sus oficiales y con los representantes del MP y el de la gobernación de Izabal. Antes de empezar a caminar hacia el frente del pelotón para confrontar a los manifestantes hace una señal con la cabeza a quienes ya están adelante.

Primero, un oficial de policía recita los artículos de la ley guatemalteca que facultan a la PNC para estar ahí y desalojar la vía pública. El oficial reitera uno de los objetivos del operativo policial: permitir el paso a “todo tipo de vehículos”, incluidos, se entiende, los camiones que sirven a la mina.

Los comunitarios, primero, guardan silencio. La tensión crece. Al lado derecho del camino, desde el punto de vista de los policías -de este a oeste-, algunos agentes piden a pobladores que han salido de comunidades aledañas a la calle principal que se retiren. Dos personas protestan y se niegan a retirarse.

Al silencio de los comunitarios sigue la misma respuesta que han dado al monólogo del gobierno durante varios días.

Los líderes de los consejos ancestrales que presiden la protesta repiten que, por las negativas del MEM a reconocerlos como actores legítimos de la preconsulta, “la mesa de diálogo está agotada”. Uno de los líderes recuerda la masacre de Panzós, el municipio aledaño. El 29 de mayo de 1978, el ejército de Guatemala disparó contra decenas de Q’eqchi’ que se habían reunido en el centro del pueblo en reclamo por sus tierras; unas cien personas fueron asesinadas. La primera reacción del gobierno guatemalteco, presidido por Eugenio Laugerud García, fue negar los hechos; si el país y el mundo se dieron cuenta de lo ocurrido fue porque unos estudiantes de medicina que hacían prácticas en Panzós fotografiaron decenas de cadáveres apiñados en camiones militares.

“¡Funcionarios corruptos!”, grita alguien desde la segunda línea de la manifestación. “Gobernador, váyase a vivir a Rusia”, recoge otro manifestante la indignación por la complicidad del gobierno Giammattei con la minera.

Después de casi tres horas, uno de los líderes resume, en Q’eqchi’, la decisión de mantener la protesta. Un agente traduce al oído de la comisaria Deleón.

Pasadas las dos de la tarde, el oficial que había hablado al inicio del careo anuncia que ellos se retirarán y lanza una advertencia: “Nos van a seguir viendo”. El contingente de policías armados solo con bastones se repliega y en la calle permanecen, sin retroceder, los antimotines.

Cristóbal Pop, quien integra los consejos ancestrales de la resistencia, había dejado su turno poco antes de que iniciara el careo con la PNC, pero no se fue a su casa. Pop sabe que no hay vuelta atrás. “No me puedo ir. Las góndolas (con carbón para la mina) están listas para pasar…” …Pop baja la voz y ve a su alrededor. Hay, dice, mineros infiltrados que han estado informando a la Policía y otras autoridades sobre los movimientos de la resistencia. Un dron de la policía sobrevuela la zona.

Viernes 22 de octubre. Entre 2 y 5 de la tarde, después de la primera arremetida policial.

Don Juan camina a toda la velocidad que le permiten sus piernas de 68 años. Está indignado. Lamenta no tener más energía para unirse a quienes, unos 100 metros, a se defienden de la arremetida con gases lacrimógenos que los antimotines iniciaron acaban de emprender. “Las piernas ya no me funcionan… Es una injusticia que este presidente se ponga del lado de los rusos… Esto no cambia… Cuando yo tenía 25 años estuve en Panzós. Es lo mismo”. Don Juan se detiene: el calor y las púas del gas lacrimógeno en los ojos le impiden seguir.

Desde que los disparadores lanzaron las primeras latas de lacrimógeno, una veintena de Q’eqchi’, jóvenes la mayoría, mantienen una barricada compacta, separada por menos de una cuadra de la apretada fila de antimotines que sirven de escudo al primer camión de la minera que intenta entrar con carbón.

Varias parejas de antimotines se ubican en los terrenos laterales para intentar flanquear a los manifestantes y desde ahí lanzan más lacrimógenas. Un cartucho aterriza cerca de Don Juan, quien se tapa la boca y nariz con su camiseta verde y se pierde entre las nubes densas de humo. Muy cerca, dos mujeres corren hacia el frente de la manifestación: “Hijos de puta, hijos de puta”, grita la mayor, el rostro cargado de lágrimas. Detrás, la menor intenta retenerla.

La resistencia ha montado ya tres barricadas de ramas, llantas, piedras y maderos detrás de la primera línea, una cada 50 o 60 metros. Las Fuerzas Especiales de Policía (FEP), protegidos por sus escudos, disparan las lacrimógenas al cuerpo de las personas. Uno de los cartuchos va dirigido a un fotoperiodista de Prensa Comunitaria que cubre a pocos metros de los antimotines, quien logra esquivar, por poco, el impacto. En no más de 20 minutos, los policías dispararon casi un centenar de lacrimógenas.

Tras la primera barrera Q’eqchi’, la góndola cargada de carbón no logra avanzar. Suenan, una media hora después de iniciado el zafarrancho, disparos de armas de fuego, que luego la policía dirá salieron del lado que protesta. Lo cierto es que, frente al camión minero, varios policías sacan armas largas. Uno de ellos pide a un periodista que capta todo a pocos metros que deje de filmar: “No nos filmen… Vamos a sacar las armas, queremos rescatar a alguien, vamos a disparar”.

Los FEP, que al inicio avanzan firmes, golpeando los escudos al grito de “vamos núcleo”, se quiebran; exigen a sus oficiales sacarlos del lugar; otros corren a los picops que esperan ansiosos por salir. Los oficiales se niegan a dejar el camión de la empresa en el lugar.

Detrás de la primera fila de antimotines y del camión con carbón hay un pick up Hilux color beige oscuro metálico, modelo 2011, placas P0288DZW, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel; en su interior, cuatro ciudadanos rusos -mineros- buscan pasar las piedras esparcidas por el suelo en dirección a El Estor. Varios agentes les insisten en que se retiren. El pick up da marcha atrás, no sin que antes los rusos cubran las ventanas del vehículo con mochilas para evitar ser fotografiados.

Desde el camión se escuchan gritos de agentes de la FEP: “¿dónde está el chofer?”. El grito se multiplica en las voces de los agentes. Poco después, el conductor del camión aparece en el lugar; sin ninguna protección corre a la cabina del camión, maniobra para dar vuelta y regresar por donde vino.

Un niño de unos diez años que está detrás de la primera barricada se ha desvanecido. Entre tres hombres lo sacan del lugar y lo depositan sobre los hombros de alguien que, montado en una motocicleta, se lo lleva de la zona de enfrentamiento. El menor es ingresado en una clínica local con shock respiratorio. Será dado de alta unas horas después.

Por ahora, los Q’eqchi’ que protestan han logrado su objetivo. El camión minero no ha pasado. Poco después de las 5 de la tarde, los antimotines se repliegan a Río Dulce, donde llevan días ocupando la mayoría de los hoteles y restaurantes. El repliegue no durará mucho.

Mientras en El Estor la Policía ha intentado meter a la fuerza los camiones de la minera suizo-rusa, a 167 kilómetros de ahí, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el gobierno de Alejandro Giammattei se reúne únicamente con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que están a favor del proyecto minero Fénix. Óscar Pérez, viceministro del MEM, preside la reunión, que se realiza en el hotel La Casa de Don Juan, propiedad de una familia señalada por criminalizar a comunidades de la zona que ha protestado contra proyectos hidroeléctricas.

Así, mientras los enviados del gobierno ofrecen negociación en El Estor mientras la PNC sirve de escolta a los bienes de la mina, el gobierno Giammattei no da señal alguna de acceder a las demandas de los Q’eqchi’ que resisten.

Sábado 23 de octubre. 9:15 a.m.

Olga Ché, representante de los Consejos ancestrales Q’eqchi’ y de la gremial de pescadores artesanales de El Estor, deposita decenas de cartuchos de bombas lacrimógenas vacíos frente a los policías que, esta vez acompañados de efectivos del ejército, se han vuelto a apostar a la entrada del pueblo. “Esto es lo que nos han dado como diálogo”, grita un comunitario desde atrás. La imagen de Olga se convertirá, pocas horas después, en uno de los símbolos de la resistencia. Y Olga será, en los próximos días, una entre varios líderes indígenas cuyas casas el Estado guatemalteco allanará.

El gesto de Olga es la respuesta más contundente de las comunidades indígenas que protestan. Quien la recibe esta vez es Héctor Alarcón, el gobernador de Izabal y enviado del presidente Giammattei a El Estor, quien llegó a las 9:00 a.m. a lanzar la última advertencia. La narrativa de Alarcón reproduce la del gobierno, que desde el inicio de la protesta el 4 de octubre ha intentado ocultar la relación del poder político guatemalteco con los intereses de la minera suizo-rusa.

“No venimos en representación de una empresa, venimos en la libertad de locomoción de las personas, para salvaguardar la libertad de todos”, grita Alarcón antes de aceptar el objetivo último de todo el operativo policial: “Necesitamos que la mina esté libre para toda persona”. El gobernador da 15 minutos a los manifestantes para que desalojen.

Un par de horas atrás, antes de las siete de la mañana, mientras los Q’eqchi’ iniciaban la jornada con oraciones en su idioma maya, en las afueras de El Estor se habían vuelto a concentrar los camiones de CGN-Pronico llenos del carbón que la mina pide a gritos. Dos helicópteros y varios drones sobrevuelan la zona.

Poco antes de las 10:00 a.m. empieza la avanzada definitiva de los camiones. Un contingente de unos 500 agentes de la fuerza pública guatemalteca, entre antimotines y soldados con armas largas, escoltan el contingente de 5 camiones que, en las próximas tres horas, recorrerán como punta de lanza los cerca de siete kilómetros que separan la zona inicial de enfrentamiento de las puertas del recinto minero.

Sábado 23 de octubre. Entre las 11 a.m. y las 9:00 p.m.

Más policías y soldados flanquean al convoy principal; entran en El Estor, barrio por barrio, para asegurar la zona. En el camino vuelven a amedrentar a periodistas de Prensa Comunitaria que continúan la cobertura de la invasión violenta del municipio. Los gases lacrimógenos siguen abriendo el paso de los camiones. La resistencia les disputa metro por metro.

Dirigentes y comunitarios Q’eqchi’ se movilizan por agua desde la zona sur de El Estor para apoyar a quienes aún enfrentan la embestida gubernamental en el caso urbano y la calle de acceso a la mina. A los policías y soldados se han sumado, en algunos tramos de la carretera, trabajadores de la minera.

Poco después de la 1:30 p.m., un grupo de comunitarios que viaja en lancha es interceptado por una embarcación de la marina guatemalteca que intenta impedirles el paso. Los comunitarios confrontan a los marinos y logran seguir su recorrido hacia El Estor.

Poco después de las seis y media, cuando ya la oscuridad ha cubierto El Estor, la PNC y el ejército han abierto por completo el paso hasta la mina. La última resistencia a pocos metros de la planta es dispersada. El carbón ha entrado y todo el níquel que se ha acumulado durante los últimos 20 días está listo para viajar hasta Puerto Barrios y salir hacia Europa. Ahí, en el puerto Santo Tomás de Castilla, capitalistas rusos, algunos relacionados con el proyecto minero, intentaron hacerse con un predio de almacenaje a través de una licitación opaca para garantizar la fluidez de los envíos de níquel y tierras raras fuera de Guatemala. El negocio se cayó después de que Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), denunció que investigaba si el presidente Giammattei había recibido sobornos de los rusos. Sandoval tuvo que huir al exilio.

Las imágenes transmitidas por Prensa Comunitaria desde El Estor dan cuenta de cómo cada camión es escoltado por agentes que trotan al lado. Los camiones avanzan lentamente, flanqueados por el Estado de Guatemala. Detrás, el ejército hace la retaguardia.

Domingo 24 de septiembre. 

El Estor está completamente sitiado. Afianzado el suministro de la mina, el ejército y la PNC han tomado control. El ministro de Gobernación de Giammattei, Gendri Reyes, confirmará que medio millar de agentes de la fuerza pública han sido desplegados para “mantener el orden”. El Ejecutivo decreta estado de sitio, que el Congreso ratificará el lunes: 30 días sin garantías constitucionales en el municipio izabalense.

Desde las 8:00 a.m., según constata un equipo de Prensa Comunitaria en la carretera que une Puerto Barrios con la Ciudad de Guatemala, pasan pick-ups Hilux blancos y grises, sin placas o con matrículas difuminadas, hacia El Estor. Adentro viajan agentes de inteligencia y de investigación criminal que se desplegarán en el municipio para acompañar al Ministerio Público.

El mismo Giammattei confirmará que el Estado ha emitido 40 órdenes de captura y prepara otras 50 por los incidentes en El Estor. En canales oficiales, a través de algunos medios de prensa y con redes sociales afines a la minera y el gobierno, el Estado ha emprendido también la criminalización de los periodistas que cubrieron los hechos del fin de semana. Los pick ups sin placas rondan el municipio.

La Procuraduría de Derechos Humanos llega por primera vez a El Estor, solo a supervisar denuncias de la PNC de que algunos de sus agentes han resultado golpeados.

Noche del lunes 25 y madrugada del martes 26.

El MP, acompañado de policía y agentes de inteligencia, emprende una serie de allanamientos en casas de líderes Q’eqchi’ y periodistas en El Estor. La PNC allana dos viviendas de familiares de Olga Ché, la lideresa que depositó los cartuchos de lacrimógenas a los pies de la Policía el sábado. Se llevan su teléfono celular y documentos relacionados con la sentencia de 2019 de la Corte de Constitucional que prohíbe la operación de la mina. Durante la inspección, los agentes incluso escarban el suelo de una de las casas.

Desde las 7:15 a.m., la PNC y el MP retienen en su casa a Juan Bautista Xol, periodista de Prensa Comunitaria, durante dos horas y lo dejan completamente incomunicado. Debido a una intensa gestión de denuncia, Xol no es detenido. La Policía revuelve toda su casa y solo se lleva su celular, con el que documentó la arremetida policial a El Estor para garantizar el paso de suministros a la mina suizo-rusa. Una fiscal del MP se encarga del operativo.

Para el martes, la fuerza pública mantiene control absoluto de El Estor. Los antimotines son sustituidos por los investigadores y agentes de inteligencia y del MP que, según el ministro Gendri Reyes, están ahí para alimentar investigaciones criminales. Como después de la arremetida violenta de la Policía contra los pescadores artesanales que protestaban por la mina en 2017, de la que resultó un pescador asesinado por fuerzas policiales, en esta ocasión los sujetos de esas investigaciones criminales son los líderes Q’eqchi’ y los periodistas comunitarios que han cubierto su resistencia.

Un día después, la casa de Cristóbal Pop, uno de los miembros de los consejos ancestrales, es allanada. “No pidieron permiso, no mostraron ningún documento y solo entraron a registrar la casa”, narra uno de sus familiares.

Fiscales y policías también rompen la puerta de ingreso de la casa del periodista Carlos Ernesto Choc Chub. El portón principal de la casa había sido destruido unos días antes por trabajadores municipales. En el interior, lo tiran y revuelven todo; dejan sus acreditaciones de prensa una a la par de la otra en una mesa de trabajo.

*Con reportes periodísticos de Nelton Rivera, Héctor Silva Ávalos, Carlos Choc Chub, Juan Bautista Xul Coc y Baudilio Choc Mac