Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López}

En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.

Las tierras fueron recuperadas por los comuneros de Ostula en el año 2009, las cuales estaban en manos de jefes del crimen organizado y de los “supuestos pequeños propietarios”, mismas que hoy la comunidad Nahua pide que se reconozcan legalmente como parte de su territorio.

Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.

González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad. 

En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.

La extensión de lo que abarca el territorio de Santa María Ostula está sustentada en títulos primordiales del siglo 18. Dicha dimensión fue dictaminada favorablemente por la autoridad agraria hace aproximadamente 80 años. “Se trata de invasiones en territorios que la comunidad ha tenido en posesión y en propiedad de manera ancestral”, señala el abogado, refiriéndose a las tierras que estaban en manos del crimen organizado y de los denominados pequeños propietarios.

La ocupación ancestral del territorio por los nahuas de Santa María Ostula también ha sido respaldada con dos recursos Amicus Curiae dentro del juicio de amparo directo. Uno, suscrito por 56 especialistas en las materias de arqueología, antropología e historia, con una larga y reconocida trayectoria en México y el mundo; el otro, suscrito por más de 100 prestigiados organismos defensores de derechos humanos.

Respuesta favorable

La comunidad a lo largo de muchas décadas sufrió invasiones de tierras en distintas porciones de su territorio. 

En 1977, la presidencia de la República emitió una resolución de tierras al ejido Salinas de la Placita, las mismas que están invadiendo aproximadamente 100 hectáreas más pertenecientes a Santa María Ostula.

Sin embargo, el 15 de noviembre la comunidad Nahua fue notificada sobre la resolución de otro amparo en revisión, que resolvió dejar sin efectos dicha resolución presidencial del ejido Salinas de la Placita, por haber afectado terrenos de la comunidad.

El tribunal consideró que la resolución presidencial “afectó terrenos comunales pertenecientes a nuestra comunidad; terrenos que, es importante destacarlo, se localizan en los parajes de Xayakalan, La Canahuancera y Las Tres Majahuas, los mismos que están en conflicto con los supuestos pequeños propietarios”, menciona la comunidad en su comunicado.

El abogado González considera que es una primera respuesta favorable por parte del Estado mexicano y “nos hace abrigar la esperanza de que esta respuesta del Estado a las exigencias de los pueblos originarios se va a repetir con esta resolución en puertas del Segundo Tribunal Colegiado”.

La comunidad exige que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el gobierno del Estado de Michoacán dejen inmediatamente insubsistente la resolución presidencial que dotó de tierras ejidales al poblado La Placita. Tenían tres días para hacerlo, después de la decisión judicial de 15 de noviembre, sin embargo, todavía no lo han hecho.