Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

^{Fotografía de portada: Santiago Navarro F}

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra en el epicentro de una crucial batalla legal y social que podría determinar el futuro de sus tierras comunales. Este momento es decisivo, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito resolverá el amparo directo 463/2023 interpuesto por la comunidad.

La disputa legal que enfrenta la comunidad nahua de Ostula se centra en un litigio agrario histórico de más de dos décadas. En 2009, la comunidad recuperó más de 1,000 hectáreas de tierras que habían sido ocupadas por los llamados “pequeños propietarios y presuntos jefes del crimen organizado”, así lo han denunciado los comunitarios en un comunicado.

El recurso de amparo directo 463/2023 busca revertir la sentencia del juicio 78/2004, que había otorgado las tierras a pequeños propietarios de La Placita, un grupo que, según las autoridades comunales, tiene vínculos con el crimen organizado. El Tribunal había confirmado esta sentencia, ignorando los documentos probatorios que respaldan la propiedad comunal de Ostula.

Amicus Curiae

Justo en este día que el Tribunal tendrá que decidir sobre el destino de estas tierras comunales, la defensa legal presentará informes y opiniones técnicos de más de 56 expertos en antropología, historia y arqueología mediante el recurso conocido como Amicus Curiae. Estos expertos son reconocidos a nivel nacional e internacional y su participación busca aportar una perspectiva objetiva sobre la validez de las reclamaciones de la comunidad.

Entrevista a Carlos González – Abogado agrarista del CNI.

En agosto el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Morelia, Michoacán), va a resolver el juicio de amparo directo 463/2023, a través del cual la comunidad indígena de Santa Maria Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, está impugnando la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario distrito 38 dentro del juicio 78/2004, a través de la cual da un fallo favorable a supuestos pequeños propietarios de La Placita, reconociéndoles tierras en posesión inmemorial de la comunidad.

Este procedimiento estuvo plagado de fuertes irregularidades. Se trata de una disputa histórica por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales ubicadas junto al Océano Pacífico que Santa María Ostula recuperó en 2009 (circunstancia que la llevó a reorganizar su Guardia Comunal) y que tiene tras de sí una trágica cauda de 40 comuneros asesinados y 6 desaparecidos, incluidos sus más importantes dirigentes.

En el andamiaje judicial de nuestro país estamos ante la última instancia a la que la comunidad de Santa Maria Ostula puede recurrir, luego de que hace dos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación privada y sin escuchar a la comunidad, resolvió no atraer tan significativo litigio. Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila. Esta y las restantes comunidades nahuas del municipio (Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila) son propietarias, bajo el régimen comunal, de más de 200 mil hectáreas y comparten una colindancia con el Océano Pacífico en una línea mayor a los 100 kilómetros. Las playas ubicadas en sus tierras están muy bien conservadas y son muy hermosas. Asimismo, sus montes son de los más ricos en el mundo en metales como el oro, la plata y el hierro. Además los territorios de estas comunidades son importantes nichos ecológicos en los que son celosamente conservadas distintas variedades de tortuga, entre otras especies, y tienen significativas reservas de agua.

Por lo anterior se trata de tierras muy codiciadas por empresas mineras e inmobiliarias; y por supuesto por los carteles criminales en tanto que se trata de una estratégica región ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes del país. De hecho parte de las tierras que la comunidad tiene en disputa las recuperó de los que en ese año de 2009 eran líderes de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

Justamente por esos intereses tan poderosos que han puesto sus ojos en las tierras de la comunidad, últimamente el Cartel Jalisco Nueva Generación ha lanzado violentos ataques sobre la comunidad, destacando el del 3 de julio de este año, con el uso masivo de drones y explosivos, sobre la población civil y casas del poblado de La Cofradía de Ostula. Pedimos generar campañas informativas y acciones sobre el Tribunal de amparo, sobre el Poder Judicial Federal y sobre el Estado Mexicano para que una terrible injusticia no se consume y se respeten las tierras y los derechos que tanta sangre han costado a la comunidad indígena de Santa Maria Ostula.

Boletín de prensa 003

Ciudad de México, 15 de agosto de 2023

La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, podría ser despojada de su territorio autónomo. En el contexto del reciente y violento asesinato de Lorenzo Froylán las amenazas no cesan. La comunidad de Xayakalan fue notificada sobre la ejecución de un desalojo de alrededor de 700 hectáreas de tierra. Esta decisión fue comunicada por el Tribunal Unitario Agrario 38, a cargo del magistrado Jesús Antonio Frías Cardona. La comunidad denunció  que con esta acción se favorece a grupos criminales en la región.

La notificación se realizó el 11 de agosto, un día después de que se localizó el cuerpo torturado y sin vida de Lorenzo Froylán, integrante de la Guardia Comunal. Sin embargo, el documento está fechado el 23 de junio dentro del expediente 78/4 a favor de “supuestos pequeños propietarios”, señala la comunidad que se declara en alerta y en defensa de su territorio comunal.

Michoacán es particularmente violento para el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio. Las personas defensoras ambientales se enfrentan a una serie de agresiones sistemáticas como desplazamiento, desalojo, asesinato, amenazas, desaparición forzada.

La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó que el 6 de septiembre de 2022, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió un mensaje de amenaza de desalojo al afirmar que estaba empeñado en “dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”, haciendo énfasis en el municipio de Aquila, en donde está ubicado Ostula.

Durante la historia de autonomía de Santa María Ostula, se contabilizan 40 personas defensoras asesinadas y 5 personas desaparecidas, sin que exista un proceso de justicia, reparación ni cese a las agresiones. El discurso gubernamental ha contribuido a criminalizar este proceso organizativo y deja un mensaje de impunidad para el goce de los grupos criminales.

Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) señalamos nuestra preocupación ante la arbitraria decisión emitida por el Tribunal Agrario, que atenta contra la comunidad nahua, poniendo en riesgo la vida, la seguridad física, y el ejercicio mismo de la autonomía y libre determinación.  Esta órden es violatoria del derecho a defender derechos humanos, así como del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que contiene el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios.

Por lo que instamos a las autoridades agrarias, Estatales y Federales:

• Que se adopten las medidas necesarias que garanticen el ejercicio del Derecho de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso con perspectiva y enfoque  intercultural y comunitario, apegado a los más altos estándares internacionales.

• Se ponga fin a cualquier acto de desalojo, hostigamiento, amenaza o ataque que ponga en riesgo la vida, la seguridad física, de las personas que conforman la comunidad y ejercen su derecho por la defensa del territorio.

• En todo momento garantizar el respeto para la construcción de acuerdos y búsqueda de soluciones, y evitar el uso de la fuerza pública o la violencia.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

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Boletin-urgente-Ostula

Este pasado 29 de junio se celebró el 14 aniversario de la recuperación de tierras en donde hoy se encuentra la encargatura conocida como Xayakalan.

Presentamos aquí, cortesía de Komün Cinema, un video de la celebración y los audios del evento.

Por Dante A. Saucedo y Regina López

El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».

En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.

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Fuente: Ojarasca – La Jornada

Adazahira Chávez

La organización de la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en su lucha por la tierra, reanudó la marcha en febrero de este año. Después de que en junio de 2009 los comuneros activaron su Policía Comunitaria y retomaron el lugar conocido como La Canaguancera (renombrado Xayakalan), enfrentaron una ola de asesinatos y desapariciones —sobre todo contra miembros de la guardia tradicional o de los bienes comunales— que estableció un clima de terror y obligó al desplazamiento de familias enteras.

Pero ya están de regreso y afirman, como lo declararon en 2009, que no abandonarán sus tierras. En fechas recientes, acompañados por grupos de autodefensa de Tierra Caliente, los guardias comunitarios reingresaron a su territorio —muchos de ellos, como su comandante Semeí Verdía, estuvieron exiliados— y los comuneros desplazados también volvieron a Xayakalan, que sigue en disputa legal con los pequeños propietarios de La Placita, quienes lo invadieron hace ya cuatro décadas. La tarea urgente, señalan, es levantar de nueva cuenta las asambleas y trabajar las tierras que les dieron sustento y que tuvieron que abandonar.

La tarea no se mira fácil, y los nahuas lo saben. Relatan que en su territorio se cruzan intereses de todo tipo: los gobiernos buscan implementar proyectos carreteros que faciliten el trasiego de mercancías y estimulen el turismo de playa; las mineras quieren explotar la veta que nace desde San Miguel Aquila; los pequeños propietarios quieren sembrar sus tierras o fraccionarlas y venderlas, y los narcotraficantes tienen aquí un importante punto de circulación de sus mercancía. En este estado —de acuerdo con las denuncias que los comuneros han hecho desde hace años— muchas veces estos actores son los mismos sujetos. Y de este territorio ambicionado son dueños los comuneros de Ostula.

Tierra rica, tierra despojada

La cabecera comunal de Ostula y sus 22 encargaturas abarcan más de 28 mil hectáreas del municipio de Aquila, uno de los de mayor marginación en Michoacán. Los nahuas han poblado poco a poco la porción de su territorio que se extiende hacia la costa michoacana.

Las tierras correspondientes a la encargatura de Xayakalan, informan los comuneros, se localizan dentro de sus títulos primordiales del siglo xviii y dentro de la Resolución Presidencial que reconoció parte de su territorio en 1964. A pesar de ello, enfrentan un litigio agrario por unas 700 hectáreas que seis pequeños propietarios de La Placita invadieron “no sólo para la siembra de papaya, mango y tamarindo, sino para venderla al mejor postor” a pesar de las medidas cautelares a favor de los indígenas. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.

Cruce El Naranjo-Tenosique, Tabasco. Foto: Prometeo Lucero

La tierra de Aquila tiene abundancia de minerales (plata, zinc, oro y cobre), además de yacimientos de hierro, que en la actualidad explotan las empresas Ternium, Sicartsa y Metal Steel, y aporta una cuarta parte de la producción nacional. La veta que atraviesa San Miguel Aquila —comunidad de la que también tuvieron que salir los integrantes de la guardia tradicional y los comuneros por conflictos con la mina y el crimen organizado— llega hasta tierras de Ostula, y la empresa argentina Ternium tiene en la mira su explotación futura. Ternium es dueña de la mitad de Peña Colorada, mina de Ayotitlán, Jalisco, que ha provocado también persecuciones contra los líderes comuneros nahuas como Gaudencio Mancilla.

Dentro de este territorio invadido no sólo pasan las riquísimas vetas minerales, sino que hay playas con especies animales en peligro de extinción. Allí se contempló la ampliación de la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas, e incluso la construcción de un puerto para transportar materiales que Ternium extrae de San Miguel Aquila.

Los días 13 y 14 de junio de 2009, el Congreso Nacional Indígena publicó el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa. Después de varios intentos infructuosos de negociación y al sentirse burlados por el gobierno, los comuneros retomaron las tierras de Xayakalan en 2009, establecieron su guardia comunitaria “para cuidar el territorio que nos pertenece” y se asentaron cerca de 250 personas, pertenecientes a 40 familias.

Los comuneros decidieron no participar en las elecciones oficiales en 2011, al igual que sus hermanos p’uhrépechas de Cherán, Pómaro y Coíre, en rechazo a la poca eficacia de las autoridades y el divisionismo que, denunciaron, promueven los partidos políticos.

La respuesta a su reto fue atronadora. En los últimos tres años, 32 pobladores de Ostula fueron asesinados brutalmente o desaparecidos. Destacan las ejecuciones en 2011 de los líderes Trinidad de la Cruz Crisóstomo, conocido como don Trino o el Trompas, encargado de la guardia comunitaria, y de Pedro Leyva. Las bases de la Armada —que se establecieron después de 2009— no ayudaron a detener la ola de violencia. Las autoridades judiciales no resolvieron ni uno sólo de los crímenes. Las balas de los “cuerno de chivo” poblaron las escenas de los crímenes, y las familias amenazadas huyeron.

Pocos habitantes quedaron en Xayakalan, pero los desplazados se ocuparon de planear el retorno y la reconstitución de su organización autónoma, que se pudo concretar este 2014. El 8 de febrero, “un grupo de comuneros de Santa María Ostula, coordinado con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera de Aquila, tomó el control de la tenencia de Ostula”, informaron en un documento público.

Coincidentemente, desde ese día “grupos de policías federales ministeriales e integrantes del ministerio público, de manera totalmente ilegal han ido a amenazar a los comuneros que viven en Xayakalan con desalojarlos”. Para los indígenas es “la continuación de las graves condiciones de guerra no declarada que vive Ostula desde que precisamente resolvió hacer el resguardo de las tierras de Xayakalan, el 29 de junio de 2009”.

Este 10 de febrero, un pelotón del Ejército federal intentó desarmar a la guardia comunitaria y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, pero la población hizo que los soldados devolvieran las armas. El 13 de febrero, más de mil 200 comuneros en asamblea decidieron reorganizar formalmente la Policía Comunitaria. Ahora sus esfuerzos se centran en fortalecer los mecanismos comunitarios de decisión, reconstruir la base material para su organización y supervivencia —la comida y los recursos escasean— y mantener la seguridad en su territorio. A pesar de los años de terror, indican a Ojarasca desde Ostula, “la gente responde a su ancestral organización”