31 de julio de 2024
Chiapas, México


En los últimos días la población civil en el estado de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región. Se tiene conocimiento que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado.

La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.

Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales.

Estas afirmaciones, por una parte desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas; y por otra, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar.

Los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares. En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales. Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo. Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales.

En octubre del año pasado, Chicomuselo fue epicentro de la disputa territorial por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y personas migrantes. A inicios de este año, el despojo de territorios y el desplazamiento forzado se ha concentrado en la sierra y altos de Chiapas de donde han salido miles de familias huyendo del reclutamiento forzado de niños, jóvenes y adultos, así como, por las disputas que se siguen viviendo en la zona y que han ocasionado la muerte de civiles. El 13 de mayo se confirmó la masacre de 11 personas en el ejido Nueva Morelia perteneciente al municipio de Chicomuselo, aparentemente por oponerse a la extracción minera. Posteriormente, 19 personas fueron asesinadas el 28 de junio en La Concordia.

Desde el pasado 18 de julio la región permanece bajo el asedio de los grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos, “nadie entra y nadie sale” por orden de los grupos criminales. A esto se suman cortes de luz y de telecomunicaciones en algunos municipios, la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación.

Aunado a estos hechos, se han presentado acciones armadas como son enfrentamientos y balaceras en distintas zonas que representan un ataque contra civiles y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Las organizaciones civiles y humanitarias, por su parte, han visto restringida la posibilidad de prestar cualquier tipo de actividad.

Consecuencia de esto ahora vemos el incremento del desplazamiento forzado de familias enteras huyendo, incluso al país vecino Guatemala, para salvar su vida. Inicialmente, se reportó el desplazamiento de 500 personas; sin embargo, no hay claridad en las cifras reportadas por las autoridades, y el dato más reciente reportado por el gobierno guatemalteco da cuenta de 249 personas albergadas en el departamento de Huehuetenango.

Como ha sido señalado por la Corte-IDH, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que pone en riesgo una gama de derechos y, por lo tanto, debe ser entendido como una condición de facto de desprotección, que pone a las víctimas en especial vulnerabilidad, la cual se acentúa por la proveniencia rural, su pertenencia a un grupo indígena, debido a su edad o de su identidad de género. En este sentido, identificamos como factores de desprotección:
● Las afectaciones a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad
● El reclutamiento forzado
● El confinamiento y las restricciones a la libre movilidad de la población
● La escasez de víveres y artículos de primera necesidad
● Las restricciones de acceso a la salud y la educación
● Las afectaciones a la vida colectiva y la desarticulación comunitaria

Por esta realidad en donde evidenciamos un riesgo inminente a la vida e integridad de las
personas que se encuentran en estos municipios y ejidos aledaños, exigimos al gobierno
mexicano:

Al presidente de la República abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas.

Al gobierno federal su inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el crimen organizado.

A los gobiernos federal y estatal garantizar que las personas afectadas por la violencia puedan acceder a los mecanismos de asistencia y reparación integral previstos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

A la Secretaría de salud brindar atención en salud a las personas afectadas.

A los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chiapas y municipales brindar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia, como lo contempla el artículo 43 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos conocer e investigar las violaciones de derechos humanos antes descritas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes para dar cumplimiento a las leyes estatales y federales de protección a las personas afectadas.

A la Comisión Estatal y comisiones locales de Búsqueda de Personas activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre los grupos armados.

A los gobiernos federal y estatal facilitar el retorno, reasentamiento o reintegración de las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer una mesa de coordinación binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que se desplazaron al vecino país, así como coordinar acciones para el retorno de las personas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad cuando así lo decidan.

A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes asumir la responsabilidad en la protección de los niños, niñas y adolescentes y velar por la garantía de sus derechos a la salud, educación, e investigar las denuncias de reclutamiento forzado.


Firmamos:
Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur
American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina para América Latina y el Caribe,
Apostólicas del Corazón de Jesús, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC., Centro de Derechos las Víctimas la
Violencia Minerva Bello, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Espacios para la
Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), Formación y Capacitación (FOCA),
Iniciativas para Desarrollo Humano A.C. (IDEHU), Kaltsilaltik AC, La 72 Hogar Refugio para
Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM), Mujeres, Organización y
Territorio (MOOTS), Programa Asuntos Migratorios – UIA, Red Jesuita con Migrantes –
Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita Refugiados – México (JRS), Tzome Ixuk,
Mujeres Organizadas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas
Acción con Pueblos Migrantes.

ADHESIONES

Redes de organizaciones o Colectivos:
Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud -ACCSS-
Bloque Latinoamericano sobre Migración – Bloque LAC
Conferencia Franciscana de México (COFRAMEX)
Conferencia de superiores mayores de México A.R.
Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas
Grupo de Monitoreo Frontera Centro: Casa de Acogida, Formación y
Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN) Clínica
Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa (CJR) – Universidad Iberoamericana Ciudad de
México Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) Colectivo Ustedes Somos
Nosotros Fundación Humano y Libre AC Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) –
Universidad Iberoamericana Ciudad de México Servicio Jesuita a Refugiados México
(JRS México) Defensoras de derechos humanos independientes
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México,
I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Apoyo a Migrantes
Venezolanos, A.C.; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo
(Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova,
A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.;
DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; IMUMI Instituto para las
Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del
Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento
Migrante Mesoamericano; Paso de Esperanza A.C.; REDIM Red por los Derechos de
la Infancia en México; Save the Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a
Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados; Leticia
Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Manuel Ángel Castillo,
Investigador; Gloria Ciria Valdéz Gardea, fundadora y coordinadora del Seminario
Niñez Migrante; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa
Vertiz Hernández, Secretaria Técnica.Las Consejeras en Oaxaca

  1. Parroquia Sagrada Familia
  2. Red CLAMOR Mx
  3. Red de Atención Integral a Migrantes – RAIM
  4. Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM)
  5. Red Franciscana para Migrantes México
  6. Red Jesuita con Migrantes – Latinoamérica y el Caribe
  7. Red Jesuita con Migrantes – México
  8. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para
    Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
  9. Red nacional de Peritos)as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura
  10. Red Oaxaqueña por el VIH
  11. Red Rahamim, contra la trata de personas
  12. RESAMA – Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais
  13. Organizaciones de la Sociedad Civil
  14. Albergue Casa Tochan – Tochan Sueños y Realidades, A.C.
  15. Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.
  16. Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio –
    APIIDTT
  17. Asociación de Nicaragüenses en México A.C.
  18. Asociación Pop No’j
  19. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez” A.C.
  20. Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y
    Refugiadas (CAFEMIN)
  21. Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González
  22. CASA FRIDA, REFUGIO LGBTIQ+
  23. Centro de Apoyo Marista al Migrante – CAMMI A.C.
  24. Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C
  25. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
  26. Centro de Día para Migrantes Jesús Torres
    5/7
  27. COMITE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DE-CODEPO
  28. Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de(COFAMICENH)-Honduras
  29. Dignidad y Justicia en el Camino A.C “FM4 Paso Libre”
  30. El Rebozo, Cuidado de la vida y los territorios
  31. Equipo de Reflexión, Investigación y comunicación (ERIC-SJ) Honduras
  32. Frontera con Justicia AC
  33. Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
  34. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
  35. Instituto para la Ciudad y Derecho Humanos, A.C.
  36. Instituto para las Mujeres en la Migración A.C
  37. Las Vanders
  38. Movilidades Libres y Elegidas, A.C. (CoLibres)
  39. Movimiento Social por la Tierra
  40. Oasis Providencial A. C. Albergue Decanal Guadalupano
  41. Organización de Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje
  42. Radio Huayacocotla
  43. Raíces del Soconusco
  44. Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR
  45. Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRS LAC
  46. Socialis A.C.
  47. Transformemos desde la Raíz AC
  48. Una mano amiga en la lucha contra el sida ac
  49. Uno de Siete
  50. Veneactiva
    OAXACA
    Honduras
  51. Personas
  52. Anahí Ruelas Orozco
  53. Andrea Paula González Cornejo
  54. Claudia Martínez Medrano
  55. Elida Beatriz Calixto Toxqui
  56. Elisa Portillo Gutiérrez
  57. Esperanza Pilar Chagoya Mingüer
  58. Evencio Herrera Díaz
  59. Francisco J Fierro B
  60. Gabriel Morales Hernández
  61. Graciela Lechuga Reyna
  62. José Luis Manzo
  63. Julia Natzi Ramírez
  64. Lucy Kantún Tah
  65. Maria Dolores Palencia
  66. Ma. Enriqueta Cepeda
  67. María Fidelia Luna Robles
  68. María Guadalupe García Cervantes
  69. Maria Isabel Sánchez Reyna
  70. Mariana Sánchez Osorio
  71. Marin Roblero Morales
  72. Natalia Pérez Cordero
  73. Reyna Sandra García Álvarez
  74. Samuel López Padilla
  75. Susana López Gálvez
  76. Tatiana Llamas
  77. Yeri Paulina Mendoza Solis