COMUNICADO DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE AMILCINGO Y EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA.-

A las organizaciones sociales, Colectivos, Pueblos solidarios, Estudiantes, Sociedad en general,

El día 17 de febrero el Sr. Humberto Sandoval Zamora Secretario General de la CCC (Central Campesina Cardenista) lanzó las amenazas a través de su hermano en plena asamblea comunitaria al decir que tomarían la ayudantía de la comunidad de Amilcingo el sábado 21 con el aval de la fuerza pública e incluso recalcó que hasta habría muertos. El gobierno del estado que preside Graco Ramírez Garrido Abreu ha utilizado a estas personas para cooptar a las autoridades locales y congregarlas al grupo lidereado por el Sr. Humberto Zandoval Zamora. En Casa Morelos el gobierno del estado en el mes de marzo del 2014 reconoció a este grupo de ciudadanos integrantes del Consejo de Desarrollo Comunitario y como el único interlocutor y representante de la comunidad. Este Consejo ha fungido como grupo de choque ante la resistencia de la comunidad contra la imposición del Gasoducto Morelos. Además de que este grupo ha avalado el paso del gasoducto a través de aceptar obras públicas impuestas con dinero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ha buscado la provocación para que seamos reprimidos. Al ver que nuestras autoridades locales en su momento se subordinaron a los intereses de Elecnor, Enagas, empresas españolas y Bonatti, Italiana; quienes licitaron la obra, CFE y los gobiernos municipal, estatal y federal; la comunidad les exigió imparcialidad y atención a los intereses del pueblo, mismos que se negaron. Ante esta situación se llevó a cabo una asamblea en el mes de marzo del 2014 en la que se determinó desconocer al ayudante municipal y reconocer como nueva autoridad a Aarón Aguilar. En ningún momento quisieron reconocer los gobiernos a nuestra autoridad legítima por lo que nosotros como comunidad reconocemos a Aarón Aguilar como única autoridad a pesar que durante casi un año el gobierno municipal y estatal han rechazado reconocerlo oficalmente. Nuestra autoridad tiene el respaldo del pueblo que a diario se reúne en frente de la ayudantia. Ante la situación emergente y la amenaza de represión a la comumidad de Amilcingo (que no sería la primera vez, ya que el 13 de abril y el 28 de abril del 2014 se reprimió y encarceló a 5 personas de la comunidad, entre ellas Aaron Aguilar) hacemos responsables a los gobiernos municipal, estatal y federal, al delegado estatal de la CCC (Central Campesina Cardenista ) y al grupo de choque creado por el Estado por cualquier daño o afectación a nuestra comunidad. Rechazamos rotundamente la violencia y hacemos un llamado a los gobiernos de los tres órdenes para que detengan estas acciones que sólo violentan nuestros derechos como pueblos originarios. A las organizaciones sociales, colectivos, pueblos solidarios, estudiantes, maestros y sociedad en general solicitamos su apoyo de acuerdo a las formas y capacidades de cada quién, en cuanto a la denuncia, repudio, a lo que pudiese suceder con el pueblo de Amilcingo, a su posicionamiento y difusión. A los organismos de derechos humanos les hacemos un llamado para denuncien las violaciones de derechos humanos a las que podemos estar expuestos si este acto de violencia se lleva a a cabo. Al gobierno de Graco Ramírez le decimos que detenga esta política de imposición a través de la represión. Un gobierno que no respeta la decisión de a quiénes representa es un mal gobierno que traiciona a su propio pueblo.

PORQUE LOS PUEBLOS TENEMOS DERECHO A DECIDIR NUESTRO DESTINO; NO A LAS IMPOSICIONES A TRAVES DE LA VIOLENCIA DE ESTADO. NO AL GASODUCTO, SI A LA VIDA. POR QUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS. VINH FLORES LAUREANO VIVE, LA LUCHA SIGUE. ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE

En esta crónica, J.A. Buendía registra el avance del dolor y la acción social mexicana organizada rumbo a una Convención Nacional Popular . “El hervidero político y social en que se ha convertido el estado de Guerrero en los últimos meses es el epicentro de la lucha social que en México cuestiona y señala al Estado como el culpable, no como la solución de la violencia y el crimen. Aquellas voces provienen de todos los rincones de Guerrero”, sintetiza Buendía.

>>La justicia en México, desde hace muchos años –y cada vez más– ha dejado de estar del lado de las instituciones, el cascarón vacío en que se ha convertido el Estado es cada vez más evidente. Si bien, éste puede operar sin problema como un aparato administrativo; caro, corrupto y burocrático en la mayoría de la ocasiones, el sentido social –del que fue dotado luego de más de diez años de lucha fratricida en donde murieron por lo menos 1 millón de mexicanos– se ha ido diluyendo hasta convertirse en la caricatura que es hoy en día, donde el presidente envuelto en escándalos de corrupción, regala televisores en año electoral y sus empleados dan «verdades históricas» cocinadas al vapor y bajo sospechas de tortura, en medio de un show televisivo donde las cosas nunca son lo que aparentan.

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En abril de este año, el municipio purépecha de Cherán K’eri, Michoacán, estará cumpliendo ya 4 años de haberse levantado para acabar con la presencia del crimen organizado en su territorio. Tras su levantamiento, las y los indígenas no sólo lograron correr al narco, sino que también expulsaron a todas las autoridades (policía, gobierno municipal y partidos políticos) que respaldaban las actividades ilícitas en la comunidad. Decidieron retomar sus formas tradicionales de autogobierno para empezar un largo proceso de construcción de su autonomía. Hace unos meses, inauguraron una nueva arma para seguir defendiendo sus usos y costumbres y reafirmar su rechazo a la vía política institucional: una televisión comunitaria.

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