COMUNICADO DEL CNI-CIG Y EL EZLN ANTE EL COBARDE SECUESTRO Y ASESINATO DE LOS COMPAÑEROS DEL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA.

El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con dolor e indignación, condenamos el secuestro y asesinato del compañero concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno José Lucio Bartolo Faustino y del delegado del Congreso Nacional Indígena Modesto Verales Sebastián, de las comunidades indígenas nahuas de Xicotlán y Buenavista respectivamente, ambos promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, organización miembro del CNI-CIG. Crimen cometido a manos de grupos narco paramilitares que operan en el municipio de Chilapa de Álvarez y que cuentan con la protección descarada del Ejército Federal Mexicano y las policías estatales y municipales.

El día de ayer 4 de mayo alrededor de las 15:00 horas, nuestros compañeros participaron en una reunión con otros miembros del CIPOG- EZ en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. En el camino de regreso a sus comunidades fueron secuestrados y asesinados por grupos narco paramilitares que operan en la región con la complicidad y protección de los tres niveles del mal gobierno, que con desprecio y mentiras simulan atender las demandas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas, las cuales resistiendo, denunciaron reiteradamente ante el gobierno federal la impunidad con la que el criminal Celso Ortega lleva la violencia a sus comunidades. Es importante señalar que nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su Policía Comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, quienes controlan las presidencias municipales de la región, cuentan con la complicidad del Ejército Mexicano y de las Policías estatales y municipales e incluso lograron imponer, en algún momento, a uno de sus líderes como presidente del Congreso del estado de Guerrero.

Responsabilizamos de este cobarde crimen a los tres niveles del mal gobierno por ser cómplices de la represión hacia la organización de los pueblos en la defensa de sus territorios; también los responzabilizamos de la seguridad e integridad de nuestros hermanos del CIPOG-EZ.

A los familiares y compañeros de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián enviamos el abrazo solidario del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como también nuestra convicción de seguir los caminos de autonomía y dignidad que ellos, nuestros compañeros que hoy nos faltan, nos señalan con su luz y su ejemplo.

Denunciamos la agudización de la represión neoliberal en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias que no estamos de acuerdo con sus proyectos de muerte en Guerrero y en todo México, ni con la violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos sembrar un mundo nuevo desde las geografías indígenas que somos

Exigimos verdad y justicia para nuestros compañeros.

Atentamente
Mayo de 2019

Por la Reconstitución  Integral de Nuestros Pueblos
Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Fuente: Enlace Zapatista.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) denunciaron ayer la desaparición forzada del Concejal Nahua del CIG José lucio Bartolo Faustino y del delegado del CNI Modesto Verales Sebastián en el estado de Guerrero. Ambos viajaron a la ciudad de Chilpancingo para asistir a una reunión con otros miembros de la organización CIPOG-EZ, a la cual pertenecen. A su regreso a su comunidad fueron emboscados y desaparecidos. El CNI reporta que el vehículo en el que viajaban fue encontrado con disparos de arma de fuego y que se están organizando brigadas de búsqueda. Reportan también que, en tiempos recientes, las comunidades que los eligieron como concejal del CIG-CNI y como delegado del CNI han estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno.

En la Universidad Estatal de Los Ángeles, California, se celebró este 26 y 27 de abril el Encuentro 25 años de zapatismo, a través del tiempo y el espacio. Allí se reunieron activistas, académicos, militantes y miembros de organizaciones y colectivos de los Estados Unidos que han estado luchando por la autonomía, la justicia y la dignidad en ese país, muchos de ellos inspirados por el levantamiento zapatista. Allí estuvieron presentes también concejalxs del Concejo Indígena de Gobierno, los intelectuales Raúl Zibechi y Gustavo Esteva, via internet, y otros activistas y periodistas de México, quienes dieron cuenta de la situación que se vive en el país y la organización de la resistencia y la rebeldía.

Desde el levantamiento del 1º de enero de 1994, y sobre todo desde el Encuentro Chican@-Zapatista en agosto de 1997, el zapatismo ha sido inspiración para un gran número de colectivos y organizaciones en Estados Unidos, sobre todo chicanos, migrantes y en general de gente de color, que han adoptado formas de lucha zapatistas para resistir la violencia del Estado, el racismo y la represión contra los pueblos de color, el encarcelamiento masivo, el aburguesamiento de las ciudades y el desplazamiento sistemático de los de abajo, la explotación laboral, las deportaciones, las redadas y mucho más. Así, a lo largo de estos 25 años, han surgido grupos artísticos (ver, por ejemplo, nuestro documental sobre el movimiento musical chicano-zapatista, Ritmos de Zapata), experiencias de autonomía alimentaria, espacios comunitarios, colectivos de medios libres, grupos de académicos que proponen epistemologías otras, organizaciones de autodefensa, intercambios y delegaciones de jóvenes militantes en Chiapas, grupos de mujeres, etc.

Este encuentro, por lo tanto, fue una oportunidad para intercambiar experiencias y conectar luchas, al mismo tiempo que se reflexionó sobre los cambios en el propio zapatismo a lo largo de estos cinco lustros, la crisis civilizatoria por la que atravesamos y la situación para los pueblos bajo el gobierno mexicano actual.

De fundamental importancia en este encuentro fue la participación de lxs concejalxs Betina Cruz Velázquez y Fortino Domínguez Rueda, del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG). Desde su lugar como miembro del pueblo Zoque, Fortino nos condujo en un viaje por los caminos del CNI hasta la creación del CIG y su relevancia para los pueblos originarios de México y del mundo, en el contexto de la devastación provocada por el capitalismo actual. Betina Cruz, por su vez, hizo un análisis contundente y cuidadosamente documentado de esa devastación, ahora encabezada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su supuesta “cuarta transformación”.

Esto se complementó con los análisis de Raúl Zibechi y Gustavo Esteva, quienes también dieron cuenta de la relevancia del zapatismo para los movimientos sociales latinoamericanos (o “sociedades en movimiento”, como prefiere Zibechi) y, de nueva cuenta, la amenaza que el actual gobierno mexicano representa para los pueblos originarios y para la construcción de la autonomía zapatista. También vía internet, desde México, las activistas María Laura Orozco y Evangelina Ceja y el periodista Arturo de Dios hicieron un análisis del uso de la desaparición forzada como herramienta del Estado, a partir de casos específicos. Y un compañero de Radio Zapatista explicó lo que para los zapatistas significa la tormenta y la crisis civilizatoria que nos acomete.

Desde la educación, se discutió la influencia del levantamiento zapatista al interior de la universidad en los Estados Unidos y las aportaciones de la educación zapatista para un pensamiento decolonial y desescolarizante en ese país. Las temáticas de las fronteras, las identidades, las naciones y los Estados orientaron varias de las mesas, así como el patriarcado, el feminismo y la subversión queer. Ex miembros de la ya extinta organización Estación Libre compartieron la experiencia de los esfuerzos por conectar las luchas de la gente de color en Estados Unidos y las ideas y prácticas del zapatismo. De la misma manera, Emory Douglas, Caleb Duarte y Rigo 23, de Zapantera Negra, hablaron sobre la conexión artística entre el movimiento de las Panteras Negras y el movimiento zapatista. La justicia alimentaria estuvo presente en la compartición de experiencias autonómicas desde abajo en California, como la Granja Sur Central (South Central Farm), Zapotepec y el Semillero de Oxnard.

El Encuentro incluyó también un festival de cine, una exposición de arte, un recital de poesía, una noche de CompArte en el Centro Floricanto y un animado fandango en el espacio cultural y organizativo chicano Eastside Café.

• A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se intensifica la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios BAEZLN.

A 5 años de la impune ejecución extrajudicial de José Luis Solís López,(1) maestro Galeano, durante una agresión al proyecto autónomo zapatista, en la comunidad de La Realidad, el Estado mexicano reafirma su apuesta por la guerra en una región donde Pueblos Originarios construyen Vida Digna.

Desde diciembre de 2018, el Estado mexicano incrementó la militarización a territorios de Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) especialmente en la región de la Selva Lacandona,(2) como parte de la continuación de la estrategia contrainsurgente para erosionar proyectos de autonomía en Chiapas, México.

El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes.(3)

Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población: «Se observó que los vehículos militares muchas veces pasan a alta velocidad por las comunidades, sin preocuparse de personas, niñas y niños o animales en el camino».

Además en lo que va del presente año, el Frayba registró dos actos de espionaje en contra de las BriCo, en el campamento de observación internacional ubicado en La Realidad. Esta acción vulnera la integridad y seguridad personal de quienes realizan monitoreo de violaciones de derechos humanos en la región y cuya labor se fundamenta en la Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas, de la Organización de Las Naciones Unidas.

El Frayba constata con los datos recabados por las BriCo la denuncia que publicó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su comunicado del pasado 10 de abril: «En nuestras montañas y valles ha aumentado la presencia militar, policíaca, paramilitar, y de espías, orejas e informantes. Han reaparecido los sobrevuelos de aviones y helicópteros militares, así como de vehículos artillados (4)».

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El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno denunciaron que el pasado 25 y 27 de abril un grupo de personas fuertemente armado irrumpieorn en la comunidad Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, agrediendo a uno de los delegados del CNI de esa comunidad. Según la denuncia del CNI-CIG, el grupo está liderado por Artemio Álvaro Vázquez, autoproclamado dueño de las tierras de la comunidad, e incluye autoridades de la comunidad de Tioquipá El Bascán y otras 86 personas, convencidas por medio de promesas de regalo de tierras.

A continuación, la denuncia del CNI-CIG.

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Comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán ante la desaparición forzada de Nilda Rosario Francisco de la Cruz

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Presentación con vida de Nilda Rosario!

Comunidades P´urhépecha a 30 de abril del 2019.

Al Gobierno Federal. Al Gobierno de Michoacán.
A la Fiscalia General de la República. A la Fiscalia General del Estado de Michoacán.
A los Medios de Comunicación. Al Pueblo de Michoacán.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 50 comunidades originarias, manifestamos por medio del presente comunicado lo siguiente:

En Michoacán, la desaparición forzada es una política de Estado presente desde 1974, fecha en que ocurrieron las desapariciones forzadas de 5 integrantes de la familia p´urhépecha Guzmán Cruz originaria de Tarejero, a 45 años de inicio de la desaparición forzada en la entidad, el Estado mexicano, entendido por las instituciones burocráticas federales y estatales, no ha sido capaz de resolver ni un sólo caso de desaparición forzada, esto con independencia de la filiación política del partido en el poder.

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• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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¡Todo el bosque es sagrado! nos dice enérgicamente, pero con los ojos llorosos y la voz entrecortada América Morales, una mujer indígena otomí de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México. Ella, junto con un grupo de comuneros y habitantes que se reivindican como indígenas, enfrentan cotidianamente a los trabajadores de las empresas Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (Autovan), Constructora Teya, S.A. de C.V. (Teya), –ambas filiales de Grupo Higa– y también recientemente a la constructora Grupo Carso. Las y los comuneros nos dicen que las constructoras han intensificado sus incursiones a la comunidad desde septiembre del 2018 y, específicamente el 25 de marzo de 2019 –día en que pudimos estar presentes– se atrevieron a presentarse en el paraje Zarzamora con un grupo de golpeadores contratados por las mencionadas constructoras. Subversiones pudo constatar que: 1) estos golpeadores no son trabajadores regulares de las constructoras, es decir, no operan maquinaria ni realizan labores de construcción, exclusivamente –dijeron– «venimos a la negociación»; 2) eran alrededor de cuarenta hombres visiblemente agresivos que se estuvieron drogando cómodamente frente a los representantes de las empresas, los medios de comunicación que ahí estábamos y frente a las y los comuneros y habitantes indígenas; 3) amenazaron directamente a las y los comuneros, diciéndoles que «es mejor arreglarse así entre pocos» porque «es como todo, el dinero puede más, si tú me traes 100 yo te traigo 200 y si tú me traes 200 yo te traigo 300».

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Organizaciones de la sociedad civil mexicana y Derechos Humanos presentan informe conjunto documentando crímenes por tortura y tratos inhumanos cometidos por el estado en contra de la población más vulnerable. Entre los casos se incluyen los testimonios de los presos en huelga de hambre en Chiapas.

En esta semana se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, diversas organizaciones de Derechos Humanos mexicanas con el Comité de la ONU contra la tortura¹. En este encuentro se pretende evidenciar y denunciar una vez más el uso sistemático de esta práctica que engloba la tortura sexual, física y psicológica, y plantear estrategias para erradicarla. En la agenda a tratar figuran además temas transversales como son el desplazamiento y desaparición forzada, así como la detención arbitraria empleada regularmente por policías y miembros del sistema de justicia mexicano, como apunta en su informe especial Amnistía Internacional².

Aunque el uso de la tortura se da en diversos contextos, incluyendo la represión de la protesta social, un porcentaje muy importante de los casos registrados se da entre los grupos sociales mas vulnerables como son las poblaciones campesinas, indígenas y/o pobres, según el patrón “detención arbitraria-tortura-producción de pruebas ilícitas-proceso penal (y posible condena) a la víctima”³. La situación de encierro arbitrario que padecen miles de personas en México es consecuencia directa de la aplicación de la tortura en el momento de su detención con la finalidad de fabricar pruebas incriminatorias y arrancar declaraciones autoinculpatorias⁴.

Este tipo de injusticias son las que llevaron a 6 presos en lucha⁵ a iniciar desde el 15 de Marzo del presente año una huelga de hambre indefinida, a la cual se adhirieron otros presos en solidaridad, coordinados desde diferentes penales del estado de Chiapas, en exigencia de justicia y libertad. Esta acción política extrema, que pone en riesgo su propia vida, se da ante la impasividad del sistema de justicia mexicano por revisar sus expedientes repletos de graves violaciones al debido proceso jurídico. La mayoría de los presos son sobrevivientes de tortura aplicada en su contra por las autoridades que los detuvieron con el objetivo de obtener declaraciones autoinculpatorias.

A 42 días del inicio de esta acción límite, tanto las familias como los representantes de los presos han conseguido llamar la atención de las autoridades competentes y reunirse alrededor de una mesa de diálogo con el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, el cual se ha comprometido a revisar sus expedientes y a atraer los casos a la instancia única en el país operada por el Tribunal Superior de Justicia denominada Mesa de Reconciliación.

Sin embargo, y a pesar de las miles de denuncias por tortura recibidas por la Procuraduría General de la República, la voluntad estatal por investigar a las autoridades responsables y condenar este tipo de prácticas a sido cuestionada y denunciada históricamente en innumerables ocasiones⁶. A ello se suma la dificultad de demostrar el uso de la tortura cuando no hay registros de la misma, debido a que no consta en las declaraciones por coacción de los detenidos, ni suele ser documentada como tal por los peritajes médicos realizados por la PGR, como señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁷.

Los declaraciones de tortura de los presos son únicamente una muestra representativa de los miles de testimonios y denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes que constarán en el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en colaboración con organizaciones alternativas de la sociedad civil mexicana, que será presentado y discutido ante el Comité de las Naciones Unidas contra la tortura en estos días⁸.

Esta reunión se da tan solo dos semanas después de la visita que realizó a México la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en la cual expresó su preocupación al dimensionar la crisis en materia de Derechos Humanos por la que atraviesa el país, así como por los alarmantes índices de violencia que sufre la población mexicana. “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006. A la par, existen 26.000 cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. Estos datos son aterradores”⁹.

 Desde el año 2003 la tortura fue declarada sistemática en México por el propio Comité de la ONU contra la tortura, y desde entonces la comunidad internacional ha venido haciendo “recomendaciones” a México en cuanto a materia de Derechos Humanos¹⁰. Sin embargo los intereses económicos en México a nivel internacional priman sobre las exigencias de poner fin a estos crímenes, por ello 16 años después las organizaciones de la sociedad civil se encuentran nuevamente ante esta instancia internacional denunciando lo mismo. El nuevo Gobierno de México está obligado a responder ante estas acusaciones. ¿Seguirá mirando para otro lado o tomará cartas en el asunto?

El encuentro será retransmitido en vivo a través del enlace oficial http://webtv.un.org/live y se podrá seguir en las redes sociales a través del hashtag: #CAT66

El Comité publicará sus conclusiones el 17 de mayo y sostendrá una conferencia de prensa para informar de las mismas.

Artículo elaborado por el Grupo de Trabajo No estamos todxs

1     https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1256&Lang=es

2     https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4153402017SPANISH.PDF

3     http://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/MagnitudCrisisDHMexico2.pdf

4     http://hchr.org.mx/files/Relatorias/Approved-FinalConclusionesPreliminares_2deMayode2014_VisitaSRTMexico.pdf

5     http://noestamostodxs.tk/presoschiapas/

6     http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos

7     http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

8     https://frayba.org.mx/informe-alternativo-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-de-mexico-al-cat/

9     https://news.un.org/es/story/2019/04/1454171

10   http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes