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Nicaragua: el rescate de Ramón Avellán; crónica de una infamia

bendicion

Por Rafael Camacho

Masaya, Nicaragua.

“Que ningún arma forjada por la mano del hombre te haga daño y que la fuerza del todo poderoso acompañe al pueblo en la lucha para derrotar al tirano”, rezaba una mujer menuda de unos 60 años mientras ponía su mano en la cabeza de aquellos quienes se acercaron a recibir la bendición que llegó a ofrecer a una de las barricadas que se extienden a lo largo y ancho de Masaya. “Yo no he estado con ustedes en las barricadas, pero sepan que he luchado desde mi trinchera, que es la fe, haciendo mi lucha para que las cosas cambien”.

Una vez terminada la fila que se había formado para recibir su gracia, la mujer se hincó frente a la barricada levantada con adoquines que cortaba una de las calles aledañas al parque central de Masaya y, tocándola suavemente, también la bendijo. Con una calma solemne se incorporó y lentamente se echó a andar repartiendo bendiciones a quien se cruzaba en su camino. El pequeño gesto había creado un ambiente sereno que velozmente fue interrumpido por el sonido de disparos provenientes de algún lugar no muy lejano ¡ra-ta-ta-ta-tá!, ¡ra-ta-ta-tá!

Los recién bendecidos, quizás influenciados por uno de los grandes éxitos de lo que fuera la nueva canción latinoamericana, tan presente en Nicaragua durante las décadas de los setentas y ochentas, recordaron al instante que no, no basta rezar y que hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Tomaron así sus morteros y una que otra arma casera que portaban. Mientras algunos asumían nuevamente una posición de alerta, otros preparaban bombas molotov en frascos de Gerber, “esta técnica se usa desde los tiempos de la revolución”, comentaba un hombre canoso que decía haber luchado contra la dictadura de Somoza.

Se hablaba también de lo asimétrico de esta lucha, de esos hijueputas que equipados con armas de alto poder están haciendo la guerra a una población desarmada, a los hijos y nietos de quienes lucharon para derrocar al dictador Anastacio Somoza sin saber que años más tarde, uno de los líderes de dicha revolución terminaría convertido en lo mismo contra lo que un día lucharon: un tirano despótico rodeado de una élite de sinvergüenzas saqueando un país.

La orquesta Orteguista ejecutaba al pie de la letra su sinfonía de muerte, avanzaba disparando y posicionando francotiradores en puntos altos y estratégicos de su camino. Los ¡ra-ta-ta-ta-tá! de sus ametralladoras, eran respondidos con estruendosos ¡pum-pum! de los morteros de quienes defendían las calles de la ciudad. Fue precisamente uno de esos francotiradores quien acabó con la vida de Marcelo Mayorga. Su cuerpo permaneció sin vida sobre la calle varios minutos ante los ojos de su madre y esposa, quienes, desesperadas, pedían a gritos ayuda para recogerlo, lo cual probó ser una misión imposible en esos momentos ya que cuando alguien se acercaba a intentarlo, era acechado por las balas de francotiradores, quienes por alguna siniestra razón, habían decidido o ejecutado la orden de que el cuerpo permanecería ahí, desangrándose a mitad de la calle, a la vista de todos, durante el tiempo que ellos quisieran. Marcelo, ya muerto, yacía sobre el concreto aún sosteniendo su arma en mano: una resortera de madera.

Con el paso de las horas la caravana del terror continuaba avanzando hacia su objetivo: la estación de policía de Masaya. Su misión: rescatar al comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional quien se encontraba atrincherado desde hacía más de dos semanas en las instalaciones de la comisaría. Luego de iniciadas las protestas en Masaya el pasado 19 de abril, Avellán fue el responsable de “contener” el levantamiento. La represión desatada por el comisionado y su grupo de policías antimotines dejó un saldo de 18 muertos entre el 19 de abril y el 18 de junio.

El comisionado y su grupo de sicarios no contaban con que, para defenderse de las balas, los pobladores de una ciudad que desde tiempos coloniales, ha sido cuna de la resistencia y semillero de luchadores, levantarían cientos de barricadas a lo largo y ancho de la ciudad y que dichas barricadas terminarían por cerrar todos los caminos aledaños a la comisaría impidiendo su salida y provocando que se tuvieran que atrincherar en el centro de una población que los sabía responsables de asesinar a sus padres, hermanos, hijos y amigos.

En las calles continuaba la batalla para impedir el rescate de Avellán y su banda de matones. En algún momento entre las 10 y 11 de la mañana, un grupo de antimotines se posicionó en el parque central y comenzó el intercambio de balas y morteros con quienes defendían la barricada misma que, horas antes, había sido bendecida. Mientras algunas balas silbaban, otras se estrellaban contra la barricada de adoquines, que resistía firme, quienes la defendían, buscaban el mejor lugar para disparar un mortero, una pequeña rendija desde donde apuntar el arma casera o un lugar para proteger el cuerpo, la cabeza. La intensidad del combate se mantenía desde hacía varias horas pero el sonido de las balas, más letales que los morteros, se imponía con mayor vigor.

Luego de casi una hora de combate en las inmediaciones del parque llegó la noticia: el comisionado había sido rescatado y se encontraba a salvo fuera de la comisaría. La frecuencia de las balas en ese sector disminuía, los policías y paramilitares habían logrado su objetivo pero, aún así, buscaban mantener su posición a base de constantes ráfagas y disparos de diversos calibres. Algunos heridos de barricadas aledañas eran cargados y llevados a los puestos médicos organizados de manera autónoma ó entregados a la Cruz Roja. Por alguna razón terrenal o divina, ningún herido pertenecía a la barricada bendecida.

En varias zonas de la ciudad el asedio parapolicial continuaba variando en proporción y al recorrer las calles era posible encontrarse con grupos grandes de combatientes que volvían de la batalla, cansados, enojados por la impotencia de enfrentar a un enemigo muy superior en cuanto a poder de fuego y equipamiento. Se escuchaban historias del combate, se contabilizaba a los heridos y se trataba de confirmar las bajas mientras se preparaba la estrategia a seguir durante las próximas horas.

En redes sociales circulaban fotos de Avellán y sus asesinos, en ellas aparecían sonrientes, orgullosos de haber sido rescatados en el contexto de una operación militar dirigida contra población civil desarmada.

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Jornada contra feminicidios en Tepoztlán, Morelos

Video: Carolina Corral
Fotografía y texto: María González

El pasado domingo 10 de junio organizaciones y colectivas feministas así como personas solidarias e indignadas realizaron una jornada de protesta en Tepoztlán, Morelos, debido a que el jueves 7 de junio apareció en su demarcación territorial el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años, estudiante de odontología de una universidad privada ubicada en la salida norte de Cuernavaca, quien fue reportada como desaparecida un día antes a través de redes sociales.

El cuerpo de la joven –de quien su madre pidió no publicar el nombre– fue localizado en un paraje de San Juan Tlacotenco, localidad perteneciente al municipio de Tepoztlán. Éste es el tercer feminicidio en lo que va del 2018 en dicho municipio y el número 33 en el estado. Las manifestantes denunciaron que las instituciones públicas y el gobierno morelense han guardado silencio al respecto de la problemática y han sido omisos en cuanto a su responsabilidad de resolver la crisis de violencia que impera en el estado, la cual se ha incrementado en los últimos años a pesar de que, desde mediados de 2015, y bajo presión de la sociedad civil organizada, se activara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

Con una batucada, mantas, cartulinas con mensajes de conscientización e informativos, y una voz colectiva potente, las colectivas y un nutrido contingente marcharon desde la entrada del pueblo hacia el centro, rodearon la cuadra de la plaza principal para llegar a la plaza en donde leyeron dos pronunciamientos (aquí uno) sobre la indignante situación de violencia que se vive en el estado y las exigencias a los responsables de las instituciones que se supone hacen frente a los problemas de seguridad pública. También se cantó a coro una versión feminista de La llorona y se leyó un poema de denuncia y contestatario ante las violencias feminicidas de que somos objeto y testigxs.

Al haber sido en fin de semana, la movilización tomó por sorpresa a vecinxs y turistas que paseaban o comerciaban en la zona y mucha gente aplaudió y grabó con sus celulares la manifestación que expresaba por todo lo alto el gran dolor y la rabia ante la inacción y la impunidad que han sido las respuestas oficiales alrededor de este grave problema social durante los últimos años.

El Frente Feminista de Morelos reporta 135 desapariciones de mujeres en el estado sólo durante el 2018 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha registrado entre los años 2000 y 2017 más de 850 feminicidios en la entidad. Tras casi tres años de haber entregado 15 recomendaciones para prevenir, atender, sancionar, documentar y erradicar la violencia de género, la Comisión acusa una nula rendición de cuentas, que la constante es la revictimización de las mujeres y sus familias, que hay ausencia de justicia, falta de preparación, corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policiacos.

Tras realizar las acciones enlistadas, la manifestación se trasladó a las afueras del Auditorio Ilhuicalli, donde se llavaba a cabo un debate entre candidatxs a la presidencia municipal de Tepoztlán. Mientras afuera continuaban las canciones, la poesía, las pegas de cartulinas, las denuncias y un performance participativo para evocar la presencia de las morelenses asesinadas y desaparecidas a través de los años; adentro, una comisión entregó los pronunciamientos y una carta de exigencia para que lxs candidatxs asumieran públicamente el compromiso de reducir los índices ominosos de las violencias contra las mujeres en sus diferentes formas.

Asimismo, las organizaciones feministas morelenses citaron hoy, jueves 14 de junio, a lxs candidatxs a la gubernatura del estado en la Plaza de Armas de Cuernavaca para que firmaran una carta compromiso con siete puntos para actuar por la vida y la seguridad de las mujeres morelenses. Entre estos puntos destacan el cumplimiento de las medidas emergentes –decretadas anteriormente– para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que se cumpla lo estipulado en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; que se eleve el presupuesto y la capacitación a las dependencias que hacen frente a la problemática, incluyendo la instrucción a la fiscalía general del estado sobre la revisión e investigación de los expedientes de casos para que entregue avances concretos; así como la realización de mesas de trabajo bimestrales con las organizaciones de la sociedad civil (OSC’s) para dar seguimiento y entregar informes de los avances al respecto. Es decir, que la exigencia a las instituciones, tristemente, sigue siendo que simplemente hagan su trabajo, lo que se supone da razón de su existencia y que, sin embargo, no cumplen, aunque sí gasten el presupuesto público.

A final de cuentas las y los manifestantes se abrazaron y lloraron las pérdidas de más mujeres, unas con otras, reivindicaron la lucha por la verdad y la justicia, también por la alegría; pusieron en acción la memoria colectiva y llamaron a fortalecer los lazos comunitarios para el cuidado mutuo. Ante un estado omiso y feminicida, es imperativo el grito fuerte que sonorice y visibilice los horrores –si no como única acción, claramente una indispensable; y nunca más permitir que prevalezca el silencio. En alto y firme la exigencia y la presión por la justicia, no es una petición, no es un favor que se mendiga. Mientras no haya seguridad para las mujeres, niñxs, hombres y ancianxs en México, seguirán retumbando en las calles de los pueblos y ciudades las voces, los cantos, las memorias de quienes día a día son arrebatadxs por un sistema mortífero; sistema que hay que transformar o derrumbar –según la ideología– para la restitución de condiciones dignas para la vida.

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Oaxaca, el epicentro de la miseria (partes I, II y III)

Reportaje y fotografías de José Luis Santillán

I.

En la pasada serie de reportajes “Guerrero, el laboratorio del miedo” analizamos ligeramente algunas aristas de los efectos sociales del miedo provocados por el terrorismo de estado, llamado por los medios masivos de comunicación “fenómeno de la narcoviolencia”. Vimos los terribles efectos que causa en la población, la inminente y necesaria vinculación con el estado-capitalista mexicano, así como el uso contrainsurgente que se despliega por parte de las fuerzas armadas mexicanas.

Esta nueva serie periodística busca ser un puente para comenzar a entender la pobreza y sus efectos sociales, como parte de un entramado complejo de ingeniería del conflicto y el control social que se ejerce en contra de las clases subalternas. En especifico nos dimos a la tarea de ir a Oaxaca, el estado más pobre de México, para poder compartir testimonios reveladores e impactantes de este país donde nuestros gobernantes mienten públicamente, diciéndole al mundo que el rezago social se está abatiendo.

También analizaremos los efectos psicológicos de la pobreza en la población y el uso de estos para incrementar aún más las obscenas ganancias económicas de la reducida elite empresarial mexicana y transnacional. Inherente al control social que significa limitar o direccionar la educación, la economía, la movilidad y la salud de la población, a través de la pobreza y su desmedido incremento, en conjunto con la híper violencia propiciada en el país, son rasgos -que es necesario evidenciar- de una contrainsurgencia cada vez más especializada no sólo en la neutralización de sus objetivos sino también en el camuflaje social.

Es fundamental entender el papel de la pobreza en México, no como institucionalmente se utiliza por todos los gobiernos y supuestas tendencias ideologías. Ni siquiera los autoproclamados partidos de izquierda proponen apuntar a la raíz fundamental del problema, porque también viven y se nutren de los pobres, ya sea como eslogan, cuota o “capital social”. Es necesario que desde el pensamiento crítico se puedan analizar y divulgar las más novedosas formas que implementa el terrorismo de Estado para mantener su poder político y económico a nivel global.

Oaxaca, el precio de ser pobre, indígena y mujer.

A partir de la medición en 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el estado de Oaxaca se situó en el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Rezago Social. Este indicador representa cuatro dimensiones asociadas al fenómeno de pobreza en México. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el estado con más población indígena en el país, lo que representa, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, que en México y especialmente ahí, la población indígena es la más pobre entre los pobres. La misma fuente oficial confirma que no existe más vulnerabilidad que ser mujer, indígena y pobre en este país que esa entidad. Estas características son muy similares en Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Pasar de las fuentes gubernamentales a la realidad es aún más terrible si a todas las carencias  le  sumamos la cuota de violencia desmedida que se centra principalmente en las zonas con más pobreza y marginación del país. Para marzo de este 2018 ya se contabilizaban 143 feminicidios en el gobierno de Alejandro Murat. De acuerdo a las estadísticas oficiales 527 fueron en el periodo de  Gabino Cué, 283 con Ulises Ruiz Ortiz y 429 con José Murat. Es por esto que diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado la urgencia de declarar la alerta de género para la entidad.

Una de las zonas recorridas para este reportaje fue la Selva Chinateca, en la región de la Chinantla. En el municipio de Santiago Jocotepec se encuentra la comunidad de Cerro Caliente. Ahí platicamos con Victoria Jiménez Mendoza, indígena que nació y creció en esta región, donde ahora sus hijos y su familia luchan día a día por sobrevivir y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Victoria nos cuenta cómo se vive en este municipio donde el 99,68% de la población es indígena y es considerado alta marginación.

Los paisajes son impresionantes. El agua es abundante, los ríos que vienen desde Veracruz  y prosiguen su paso hacia la costa, son majestuosos. Para llegar a algunas comunidades hay que pasar por los puentes colgantes de hasta 150 metros de longitud. En medio de esta gran belleza de la selva Chinanteca las comunidades indígenas sobreviven entre condiciones lacerantes que distan mucho del Oaxaca que presento el Gobernador Alejandro Murat en su primer informe de gobierno.

Ese Oaxaca moderno del siglo XXI está muy lejos de estos hermosos parajes y no es una lejanía que sólo pueda medirse en kilómetros, hablamos del hambre, desnutrición, muerte por enfermedades curables, condiciones de vida en indigencia y marginación. La entrevista con Victoria es amena. Ella no pierde la sonrisa a pesar de que los temas de los que platicamos no son fáciles, estamos en el patio de la escuela primaria de la comunidad e iniciamos el diálogo sobre tres puntos fundamentales para cualquier población: la salud, el trabajo y la educación.

¿Podrías presentarte y platicarnos cómo se vive en esta región?

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El cooperativismo de vivienda uruguayo: cinco décadas construyendo comunidades urbanas

Texto: Katia Valenzuela | Foto y video: Jerónimo Díaz

Co-publicación entre SubVersiones (México) y Resumen (Chile).

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) es uno de los movimientos sociales más emblemáticos de América Latina y un referente internacional en el cooperativismo de vivienda. Con casi 50 años de trayectoria, FUCVAM federa a 363 cooperativas habitadas, que en conjunto proveen de vivienda a 18 mil familias uruguayas. Esto sin mencionar 90 proyectos en trámite y otros 62 en etapa de construcción. Bajo los principios de ayuda mutua, autogestión, democracia directa y propiedad colectiva, este movimiento reivindica el derecho a la vivienda y a una vida digna, desafiando las reglas de la oferta y la demanda que buscan subsumir todas las esferas de la vida.

¿Cómo nace y se sostiene este monumental proyecto cooperativo? ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Qué aprendizajes de esta experiencia podemos extrapolar a nuestras propias realidades en Chile, México y otros países latinoamericanos? Gracias a las compañeras y compañeros de FUCVAM, que generosamente nos abrieron las puertas de su organización y cooperativas en Montevideo, este breve reportaje busca contribuir a esta reflexión, visibilizando un modelo pionero en la construcción de vivienda digna en América Latina.

Primeras décadas: entre la fuerza del movimiento popular y la amenaza de los de arriba

El nacimiento de la FUCVAM fue posible gracias a la acumulación de fuerzas del movimiento popular en el Uruguay, que durante la década del sesenta resistió la avanzada conservadora y presionó para que se legislara a favor de los derechos sociales de la población. En este contexto, en el año 1968 se aprueba la ley 13.728 que da origen al Plan Nacional de Vivienda. Esta legislación, aún vigente en el Uruguay, permitió la creación de un Fondo Nacional orientado a la construcción de vivienda para la clase trabajadora, y formalizó la figura de las cooperativas de vivienda. Con la nueva institucionalidad, la opción cooperativa tomó fuerza, e influenciadas por el movimiento sindical, estas asociaciones prontamente decidieron articularse. El 24 de mayo de 1970 nace la FUCVAM, como organización de segundo grado que federa a las cooperativas de ayuda mutua, en aumento en el país. Fernando Zerboni, ex secretario general de FUCVAM y actual director de su Escuela Nacional de Formación, explica el origen de la Federación:

En 1970 en el Uruguay había once cooperativas (…). En ese momento se propone la formación de una coordinadora de las once cooperativas a fin de simplificar procesos de compras de materiales y de reivindicación de algunas de sus necesidades. En la medida que las cooperativas estaban integradas fundamentalmente por trabajadores, casi enseguida surgió la idea de constituir una especie de sindicato de las cooperativas, o sea, la Federación.

Desde su nacimiento, el movimiento cooperativo tuvo un crecimiento exponencial, hasta que los días oscuros de la dictadura uruguaya amenazaron su florecer. Entre 1973 y 1985, aunque mantuvo su estatuo legal, la FUCVAM, al igual que el resto del movimiento popular, fue duramente golpeada por el régimen autoritario, negándosele personería y tierras y retrasando la entrega de préstamos. Pero a pesar de la vigilancia y obstáculos interpuestos por el régimen a las cooperativas, éstas buscaron formas creativas de seguir existiendo, convirtiéndose en espacios centrales para la solidaridad popular, rearticulación del movimiento social y resistencia a la dictadura. Así, las cooperativas de vivienda levantaron guarderías, policlínicas, ollas populares y salones comunales, además de sumarse activamente a la lucha por la defensa de las empresas públicas y de rechazar la reforma constitucional que buscaba la legalización de la dictadura.

Placa conmemorativa frente al local sindical de los funcionarios judiciales. Además de servir al movimiento sindical, el edificio alberga a la cooperativa de vivienda COVIAFJU 1.

Uno de los golpes más duros a la organización se dio en el año 1983, con la orden gubernamental de modificar la tenencia de las viviendas y su re-tipificación como «propiedad horizontal». Con esta acción, se buscaba quebrar el poder colectivo del movimiento, su poder reivindicativo, y su visión social de la vivienda. Pero a pesar de la represión y restricción a las libertades individuales y colectivas, las y los cooperativistas resistieron la medida, iniciando un proceso de movilización y recolección de firmas que logró la no aplicación del decreto por parte del régimen. Con el retorno a la democracia en 1985, el cuestionado decreto no fue inmediatamente anulado, por lo que la movilización popular continuó siendo un recurso necesario para las y los cooperativistas de FUCVAM. Gracias a las multitudinarias movilizaciones, tomas de terrenos e interpelación a las nuevas autoridades políticas, FUCVAM logró mantener su modelo popular de acceso a vivienda. Este modelo fue validado por las propias familias cooperativistas, quienes por votación optaron por la continuidad del estatuto de usuarios de las viviendas, en contraste con el de propietarios.

Construyendo vivienda y vida digna: la consolidación del cooperativismo de vivienda 

A lo largo de su trayectoria, la FUCVAM ha logrado consolidar un modelo alternativo de acceso a la vivienda popular y de construcción de comunidad, basado en cuatro principios rectores: la ayuda mutua, la autogestión, la democracia directa y la propiedad colectiva.

La ayuda mutua consiste en la construcción de los complejos habitacionales mediante la contribución en trabajo de los/as propios/as cooperativistas, quienes aportan tanto en el diseño y ejecución de las obras como en la gestión y control del uso de los recursos. Este aporte se cuantifica en un mínimo de 21 horas semanales de trabajo familiar durante el período de edificación.

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Prepa José Martí: reconstruir con alegría.

Por Dante Saucedo y Regina López

A casi nueve meses del sismo que devastó la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la catástrofe se ha cubierto con el velo de la cotidianeidad. En San Francisco Ixhuatán, la vida parece retomar su cauce entre pequeñas montañas de cascajo. Algunas casas se han comenzado a reconstruir o a reforzar, y otras familias todavía duermen en casas de campaña donadas luego del sismo. Los créditos, los fondos y las construcciones son parte, ya, de la nueva vida istmeña luego del sismo.

En la Cuarta Sección de Ixhuatán, un pueblo zapoteco, se encuentra la Preparatoria Comunitaria José Martí, fundada en 1982 y construida con el tequio de miembros de la comunidad. Desde el 7 de septiembre pasado, el equipo de la Prepa no ha parado de trabajar; se han movilizado como si el movimiento de la tierra se les hubiera metido adentro. La noche misma del terremoto salieron, como todos, a reconocer su pueblo y tratar de asimilar la magnitud del desastre. Desde entonces, como pocos, han trabajado para reconstruirse.

Las tres aulas de la escuela fueron dictaminadas como pérdida total. Aun así, en el amplio terreno que conforma el espacio de la Prepa, maestras, maestros y estudiantes se organizaron para comenzar a trabajar; desde allí se hicieron fuertes para poder traspasar las aulas.

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Te seguimos buscando, Bruno

<<Te seguimos buscando, Bruno>>: Lukas Avendaño

Por Jorge González y Rocío Flores

OAXACA, Oax. El tiempo transcurre, pero los familiares de Bruno Avendaño no pierden aliento. Con 35 años, Bruno Alonso Avendaño Martínez, el joven istmeño desaparecido el 10 de mayo pasado, se suma a la lista de 191 personas reportadas como desaparecidas en Oaxaca. En México son casi 35  mil, según reportes oficiales.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el país reporta 34 mil 268 entre 2014 y marzo de 2018, aunque según el informe de Amnistía Internacional de 2017/2018, “la cifra es más alta debido a que los datos oficiales excluyen los casos federales anteriores a 2014″.

La familia de Bruno comenzó la búsqueda el día mismo de su desaparición; después intervino el Ejército Mexicano, coordinado con autoridades municipales de Tehuantepec. Un día después la familia hizo una denuncia por desaparición en el Ministerio Público. Los familiares de Bruno señalan que hay ineficacia de la Fiscalía Regional del Istmo.

El artista Lukas Avendaño, hermano de Bruno, dijo que no están investigando, “eso ha alentado el proceso de búsqueda. Aún no se revisan cámaras ni la posible ubicación de mi hermano por medio de su celular, nada”, aseguró vía telefónica el perfomancero de talla internacional.

La actuación de la Fiscalía orilló a familiares y amistades de Bruno y Lukas Avendaño a iniciar acciones de búsqueda y, a la par, de protesta. Colectivos y amigos hicieron un llamado a través de las redes sociales para manifestarse el día de hoy en las oficinas de la Casa de Representación del estado de Oaxaca, en la Ciudad de México.

El día 15 de mayo, familiares, amigos y distintos colectivos se manifestaron afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) pidiendo una audiencia con el procurador general Alberto Elías Beltrán. El funcionario no atendió la demanda.

Ante la negativa, el contingente se dirigió a las oficinas temporales de la PGR, donde la respuesta fue similar: “aquí no está el subprocurador, ni el procurador, aquí están sus oficinas de forma temporal por los terremotos, pero ellos no están aquí”, dijo un agente que resguardaba el sitio.

Han pasado siete días desde la última vez que vieron con vida a Bruno. Eran aproximadamente las tres de la tarde del pasado 10 de mayo cuando, según testigos, fue visto en el paraje Los Manguitos, en la carretera Transístmica. Eso fue lo último que supieron sus familiares sobre su paradero.

Lo que probablemente pudo haber sido un día de celebración para la familia Avendaño se convirtió en una jornada de búsqueda e incertidumbre que se ha prolongado hasta el día de hoy.

Mientras continúan las acciones, el artista oaxaqueño no cesa en llamarlo, apenas ayer escribió un mensaje dedicado a Bruno, su nene grande, su nene xhunco —«el más pequeño» en zapoteco— como le llama en su texto titulado: Seguimos buscando a Bruno.

“Nunca nos cansaremos. Te buscaremos Bruno. Y yo sé que cada hoja guardará la forma de tus ojos. Y las piedras la tibieza de tu corazón. Te seguimos buscando. Y nunca perderemos la esperanza de abrazarte […] Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar”, cita al final el artista oaxaqueño.

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La lucha por la autonomía en Eloxochitlán de Flores Magón (1ra. y 2da. parte)

Eloxochitlán de Flores Magón, cuna del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, es un municipio de aproximadamente 5 mil habitantes ubicado en la región Cañada del estado mexicano de Oaxaca. El municipio de Eloxochitlán, como casi dos terceras partes de los municipios en el estado de Oaxaca, se rige bajo el sistema de usos y costumbres o sistema normativo de las comunidades indígenas.

Cada tres años se lleva a cabo la elección de las autoridades municipales así como de representantes de barrio; la comunidad se conforma por 24 barrios y dos agencias municipales o rancherías. Los agentes municipales son elegidos por usos y costumbres por periodos de un año; entre sus principales funciones están la de representar a la agencia dentro del ayuntamiento y ser gestor de los asuntos de su comunidad. La Asamblea General es el órgano de toma de decisiones,que se da por medio del voto a mano alzada. A diferencia de otros municipios del estado de Oaxaca, en Eloxochitlán, también hay participación de las mujeres en la toma de decisiones.

La intromisión de los partidos políticos

A principios del año 2010, con vista a las elecciones comunitarias de noviembre, comenzó la intromisión de los partidos políticos en el proceso comunitario; la compra y coacción del voto con el fin de ganar el apoyo de la comunidad fueron sólo algunas de las acciones emprendidas por los partidos políticos y sus representantes con el fin de ganar las elecciones en una clara violación a las formas tradicionales de toma de decisiones.

Luego de la derrota de Eviel Pérez Magaña, candidato del PRI a la gubernatura del estado en contra de la coalición «Unidos por la Paz y el Progreso», integrada por PAN, PRD, Convergencia y PT; Manuel Zepeda, priísta originario de Eloxochitlán, fue cobijado por Convergencia para buscar la presidencia municipal y por medio de la compra de votos y alianzas con líderes barriales, logra el triunfo en la asamblea de una forma muy ajena a las formas tradicionales de toma de decisiones con tan sólo una tercera parte de los votos.

Las partes inconformes pidieron una integración en los espacios del cabildo –como es tradición en la comunidad, donde el segundo y tercer lugar en las votaciones forman parte del gobierno con el candidato vencedor–, pero ante la negativa y cerrazón del candidato electo, los inconformes acuden a la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO) y las autoridades competentes, de quienes no reciben una respuesta favorable. Así inicia un conflicto post-electoral y el surgimiento de la asamblea comunitaria que realiza manifestaciones y acciones de presión con el objetivo de que se respeten las formas tradicionales de toma de decisiones e integración del cabildo.

Para el 31 de diciembre de ese año y ante el conflicto post-electoral, Eusebio Morales Alfaro, presidente saliente, decide no dar posesión a Manuel Zepeda. Ello deriva en el cierre del palacio municipal y la toma durante dos días de la carretera Puente de Fierro, que comunica los poblados de Teotitlán de Flores Magón y Huautla.

Ante la falta de acuerdos y las movilizaciones en contra de Manuel Zepeda, encabezadas por integrantes de la asamblea comunitaria, la SEGEGO llama a las partes al diálogo para una supuesta «integración y toma de acuerdos que permitan dar fin al conflicto post-electoral», pero todo es un montaje para sofocar el movimiento de la asamblea. El falso diálogo deviene en la liberación de órdenes de aprehensión contra integrantes de la Asamblea Comunitaria y la detención de Jaime Betanzos Fuentes, integrante de la comisión negociadora, quien es trasladado al penal de alta seguridad de Miahuatlán. Esto conlleva un rompimiento total del diálogo entre la Asamblea Comunitaria y el gobierno del estado.

Un gobierno represivo

Una semana después de la detención de Jaime Betanzos y el rompimiento del diálogo, un operativo policial de los tres niveles de gobierno ingresa a la comunidad para «reestablecer el orden». En este operativo se realizan cateos ilegales en casa de algunos integrantes de la asamblea comunitaria.

Pero esto no basta para frenar la la exigencia de liberación de Jaime Betanzos; tampoco la organización. Por ejemplo, los trabajos comunitarios conocidos como tequios o faenas –la limpia de caminos y carreteras y la delimitación de territorios entre municipios vecinos, entre otras cosas–. El 13 de febrero del año 2011 después de haber realizado labores informativas en la comunidad, invitando al tequio del día 14 por la libertad de Betanzos, un grupo de aproximadamente diez integrantes de la asamblea comunitaria fueron interceptados, golpeados y amenazados por el presidente municipal Manuel Zepeda junto con un grupo de choque apoyado por policías municipales.

A la mañana siguiente durante los trabajos de la faena, decenas de integrantes de la asamblea que limpiaban la carretera a Santa Cruz, son golpeados brutalmente por un grupo de choque encabezado nuevamente por Manuel Zepeda y su hijo, con el claro objetivo de desarticular la organización para eliminar cualquier obstáculo a su gobierno.

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Atenco: 12 años del Mayo Rojo

Por Debora Ceruti

Edith Rosales fue una de las 47 mujeres torturadas sexualmente durante la represión en mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco. A doce años, su testimonio refleja la actual impunidad del Estado.

San Salvador Atenco es una localidad de México a 40 kilómetros del Distrito Federal, escenario en 2006 de un operativo policial que derivó en la represión que se conoció como el “Mayo Rojo”.

El origen del conflicto se remonta a 2001 cuando el ex presidente Vicente Fox anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Esto implicaba la expropiación de predios en los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco y Chimalhuacán, zonas agrícolas donde se desarrollan vidas indígenas campesinas.

A partir de allí, la historia de estos municipios estaría marcada por la resistencia de pobladores y ejidatarios que conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que todavía se oponen a ser desalojados de sus tierras. A la resistencia se sumarían, años más tarde, adherentes a la campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El 3 de mayo de 2006, el actual mandatario Enrique Peña Nieto (que en ese entonces era gobernador del Estado de México) ordenó el desalojo de comerciantes de flores en el mercado de Texcoco para construir un supermercado. Ante esto, los pobladores y el FPDT decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lechería.

El 4 de mayo por la madrugada, más de dos mil quinientos miembros de las fuerzas policiales ingresaron a la comunidad, dejando como saldo trágico dos muertos, la detención de 207 personas, la expulsión de cinco extranjeras del país, cientos de manifestantes heridos y decenas de mujeres que fueron torturadas física, psicológica y sexualmente.

No hay sentencia, no hay justicia

Georgina Edith Rosales Gutiérrez fue una de las 47 mujeres detenidas y torturadas sexualmente en la represión de Atenco. A doce años de aquel Mayo Rojo, sigue en el camino de buscar justicia.

En el 2008, ella, junto a diez mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la tortura sexual de la que fueron víctimas durante la represión de Atenco. Edith aclara que no fueron solo once las que sufrieron agresiones, pero que en el caso de algunas compañeras, prevaleció el silencio provocado por el miedo.

En el 2015 se dio una audiencia con la CIDH. Poco tiempo después, la Comisión dio a conocer “recomendaciones” al gobierno de México. Las mismas son resumidas por Edith de la siguiente manera: “Que se promueva la justicia para nosotras. Que se nos repare el daño. Que no se vuelva a repetir”. El gobierno hizo caso omiso: nunca cumplió.

La CIDH mandó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La misma tiene la potestad de condenar al Estado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Atenco y ordenar una nueva investigación. Así es como se desarrolló una audiencia en 2017 en Costa Rica, en que se presentó una delegación del gobierno mexicano y las once mujeres denunciantes de violencia sexual, entre ellas Edith.

La ex presa política de Atenco manifestó la necesidad de que se juzgue tanto a los autores materiales como a la cadena de mandos de las fuerzas públicas de seguridad, así como a los autores intelectuales:

“Que se haga justicia implica que la gente que lo hizo materialmente no se las castigue nomás a ellas, sino que implica que juzguen a todos, entre los que está el presidente Peña Nieto. Estamos esperando la sentencia, que es vinculatoria. Pensamos que no va a ser antes de que él salga”.

Al mes de haber regresado de la audiencia en Costa Rica, las denunciantes se encontraron con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, norma que perpetúa el uso de policial de las fuerzas armadas: el Ejército y la Marina asumen el trabajo de fuerzas civiles en las calles y rutas de cientos de municipios en México, desde 2017, con un marco jurídico para su actuación. La sentencia de la Corte está demorada y la justicia no llega.

Con temor y amedrentamiento hacia los pobladores de Atenco, el proyecto del Aeropuerto intenta seguir avanzando.

Doce años antes

 Querían matar dos pájaros de un tiro, la resistencia en Atenco y la Otra Campaña. No pudieron”.

Edith se recuerda doce años atrás como una mujer luchadora, trabajadora, madre de tres hijas. En ese entonces, era empleada en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). En 2006 estaba en el recorrido de La Otra Campaña, iniciativa política impulsada por el EZLN y el movimiento zapatista que implicó el crecimiento de una corriente nacional de solidaridad y apoyo a las luchas mexicanas, basado en la adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Ese 3 de mayo de 2006, Edith ya era adherente a la Sexta y parte de la Otra Campaña. Les tocaba organizar el recorrido en la capital mexicana. Cuando la delegación zonal centro estaba reunida en la Plaza de las Dos Culturas, desde Atenco les comunicaron que Javier Cortés, un niño de 14 años, había sido asesinado de un balazo. “Todos nos indignamos. En el recorrido estaba el Subcomandante Marcos. Nos reunimos por sectores y decidimos ir a la gobernación, a los periódicos, y otros dijimos ‘ahorita vamos’. Fue como nos fuimos a Atenco a solidarizarnos”.

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¿Qué sucede realmente en Nicaragua?

La historia cambia a conveniencia de quienes la gobiernan. Por eso es importante contextualizar a nivel internacional las causas que actualmente han llevado a estudiantes de distintas universidades del país a salir a las calles para reclamar sus derechos y por qué la Policía Nacional los está matando.

Luego que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, perdió las elecciones presidenciales de 1990, en un entorno de guerra y extrema pobreza en el país, este partido comenzó a fragmentarse; las diferencias internas causaron que muchos dirigentes e intelectuales que lucharon contra la dictadura somocista se salieran de las bases del Frente. Durante la década de los noventa el Partido desarrolló una lucha constante contra los gobiernos neoliberales, quienes entre su corrupción e inoperancia no sacaron al país de la pobreza.

En 2007 Daniel Ortega, presidente del FSLN regresó al poder, la población necesitaba un cambio y creyeron que utilizando los símbolos de la revolución nacional podían encontrar un refugio y crear cambios positivos para el país. Al menos así fue el discurso de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes hasta la fecha han gobernado a su conveniencia. Ambos se apropiaron de la simbología del sandinismo para crear bases sólidas en distintos sectores de la población. Su poder incrementó hasta desestabilizar a todo tipo de oposición. En ésta se ubican diferentes grupos universitarios que se han manifestado por las acciones contradictorias de este gobierno mal llamado sandinista.

Los símbolos y discursos del gobierno se acrecentaron con los años. Rosario Murillo comenzó a promover un discurso de paz, amor y solidaridad desde una óptica homogénea que, ella, su familia y un grupo de seguidores selectos, consideraron como los símbolos de esta nueva etapa sandinista. Son estos los símbolos que hoy se esparcen por todas las calles del país con el objetivo de crear una presencia omnipresente y autoritaria, como por ejemplo los «árboles de la vida» –árboles de metal de 17 y 21 metros de largo y un ancho de hojas de 13 metros por 9, en material de acero, 7 toneladas de peso y 15 mil bombillos tipo led por árbol– y los mega rótulos con las imágenes de autoridades, mismos contra los que la población ha canalizado su descontento en las manifestaciones recientes, en un intento por destruir los símbolos de este gobierno dizque sandinista de la última década. Desde la cúpula de poder también se ha promovido la manipulación propagandística y un discurso tergiversado sobre las causas por las que los primeros sandinistas lucharon (actualmente dejadas en el olvido).

Por eso es importante aclarar que el pueblo nicaragüense actualmente no está peleando contra aquel partido sandinista que una vez puso a Nicaragua en la discusión mundial; tampoco se pelea contra una Juventud Sandinista que organizó una de las mejores cruzadas de alfabetización en la historia contemporánea. Tampoco se lucha por los errores de la guerra que la generación en turno cometió durante los años 80, junto con sus dirigentes ¿Por qué lucha hoy, entonces, el pueblo nicaragüense?

Hoy se lucha contra una familia que utiliza a su conveniencia ese pasado por medio de discursos retorcidos que, más allá de convencer a los ciudadanos de una unidad reconciliatoria, ponen en evidencia sus políticas autoritarias que censuran cualquier tipo de diálogo distinto al de ellos. Este mes de abril de 2018, las problemáticas en Nicaragua se rebalsaron. Las decisiones arbitrarias del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo han hecho que los estudiantes salgan a las calles pacíficamente a marchar en contra de esos errores. Las autoridades, por su parte, arremetieron con mano de hierro contra los estudiantes pensando que con el miedo iban a silenciarlos, pero más bien provocaron un giro de tuerca que tiene al país en el desenfreno total. El gobierno de Nicaragua ha olvidado las consignas de aquel partido de Carlos Fonseca Amador y los ideales que lograron que muchos países se sumaran a su causa.

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Haitianos cambian rutas de migración tras crisis en Brasil

Por Avispa Midia. Texto: Renata Bessi / Fotografías: Anderson Barbosa y Renata Bessi

Brasil fue el país que más recibió los haitianos luego del trágico terremoto de 2010.
Pero ¿cómo están los haitianos ahora con la crisis por la cual pasa Brasil,
agravada por el golpe de 2016?

Caminar por las calles de la región central de São Paulo, principal centro económico financiero de Brasil y de América del Sur, siempre se ha presentado como una explosión de experiencias sensitivas, justamente por la concentración de diversidad cultural que se hace presente en este lugar. Con la llegada de los africanos y principalmente con la entrada masiva de haitianos en este país en los últimos años, esta experiencia se ha intensificado con nuevas formas, sonidos, colores y fragancias, que se expresan en sus puestos de venta de comida, en sus vestimentas, en las obras y artesanías que vendan en las calles. El misticismo que encierran sus rituales religiosos atrapan la atención de los transeúntes en las principales plazas publicas.

Desde el año 2010 hubo un cambio radical en los flujos migratorios hacia Brasil. Anteriormente, era un flujo predominantemente sudamericano, especialmente de bolivianos, paraguayos y peruanos, que llegaban a este país para trabajar en el sector de la industria textil. Después de 2010, una oleada masiva de personas de origen haitiano comenzaron a llegar, personas que no tuvieron otra opción tras la destrucción de su país con el terremoto en el año 2010. También aumentó el flujo de migrantes provenientes de África tras las restricciones migratorias que les impuso la Unión Europea. Sobre todo los haitianos, estuvieron vinculados en pequeñas ciudades en el interior de los estados de Santa Catarina, Río Grande del Sur y sobretodo Sao Paulo, en el sector agro-alimentario, principalmente en el procesamiento de la carne a escala industrial y la construcción civil.

De a cuerdo con el diagnostico realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y por el Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, hasta finales del año 2016 fueron emitidas 67 mil autorizaciones de residencia permanentes y temporales para haitianos en Brasil. Pero en general se estima que al menos 98 mil haitianos ya habían ingresado entre los años 2014 y 2015.

Hacia la frontera norte de Brasil

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