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Desalojados de la ciudad de México apuntan que los Tribunales colaboran con el despojo

Texto: Eliana Gilet
Fotografías: Jorge Dan López

Debido a que la autoridad incumplió su promesa, decidieron manifestarse. La red de desalojados que nuclea familias afectadas de la alcaldía Cuauhtémoc habría logrado el compromiso de frenar sus expulsiones, en tanto se analizaba el fondo de su reclamo: que están siendo expulsados con documentos fraguados y en procesos judiciales en los que no se les ha permitido defenderse.

En un conjunto de mesas interinstitucionales que las familias desalojadas han tenido con representantes del Gobierno de la ciudad, del Tribunal superior de justicia así como de la Fiscalía especializada en delitos ambientales (Fedapur), éstas autoridades se habían comprometido a no autorizar el envío de fuerza pública ante las solicitudes que llegaran de los tribunales civiles que llevan los casos impugnados.

Sin embargo, los actuarios han aceptado realizar los desalojos con guardias de seguridad privada y cargadores, avanzando sobre varios de los predios que están en lucha y organizados en el centro de la ciudad.

El viernes 30 de agosto hicieron una “marcha fúnebre” hacia el Tribunal Superior de Justicia, ubicado sobre la Avenida Niños Héroes, dónde velaron al responsable de matar sus posibilidades legales de pelear por permanecer en las viviendas dónde han vivido generaciones de sus familias.

Hay, entre los organizados, tres situaciones predominantes:

  • Habitantes de viviendas que fueron abandonadas por sus propietarios durante décadas, en las que recientemente han aparecido falsos dueños que los demandan por deberles rentas, a pesar de que nunca han tenido contrato con estas personas.
  • Inquilinos de departamentos que pretenden ser comprados por inmobiliarias o fideicomisos, sin ofrecerles primero el “derecho al tanto” (que obliga a ofrecer en venta primero a quienes viven en el lugar) y que sin deber rentas, son igualmente denunciados como deudores para expulsarlos.
  • Una mezcla de los de arriba que son denunciados penalmente por “despojo”, criminalizando la lucha por la vivienda, que convierte a vecinos, habitantes y poseedores en “imputados”, con peligro de ir a la cárcel.

Tienen en común que han usado documentos fraguados en su contra, gracias a notarios públicos corruptos, actuarios que registran diligencias que no hicieron con personas que no existen o están muertas y por supuesto, a jueces que emiten órdenes de desalojo sin exigir pruebas a quien le pide la expulsión de la gente, que sea realmente el propietario del edificio que reclama.

Zapata #42: un estudio de caso

El departamento 1 de Zapata #42 fue desalojado a pesar del compromiso que la autoridad había hecho a la red en las mesas de diálogo recientes.

Antes de las siete de la mañana del jueves 15 de agosto, el notario junto a cargadores y quienes pretenden el departamento, rompieron las puertas y se apropiaron del lugar, a pesar de que no había ninguna persona presente con quien entender la diligencia.

A continuación presentamos detalles de cómo actuaron los actores esenciales denunciados por la red aplicados a este caso concreto, que permite perfilar como funciona un mecanismo de corrupción refinado, que deja a miles de personas sin casa.

El actuario Giovanni Álamo Aguilar, adscrito al juzgado 68 civil inventó al menos dos notificaciones previas al desalojo de agosto, según consta en el expediente judicial en contra de los habitantes del departamento 1. “En setiembre de 2017 inventó que fue al domicilio y que salió un señor llamado Alfonso Herrera que le dijo que yo sí vivía ahí, que era mi empleado y que aceptó la notificación en mi nombre”, alguien que no existe”, explicó Alfonsina, desalojada e integrante de la red.

Luego, el 2 de febrero de 2018, intentó hacer el desalojo él solo, argumentando que los afectados habían sido notificados por medio del fraguado Herrera. “En el expediente puso que ese día, una mujer que no se identificó le contestó desde dentro de nuestro departamento que yo sí vivía ahí, pero que no me iba a ir, aunque no estaba en ese momento”, agregó la fuente.

¿Para qué hizo eso? “Porque a partir de ahí, cada que promueven nuestro lanzamiento, manejan que yo me opuse ese día y por eso, piden a la policía”, explicó.

En el desalojo del 15 de agosto, Álamo también estuvo presente cuando rompieron las ventanas del departamento y se metieron por la fuerza.

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Comunidades Ñatho en defensa del bosque sagrado del agua. Crónicas de la resistencia Otomí contra la Autopista Toluca-Naucalpan


Con la colaboración de Nuria Ramirez

* AMLO continua sin dar solución jurídica a la terminación del plazo legal del decreto expropiatorio de EPN.

* Estrategias de infiltración, cooptación e intimidación por parte de empresas constructoras para imponer autopista Toluca-Naucalpan.

* Se conforma organización de cuatro pueblos Otomí en el Estado de México en defensa de su bosque y territorio.

A partir de abril del 2019, la lucha de los pueblos otomíes del Estado de México se intensificó en su oposición al megaproyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan y al llamado Proyecto Alternativo. En esta nueva etapa de resistencia de los pueblos Hñathö de San Francisco Xochicuautla, Santa Cruz Ayotuxco, San Lorenzo Huitzizilapan y La Concepción Xochicuautla; se conformó una organización llamada: Comunidades Hñathö en Defensa del Bosque Sagrado del Agua.

Otro de los pasos más importantes que han dado es haber logrado sobreponerse a la más reciente campaña que intento aplastar su moral y su espíritu de lucha; logrando desmentir públicamente a las empresas constructoras, que en marzo de este año intentaron difundir la versión de que «jurídicamente no había nada que hacer».

En estos meses el movimiento ha logrado volver a estar a la ofensiva jurídica y socialmente, ya que a partir del 29 de mayo del 2019, venció el decreto expropiatorio en la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan. Desde ese momento las comunidades hñathñö decidieron anunciar un nuevo frente común a través de la campaña #ElBosquedevuelta, la cual incluso logro interpelar al Poder Ejecutivo en su mañanera.

Compartimos esta serie de crónicas, como muestra de respeto a su resistencia y rebeldía, para no sucumbir frete al despojo que se impone a través de una larga estrategia.

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Agencia Subversiones | Radio Zapatista

[VIDEO] Xayacalan: diez años tejiendo resistencia comunitaria

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«Necesitamos un alto a la guerra»: CIPOG-EZ

«No es cosa de otro mundo lo que nosotros hacemos», dicen dos compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). «Es la forma en que vivimos, como viven los pueblos». Tranquilos a pesar del hostigamiento, las amenazas y el dolor por sus cuatro compañeros recientemente asesinados, cuentan cuál es el objetivo central de su organización: la reconstitución de los derechos de los pueblos amuzgos, tlapanecos, nahuas, mixtecos y mestizos de Guerrero.

No es casualidad que su horizonte coincida casi perfectamente con el lema del Congreso Nacional Indígena (CNI). Prácticamente desde su fundación, el CIPOG-EZ ha formado parte del CNI. En 2017, Lucio Bartolo Faustino —asesinado el 4 de mayo pasado junto a Modesto Verales Sebastián— fue elegido concejal del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y acompañó, junto a los pueblos de la Montaña de Guerrero, el recorrido de María de Jesús Patricio, Marichuy, por esa región. Uno de los compañeros del CIPOG-EZ lo dice claramente: trabajan «para que los siete principios [del mandar obedeciendo] se realicen, para que no sean solo un sueño».

Precisamente por esos principios, las decisiones y los proyectos que acompaña el CIPOG-EZ se construyen desde abajo, tejiendo consensos en asamblea. La educación, la salud, la agronomía y la seguridad autónomas se construyen así: «nuestra propuesta se basa en el proceso de la plática con los pueblos».

Ese proceso, insisten, no es un ‘invento’ del CIPOG-EZ. Es la forma en que de por sí los pueblos se organizan. Las comunidades que conforman hoy el CIPOG-EZ tienen una historia centenaria de lucha que, en los últimos 25 años ha cristalizado en el movimiento por la autonomía de Guerrero: el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia; la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas primero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) después.

En 2014 los pueblos organizados en torno al CIPOG-EZ buscaron reconstituir sus sistema de seguridad y justicia comunitarias, acompañando la formación de la policía comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Hasta hoy, el principio es el mismo: más allá de cualquier institución, las decisiones sobre la vida colectiva las toman los pueblos mismos a través de sus asambleas. El nombre no es, tampoco, una ocurrencia: las comunidades son las fundadoras y depositarias de la herencia de lucha por la autonomía en Guerrero, las que han acompañado el caminar del CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Fotografía: Cristian Leyva

Desde entonces, cuentan los compañeros, los pueblos han buscado construir «una alternativa de vida, propia de las comunidades». Esa alternativa es un verdadero horizonte, es la forma de vida de los pueblos. En 2015 se fundó en el ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Radio Zapata: una emisora libre y comunitaria cuyo objetivo es fortalecer la defensa del territorio. Allí mismo, en un terreno donado por la asamblea se prepara la construcción de un Centro de Saberes, uno de los proyectos más ambiciosos del CIPOG-EZ. Así lo explican:

Los Centros de Saberes son una propuesta educativa para resolver en colectivo y de manera autogestiva nuestras demandas y necesidades: seguridad y justicia, defensa del territorio, alimentación, producción y mercado interno, información, educación y salud comunitaria. Para rescatar nuestra cultura, nuestra memoria y la experiencia de nuestras comunidades.

Por lo que se viene, pensamos que el futuro del Territorio Comunitario y el futuro de los pueblos Ñu savii, Me´phaa, Nahua y Ñomdaá requiere, ahora como antes, de la fuerza organizativa de nuestras comunidades y de la autonomía de nuestras instituciones y organizaciones.

 

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Acciones en solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con el Congreso Nacional Indígena se replican en países.

En México, se realizan acciones en más de 10 estados.

En tan sólo tres meses, cinco defensores del territorio que se organizaban en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Se trata de Samir Flores Soberanesde Amilcingo, en el estado de Morelos y de Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián; estos últimos pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.

En el mismo lapso de tiempo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un informe en el que da cuenta de la intensificación de la estrategia contrainsurgente  contra Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se informa que “desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes”.

Ante esta grave situación, organizaciones, redes, colectivos e invidualidades se han dado a la tarea de organizar una serie de movilizaciones en diferentes partes de México y del mundo para mostrar su solidaridad con el EZLN, y reivindicar la lucha por la Vida y contra la Guerra en todo el mundo.

Hasta el miércoles 29 de mayo, había registradas más de 20 acciones en México, Argentina, EUA, Grecia, Francia y Austria. La información sobre dichas actividades pueden consultarse en la página Porque Acordamos Viviry registrarse al porqueacordamosvivir@gmail.com

Para sumarse a la acción desde redes sociales, también se convoca a utilizar los #NosotrxsConElEZLN #NosotrxsConElCNI y #JornadasPorLaVidaEZLNyCNI

En la Ciudad de México, la cita fue a las 07:00am en la entrada de Palacio Nacional, por la tarde también se llevaron a cabo otras actividades.

 

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L@s últim@s guardianes de la montaña

¡Todo el bosque es sagrado! nos dice enérgicamente, pero con los ojos llorosos y la voz entrecortada América Morales, una mujer indígena otomí de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México. Ella, junto con un grupo de comuneros y habitantes que se reivindican como indígenas, enfrentan cotidianamente a los trabajadores de las empresas Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (Autovan), Constructora Teya, S.A. de C.V. (Teya), –ambas filiales de Grupo Higa– y también recientemente a la constructora Grupo Carso. Las y los comuneros nos dicen que las constructoras han intensificado sus incursiones a la comunidad desde septiembre del 2018 y, específicamente el 25 de marzo de 2019 –día en que pudimos estar presentes– se atrevieron a presentarse en el paraje Zarzamora con un grupo de golpeadores contratados por las mencionadas constructoras. Subversiones pudo constatar que: 1) estos golpeadores no son trabajadores regulares de las constructoras, es decir, no operan maquinaria ni realizan labores de construcción, exclusivamente –dijeron– «venimos a la negociación»; 2) eran alrededor de cuarenta hombres visiblemente agresivos que se estuvieron drogando cómodamente frente a los representantes de las empresas, los medios de comunicación que ahí estábamos y frente a las y los comuneros y habitantes indígenas; 3) amenazaron directamente a las y los comuneros, diciéndoles que «es mejor arreglarse así entre pocos» porque «es como todo, el dinero puede más, si tú me traes 100 yo te traigo 200 y si tú me traes 200 yo te traigo 300».

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Agencia Autónoma de comunicación Subversiones

Frente a intentos de consulta, defender el territorio

Por Josefa Sánchez Contreras

Con pocos días de anticipación salió a la luz pública la convocatoria para las Asambleas Regionales Consultivas sobre la creación del “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” para ejecutarse los días 30 y 31 de marzo.

Las sedes anunciadas pretendieron abarcar a los pueblos indígenas de la región del Istmo: en el estado de Oaxaca, los zapotecos en Santiago Laollaga; los mixes, chinantecos y mazatecos en Jaltepec de Candoyoc, los ikoots en San Mateo del Mar, los Chontales en San Pedro Huamelula y los zoques en Santa María Chimalapa. En Veracruz, se contempló a los mixes, mixtecos, nahuas, afromexicanos y popolucas en la sede de Oteapan; finalmente, los chinantecos, zoques, zapotecos y totonaco en Uxpanapa.

Dicha convocatoria fue expedida por el gobierno mexicano mediante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La materia a consultar, según apunta su documento oficial era:

La creación del “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” en los aspectos que tienen una relación directa con los pueblos y comunidades indígenas consultadas, de manera particular, la rehabilitación / reconstrucción del Tren transístmico.

Desde el anuncio de la consulta, ésta despertó posicionamientos por parte de pueblos y organizaciones. La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom) emitió un comunicado en el que señaló que “la urgencia con la que actúan las autoridades federales, al organizar los foros de consulta, da la impresión de ser una simulación”. El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, por su parte, en un comunicado conjunto “rechazaron y desconocieron cualquier simulación que se proponga la imposición de mega proyectos de muerte”.

El 29 de marzo los pueblos ikoots se reunieron en San Mateo del Mar, presididos por el presidente de bienes comunales, el Alcalde Único Constitucional y la Organización Monapäkuy. Allí, en pleno ejercicio de su derecho al territorio y la libre determinación, los pueblos de San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Álvaro Obregón, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec (APIIT), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac consensaron: No a la consulta simulada. En dicha reunión levantaron un acta donde exigieron al INPI y a la SHCP la suspensión de la consulta y manifestaron su disposición al diálogo.

No transcurrieron ni 24 horas y, al día siguiente, se hizo oficial el cambio de sede para consultar al pueblo ikoots en la Ciudad de Salina Cruz. Ante ello, desde San Mateo del Mar los ikoots emitieron un manifiesto que apuntó agudamente

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«Error técnico» pone en riesgo el territorio de Ostula

Por Dante A. Saucedo y Regina López | Agencia SubVersiones

En la costa de Michoacán, entre las aguas del Océano Pacífico y la Sierra madre del sur, habita el pueblo nahua de Santa María Ostula. Al menos desde el siglo XIX, ganaderos, pequeños propietarios, mineros y, más recientemente, narcotraficantes, han intentado despojarlo su territorio.

La comunidad de Ostula ha sabido defenderse por todos los medios posibles, pero hoy se enfrenta de nuevo a un riesgo que parecía haberse conjurado ya: un «error técnico» en el plano de la comunidad —generado y solapado por intereses políticos— amenaza más de seis mil hectáreas de territorio comunal.

Apenas en enero pasado, un juzgado agrario volvió a dar la razón a los «pequeños propietarios» que reclaman la propiedad de las tierras bajas y fértiles al norte de la comunidad. Pero la respuesta es clara: las tierras no están «en disputa», son de Ostula y se van a defender.

I. Una historia política del despojo

Los intentos de invasión a la comunidad de Ostula vienen de lejos. Como en todos los antiguos asentamientos nahuas de la sierra-costa michoacana —y en buena parte de las comunidades indígenas del país—, la ola más agresiva de usurpación de tierras comunales fue detonada por las leyes liberales que comenzaron con las Reformas Borbónicas del siglo XVIII y culminaron con las reformas juaristas.

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Ostula se moviliza para mantener la seguridad en la sierra-costa

Desde el jueves 21 de febrero, la comunidad indígena de Santa María Ostula mantiene un bloqueo en el crucero de la carretera federal 200 conocido como «Triques», demandando que las autoridades municipales de Aquila garanticen las condiciones para que aquella siga manteniendo la seguridad en la región.

A comienzos de 2014, la guardia comunal de Ostula se reconstituyó para apoyar el avance de grupos de autodefensa que buscaban «liberar» la sierra-costa michoacana del crimen organizado. Desde entonces, ha sido la fuerza de Ostula la que ha logrado mantener la seguridad en prácticamente todo el municipio de Aquila, el más extenso de Michoacán.

Entre 2015 y 2018, los Comunitarios y Autodefensas de Aquila —nucleados alrededor de la guardia de Ostula— lograron mantener a raya a las células del cártel de los Caballeros Templarios que se re articularon al sur de la región. La vida de las comunidades pudo volver a tejerse durante ese periodo, a pesar de ataques directos contra los filtros y los integrantes de las policías comunitarias.

Conscientes de que la fuerza y la organización del pueblo nahua de Ostula era la que frenaba el avance del crimen organizado, las autoridades de Aquila nombraron jefe de seguridad del municipio al comandante de la guardia comunal. En uno de los filtros de la comunidad se podía leer, hasta hace poco, uno de los lemas de un pueblo acostumbrado a defender su territorio: «En Ostula, la lucha por la seguridad es permanente».

En 2018, el cambio de autoridades municipales elevó el nivel de alerta al interior de la comunidad. Mohammed Ramírez, candidato del Partido Verde Ecologista de México, era conocido por sus lazos con grupos de poder locales, vinculados al crimen organizado. Aunque al comienzo de su mandato —en septiembre pasado— se mantuvo el acuerdo del trienio anterior, en los últimos meses del año, el alcalde comenzó a recortar el presupuesto destinado a la operación de las guardias comunitarias: sus unidades no tenían combustible ni mantenimiento, y las cocinas colectivas —mantenidas por algunas comuneras de Ostula— apenas podían funcionar.

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¡Que viva la vida, que viva la alegría, que viva Samir!

El miércoles 20 de febrero un comando armado acabó con la vida de nuestro compañero y amigo Samir Flores Soberanes a las puertas de su casa en Amilcingo, Morelos. Samir dedicó su vida a defender el territorio y las vidas de su comunidad. Fundó —junto a muchxs otrxs— la radio comunitaria Amiltzinko 100.7, defendió la permanencia de la escuela primaria del centro de su comunidad —donde era el presidente del comité de padres y madres—, organizó una huerta comunitaria con estudiantes y dio un sinfín de talleres en su pueblo.

La velada de su cuerpo estuvo plena de recuerdos, algunas risas y muchas lágrimas por parte de su familia, vecinos y compañeros de lucha más cercanos. Las anécdotas se entretejieron entre las canciones y la compartición de los aprendizajes y momentos significativos que algunos pasaron con Samir. También, entre la discusión política y las reflexiones profundas acerca de la importancia de mantener y fortalecer la lucha: «¿Qué hay más importante que el agua?» decía un compa, «podemos incluso dejar de comer varios días pero no podemos dejar de tomar agua». «Es que esto es una guerra» apuntó alguien más. «Samir era tan chingón, muy respetable, de los más que he conocido» … «Apoyaba en muchas comisiones y a toda la gente que le pedía ayuda».

Entre ollas humeantes con litros y litros de café y frijoles, unos junto al fuego y otros en sillas, en círculos de palabra, la madrugada pasó calma y dejó ver que Samir, además de defensor, comunicador, padre, esposo y herrero, también era tejedor: tejedor de relaciones de afecto entre las personas de su comunidad y de otras comunidades que también luchan por la vida.

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