El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.
Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.
Los funcionarios también prometieron inversión para mantenimiento de los caminos en la cabecera municipal, lo cual fue interpretado por los asistentes como condicionamiento para aprobar la “carretera de las culturas”
Representantes de las comunidades tzeltales de Cancuc escuchan las palabras de los funcionarios del estado.
Integrantes del Modevite presentes en la asamblea en Cancuc. También sumaron su voz al rechazo del mega proyecto carretero.
El presidente municipal de Cancuc aprovechó su intervención para hablar de la “derrama económica” que traerá la construcción de la obra carretera.
Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.
Del 7 al 10 de diciembre, organizaciones de derechos humanos realizarán una Misión Civil de Observación a Chiapas para documentar graves violaciones a derechos humanos.
La Misión Civil de Observación a Chiapas recorrerá varias comunidades en el estado de Chiapas.
En la MCO participarán 16 organizaciones nacionales e internacionales y la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT.
En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajanen la defensa de los derechos humanos y por la paz.
Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.
Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones parahabitantes de la comunidad, así como paraintegrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.
Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.
La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene enalerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.
Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.
Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como paravisibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.
Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.
Para más información o gestión de entrevistas: Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT 55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx
La Radio CIDSUR es una producción del Núcleo Antipatriarcal constituido en 2018 por las mujeres, mapuche y no mapuche, que integran nuestra organización. Quienes crean este espacio, unidas por la solidaridad y la justicia social, para poner en discusión temas de género con una perspectiva intercultural.
Nuestro proyecto radial busca contribuir a la articulación de una red entre diferentes orgánicas y territorios generando espacios de información relacionada con herramientas para la defensa, acorde al complejo escenario de criminalización que se encuentra actualmente en el país para lxs manifestantes y defensores del territorio, sumado al contexto de emergencia sanitaria que nos afecta. Buscamos ser un espacio radial de carácter remoto y comunitario que pueda ser accesible en diversos territorios. Además, de potenciar en ese mismo tejido social economías solidarias a través de la promoción de productorxs locales que puedan intercambiar y/o vender entre lxs radioescucha.
PROGRAMA 4
Las cápsulas de este programa se titulan “Represión policial en la revuelta” y “Protesta y criminalizasound”, a cargo de los abogados de Cidsur: Sebastián Saavedra, Pablo Ortega y Cristopher Corvalán, quienes comentan aspectos legales, políticos y estadísticos en torno a la represión policial llevada a cabo por Carabineros de Chile y del Poder Ejecutivo en contra de la ciudadanía durante la revuelta popular, su calificación como delitos de lesa humanidad, así como la creación artística y musical derivada de la protesta. Además de abordar la represión histórica hacia el pueblo mapuche y sus defensas.
Conduce: Rayen Daza Pilquinao, abogada y Morin Ortiz Herrera, periodista.
Las agresiones paramilitares contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, no cesan.
Aun cuando el pasado 27 de noviembre, funcionarios de los tres niveles de gobierno firmaron el denominado Convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, continúan los ataques armados.
La firma del acuerdo ocurre tras cuatro años de que se reactivara un conflicto territorial de vieja data, el cual señalan los comuneros de Aldama ha sido gestionado y permitido por los distintos niveles del gobierno mexicano, quienes pese al aumento de la violencia en la región han sido omisos ante las exigencias para desarmar los grupos paramilitares.
Tras años de agresiones, el saldo hasta ahora es de 23 personas asesinadas y 20 heridas. La violencia también ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 mil personas debido a las agresiones de grupos paramilitares provenientes del municipio de Chenalhó.
No obstante, el acuerdo oficial, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama reportó la continuación e intensificación de las agresiones armadas incluso desde el mismo día de la firma del acuerdo.
Aunado a ello, dos días después del evento oficial, el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que nuevamente se registraron ataques con armas de fuego dirigidos contra la comunidad de Tabak, Aldama.
En dicho ataque resultó herido Andrés Jiménez Pérez, integrante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama. Según el reporte del Frayba, Jiménez Pérez, quien se encontraba acompañado de su hijo de nueve años, fue herido en ambas piernas cuando regresaba de su trabajo entre las comunidades de Tabak y San Pedro Cotsilnam.
Paz, solo en el papel
El denominado Convenio definitivo fue firmado en un evento con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, así como del gobernador de Chiapas y los presidentes municipales de los municipios de Aldama y Chenalhó.
Aunque en la ceremonia no se especificaron los detalles que integran el acuerdo entre los municipios tsotsiles, lo difundido por la secretaría de Gobernación afirma que “dará certeza jurídica en la posesión de la tierra que permitirá resolver este problema que durante más de cuatro décadas ha generado esta tensión comunitaria”.
Anteriormente, el 18 de septiembre pasado el gobierno federal propuso la división del territorio en disputa con 32.5 hectáreas de tierra como posesión para lxs habitantes de Aldama, y 27 para los comuneros de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.
En aquel momento, como respuesta a la propuesta federal y mediante una carta firmada por 20 agentes rurales municipales de las comunidades que aglutinan los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha, 3,336 comuneros aceptaron la distribución de tierras “siempre y cuando el apoyo económico sea por la cantidad de cincuenta millones de pesos”. Sin embargo, con la firma del acuerdo definitivo no se especificó si se realizará dicho pago.
Simulación e impunidad
Por otro lado, respecto a la firma del acuerdo, comuneros de Aldama en entrevista con medios nacionales argumentaron sobre el mismo que “no significa nada, aun teniendo la firma, pero eso no nos da esperanza de que cesen las agresiones armadas hacia nuestras comunidades”.
“No esperamos de que ya se solucionó el conflicto. Esto es una simulación e impunidad de los gobiernos porque las agresiones continúan a diario, mientras no se solucione, mientras que el gobierno no actúe, esto no cesará las agresiones armadas”, denunció Marta, habitante de Aldama.
Para el centro de derechos humanos Frayba y comuneros de Aldama que realizaron el conversatorio virtual Tejer la paz para Aldama, “los acuerdos de papel no representan un proceso de pacificación” pues debido a la impunidad de los ataques armados, aún después de la firma del más reciente convenio, demuestran que “el Estado mexicano protege a los grupos civiles armados de Chenalhó”.
El pasado 25 de noviembre, distintas organizaciones de derechos humanos junto a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, académicos, activistas, sindicatos y grupos de ayuda humanitaria, enviaron un documento al gobierno federal donde denuncian “que la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento para seguir cometiendo acciones criminales”, por parte de los grupos paramilitares.
“Constatamos que la impunidad fortalece la corrupción de autoridades. Es de voz pública las acusaciones de las implicaciones de altas autoridades estatales con el tráfico de vehículos robados, el así llamado huachicol, trata de personas y otros crimenes que se cometen en la región… Hasta ahora todo indica que hay intereses ocultos potencialmente criminales detrás de la intención de despojar a estas comunidades de su territorio”, enfatiza el documento que urge al gobierno en sus distintos niveles para detener las agresiones armadas.
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG
Las mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos de las comunidades indígenas; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizas y Afro mexicanas del estado de Guerrero, que estamos organizados en nuestro Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ), y somos parte del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) en conjunto con nuestros pueblos hermanos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).
Continuamos hoy 1 de diciembre del 2020 las movilizaciones en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. No podemos tolerar que en nombre del «progreso» de la autoproclamada 4T pasen por encima de la ley, pase por encima de la dignidad y de la vida de nuestros hermanos y hermanas Nahua. Y seguimos realizando bloqueos y movilizaciones, porque vemos que los medios de comunicación, solo guardan silencio cuando se violentan los derechos de los pueblos, y guardan esas noticias para los espacios que no se ven, que no se leen o ni siquiera las cubren.
Volvió el silencio cuando reclamamos nuestros derechos, está volviendo ese México que prefiere voltear la cara para no ver los cadáveres de los indios muertos, para no ver las imágenes de dolor de tantas familias desplazadas. Volvieron los intelectuales que dicen que no sabemos, que no entendemos, que este si es «progreso» de a deberás, que nos están manipulando. Pero nosotros vemos las cosas muy diferentes, vemos como AMLO mintió descaradamente y dijo una cosa e hizo otra cosa aquí y allá.
Vemos como le siguen echando bala, como los siguen hostigando y sigue la violencia cada vez más fuerte contra nuestros hermanos y hermanas de diferentes comunidades en Chiapas, comunidades atacadas del CNI-CIG, vemos como se continua la guerra contra las bases de apoyo Zapatista y vemos como siguen impunes los paramilitares. Y vemos como los malos gobiernos federal y estatal hacen como que no pasa nada, voltean a mirar a otro lado, se van a cenar con grandes empresarios a los que por cierto antes les llamaba mafia.
Y aquí en Guerrero la cosa va peor, ya que logramos romper el cerco narco-paramilitar como CIPOG-EZ, hemos platicado en colectivo con las comunidades que durante más de un año han estado cercadas por «Los Ardillos» un grupo narco-paramilitar que goza de la impunidad de los tres niveles de gobierno en México. Hay mucho miedo, dolor, rabia e indignación.
Nos contaron como llego hasta acá llego Alejandro Encinas enviado por López Obrador en Enero del 2020 para ofrecer migajas y comprar conciencias, para tratar de tapar la barbarie de los 18 asesinatos de nuestras bases, promotores, promotoras y concejales del CNI-CIG a manos de «Los Ardillos». Pero no llego la justicia, no les importo y no les importa la vida de nosotros como pueblos, solo vinieron para ver qué tanta fuerza teníamos, y a quien podían comprar y a quien podían callar y medir si el impacto afectaría su 4T. Solo a eso viniste Encinas, la justicia no te acompaña, solo tus cálculos políticos. No vemos una 4T, vemos un nuevo PRI.
Por eso has negado una y otra vez las medidas cautelares para los promotores del CIPOG-EZ por qué quieres vernos muertos, quieres que no estorbemos y que no se denuncie la barbarie, la tortura, la violencia, el terror, y la complicidad del Estado. Pero los pueblos supieron reorganizarse, y están con todas sus fuerzas venciendo el miedo y el terror. Les pedimos a nuestras hermanas y hermanos que nunca nos han dejado solos, que estén atentos, que estén alerta, ya comienzan a llegar nuevamente las amenazas a nuestras vidas, por romper el cerco, por denunciar la complicidad gubernamental, pero sobre todo por atrevernos a luchar por nuestra libertad, dignidad, justicia y democracia.
ATENTAMENTE:
Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)
Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero,
Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).
¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!
Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.
Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.
Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.
Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.
Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.
Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.
Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.
La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo.
Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.
Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.
Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.
La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.
*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS
El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.
El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),1 ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.
El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),2 acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.
Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.
Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.
El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.
Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en Tonalá, Chiapas
Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza
El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.
El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.
Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá, sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de noviembre de 2020
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Estamos exactamente a un mes de que se cumplan 23 años de impunidad e injusticia por la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas, más 4 bebés que aún no nacían. Ellas y ellos no tuvieron más delito que ser parte de una comunidad valiente, sin armas de fuego y organizada como pueblo creyente, que rezaba y ayunaba aquí en Acteal, clamando a Dios por paz con justicia y dignidad para su pueblo, pues se habían negado a colaborar con quienes querían acabar con la lucha zapatista y con toda semilla de rebelión e inconformidad contra el gobierno, por medio del terror y la violencia.
Desde al menos 7 meses antes de la Masacre, ya habíamos denunciado que el gobierno entrenaba y financiaba grupos armados que nos tenían amenazados de muerte y habían quemado varias de nuestras casas, robado nuestras pertenencias y cultivos, obligando a muchas de nuestras familias a huir de nuestros hogares para ponernos a salvo, en medio del frío, la lluvia y el lodo. Pero todos estos actos violentos quedaron en la impunidad, pues las autoridades federales, estatales y municipales estaban de acuerdo en esta estrategia que llamaron Plan de Campaña Chiapas ‘94. Desde hace 23 años, estos son crímenes que no se persiguen ni se castigan en Chiapas.
Vemos con muchísima preocupación que lo mismo está pasando ahora, con nuestros hermanos de Aldama y Santa Marta que están viviendo escondidos en el monte o debajo de los cafetales para huir de los disparos diarios con armas de alto poder que se están tendiendo sobre sus casas y milpas. Pero lo que nunca se habían visto en Chiapas son los disparos contra una camioneta con voluntarios de organizaciones de la sociedad civil que llevaran víveres para mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas desplazados y damnificados por las lluvias torrenciales.
Nos indigna el ataque a la caravana organizada por el Fisanim y Cáritas, que llevaba ayuda humanitaria a las y los desplazados de Aldama el pasado 18 de noviembre, donde fue herida en la pierna nuestra hermana religiosa Chabelita, por una bala de grueso calibre. Sabiendo que por el exceso de lluvias los cerros se están desgajando, que los pocos árboles que nos quedan en las comunidades se están derrumbando, el gobierno y los agresores saben que los desplazados pueden morir con este mal clima, pasando frío, hambre y enfermedades, así que este ataque para boicotear la ayuda vital que se les llevaba, es especialmente cruel. Y más aún, no podemos entender cómo un gobierno que se dice de “los pobres” permita estas agresiones.
