
Radio Pozol
Colectivos de Francia, denuncian agresiones contra zapatistas en Chiapas y reiteran su solidaridad con la lucha por una vida digna. «No están solas» su mensaje de apoyo
A :
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Via :
Raymond de Las Casas de Saint-Martin, Consul honorario de México en Toulouse
Juan Manuel Gómez Robledo, Embajador México en Francia
Toulouse, suroeste de
Francia
14 de enero de 2022
Señores y Señoras,
Como Red de resistencia y rebelión del suroeste de Francia, y de apoyo a la lucha por la vida de nuestros compas zapatistas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, denunciamos las violencias ejercidas contras los pueblos indígenas deChiapas con impunidad total, a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles de gobierno mexicanos.
Nos solidarizamos particularmente con la comunidades de Moises y Gandhi y de Nuevo San Gregorio, dependientes del Consejo de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol10 Floreciendo la Semilla Rebelde.
Desde el verano 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena), en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.
Entre las acciones que han llevado a cabo y se han denunciado públicamente, sin embargo han quedado en total impunidad: el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.
El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.”
El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.
El 21 de noviembre, una vez más los paramilitares de la ORCAO atacaron con armas de fuego a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendiaron la escuela secundaria autónoma.
En la misma zona, y desde noviembre de 2019, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por « el grupo de los 40 », cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces.
Hoy en día, de sus 155 hectáreas , sólo le queda 7 hectáreas al pueblo ; sus habitantes resultan reducidos al estado de campesinos sin tierra. A pesar de la denuncia de esos actos por parte de la Junta de Buen Gobierno, via el CDH Fray Bartolomé de las Casas, el 2 de diciembre de 2021, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 ganados con hambre y errando por la tierra arada.
A cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten « secuestrad@s » y ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de su casa, sometid@s a la guardia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos. Para colmo de la impunidad que reina en Chiapas, existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos que entretienen los invasores con la policía municipal de Huixtán.
¿Así que se puede hacerlo todo en Chiapas bajo la mirada de la policía o del ejército ? ¿Robar tierras ? ¿Secuestrar a la gente ? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T ?
Los invasores de tierras pusieron un precio a las tierras que robaron : 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿ Quién comprará estas tierras robadas ? ¿ El Éstado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua proyectada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida ?
Esta serie de actos de violencia incluido la detención de ilegal y arbitraria de autoridades autónomas han sido denunciado por las Juntas de Buen Gobierno. Por lo que urgimos al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes para terminar con las violencias que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y el territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.
El 10 de enero, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma de 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado, ¡resultó que una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas ! También denunciamos estas desapariciones forzadas.
También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (y últimamente, 49 ataques con arma de fuego los 7,8,9, y 10 de enero de 2022, un muerto, un zapatista herido mientras iba a trabajar a su milpa con su familia), o ante el asesinato de de Simon Pedro Pérez ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.
Como lo escribió el Subcomandante Galeano en septiembre de 2021, Chiapas está « al borde de la guerra civil », una situación creada por el mismo Estado Mexicano :
Desde 1994, su estrategia contra-insurreccional a favorecido la emergencia de grupos paramilitares que actúan en total impunidad. Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.
Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras o obligándolas a romper con sus usos y costumbres.
Crea programas de « ayuda » como « sembrando vida » que, ellos también favorecen tanto la destrucción del modo de vivir de los pueblos indígenas y la de las tierras estimulando la monocultura productivista, como la invasión por la fuerza de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).
Denunciamos la violencia hecha a los pueblos indígenas y su impunidad. Y urgimos a que los responsables institucionales actúen como en un Estado de derechos, en el respeto de la vida y de los derechos de los pueblos. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para que pare la violencia cada vez mayor en Chiapas.
Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra, y por ende por la de la humanidad.
Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Colectivo intercerros de las dos orillas del río Aveyron, Tarn- Tarn et Garonne
Colectivo Elaff, Tarn
Colectivo Zapatería, Toulouse
Colectivo Sebag, Aveyron
Cazsa, Aveyron
Colectivo Chiapas Ariège
Cofirmantes :
Asociación Americasol, Red Escargot, Tarn
Asociación Mut Vitz31, Red Escargot, Haute Garonne
Asociación Chiapas Sol, Red Escargot, Aveyron
Asociación Café Kapel, Red Escargot, Finisterre
Foro Cívico Europeo
Movimiento de las Cooperativas Europeas Longo Maï
Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Longo Maï, Alpes de Haute Provence
Le jaguar phocéen, Bouches du Rhône
Asociación Mut Vitz13, Bouches du Rhône
CH03, Bouches du Rhône
Asociación Café Z, Bélgica
Asociación Casa Nicaragua, Bélgica
Zapatisten Lagunak, País Vasco
Mujeres y disidencia de la Sexta en la otra Europa et en Abya Yala, Red de Resistencia y
de rebelión.
Violencia paramilitar ahora contra indígenas Zoques en Chiapas, denuncian desde el norte del estado
Chiapas, México. 23 de noviembre. “No te vayan a hallar, porque te van a salir matando, me dijeron. Me metí en el montazal. Pasé en el puro filo de la montaña, lo bueno que libré mi vida… ¿Por qué lo hicieron eso? ¡Nunca lo había visto eso!”, comenta un niño de 12 años que junto con mujeres, niños, ancianos y hombres zoques, fueron desalojados con golpes y balazos el pasado domingo 21, por la mañana, de su comunidad, el ejido Esquipulas Guayabal del municipio de Chapultenango, por parte de un grupo de corte paramilitar, señalaron.
Hasta este martes 23, las 40 personas desalojadas violentamente de sus tierras en las faldas del volcán Chichonal, permanecen en la cabecera municipal sin que alguna autoridad de cualquiera de los tres niveles defina cuando podrán volver a sus tierras y recuperar sus casas, ganado, gallinas y cosechas.
“Salimos sin zapatos, sin ropa, sin documentos, sin dinero, perdimos todo, ahora no tenemos de qué vivir”, expresan los ejidatarios que describen a los atacantes con vestimenta militar y armas R-15 y cuerno de Chivo, provenientes del municipio vecino, Rincón Chamula, los cuales “poco a poco se han ido asentando en la zona y apoderándose de vastas hectáreas de terreno”, denuncian las familias agredidas.
Otras de las personas a la que los ejidatarios responsabilizan del clima de violencia en la zona son: el profr. Alejandro Morales, el sr. Elías López y el ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, a los cuales señalan de querer lucrar con las tierras ejidales. “La tierra no se vende, es patrimonio de los abuelos”, aseguran las y los indígenas zoques del norte de Chiapas.
“Queremos Justicia. Queremos que el gobierno nos tome en cuenta, que no nos tenga en esta situación”, exigen las familias afectadas, quienes denuncian que durante el desalojo sufrieron de golpes, patadas, tirones de cabello, garrotazos, culatazos y disparos a un lado de los pies y la cabeza mientras huían. “Nosotros ganamos la sentencia”, explican los ejidatarios de Guayabal, en referencia a la sentencia del tribunal agrario del pasado día seis de octubre, en el que las autoridades reconocen como únicos dueños a los ejidatarios zoques agredidos, lo que habría provocado el descontento de los atacantes, explican.
“Los viejitos tenían más idea. Nosotros no queremos perder El Costumbre, queremos heredarlo a nuestros hijos” aseguran los ejidatarios ahora despojados de sus tierras. “El Procede (ahora Fanar) afecta al ejido, el certificado de parcela significa que puedes vender la tierra”, exponen los indígenas zoques quienes años atrás denunciaron el registro ilegal de sus tierras en el entonces Procede, logrando la eliminación de dicho registro y que sus tierras estuvieran disponibles al “mejor postor”.
Las y los ejidatarios repudian enérgicamente la agresión en su contra y aseguran que harán lo necesario para dar con los responsables materiales e intelectuales de la violencia hacia sus familias.
En la región norte del estado, desde el 2017 diversas comunidades han denunciado lo que ellos llaman “la llegada de los proyectos de muerte”, en referencia a proyectos extractivos en el territorio zoque, como son: 12 pozos petroleros en 84,500 hectáreas; 11 concesiones mineras en 70 mil hectáreas; 1 proyecto geotérmico sobre 15 hectáreas en Francisco León, Chapultenango y Ostoacán; así como una represa en San Antonio Poyamó, Ocotepec, lo que despierta suspicacias en las comunidades del porqué de la urgencia del gobierno para que los ejidos puedan vender sus tierras.
Colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales han condenado el ataque a los ejidatarios zoques de Guayabal, como es el caso del colectivo italiano Nodo Solidale, quienes señalan que “el Gobierno Federal mexicano, siguiendo los pasos del manual militar de la OTAN sobre guerras asimétricas, alimenta la fragmentación (y despojo) del territorio sin exponerse como actor militar activo, está omitiendo e ignorando las posibilidades de solución pacífica en los diferentes conflictos e impulsando la conformación de grupos civiles armados confrontados”, como en el caso de conflictos en las comunidades de Aldama, Venustiano Carranza, entre otras.
Antes del término de la presente edición los ejidatarios de denunciaron “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal, por parte de funcionarios regionales del INPI”, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación, denuncian los ejidatarios.
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