Agresiones contra La 72, muestra de la actual política represiva en materia migratoria
En el transcurso de las semanas recientes hemos documentado diversos hostigamientos y amenazas contra La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes, ubicada en Tenosique, Tabasco. Las 87 organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), expresamos nuestro apoyo y solidaridad ante esta nueva ola de agresiones, derivadas de su trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes.
Desde su apertura en 2011, La 72 ha acompañado a más de 100 mil personas migrantes en su paso por México en busca de condiciones de vida digna. La 72 ofrece asistencia humanitaria, asesoría y gestión migratoria, realiza acciones de incidencia nacional e internacional y también ha denunciado a autoridades, crimen organizado y redes de trata y tráfico de personas. Todo ello con el objetivo de generar mejores condiciones de tránsito para las personas que se ven obligadas a hacerlo. Realizan un trabajo totalmente gratuito con un alto sentido de dignidad. Desafortunadamente, han recibido amenazas y hostigamientos por parte del crimen organizado, y autoridades estatales y federales.
Sin embargo lo que hoy nos resulta sorpresivo e inaceptable es que, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración, y tras los señalamientos públicos vertidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, instancias públicas del estado de Tabasco, busquen criminalizar y difamar a esta organización que es parte de la Red TDT.
En este sentido, el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tabasco (UIFT)FOOTNOTE: Footnote criminaliza a priori el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Es claro que sus señalamientos en torno a lo que llaman la “detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño” tienen el claro objetivo de criminalizar el legítimo trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes, así como debilitar la estructura civil de protección y acogida a personas migrantes en México.
De la misma forma, las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas, en las que se basó el comunicado de la UIFT resultan preocupantes. Si bien Encinas las negó por medio de un tuit en el que señaló “Yo nunca he hecho las declaraciones ahí señaladas y mucho menos la Subsecretaría de Derechos humanos, población y migración de @SEGOB_mx hace trabajo de inteligencia financiera”, lo que se requiere es un posicionamiento institucional claro por parte del Subsecretario que, en términos legales, es el responsable máximo de temas de migración y derechos humanos en nuestro país.
Nos resulta muy llamativo que tras situaciones recientes que pretenden poner en entredicho la labor que realiza La 72, venga este acto intimidatorio y criminalizante desde el ámbito estatal. Nos referimos concretamente a la nota de un periódico estatal, así como perifoneos locales, en los que se realizan acusaciones infundadas contra el albergue, pero particularmente contra su director, Ramón Márquez. Además de esto, La 72 enfrenta de forma reiterada a actos de vigilancia, acoso y amenazas.
Así, el hostigamiento y las agresiones oficiales que hoy se concretan contra La 72, se constituyen en un mensaje muy claro para las personas y colectividades defensoras de migrantes: por encima de la soberanía, están los acuerdos con Washington y será criminalizado quien suponga un obstáculo a los deseos de Trump.
Por ello, hoy más que nunca:
- Exigimos el cese inmediato del proceso de criminalización contra La 72 y las personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.
- Instamos al Gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad que ha mostrado un profundo compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio, lo cual es emblemático del pueblo mexicano.
- Exigimos que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades.
- Finalmente hacemos un llamado a la sociedad para cerrar filas en torno a las personas defensoras de migrantes. La historia de nuestro pueblo no debe estar escrita por un despotismo indolente, sino por una solidaridad receptiva y generosa.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
«Necesitamos un alto a la guerra»: CIPOG-EZ
«No es cosa de otro mundo lo que nosotros hacemos», dicen dos compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). «Es la forma en que vivimos, como viven los pueblos». Tranquilos a pesar del hostigamiento, las amenazas y el dolor por sus cuatro compañeros recientemente asesinados, cuentan cuál es el objetivo central de su organización: la reconstitución de los derechos de los pueblos amuzgos, tlapanecos, nahuas, mixtecos y mestizos de Guerrero.
No es casualidad que su horizonte coincida casi perfectamente con el lema del Congreso Nacional Indígena (CNI). Prácticamente desde su fundación, el CIPOG-EZ ha formado parte del CNI. En 2017, Lucio Bartolo Faustino —asesinado el 4 de mayo pasado junto a Modesto Verales Sebastián— fue elegido concejal del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y acompañó, junto a los pueblos de la Montaña de Guerrero, el recorrido de María de Jesús Patricio, Marichuy, por esa región. Uno de los compañeros del CIPOG-EZ lo dice claramente: trabajan «para que los siete principios [del mandar obedeciendo] se realicen, para que no sean solo un sueño».
Precisamente por esos principios, las decisiones y los proyectos que acompaña el CIPOG-EZ se construyen desde abajo, tejiendo consensos en asamblea. La educación, la salud, la agronomía y la seguridad autónomas se construyen así: «nuestra propuesta se basa en el proceso de la plática con los pueblos».
Ese proceso, insisten, no es un ‘invento’ del CIPOG-EZ. Es la forma en que de por sí los pueblos se organizan. Las comunidades que conforman hoy el CIPOG-EZ tienen una historia centenaria de lucha que, en los últimos 25 años ha cristalizado en el movimiento por la autonomía de Guerrero: el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia; la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas primero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) después.
En 2014 los pueblos organizados en torno al CIPOG-EZ buscaron reconstituir sus sistema de seguridad y justicia comunitarias, acompañando la formación de la policía comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Hasta hoy, el principio es el mismo: más allá de cualquier institución, las decisiones sobre la vida colectiva las toman los pueblos mismos a través de sus asambleas. El nombre no es, tampoco, una ocurrencia: las comunidades son las fundadoras y depositarias de la herencia de lucha por la autonomía en Guerrero, las que han acompañado el caminar del CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Desde entonces, cuentan los compañeros, los pueblos han buscado construir «una alternativa de vida, propia de las comunidades». Esa alternativa es un verdadero horizonte, es la forma de vida de los pueblos. En 2015 se fundó en el ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Radio Zapata: una emisora libre y comunitaria cuyo objetivo es fortalecer la defensa del territorio. Allí mismo, en un terreno donado por la asamblea se prepara la construcción de un Centro de Saberes, uno de los proyectos más ambiciosos del CIPOG-EZ. Así lo explican:
Los Centros de Saberes son una propuesta educativa para resolver en colectivo y de manera autogestiva nuestras demandas y necesidades: seguridad y justicia, defensa del territorio, alimentación, producción y mercado interno, información, educación y salud comunitaria. Para rescatar nuestra cultura, nuestra memoria y la experiencia de nuestras comunidades.
Por lo que se viene, pensamos que el futuro del Territorio Comunitario y el futuro de los pueblos Ñu savii, Me´phaa, Nahua y Ñomdaá requiere, ahora como antes, de la fuerza organizativa de nuestras comunidades y de la autonomía de nuestras instituciones y organizaciones.