Gobierno de Sheinbaum continúa proyectos que usan el método del fracking
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En portada: Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking recorren pozos e infraestructura abandonada que perpetúan la contaminación en la región del norte de Veracruz. Foto: Regina López.
El gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T), bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, recientemente lanzó su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, en cual figura una partida de 12 mil 364 millones de pesos para dar continuidad a cuatro proyectos de extracción de gas y petróleo no convencional, extraídos a través de método de fractura hidráulica, mejor conocido como fracking, que consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y un coctel de químicos para fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en ellas.
Estos proyectos provienen de administraciones anteriores, que tenían por objetivo intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales para incrementar la producción, así como las reservas de petróleo y gas en el país.
Con el presupuesto 2025, se destina 2,423 millones de pesos para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), antes conocida como Paleocanal de Chicontepec. Otro proyecto es Burgos, al que se destina una suma 2,266 millones. Le sigue el Proyecto Integral Veracruz (PIV), con 7,420 millones de pesos; y el proyecto Miquetla, con 256 millones.
De acuerdo con un análisis elaborado por la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), junto con Engenera A.C. y Fundar Centro de Análisis e Investigación, la cantidad millonaria destinada a estos proyectos es contraria a los compromisos establecidos por la Cuarta Transformación de no permitir el fracking en territorio nacional.
“Son proyectos que ya vienen realizando la práctica del fracking y no es una cuestión menor que se sigan asignando recursos, ya que, en teoría, esta técnica se prohibió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a no permitirlo en territorio nacional por los impactos ambientales y a la salud”, dijo para Avispa MídiaBeatriz Olivera, directora de Engenera, A.C.
Según Olivera, la actual presidenta de México también se comprometió en campaña que tampoco permitiría la fractura hidráulica, “pero los hechos nos dicen otra cosa”.
Ciertamente, al asumir el poder Sheinbaum presento un plan de trabajo que le ha denominado 100 Pasos para la Transformación 2024-2030, en el cual es tajante en el paso 87 al afirmar que además de no permitir la minería a cielo abierto, también, “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”.
Las organizaciones activistas contra el fracking arguyen que la presidenta está actuando de forma contradictoria, incluso respaldan sus acusaciones no solo con datos del PPEF 2025, sino que también con información de la propia Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030 y las denominadas Acciones Estratégicas de Pemex Exploración y Producción (PEP) 2024-2030, “en la cual se anunció el incremento de la extracción de gas fósil (mal llamado gas natural) de 3,854 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a 4,976 MMpcd, así como maximizar la producción de otros campos de gas en zonas terrestres lo cual implica el uso de fracking, sin importar las afectaciones al ambiente y a las personas en el corto, mediano y largo plazo”, asevera la Alianza contra el Frackig.
La investigadora Olivera señala que la información de estos proyectos se ha podido adquirir a través de la solicitud de acceso a la información, pero no descarta la posibilidad de que existan mucho más en el país, principalmente en los Estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas. “ATG inicia en 2010, Burgos y el Proyecto Integral Veracruz al menos dos sexenios atrás” y en el gobierno de Obrador “inicia Miquetla”.
De hecho, 2023 fue el año en que más presupuesto se destinó al fracking, con un total de 25,001 millones de pesos.
No hay información
La directora de la organización Engenera es consciente de que la información les ha quedado corta, ya que no existe información sobre el resto de los proyectos existentes en el país. “Aquí el tema es que la información no es clara o la poca información pública es muy fragmentada y esto nos preocupa. Porque estos proyectos son de riesgo y no se nos está dando a conocer en que lugares hay fracking. Esto es un atentado al derecho de la información hacia las personas, quienes son las afectadas”, advierte Olivera.
La investigadora afirma que, a pesar de tener la verificación de solamente estos cuatro proyectos, “podemos decir que al menos la mitad de todos los proyectos donde se ha desarrollado extracción de hidrocarburos convencionales también han recurrido a la extracción no convencional. Pero, no tenemos esa evidencia. Por eso exigimos que haya mayor claridad en el acceso a la información. Que Pemex (Petróleos Mexicanos) diga en cuáles de estos proyectos se ha practicado el fracking”, cuestiona Olivera.
Violación de derechos internacionales
Esta técnica ha sido ampliamente criticada por sus impactos en los recursos hídricos, la calidad del aire, la salud de las comunidades cercanas y su contribución al cambio climático. A pesar de las evidencias de estos efectos negativos, el gobierno federal parece continuar con una estrategia que favorece la explotación no convencional de estos hidrocarburos en detrimento de las comunidades vulnerables, muchas de las cuales se encuentran en los estados de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, donde la extracción convencional ya ha provocado impactos en cadena.
Olivera, quien también es integrante de las más de 40 organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking, puntualiza que se están violando acuerdos internacionales, como el acuerdo Escazú, que entró en vigor en 2021 y que establece los derechos y obligaciones para garantizar la protección del medio ambiente en América Latina y el Caribe y la participación pública informada en materia ambiental.
“En concreto se está violando este acuerdo sobre todo en el carácter la transparencia y del acceso a la información”, agrega la activista de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Esta Alianza urge la expedita aprobación de la propuesta de reforma constitucional que prohíbe el fracking en México, la cual ya fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 14 de agosto, la cual quedó estancada en el parlamento.