Radio Zapatista

Fuente: Avispa Midia

por Yazvelin Alinares Nardo 

Después de que el 6 de mayo de 2024 Israel ordenara la evacuación de los palestinos que vivían en la ciudad de Rafah, anteriormente llamada “zona segura”, se presentaron diversas manifestaciones alrededor del mundo. 

En la Ciudad de México se dio cita a una manifestación pacífica frente a la embajada de Israel, donde alrededor de 200 personas se concentraron para pedir justicia por la libertad de las y los palestinos, llamando a las autoridades a cortar toda relación con Israel con la intención de visibilizar el desacuerdo ante el genocidio palestino y la exigencia mundial para que se consiga un cese al fuego inmediato y permanente. 

A la embajada acudieron diversos manifestantes con veladoras blancas, mantas con consignas y banderas de Palestina. Después de clamar justicia y libertad para las niñas y niños palestinos, se guardaron 21.5 minutos de silencio como símbolo de luto por los 215 días que han transcurrido desde el inicio del genocidio en Gaza. 

Pasadas dos horas de protesta, la movilización continuó su camino por Paseo de la Reforma con el fin de crear un convoy seguro para el regreso de todas y todos los manifestantes, y para hacer más visible el rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino. 

Esto ocurre tras el asesinato de más de 35,000 víctimas y el actual acorralamiento en la zona de Rafah tras la evacuación de la última área que resguardaba al menos a 80,000 personas, las cuales ya habían sido desplazadas anteriormente. 

Durante la caminata, algunas vallas que se encontraban cercando la embajada de Israel en México fueron desplegadas y arrastradas durante el trayecto como símbolo de la lucha por derribar los muros fronterizos y el peso que los miles de palestinos han cargado durante estos meses para sobrevivir. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin} 

En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.

Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.

Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.

De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.

Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.

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A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.

El juicio

El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.

Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.

Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.

Genocidio, nunca más

Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.

Por su parte, la defensa del general retirado ha negado los cargos y, acorde a medios internacionales, han solicitado al tribunal la sentencia absolutoria con libertad inmediata.

El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.

Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión. 

A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.

Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.

Por Carles Planas Bou

Barcelona 10 MAY 2024

Hasta mediados de 2020, el pequeño municipio alemán de Grünheide, a 30 kilómetros al sureste de Berlín, era conocido por el verde de sus bosques y por el azul de sus lagos. Todo empezó a cambiar ese verano, cuando la tala de árboles despejó el terreno para colocar los primeros bloques de hormigón y acero que ayudarían a levantar la gigafactoría de Tesla, la mayor fábrica de coches eléctricos de Europa.

El proyecto fue tan deseado por las administraciones locales y nacionales como detestado por gran parte de los vecinos, pero los tribunales decantaron la balanza en favor de la compañía liderada por Elon Musk. Ahora, el magnateprepara la expansión de la planta, unos planes que están movilizando la indignación masiva del activismo climático en Alemania.

Desde el miércoles, unos 1.500 activistas de todo el país están acampados a las puertas de la fábrica en protesta contra el modelo de “capitalismo automovilístico disfrazado de verde” que representa la compañía y culminará el sábado con una gran manifestación. Este viernes, cientos de ellos han logrado sortear los controles policiales, asaltar la planta y paralizar su producción.

“No solo queremos frenar la expansión de la fábrica, queremos parar Tesla, no tiene sentido fabricar coches de lujo para ricos que excluyen a la mayoría”, explica a EL PERIÓDICO Lucia Mende, portavoz de Disrupt Tesla, la organización promotora y heredera del movimiento de desobediencia civil contra la minería del carbón Ende Gelände. Su denuncia también alerta del impacto mediombiental y laboral que la empresa causa alrededor del mundo.

Fábrica estratégica

La gigafactoría Berlin-Brandenburg es crucial para los planes de Tesla en el continente. Empezó a operar en marzo de 2022 y, desde entonces, ha dado trabajo a unas 12.500 personas. En sus 3km² de extensión se fabrican baterías eléctricas y el vehículo deportivo Tesla Model Y, el más vendido del mundo en 2023. Su capacidad de producción alcanza los 500.000 coches anuales, pero tras la ampliación prevista para este año —contra la que han votado una mayoría de vecinos— se espera llegar al millón.

En abril, activistas climáticos ocuparon temporalmente la planta de Mercedes en una localidad cerca de Bremen como denuncia contra la elevada contaminación que producen los coches de lujo de la marca alemana. Un mes antes, Tesla se vio obligada a detener la producción de la planta tras un incendio provocado contra una subestación eléctrica. El ataque fue reivindicado por la organización izquierdista ‘Grupo Volcán’. “O son los ecoterroristas más tontos del mundo o son marionetas de quienes no tienen buenos objetivos medioambientales”, exclamó Musk. Aunque no fue a más, la interrupción infligió a la compañía pérdidas estimadas en “varios cientos de millones de euros”. La Fiscalía Federal lo está investigando como posible atentado terrorista.

Ese precedente ha llevado a la policía a preparar a sus efectivos para una “operación a gran escala”. Aunque previeron un “desarrollo pacífico de los acontecimientos”, sus agentes se han visto hoy superados por los activistas que han logrado entrar en el recinto de la fábrica.

Denuncia climática

Los manifestantes convocados para la protesta se unen estos días a los 80 activistas que, desde hace semanas, ocupan una docena de casas en los árboles del bosque que Tesla quiere sacrificar para ampliar su fábrica. Los políticos locales apoyan el plan de Musk, pero la mayoría de los vecinos no. Tras la presión, la compañía anunció a mediados de marzo que talaría 47 hectáreas de bosque en lugar de las 100 iniciales, un cambio insuficiente para los opositores.

La campaña de “bloqueo” contra la gigafactoría de Tesla responde a la promesa verde de los coches eléctricos. “No son la solución. Son la continuación de la locura del transporte individual por otros medios” —reza el manifiesto de convocatoria de la organización— “Y eso no es ni sostenible ni ecológico“. Mende explica que las autoridades políticas han “negligido” los controles medioambientales “a cambio de dinero”.

El agua, en peligro

El rechazo a la gigafactoría de Tesla también se debe al elevado consumo de agua de la planta que, consideran, “pone en peligro” el suministro hídrico para toda la región. En 2023, Tesla se ‘bebió’ 451.654 metros cúbicos de agua, según documentos internos obtenidos por el diario Tagesspiegel. Aun así, eso supone poco más de un tercio de la capacidad máxima para la que tiene permisos, de 1,3 millones de metros cúbicos.

Los críticos temen que el uso de productos químicos pueda contaminar las aguas residuales e impactar tanto la flora como la fauna de la zona. La Asociación del Agua de Strausberg-Erkner (WSE) denunció en febrero que Tesla habría vertido al sistema de Grünheide hasta seis veces más de fósforo y nitrógeno refractarios —sustancias peligrosas— de los permitidos, según un informe visto por el medio Stern. La compañía explicó que esa concentración de contaminantes se debería a que recicla “hasta el 100%” de sus aguas industriales. Disrupt Tesla no compra ese discurso. “Usan químicos que pueden causar cáncer y que pueden filtrarse en el agua que bebemos”, alerta Mende.

Colonialismo digital

Aunque está en Alemania, la fábrica de Tesla es solo la punta de una “cadena de suministro neocolonial” cuyo impacto viaja mucho más allá de sus fronteras. Así, los manifestantes denuncian que las baterías eléctricas de sus coches se fabrican con minerales críticos como el litio o el cobalto, que se extraen de países con tensión hídrica como Chile o sumidos en el conflicto como la República Democrática del Congo. Lo recordó el activista botsuano Stephen Musarurwa en una concentración del pasado marzo: “Tenemos comunidades que no poseen ni un solo coche eléctrico, pero la cantidad de destrucción sobrepasa los límites de la humanidad”.

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”…

DENUNCIAMOS ACOSO POLICÍACO Y EXIGIMOS UN ALTO TOTAL A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE NUESTRO COMPAÑERO DIEGO GARCÍA.

No basta con la criminalización de la lucha social de nuestra comunidad, pues el pasado 2 de mayo, policías de investigación visitaron el domicilio de nuestro Compañero, para hacer un reconocimiento del lugar, ante una posible orden de aprehensión.

Nuestro compañero Diego García es representante de la UPREZ Benito Juárez y acompaña, en la exigencia por sus derechos a la salud, educación, trabajo, alimentación, vivienda, autodeterminación y autonomía de Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, desde hace más de 25 años.

Denunciamos que desde el pasado martes, dos sujetos con porte de la Policía de Investigación, se han apostado en las inmediaciones de la Casa de los Pueblos, observando y vigilando los movimientos de la Comunidad. Viste uno de ellos con traje y lleva consigo un gafete.

El día de hoy 9 de mayo a las 12:00 Hrs., llamó mucho la atención, pues al pasar frente a la Casa de los Pueblos, sus comentarios que por demás, esta decirlo, lo dijeron muy fuerte, justo para que la guardia del inmueble lo escuchara…

“SOLO ESTAMOS ESPERANDO UNA ORDEN JUDICIAL, PARA ENTRAR Y QUE ESTO VALGA MADRES”

Solo esto alcanzaron a escuchar los compañeros de la comunidad y se alejaron, para quedarse en la jardinera de la acera de la Casa de los Pueblos que hace esquina con la calle de Puente de Xoco. Posteriormente, a las 13:00 Hrs. Se retiraron y se metieron a la torre de City Tower, que se encuentra a 10 metros de la Casa de los Pueblos.

Ante esta grave situación de persecución política, llamamos a los pueblos, comunidades y organiza sociales y de DH a estar alertas ante un acto de represión en contra de nuestro Compañero Diego García. Primero su casa, ahora la Casa de los Pueblos, mañana donde será???

Exigimos al Gobierno de la CDMX y al Gobierno Federal, así como al traidor de los Pueblos, Adelfo Regino Montes, para que pongan un alto a esta campaña de persecución política, que justo la hacen en medio de su farsa electoral.

SI TOCAN A UNO, TOCAN A TOD@S!!

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Tener Techo es un Derecho!!

No a la Criminalización de la Lucha Social!!

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!!

Alto al la GUERRA contra los los Pueblos ZAPATISTAS!!

Hoy la Alianza Yoreme integrada por los Pueblos de Bachoco, El Alto, Buaysiacobe, Cohuirimpo y Masiacahui, se manifiesta en algunas dependencias públicas de la capital de Sonora y marcha por sus calles en protesta al «cochinero electoral» han brotado indígenas desde los círculos empresariales y las cúpulas partidistas para usurpar derechos que se niegan a los nativos Yoreme.

A un mes de haber cerrado el Instituto Estatal Electoral y ante la farsa de sus procesos y la omisión de sus obligaciones como la consulta previa, libre e informada; así como el curso de su registro sin respetar las celebraciones sagradas de la Cuaresma, la obligación es hacer notar la discriminación hacia el Pueblo Yoreme Mayo por parte del IEE Cuyo representante el Mtro Nery Ruiz sigue sin dar respuesta a las demandas que desde hace meses se le han hecho llegar.

Fuente: CTXT.es

Por Gideon Levy

Todo israelí decente debe hacerse las siguientes preguntas: ¿está su país cometiendo crímenes de guerra en Gaza? Si es así, ¿cómo deberían detenerse?, ¿cómo debe castigarse a los culpables?, ¿quién puede castigarlos?, ¿es razonable que no se persigan los delitos y se exculpe a los criminales?

Por supuesto, se puede responder negativamente a la primera pregunta –Israel no está cometiendo ningún crimen de guerra en Gaza–, con lo que el resto de las preguntas resultan superfluas.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede responder negativamente a dicha pregunta ante los hechos y la situación en Gaza: unas 35.000 personas muertas y otras 10.000 desaparecidas, alrededor de dos tercios de ellas civiles inocentes, según las Fuerzas de Defensa de Israel; entre los muertos hay aproximadamente 13.000 niños, casi 400 personas que pertenecían al personal sanitario y más de 200 periodistas; el 70 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas; el 30 % de los niños sufre desnutrición severa; dos personas de cada 10.000 mueren cada día de hambre y enfermedades. (Todas las cifras proceden de Naciones Unidas y organizaciones internacionales).

¿Es posible que estas espantosas cifras se hayan originado sin que se hayan cometido crímenes de guerra? Hay guerras cuya causa es justa y cuyos medios son criminales; la justicia de la guerra no justifica sus crímenes. No es posible que la matanza y la destrucción, el hambre y los desplazamientos a esta escala hayan ocurrido sin cometer crímenes de guerra. Hay individuos responsables de estos y deben ser llevados ante la justicia.

La hasbará israelí, o diplomacia pública, no intenta negar la realidad de Gaza. Se limita a alegar antisemitismo: ¿por qué se meten con nosotros?, ¿qué pasa con Sudán y Yemen? La lógica no se sostiene: un conductor al que paran por exceso de velocidad no se libra argumentando que no es el único. Los crímenes y los criminales permanecen. Israel nunca procesará a nadie por estos delitos. Nunca lo ha hecho, ni por sus guerras ni por su ocupación. Un buen día enjuiciará a un soldado por robar la tarjeta de crédito de un palestino.

Sin embargo, el sentido humano de la justicia desea ver a los criminales ante los tribunales y evitar que cometan crímenes en el futuro. Según esta lógica, solo podemos esperar que el Tribunal Penal Internacional de La Haya haga su trabajo.

Todos los patriotas israelíes y todos los que se preocupan por el bien del Estado deberían desearlo. Solo así cambiará la norma moral de Israel, según la cual se le permite todo. No es fácil desear la detención de los jefes de tu Estado y de tu ejército, y aún más difícil es admitirlo públicamente, ¿pero hay alguna otra forma de detenerlos?

La matanza y la destrucción en Gaza han sobrepasado a Israel. Es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el Estado. Alguien ha llevado al país hasta allí –y no, no ha sido el antisemitismo, sino sus líderes y oficiales del ejército–. Si no hubiera sido por ellos, después del 7 de octubre no habría pasado tan rápidamente de ser un país querido que inspiraba compasión a convertirse en un Estado paria.

Alguien debe ser juzgado por todo esto. Del mismo modo que muchos israelíes desean que Benjamin Netanyahu sea castigado por la corrupción de la que se le acusa, también deberían desear que él y los artífices subordinados a él sean castigados por crímenes mucho más graves, los crímenes de Gaza.

No se puede permitir que queden impunes. Tampoco es posible culpar únicamente a Hamás, aunque haya participado en los crímenes. Somos nosotros los que matamos, llevamos la hambruna, desplazamos y destruimos a una escala tan masiva. Alguien debe responder ante la justicia por ello. Netanyahu es el máximo responsable, por supuesto. La imagen de su encarcelamiento en La Haya junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI es el material de las pesadillas de todo israelí. Y, no obstante, probablemente esté justificado.

Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. La presión que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre el tribunal es enorme (y equivocada). Pero la táctica del miedo puede ser importante. Si los funcionarios realmente se abstienen de viajar al extranjero en los próximos años, si realmente viven con miedo por lo que pueda venir, podemos estar seguros de que en la próxima guerra se lo pensarán dos veces antes de enviar a los militares a campañas de muerte y destrucción de proporciones tan demenciales. Al menos podemos hallar un poco de consuelo en eso.

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Este artículo se publicó el 5 de mayo en Haaretz.

Traducción de Paloma Farré.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F}

A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.

Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.

Fuente: Avispa Midia Por Karen Castillo

^{Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote}

Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.

Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.

Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.

Pronunciamiento en solidaridad y exigencia de un cese a los actos de persecución política

07 de mayo de 2024

El 3 de mayo de 2024 el activista Diego García Bautista dio a conocer que durante estas semanas ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la policía de investigación y que además han recibido visitas similares en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” ubicada en Benito Juárez, Ciudad de México. Estos actos nos colocan en un estado de alerta ante posibles repercusiones del gobierno en turno como consecuencia del activismo y la defensa que durante años ha llevado a cabo nuestro compañero, en pro de los pueblos originarios y su derecho a la vivienda digna.

Esta muestra de persecución política nos alerta ante presuntas carpetas de investigación u órdenes de aprehensión giradas en contra de nuestro compañero Diego García Bautista, colocándolo en riesgo a él y a sus círculos cercanos más inmediatos. Denunciamos que esta criminalización de la lucha social está estrechamente vinculada con la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde octubre de 2020.

Responsabilizamos directamente de estas acciones represivas a Adelfo Regino Montes, titular del INPI, pues en abril de 2021 señaló que existían denuncias penales contra quienes ocuparon dichas instalaciones. Manifestamos nuestra preocupación ante estos actos, que más allá de mostrar una voluntad política del gobierno solo complejizan y vulneran la situación en la que se encuentra la Comunidad Indígena Otomí. 

Nos preocupa un elemento más. En recientes días han acudido personas autodenominadas como “Servidores de la Nación” con carpetas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y escoltados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. En la puerta de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” afirmaron que ahí se vio por última vez a al menos 8 personas menores de edad desaparecidas entre 2019 y 2023

Le preguntamos al gobierno ¿Qué buscan con estos actos? ¿Justificar una entrada para ahora sí desalojar a quienes mantienen tomada la Casa de los Pueblos? Eso que intentaron el 16 de octubre de 2023, cuando más de 500 elementos policiacos intentaron desalojar la toma, golpearon a niñ@s, mujeres, hombres y periodistas; no obstante, en días posteriores un grupo de choque accionó sus armas de fuego contra ell@s, ¡No olvidamos!

La actuación del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal evidencian un nulo interés por otorgar una resolución ante la demanda de vivienda que durante más de tres años ha mantenido la Comunidad a través de la toma del edificio antes denominado como oficina central del INPI. Reprobamos estos actos de intimidación, hostigamiento y represalias por motivos políticos. 

Reconocemos su trabajo en defensa del agua y la vida. Las acciones en su contra afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, por la labor que ha realizado nuestro compañero Diego García Bautista.

Lo reconocemos como defensor del derecho a la vivienda y su constante demanda por el derecho a la Ciudad que históricamente ha sido negada para los pueblos originarios. Quienes hemos trabajado de cerca con él sabemos de su compromiso y labor histórica en defensa de los derechos humanos y su convicción por la presentación de los desaparecid@s, especialmente por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

Por Crimethinc

El 24 de abril, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin para manifestarse contra la complicidad de la administración universitaria en el genocidio en curso en Gaza. Temiendo que se repitieran los disturbios ocurridos en la Universidad de Columbia y en otros lugares del país, las autoridades del campus movilizaron a un gran número de policías. Sin embargo, a pesar de las detenciones y la violencia, los y las manifestantes se impusieron a la policía. En el siguiente informe, las personas que participaron describen lo que aprendieron.

Hace ya seis meses que se llevan a cabo acciones de solidaridad dirigidas por estudiantes en las universidades. En la última semana, sin embargo, se han intensificado, con acampadas y paros en más de 40 campus de todo el país. Estudiantes de lugares tan lejanos como Australia, Italia y Francia han organizado sus propias acampadas y otras protestas en solidaridad. En las últimas 48 horas, han aparecido nuevos campamentos en al menos catorce campus estadounidenses, incluidos al menos tres campamentos -en Atlanta, Filadelfia y Washington DC- que son colaboraciones interinstitucionales. La policía ha desalojado algunos de ellos, pero otros siguen resistiendo. Durante el mismo periodo de tiempo, al menos seis escuelas han acogido manifestaciones. Dos acampadas escolares tomaron edificios del campus.