Fuente: Festivales Media

Acá una conclusión anticipada: en el otoño de 2026, desde las protestas por la vivienda en España hasta los bloqueos de institutos en Francia, pasando por las concentraciones prodemocráticas de estudiantes en Brasil, tres movimientos juveniles aparentemente aislados dibujan juntos un panorama claro: cuando el neofascismo se expande globalmente bajo una forma compuesta de elecciones, capital y gobernanza autoritaria, la línea de defensa de la democracia se está desplazando desde las urnas hacia las calles.

Que el desalojo forzoso de Maricarmen se haya convertido en un acontecimiento simbólico se debe precisamente a que expone la fragilidad del “sistema democrático” ante la lógica del capital: una mujer de 87 años con discapacidad fue expulsada de la casa en la que vivió durante setenta años, no porque violara la ley, sino porque la ley misma fue redactada para favorecer a los “fondos buitre”.

Al mismo tiempo, estudiantes de secundaria en Lyon, Francia levantan carteles que dicen “Juventud enfadada, no facha” (Jeunesse fâchée, pas facho), y universitarios en Recife, Brasil gritan en defensa de la democracia y la educación pública tras las elecciones. Lo que estos actos tienen en común es que rechazan reducir la “democracia” a un ritual periódico de votación, y la redefinen como una práctica política viva que debe defenderse cada día en las calles, los campus y las comunidades.

España, cuando el “derecho a la vivienda” se convierte en piedra de toque de la democracia

A principios de octubre de 2026, más de 50 ciudades españolas fueron escenario de las protestas por el derecho a la vivienda más masivas en décadas. El detonante fue el rechazo del Congreso a dos decretos de vivienda, pero la ira más profunda procedía de un mercado sistemáticamente distorsionado por los “fondos buitre” y los especuladores inmobiliarios. Entre los manifestantes aparecieron numerosos jóvenes con títulos universitarios y empleo que descubrieron que su “patrimonio neto” era de “cero habitaciones”, según rezaba textualmente un cartel en la manifestación de Cádiz.

El caso de Maricarmen materializa esa violencia estructural. Esta mujer de 87 años vivió más de setenta años en un piso del distrito madrileño de Retiro. La vivienda cambió de manos varias veces hasta acabar en poder de la SOCIMI (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Urbagestión. La empresa le exigió un alquiler mensual de 1.650 euros, cuando su única fuente de ingresos era una pensión de 1.450 euros. Un juez ordenó el desalojo y el 23 de septiembre de 2026, fue sacada de su casa en camilla y trasladada a un hospital.

La carga simbólica de este episodio desborda con creces la tragedia individual. La modificación de 1994 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) española eliminó ciertas protecciones de subrogación para inquilinos de larga duración, y Maricarmen fue precisamente una víctima de ese cambio legal. Su abogado señaló que Urbagestión “nunca quiso negociar”, ni siquiera cuando ella se ofreció a pagar la renta exigida. El Defensor del Pueblo español calificó públicamente el caso como “el símbolo de algo que nunca debería haber ocurrido” y señaló que expone “deficiencias en el plano legal”.

La respuesta de los manifestantes fue de tipo ocupacional: el campamento de la Puerta del Sol de Madrid duró nueve días, con más de 2.000 tiendas de campaña; los manifestantes de Valencia intentaron entrar en una cumbre de inversión inmobiliaria; en decenas de ciudades las marchas hicieron resonar el grito de “huelga general”. No se trata de una “protesta de izquierdas” en el sentido tradicional, sino del rechazo a un modelo de gobernanza capturado por el capital: cuando el Parlamento rechaza un decreto que protegería a los inquilinos y los tribunales ejecutan legalmente el desalojo de una anciana discapacitada, se produce un desgarro entre los procedimientos formales de la “democracia” y la promesa sustantiva de la misma.

Francia y la educación como infraestructura de la democracia

Casi al mismo tiempo, los institutos franceses se convirtieron en otro frente. El movimiento de protesta, iniciado a mediados de septiembre de 2026 en Créteil, en los suburbios de París, se había extendido a principios de octubre a más de 400 institutos cerrados en todo el país, con unos 5.000 detenidos.

Las demandas de los estudiantes apuntan directamente a las condiciones materiales del sistema educativo: clases masificadas, escasez de profesorado, los mecanismos de selección de la plataforma Parcoursup y la “falta de financiación” general del sistema. Pero el contenido de las pancartas revela una conciencia política más profunda. En Nantes, estudiantes de secundaria sostienen carteles que dicen “Juventud enfadada, no facha”; en Marsella, la multitud grita “profesores, no gases lacrimógenos”.

La respuesta del Gobierno francés fue de gestión autoritaria típica: el ministro del Interior, Núñez, condenó la “violencia”; la ministra de Justicia, Darmanin, llegó a afirmar que los padres de quienes causen daños materiales deberían indemnizar. El ministro de Educación instó a los padres a “no dejar que sus hijos participen en las protestas”. Estas declaraciones mezclan la protesta pacífica con los actos violentos, intentando disolver la legitimidad de las demandas mediante un discurso de orden.

Sin embargo, lo singular de este movimiento es que está liderado por estudiantes de secundaria, es decir, menores de edad en el sentido jurídico convencional. Lo que aprenden en la protesta no es solo matemáticas y literatura, sino cómo mantener la solidaridad frente a los gases lacrimógenos, cómo organizar bloqueos y cómo definir una identidad política que trasciende el interés individual con el lema “representamos a nuestro instituto”. En un país donde la extrema derecha erosiona persistentemente las normas democráticas en las urnas, esta socialización política es en sí misma una forma de resistencia ciudadana.

Defender la democracia en Brasil, bajo la sombra del legado fascista

El movimiento juvenil brasileño se sitúa en un contexto histórico más directo: Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por planificar un golpe de Estado, y su hijo Flávio Bolsonaro intenta heredar su legado político en las elecciones de 2026. Lula, en la “marcha de la victoria” en Río de Janeiro, declaró: “Si yo no combato a estos fascistas, ganarán las elecciones con facilidad. Yo soy quien se interpone en su camino. O yo, o la barbarie”.

Esta afirmación no es una hipérbole retórica. El asalto a las instituciones del Estado en Brasilia por partidarios de Bolsonaro tras las elecciones de 2022, y la defensa abierta que la familia Bolsonaro ha hecho de la dictadura militar, otorgan al calificativo “fascista” un contenido político concreto. El análisis del académico André Singer señala que Bolsonaro logró unificar a un electorado evangélico antes disperso, construyendo mediante exenciones fiscales y cargos públicos una “alianza inquebrantable” cuya magnitud “equivale a toda la región Nordeste”.

Es precisamente bajo esta amenaza donde el movimiento estudiantil brasileño muestra una clara conciencia “antifascista”. En São Paulo, el 30.º congreso de la UMES (Unión Municipal de Estudiantes Secundarios) tuvo como tema “Educación es soberanía: el imperialismo no debe dominar nuestro país”, y sus representantes gritaron abiertamente “enterrar el bolsonarismo”. En Recife, los estudiantes de la UFPE organizaron inmediatamente actividades de apoyo a Lula tras la primera vuelta electoral, fijando como programa común “defender la democracia, valorar la educación pública y garantizar la financiación de las universidades federales”.

Cabe destacar que esta postura antifascista no es una pose ideológica abstracta. La privatización y militarización de las escuelas, los recortes presupuestarios y los ataques a la autonomía docente impulsados por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fueron correctamente identificados por los estudiantes como la continuación del bolsonarismo en el ámbito educativo.

Una moción del ayuntamiento de Araraquara registró un episodio concreto: en mayo de 2026, grupos de extrema derecha irrumpieron en el campus de la UNESP y llevaron a cabo intimidaciones y agresiones físicas contra estudiantes que protestaban pacíficamente. Defender la educación pública y defender la democracia son, en el contexto brasileño, la misma batalla.

Un frente común, la resistencia pacífica contra la violencia estructural

Estos tres movimientos están conectados por un diagnóstico central, la amenaza autoritaria contemporánea no siempre se presenta en forma de tanques y botas militares. Puede manifestarse como el rechazo de un decreto de vivienda, la ejecución judicial de una orden de desalojo a favor de un “fondo buitre”, el recorte de plantillas docentes en un instituto o una base electoral que venera a un planificador de golpes de Estado como “mito y héroe”.

El lema de los manifestantes españoles, “nuestro techo, su negocio”, nombra con precisión la naturaleza de esta amenaza: cuando las condiciones básicas de supervivencia se financian y la ciudadanía se reduce a elección de consumidor, la carcasa formal de la democracia puede permanecer intacta mientras su promesa ha sido vaciada. El “Juventud enfadada, no facha” de los estudiantes franceses rechaza una equivalencia falsa: equiparar la protesta contra una educación injusta con la violencia de la extrema derecha es, en sí mismo, una contaminación del debate democrático. Y el grito brasileño de “enterrar el bolsonarismo” es la respuesta más directa a una fuerza política que intenta envolver en ropaje electoral una nostalgia autoritaria.

Estos movimientos siguen siendo pacíficos. La gran mayoría de las marchas en España no registraron enfrentamientos. Los bloqueos estudiantiles franceses se basan en cuerpos y pancartas, aunque la cifra gubernamental de “5.000 detenidos” sugiere la magnitud de la represión. Las concentraciones brasileñas son “acciones pacíficas”, según la expresión textual de la moción municipal destinada a condenar la violencia de la extrema derecha contra estudiantes pacíficos.

La paz no es debilidad. En un entorno discursivo que intenta estigmatizar a los manifestantes como “violentos” o “manipulados por potencias extranjeras”, mantener la paz es en sí mismo una elección política estratégica. Obliga a quienes ostentan el poder a exponer la arbitrariedad de su represión: cuando el Gobierno francés detiene a miles de menores, cuando la policía española disparó balas de goma contra manifestantes que intentan entrar en una cumbre inmobiliaria, la verdadera fuente de la violencia se vuelve nítida.

Desde las tiendas de campaña de la Puerta del Sol de Madrid hasta las calles de Lyon, pasando por las concentraciones en los campus universitarios de Recife, se está formando una línea de defensa democrática transnacional. Su enemigo no es un político concreto de un país determinado, sino una lógica política que convierte la vivienda, la educación y la propia democracia en activos comercializables.

Las armas de esta línea de defensa son la presencia física, la voz colectiva y el rechazo al silencio. Su éxito o fracaso determinará si la palabra “democracia” podrá conservar, en la tercera década del siglo XXI, un significado que vaya más allá de las urnas.

Esta editorial va dedicada a Maricamen Abascal y a todas las Maricarmen en el mundo que se convierten en símbolos de la resistencia, ante el capitalismo y el fascismo.