En Honduras, campesinos recuperan tierras de industria de palma aceitera
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F
A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.
Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.
Se refiere al despojo por parte de los agroindustriales de palma aceitera, quienes durante las últimas tres décadas arrebataron, mediante fraudes y violencia, las tierras del departamento de Colón asignadas por el estado de Honduras a la reforma agraria para la producción campesina.
Entre sus memorias de la infancia, Wendy aún se acuerda de los relatos de sus abuelos y padres cuando se opusieron al despojo. Sobre todo, de las trágicas consecuencias para su familia y miles de campesinos de la región que vieron sus sueños de labrar sus propias tierras interrumpidos.
En abril del año 1994, las tierras asignadas para la cooperativa El Chile fueron despojadas mediante una venta ilegal. Como consta en denuncias presentadas por la Plataforma Agraria del Aguán ante el Ministerio Público hondureño, esta transacción fue realizada por personas sin representación legítima de los campesinos, para traspasar el territorio a manos de la Empresa Agropecuaria Camaro, quien a su vez cedió los títulos a Exportadora del Atlántico, perteneciente a la hondureña Corporación Dinant.
Integrante de la plataforma y miembro de la cooperativa El Chile, Wendy espeta que, fue tanta la amenaza sobre los antiguos propietarios, entre ellos su abuelo que, como pasó con él, muchos murieron de la desesperación frente al acaparamiento por parte de los terratenientes de las familias Facussé, Canales y Morales.
“Las tierras son de ustedes”, rememora sobre los dichos de su padre, quien se encargó de transmitir la historia de estas tierras, las cuales hoy pasaron de dedicarse a los monocultivos de palma aceitera para la exportación, para dar espacio a la siembra de alimentos y sostener a 246 familias en una superficie disputada que cubre 486 hectáreas.
La Plataforma Agraria del Aguán contabiliza 25 cooperativas que buscan la recuperación de sus tierras en ese valle. A ellas, suman las luchas de empresas asociativas campesinas, con quienes totalizan 43 organizaciones que buscan, a través de distintas luchas, recuperar las tierras que les fueron despojadas.
Acorde a Raúl Ramírez, campesino de la empresa campesina La Lempira y miembro de la plataforma, son más de 46 mil hectáreas de tierras que buscan recuperar de los agroindustriales de la palma aceitera.
Tierras para la palma
Honduras ha conseguido consolidarse en un importante lugar entre los mayores productores de palma aceitera en Latinoamérica, pues solo se encuentra detrás de Colombia y Guatemala.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señala que, hasta 2023, en Honduras existían 197 mil hectáreas con monocultivos de palma aceitera, las cuales entre los años 2022 y 2023 alcanzaron una producción de 600 mil toneladas métricas por año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), esta superficie representa poco más del 18% del total de la tierra cultivable disponible en el país centroamericano.
Organización
Un grupo de jóvenes resguarda las rejas que dan acceso a la otrora finca palmera. “Viveros”, se lee en un escueto letrero frente a las puertas de metal, vestigio del uso que la Corporación Dinant – la mayor productora de aceite de palma en Honduras, quien cuenta con 13,300 hectáreas de plantaciones – destinaba a este espacio.
Es allí, en la entrada de la cooperativa El Chile, donde platicamos con Iris Lizeth Aguilar, quien hace parte de la directiva y nos detalla el uso colectivo de la tierra. El acuerdo entre las familias recuperadoras, relata, es que a cada asociada y asociado se le asigna un pedacito de tierra para la siembra de alimentos, con lo cual una misma familia puede tener múltiples espacios para sus cultivos, principalmente de autoconsumo.
Desde el interior de la recuperación se observan los monocultivos de palma africana que cercan totalmente las tierras campesinas. Solo el departamento de Colón aglutina una cuarta parte del total de cultivos existentes en Honduras. Sin dejarse abrumar por la palma, los campesinos han desocupado algunos espacios para resembrar con cultivos de maíz. Además construyeron viveros donde producen tomates, chile y hortalizas. También hay áreas con siembra de yuca, árboles frutales y platanales.
“Esta es mi casa. Es un futuro para mis hijos”, resume Aguilar las razones de su lucha, pues considera que recuperar las tierras constituye una enorme responsabilidad con las nuevas generaciones. También con las mujeres, resalta. “Las mujeres representan una buena parte de las personas que recuperan tierras, incluso quienes son madres solteras, por lo que es una urgencia brindarles acceso a un espacio para vivir y tierra para cultivar”.
María Margarita Rodríguez bromea junto a sus compañeros mientras desciende de la motocicleta con la cual alcanza nuestro recorrido. Tras un breve saludo, nos comparte que su principal motivación para participar en la recuperación son sus hijos y que las mujeres tienen un papel destacado en las labores de la cooperativa. Sobre todo, piensa que su participación cobra relevancia en la directiva para contrarrestar prácticas machistas y promover el apoyo mutuo entre las y los campesinos.
Pero no todo es celebración. Lizeth mira de reojo las champitas y nos comparte las necesidades para la cooperativa: un centro de salud, una escuela, además de infraestructura básica como agua potable. Aún con las limitantes, Rodríguez recalca sobre el cuidado para los niños y enfatiza que ellos, a diferencia de las infancias de la región, no trabajan dentro de El Chile. “Nosotros protegemos a los niños, ellos no pueden trabajar. A los jóvenes se les da permiso para que estudien pues son el futuro de la cooperativa”, sentencia.
Las mujeres comparten también el funcionamiento de la asamblea, órgano de decisión que constituyen todas y todos los asociados de la cooperativa. “Tratamos de tomar las mejores decisiones conforme sea más bien de beneficio para todos”, detalla Aguilar y añade que actualmente son 16 las organizaciones campesinas que se encuentran en procesos de recuperación de tierras, aunque “faltan más”, aclara. Según Wendy Castro, la superficie reclamada solo por éstas cooperativas alcanza las 12 mil hectáreas.
La ocupación actual no es el primer intento de los campesinos para gestionar estas tierras. Aguilar cuenta que fue hace tres décadas cuando la cooperativa El Chile fue despojada de manos campesinas. Y desde el año 2009, en el contexto de las movilizaciones contra el golpe de Estado, han buscado su recuperación agrupados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
“Tenemos toda la documentación, de todo lo que es el territorio que abarca la cooperativa El Chile”, sostiene la directiva acerca de su registro ante el Instituto Nacional Agrario (INA). “Si no tuviéramos la documentación, no estuviéramos aquí, ya hubiera habido un desalojo, pero nosotros estamos formalmente peleando algo que es nuestro”, señala en referencia a la posesión legítima de acuerdo al Título Definitivo de Propiedad, fechado en marzo de 1991, el cual alude a la propiedad de la Cooperativa Campesina El Chile sobre estas tierras.
Cumplimiento de convenio, a paso lento
Los campesinos continúan la lucha iniciada por sus familiares y desde otro frente exigen el cumplimiento del convenio firmado con el gobierno nacional en febrero del año 2022.
Sobre todo, les interesa la conformación y operación de la Comisión Tripartita (CT) cuyo trabajo será la investigación de las técnicas y métodos de despojo de los últimos 30 años cometidos por los agroindustriales. “El gobierno muestra voluntad, pero en la práctica no hay nada”, reclama Wendy Castro debido a que, a más de dos años, la CT aún no opera pues carece de la aprobación del presupuesto por parte del Estado de Honduras.
A pesar del estancamiento del trabajo de la CT, las familias campesinas han presionado al gobierno y avanzado en algunos pasos contemplados en el convenio, como la remedición de las tierras para, con ello, verificar la legalidad de los documentos de compra-venta que, de acuerdo a la plataforma, fueron obtenidos por medio de falsificaciones, intimidación y violencia. Así, personal del INA y del Instituto de la Propiedad (IP) trabajaron durante el pasado abril en las tierras de 12 recuperaciones campesinas.
La remedición, explica Raúl Ramírez, busca que las instituciones agrarias hondureñas reconozcan los Títulos Definitivos de Propiedad y a su vez entreguen documentación que certifique la asignación de las tierras campesinas a las cooperativas y empresas asociativas que reivindican como su legítima propiedad.
En este contexto, Wendy Castro asegura que la remedición ayuda a la lucha de las cooperativas, sobre todo porque, denuncia, existe una estrategia de desestabilización que Corporación Dinant realiza para inhibir las intenciones de recuperación, la cual consiste en la entrega de pequeñas parcelas a grupos criminales y paramilitares.
“Algunas de las cooperativas estaban teniendo dificultades con parceleros,
de grupos criminales, que la empresa privada Corporación Dinant les ha dado área para que ellos las explotaran en cambio a que nos intimidaran”, reclama. “El mismo día de la remedición, andaba un carro de Corporación Dinant, con guardia de seguridad SEC, tomando fotos a las personas que estaban haciendo medición”, advierte la integrante de la plataforma debido que las guardias armadas contratadas por los agroindustriales han sido responsables de numerosas masacres.
Acorde a una denuncia ante el Ministerio Público, presentada en enero del 2023 por la Plataforma Agraria del Aguán, existe un trabajo coordinado entre Dinant, sus guardias de seguridad y el grupo criminal denominado “Los Cachos”.
La plataforma señala a este grupo criminal como el encargado de perseguir y asesinar a líderes campesinos. Encabezado por Juan Carlos Lizama, opera en la zona desde el mes de marzo del año 2022, “bajo la dirección y coordinación del grupo Dinant y sus empresas de seguridad en la zona”, remarcan en una denuncia penal, en la cual enfatizan que, desde abril de ese año, ocuparon 10 hectáreas de El Chile.
“Esta posesión del grupo Dinant ha sido posible únicamente con la presencia de grupos armados como Los Cachos, los cuales han ejecutado violencia para evitar la reivindicación de derechos de la cooperativa El Chile”, detalla la denuncia. También comparten que desde ese lugar han montado puntos para vigilar el paso entre las cooperativas Tranvío, Camarones, El Chile, entre otras, por medio de drones que utilizan en diferentes horas del día.
Contaminación, un peligro más
A bordo de una bicicleta, un campesino carga a su hija y herramientas para trabajar la tierra. Juntos surcan el camino que va de los cultivos de maíz y pasa por el vivero, muy cerca del comienzo de los monocultivos. Si uno alza la mirada ahí, le abruma la monotonía de la palma. Y lo que no puede ver, se puede percibir mediante otros sentidos, como el olor del humo que proviene, a menos de dos kilómetros, de la operación de una planta extractora de aceite de palma, propiedad de Exportadora del Atlántico.
Según denuncias penales presentadas por la plataforma, Exportadora del Atlántico es responsable por la adquisición ilegal de 81 propiedades que constituyen un total de 20,749 hectáreas. Por ello, una de las mayores exigencias de las familias en la recuperación de El Chile es la clausura de esta fábrica. No solo porque, acusan, la empresa usurpa 32 hectáreas de esta cooperativa, sino porque su operación y los desechos que produce contaminan las afluentes de agua, suelos y provoca enfermedades en la población.
Wendy Castro refiere que desde la recuperación se le ha exigido a Dinant que clausure la planta, pero los campesinos no han obtenido ninguna respuesta. “No se va a ir, porque son millones de lempiras que le caen (…) ahí sigue la planta extractora contaminando el medio ambiente, están terminando de destruir la flora y la fauna”, reclama.
En el tablero mundial
De acuerdo a datos del Servicio Exterior Agrícola (FAS), del Departamento de Agricultura de EEUU, Honduras, durante 2023, ocupó el noveno lugar dentro de los mayores productores de aceite de palma a nivel global.
En cuanto a mercados, registros del Observatorio de Complejidad Económica (OCE) señalan que los principales destinos y valores de las exportaciones del aceite de palma de Honduras son: Italia con 155 millones de dólares, Países Bajos con 111 millones, El Salvador 51.1 millones, Alemania 43 millones y Nicaragua con 25.9 millones. El OEC destaca que entre 2021 y 2022, se registró un fuerte incremento en la demanda por parte de Italia, Alemania y El Salvador.
Incluso, denuncian que la expulsión de desechos y la contaminación forman parte de una estrategia que ha sido utilizada para hostigar a las familias campesinas. Por ejemplo, Castro recuerda que hace un año, en mayo, trabajadores de Dinant querían cercar una hectárea de las tierras campesinas para construir mas pozos para depositar el agua contaminada.
Por su parte,Olvison Antonio Romero Mejía, secretario general de la cooperativa, denuncia que, por las noches, la planta extractora activa un mayor número de calderas lo que eleva la dispersión del humo, así como la expulsión de residuos químicos, los cuales dice que afectan especialmente a los menores de edad y adultos mayores.
“Los niños son afectados en la piel y también presentan problemas respiratorios”, cuenta enfadado y añade que también, durante la época de lluvias, la extractora realiza mayor cantidad de descargas de residuos lo que termina inundado partes de las tierras campesinas recuperadas.
Certificaciones, lavado de imagen
Como muchas de las trasnacionales del aceite de palma, Corporación Dinant es miembro de RSPO, la Mesa Redonda de Aceite Sostenible, una iniciativa que busca desarrollar estándares para la expansión de los monocultivos mediante el “aceite de palma certificado como sostenible”, (CSPO, por sus siglas en inglés).
No obstante, su reciente adherencia al selecto grupo de ONGs y trasnacionales que dominan el mercado del aceite de palma a nivel global, y que hacen parte de la RSPO, se da después de tres intentos, durante la última década, por conseguir la membresía. Una minuta del Consejo de Administración de la RSPO, fechado en junio del 2022, coloca brevemente el asunto y subraya, sin abordar a detalle, que el principal argumento por el cual se le negaba su ingreso, pese a contar con los requisitos, se debía a “cuestionables problemas del pasado”.
La misma RSPO preve en el documento que, la vinculación con una empresa con graves acusaciones como Dinant, provocará cuestionamientos por lo cual debe examinar el posible riesgo para su reputación. En ese tenor, establece que, si se producen violaciones a sus normas tras aceptarle como miembro, “existen mecanismos para sancionarlos o expulsarlos”.
La membresía es solo un primer acto, antes de que la Dinant logre la certificación que otorga este grupo, lo que le permitiría expandir la venta de sus productos a más mercados. En sus reportes del 2023 y 2024 al RSPO, Exportadora del Atlántico enlista a sus dos procesadoras, activas y en búsqueda de obtener la certificación de sustentabilidad. La primera está ubicada en el Valle de Lean. La otra es la que está en las inmediaciones de la recuperación de El Chile.
Por su parte, Wendy Castro acusa que el aceite producido por Dinant va manchado de sangre. “Es un mensaje que le mandamos a la gente internacional que consume este aceite: que miren lo que Corporación Dinant hace con nuestra familia en el Aguán para que ellos puedan consumir este aceite que tienen en sus casas, en sus hogares, con mucha sangre de nuestros compañeros que han caído por luchar por las tierras que son de nosotros”, denuncia sobre la actuación violenta de la compañía contra los campesinos.
Además, en su Comunicación anual de progreso para la RSPO del año 2022, Corporación Dinant establece que planea obtener la CSPO para sus plantaciones y extractoras en este 2024. “Como campesinos le decimos al RSPO que si certifica a Corporación Dinant, hasta ellos van a salir denunciados porque nos ha despojado, todas las tierras que tiene son de los campesinos, son de muchas familias necesitadas que habemos aquí en el Bajo Aguán”, advierte Castro.
Wendy Castro asegura que las tierras campesinas recuperadas no buscan la acumulación de capital ni son “un lujo”, sino que representan la posibilidad de que cientos de familias en extrema pobreza puedan trabajar el campo para sobrevivir.
Pese a la acentuada sequía que azota esta región del mundo desde hace ya un año, Castro prevé que la llegada de una nueva temporada de lluvias conseguirá sumar a los esfuerzos campesinos para ver brotar el maíz, frijoles, la yuca y demás alimentos que hacen posible la lucha cotidiana.
También asevera que, aún a pesar de la violencia, levantan la voz y seguirán denunciando a Corporación Dinant por actividades criminales. “Si a mí me matan, hay un montón que están frente a la lucha y van a seguir luchando por las tierras”, comparte, lacónica.
Pero esto no le amedrenta, pues refiere que continuarán la lucha. “Mientras maten uno, nacen cinco más. No le tenemos miedo, ya suficiente hemos pasado y sabemos que la tierra es de nosotros”, concluye.
Justicia o tortura: Estrategias penales en Oaxaca contra presos políticos indígenas
Fuente: Avispa Midia
Por Karen Castillo
Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote
Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.
Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.
Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.
La familia de Marcelino participó en marchas, mítines, plantones, foros con el fin de exigir a las autoridades judiciales de Oaxaca la libertad de Marcelino y de otros presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón.
Marcelino es el sostén económico de su familia, su encarcelamiento provocó fuertes estragos en la economía familiar. Dos de sus hijos tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse a la lucha por la libertad de su padre, dando seguimiento a los trámites legales necesarios para ampararse en contra de su detención, así como para trabajar y obtener ingresos para sostener a toda la familia y a Marcelino dentro de prisión.
El caso de Marcelino no es un hecho aislado. El indígena mazateco es una de las más de 40 personas de la comunidad de Eloxochitlán que han enfrentado cargos penales.
De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de persecución y criminalización en contra de la comunidad de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Manuel Zepeda y Eliza Zepeda Lagunas. Eliza, quien es una de las partes acusadoras en el caso, hasta hace unos meses, sostenía el cargo secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca y es parte del partido político MORENA.
El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea.
Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión, desplazados o encarcelados. El caso está dividido en cuatro expedientes, el 02/2015 por homicidio y tentativa de homicidio, el 16/2016 por incendio, y otros dos expedientes por homicidio y tentativa de homicidio.
La mayoría de los hombres y mujeres que han sido acusados de algún cargo penal sostenían algún tipo de representación o autoridad en la comunidad. Marcelino Miramón sostenía el cargo de regidor en 2014. A lo largo de casi una década, y gracias a la lucha de las familias, y el apoyo de otros colectivos y grupos, la mayoría de los indígenas mazatecos que han estado presos han logrado ganar su libertad. En el caso de los perseguidos políticos han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.
En prisión, hay aún tres hombres mazatecos, Alfredo Bolaño y Fernando Gavito, que están a medio año de cumplir 10 años en prisión, y Francisco Durán que lleva cinco años en prisión. Ninguno de ellos cuenta con sentencia.
Pese a que la mayoría de las personas perseguidas ha ganado ya múltiples amparos a nivel federal y local, el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúa entorpeciendo y dilatando el proceso penal en su contra. Esto ha sido denunciado a partir de múltiples actos documentados por la defensa penal y las mujeres mazatecas.
El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que tiene la responsabilidad de vigilar el actuar de los jueces locales en la entidad, también ha sido señalado por la defensa legal y las familias de los presos y perseguidos, como partícipe en seguir prologando la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán al respaldar el actuar del Juzgado de Huautla.
En entrevista con el abogado Daniel Sosa Rafael, quien lleva la defensa legal de gran parte de los presos y perseguidos, platicamos a fondo sobre el proceso legal para entender cómo la actuación de las dos instituciones mencionadas son el mayor obstáculo para terminar, después de más de una década, la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán.
Actualmente, el Juzgado de Huautla amenaza con apelar un amparo ganado hace ya 8 años que protege a 55 personas de ser posiblemente encarceladas. La libertad de Marcelino Miramón, recientemente ganada, también está en riesgo de ser revocada.
Avispa Mídia (AM): Abogado, podría platicarnos, ¿cuál fue la ruta legal para obtener la libertad de Marcelino Miramón?, ¿cuáles fueron los posibles obstáculos legales para arrancar esta libertad?
Daniel Sosa Rafael (DSR): El delito por el cual se le acusaba a Marcelino ya lo habíamos enfrentado en 2017 con Gaspar Betanzos, otro de los compañeros que fue preso y es perseguido. Él trazó la ruta jurídica de cómo se pudiera resolver ese expediente.
Gaspar fue el primer detenido con ese expediente el 16/2016. Lo que tenemos que entender es que todo delito tiene una serie de elementos que se tienen que probar para que se pueda acreditar el cargo penal. Es decir, es necesario en primer lugar comprobar que el delito existe.
Nosotros con Gaspar Betanzos argumentamos desde un inicio que no se acreditaba la existencia del delito de incendio, y que entonces no se podía perseguir el delito. Sin embargo, el juez de Huautladijo que sí se podía acreditar el cargo penal y dictó el auto de formal prisión [es decir, dictó la prisión de Gaspar como medida cautelar].
Nuestra respuesta fue apelar la decisión del juez de Huautla, y entonces nos fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y ahí la sala confirma la resolución del juez de Huautla.
Con Gaspar entonces buscamos ya la protección federal, se mete el amparo sobre la decisión del juez de Huautla, y ahí se confirma lo que nosotros como defensa argumentamos, que no se encontraba acreditados los elementos del cuerpo del delito.
En ese entonces, las partes acusadoras Manuel Zepeda y Vicente Zepeda se inconformaron con el amparo que ganó Gaspar. Ellos acuden al recurso de revisión, y el Tribunal a cargo de revisar ese amparo se va a fondo a estudiar el caso y vuelve a decir que el delito no se puede acreditar.
Ese expediente nos costó bastante, al final se logra lo que la defensa había planteado desde que se luchó contra el auto de formal prisión, que no se podía acreditar el delito.
Cuando detienen a Marcelino Miramón, como ya estaba este antecedente, volvemos a hacer el mismo alegato, y ya no sólo era mi argumentación como defensa, ya estaba fundamentado con el criterio de tres órganos jurisdiccionales que es el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado, y la Sala del estado. Y aun cuando esas tres decisiones se intentaron debatir o pelear desde la parte acusadora, ya no fue procedente, es una verdad jurídica.
A pesar de eso, el juez de Huautla no quiso admitir ese criterio para el caso de Marcelino, pese a que se le juzga por los mismos hechos que Gaspar, en el mismo tiempo y en la misma forma, y dice que sí se encuentra acreditado el cuerpo del delito y decide dar al auto de formal prisión.
Entonces comenzamos el mismo camino que seguimos con Gaspar Betanzos, y es ahí cuando comienzan las trabas por parte del Juzgado de Huautla. No manda el informe a los juzgados federales, no se emiten informes justificados en tiempo y forma, no se informa a los ofendidos, el ministerio público no acusa cuando se le envían correos electrónicos.
Llegamos hasta el absurdo que el Juzgado dijo no tener el recurso ni para obtención de copias. Una de las trabas que duró mes y medio en el caso de Marcelino fue la obtención de copias.
Se llega a ese grado de violencias en el proceso, se llega a tanto que además en esta ocasión de las copias, le decían a la familia de Marcelino que tenían que pagar por las copias, y decían vamos a sacar un primer tanto la próxima semana, en otros 5 días vienes y así, hasta que podamos sacar el testimonio completo; esto es un absurdo. Eso hace muy perezoso el proceso, pero es una cuestión operativa, más que una cuestión jurídica.
Es esa dilación sistemática que ha habido en los demás expedientes de los demás compañeros, es permanente. Parecen cuestiones simples, pero con el tiempo, esas dilaciones van ocasionando una violación a los derechos humanos, porque entonces violan el derecho a un justicia pronta y expedita.
Otro caso es que de repente se les olvida firmar los expedientes, se les olvida poner un sello, y eso es inaceptable, porque dicen que es un error humano, que no manden documentos oficiales sellados o con firmas a pesar de que es lo que se necesita de ley para que tengan validez, otras veces mandan documentaciones incompletas.
Por eso, prácticamente en el amparo que Marcelino gana, tarda un año su desahogo. De manera normal ese trámite suele durar tiempo promedio de 6 meses, las dilaciones procesales prácticamente hacen que el proceso dure casi un año, tiempo que Marcelino estuvo en prisión.
El expediente 02/2015 lleva ya 10 años, y hay personas en prisión sin una resolución, y eso es gran parte causa de esta dilación sistemática del proceso por parte del Juzgado de Huautla.
AM: Además de estas dilaciones sistemáticas que usted nombra, tenemos conocimiento de que las salas del Tribunal Superior de Oaxaca recurrentemente defienden la decisión del Juzgado de Huautla pese a que, como explicó en el caso de Marcelino, haya antecedentes de decisiones y argumentaciones de otros órganos federales que emiten amparos o que se logra la libertad de personas presas, porque se muestra que no hay elementos para probar su responsabilidad. ¿No existe la obligación de jueces locales de respetar las decisiones de jueces federales?
DSR: Es muy interesante esto. Le voy a explicar cómo funciona este círculo vicioso, que podríamos llamar al proceso de desahogo de los expedientes del caso de Eloxochitlán. Voy a usar el caso de Marcelino que es el más reciente para explicar esto.
En el caso de Marcelino, el Tribunal Colegiado emite el amparo con una resolución, y el juez de Huautla entonces como tiene que cumplir con esa resolución lo hace, y Marcelino sale libre; pero dentro de esto está la trampa.
Los amparos no son sentencias, son más bien como recetas que le dicen a los juzgados locales ciertos elementos que deben modificar o les ordena emitir una nueva decisión, pero entonces el Juzgado de Huautla es el que emite la nueva sentencia.
En la ejecutoria de amparo que emite el Juzgado de Huautla en el caso de Marcelino Miramón, el juez sigue insistiendo, a pesar de que todo lo que ya explicamos, que sí se dan los elementos de tipo penal para poder acreditar el delito de daños por incendio.
El juez en su cuestión de libre determinación, de acuerdo a su criterio, se escuda en eso; dice que el delito de daños por incendio sigue existiendo, y dice que lo que no se pudo acreditar es la participación de Marcelino y por eso le otorga la libertad.
Aquí es la parte tramposa que se debe de denunciar. Si tú lo lees, dices bueno pues Marcelino ya salió, ese era el fin inmediato, pero no. Esta determinación que emite el juez, ¿a qué va a dar pie?
La parte acusadora entonces va a decir que sí existe el delito de daños por incendio, y entonces va a dar pie a que el asunto se apele otra vez, esta libertad ganada se puede apelar porque el juez deja abierta la puerta diciendo que sí existe el delito.
Eso da a pie a que Marcelino siga enfrentando un proceso. Y así ha pasado con la todos los amparos y libertades ganadas.
Además, lo más grave que ha pasado en todo este caso de Eloxochitlán es que la parte acusadora presenta su recurso de apelación, ese recurso va al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Entonces el juez de Huautla en vez de que proceda a esa apelación, la guarda, un año, dos o tres años. Tenemos una apelación en el caso de Omar Hugo que lleva 8 años ahí sin trámite porque el Juzgado de Huautla no ha querido, y la saca cuando mejor le conviene. Eso podría pasar también en el caso de Marcelino.
Aunque se ganen 10 o 20 amparos, el Juzgado de Huautla es quien tiene la última palabra.
AM: ¿No hay una forma de romper este círculo vicioso?
DSR: Lo que tendría que hacer el juez de Huautla – y en estos 10 años hemos tenido aproximadamente 5 jueces – es apegarse al derecho y a lo que dice la ley.
Pero los jueces de Huautla se han escudado en criterios que no están sustentados en la ley, y que va en contra de 10 o 20 sentencies federales y de otros jueces que sí se sustentan en la ley.
Ahí es en donde la parte que denuncia, Eliza Zepeda, ha encontrado el cobijo del Tribunal Superior de Justicia, porque nosotros sí hemos denunciado una y otra vez el actuar del Juzgado de Huautla, lo más lejos que hemos podido llegar es que se logró la suspensión de sus funciones a un secretario del Juzgado de Huautla.
Lo que siempre hacen es cambiar al juez. Nos dicen, vamos a mandar a otro juez, y empezamos de cero, y otra vez, no firman las diligencias, y entonces lo que hacen es cambiarlos una y otra vez.
Lo que el Tribunal Superior de Oaxaca debe de hacer es exigir al juez que se apegue al derecho, que cumpla con los tiempos y formas de los procesos. Amparados en esta discrecionalidad para juzgar, el Juzgado de Huautla ha impuesto su voluntad de no hacerlo.
AM: ¿Cuántas personas en el caso de Eloxochitlán son rehenes de la discrecionalidad del juez de Huautla?
DSR: En el expediente 16/2016 hay 55 personas, a lo mejor me equivoco por una o dos personas. En 2016 se ganó un amparo contra las órdenes de aprehensión en contra de esas 55 personas.
Y apenas, este año, en 2024, 8 años después, quiere el Juzgado de Huautla dar trámite a la apelación que en un momento interpuso la parte denunciante, es lo que le comentaba, 8 años ya pasaron y ahora quieren proceder.
Corremos el riesgo que 55 personas puedan ser aprehendidas, y esa lista siempre fue selectiva, las personas de esas listas al menos el 40% se repite en los otros 3 expedientes, por eso se puede confirmar que existe una persecución y prisión política, por eso hay desplazados, presos y perseguidos.
El argumento del juez que revisó el expediente es que se dio cuenta que había algo pendiente, y que el Ministerio Público no había atendido. Es algo irrisorio, y si le preguntas por qué, te va a decir que porque acaba de llegar el expediente. ¿Cómo explicas que 8 años estuvo detenida y ahora quiere proceder a promover esa apelación?
AM: Abogado, usted que ha vivido y acompañado este caso por 10 años y menciona estas dilaciones sistemáticas, y ahora que se habla mucho de reforma judicial, ¿qué se podría hacer desde la parte de la ley para que esto no siga sucediendo?
DSR: Se requiere una reforma en la ley de responsabilidades de servidores públicos. En este caso, las familias ven como fin último el ser libres, con eso quedan satisfechos, y es una percepción muy general de la sociedad, por eso no se impulsa que se apliquen procedimiento ágiles y accesibles para poder sancionar a funcionarios.
Existen conductas que no alcanzan los elementos para empezar un proceso penal, pero como en este caso sí afectan el derecho a la procuración de justicia.
Nuestras instituciones además se encuentran sujetas a necesidades personales de ciertos personajes. En este caso, el rol que ha desempeñado Eliza Zepeda en cargos públicos ha tenido injerencia en el proceso, y que a partir de ahí condiciona el actuar de los jueces y magistrados. No lo podemos comprobar, pero sí existen muchas pruebas para sugerirlo y que nosotros hemos observado.
Por ejemplo, Eliza Zepeda estuvo dentro de la última legislatura del Congreso de Oaxaca y de ahí se vuelve presidenta de la Comisión de Justicia. Ella debió renunciar a ese puesto porque había un conflicto de intereses, a ella le tocó nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Es muy difícil creer que no existió un cabildeo previo a la elección de esos magistrados, y tenemos ese criterio, que los magistrados para poder llegar a ese cargo tuvieron posiblemente que interactuar con ella.
Por salud del expediente, por transparencia, por respeto a la ética y al estado de derecho, ella debió de haber renunciado a ese puesto, porque ella tiene un proceso, así se hubiera evitado justo una interpretación de que podía tener injerencia en el proceso. Pudo haber renunciado y formar parte en otra comisión dentro de la legislatura.
Y de manera coincidente, cuando ella ocupa ese cargo, empezamos a tener un revés, incluso empiezan a tomar en cuenta en una resolución testigos de oída, a pesar que en los últimos años eso ya no existe en el tipo penal. Entonces nosotros decimos, algo está pasando, comienza a haber una ruta de comenzar a negar todo, y no con argumentos legales sólidos, sino con argumentos totalmente inauditos.
Yo en estos años de 10 años he sufrido la intervención de mis teléfonos, y con todos estos elementos que he podido observar, me atrevo a imaginar y pensar, que sí ha habido injerencia de parte de un poder desde el legislativo al poder judicial.
Lo que sí fue noticia pública fue cuando el señor Alfredo ganó el expediente de tentativa de homicidio, y eso está en la prensa, Eliza y una fracción de MORENA hacen un desplegado y exigen a la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que administre bien la justicia. Eso es un condicionamiento político. Eso es público. Si se atreve a eso de manera pública, no sabemos que pase en el ámbito privado.
[Además, Alejandro Murat, entonces gobernador de Oaxaca, se posicionó públicamente a favor de la familia de Eliza y le hizo una llamada de atención pública al Tribunal Superior de Justicia sobre las decisiones tomadas en el caso].
Afortunadamente, gracias al seguimiento de medios independientes, colectivos, a la organización de las mujeres mazatecas, se ha podido avanzar. Nosotros no tenemos ese poder político y económico, lo único que hemos tenido es el poder de la palabra. Y con eso hemos podido ir ganando. Tenemos sentencias absolutorias, tenemos amparos, tenemos libertades. Este caso lo han conocido más de 20 jueces, mínimo, de todos los niveles, y creo que todos ellos no pueden estar equivocados.