“Nos convoca un crimen”, dijo el Capitán Insurgente Marcos en la inauguración del Semillero “Guerra contra la Humanidad” (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio), este 20 de julio de 2026, en el Cideci/Universidad de la Tierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

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un crimen rebosando sangre, lodo y mierda, una historia que empieza con la injusticia entronizada, el dolor democratizado, la destrucción que genera riqueza, bonanza y desarrollo, la muerte como programa de gobierno y símbolo del progreso: a más muertes, más modernidad en una civilización. Nos convoca un crimen, el crimen por excelencia, el crimen hecho sistema, un crimen tan transparente que la luz no lo atraviesa sino que lo trastoca en espejo, en un prisma que se desgaja en colores amables, queribles, deseables, de moda, pues; un crimen tan popular que acumula trillones de likes de sus víctimas propiciatorias y aún así está insatisfecho.

El criminal —el Estado capitalista— se centra ahora en reprimir o exterminar a “los que sobran”, no sólo porque no son lucrativos, sino sobre todo porque representan lo otro, lo no homogéneo, y por lo tanto, con su diferencia, desafían al sistema.

Este encuentro —semillero de pensamiento crítico— surge por la urgente necesidad de reflexionar para mejor entender al criminal. A lo largo de cinco días, pensadoras y pensadores reflexionarán sobre la conformación actual del Estado capitalista tanto en México como en el mundo, la devastación ecológica, la privatización de bienes comunes como el agua, el fracking, el ser humano como víctima pero también como desafío al sistema, la historia como herramienta de opresión y las historias de abajo como arma de lucha, el horror vivido en Palestina y la dignidad de la resistencia, las familias buscadoras de desaparecidas y desaparecidos, el reordenamiento urbano, la lucha de las mujeres, el terror de la ultraderecha.

Gilberto López y Rivas – “Terrorismo global de Estado, militarización y recolonización de los territorios”

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Según el análisis de López y Rivas, el capitalismo contemporáneo atraviesa una nueva etapa caracterizada por la profundización de la violencia, la militarización y la recolonización de los territorios. A diferencia de etapas anteriores, en las que el sistema mantenía ciertos mecanismos de mediación social, hoy predominan la coerción, la guerra, la criminalización de la protesta y el desmantelamiento de los derechos conquistados por la clase trabajadora.

El capitalismo actual conduce así a una crisis civilizatoria que se manifiesta en lo que los zapatistas han llamado “la tormenta”: cambio climático, agotamiento de los recursos naturales, destrucción de la biodiversidad, pobreza, migraciones forzadas, guerras e incremento de diversas formas de violencia.

El terrorismo global de Estado, encabezado principalmente por Estados Unidos y respaldado por otras potencias y organismos internacionales, constituye un instrumento fundamental para imponer esta nueva fase de acumulación capitalista mediante intervenciones militares, ocupaciones territoriales y la violación sistemática del derecho internacional. “Estados Unidos, como potencia hegemónica, ha instaurado la barbarie como un proceso devastador para el género humano y para la naturaleza”, afirmó López y Rivas.

En el caso de México, los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) han dado continuidad a procesos iniciados durante el periodo neoliberal. La expansión de los megaproyectos, el fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas y la creciente participación del crimen organizado configuran una estrategia de militarización y control territorial que afecta especialmente a comunidades indígenas, campesinas y movimientos sociales. Bajo el régimen de la 4T, el país se ha militarizado como nunca en la historia. “El estamento militar realiza actualmente más de 200 tareas… que no están contempladas en la Constitución ni en sus leyes reglamentarias”, dice López y Rivas. Al mismo tiempo, al paramilitarismo —un instrumento encubierto del Estado para hostigar, desplazar y debilitar a las organizaciones populares sin asumir públicamente la responsabilidad de la violencia, utilizado históricamente como mecanismo de contrainsurgencia—, se le suma ahora el narcoparamilitarismo.

Frente a este panorama, los pueblos mayas zapatistas, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y los diversos colectivos y organizaciones que luchan por la vida constituyen una alternativa real; una alternativa que no pasa por la disputa del poder estatal, sino por la organización desde abajo, la autonomía, el autogobierno, el principio de mandar obedeciendo y la construcción cotidiana de formas comunitarias de democracia.

López y Rivas concluyó haciendo un llamado a la academia, a los artistas, a los medios de comunicación, al magisterio, al estudiantado y a todos los sectores comprometidos con el pensamiento crítico para acompañar las luchas de los pueblos. Ante la crisis del capitalismo y las múltiples formas de violencia contemporánea, es indispensable fortalecer la organización colectiva, desarrollar un pensamiento crítico capaz de comprender los cambios del mundo y mantener viva la construcción de alternativas orientadas a la defensa de la vida, la justicia y la dignidad.

Alicia Castellanos – “Racismo y violencia contra los pueblos”

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Alicia Castellanos hizo una reflexión crítica sobre la relación entre racismo, violencia y las formas contemporáneas de dominación que afectan a pueblos y comunidades en distintas regiones del mundo. Su reflexión partió de la idea de que vivimos una etapa de crisis civilizatoria marcada por una profunda desigualdad, deterioro ambiental y expansión de diversas formas de violencia vinculadas con el capitalismo actual.

El racismo, explica Castellanos, es una construcción histórica que surgió y se consolidó durante la expansión colonial europea. Desde el siglo XVIII, la idea de “raza” fue utilizada para establecer jerarquías entre pueblos y justificar procesos de dominación, explotación y despojo. Aunque hoy el concepto racial suele aparecer de manera menos explícita, sus mecanismos persisten mediante nuevas formas de exclusión basadas en diferencias culturales, nacionales, religiosas, económicas o políticas.

Para Castellanos, el racismo funciona como una herramienta de poder que permite construir al “otro” como una amenaza: un enemigo que debe ser controlado, expulsado o eliminado. Esta lógica ha estado presente en distintos procesos históricos de colonialismo, genocidio, guerras y persecuciones contra pueblos considerados inferiores o peligrosos.

Esta función del racismo se aplica también a conflictos contemporáneos, en especial al genocidio del pueblo palestino, las políticas migratorias contra comunidades extranjeras y el crecimiento de discursos nacionalistas y autoritarios que convierten a determinados grupos sociales en chivos expiatorios durante épocas de crisis. La normalización del odio desde instituciones y gobiernos, advierte, abre camino a formas extremas de violencia.

Cuenta Castellanos que el escritor libanés Amin Maalouf propone la idea de “identidades asesinas”: “aquellas que reducen la identidad de una persona o de un pueblo a una sola pertenencia”, y que sirven de sustento para la violencia contra los “otros” y para procesos genocidas contemporáneos, como el de Guatemala y, ahora, Palestina.

En el caso de México, los megaproyectos de desarrollo, en especial el Tren Maya, son ejemplos paradigmáticos del racismo hacia los pueblos originarios. Estos proyectos han implicado procesos de transformación territorial, afectaciones ambientales, pérdida de biodiversidad, presión sobre comunidades indígenas y una creciente participación de las fuerzas armadas en tareas civiles y económicas. En este contexto, la militarización del territorio modifica las relaciones comunitarias y afecta los derechos colectivos de los pueblos.

Para los pueblos mayas, la tierra no representa sólo un recurso económico, sino un espacio de memoria, identidad, cultura y reproducción de la vida. La destrucción de ecosistemas, cenotes, selvas y formas tradicionales de organización comunitaria es, así, una amenaza no sólo ambiental, sino también cultural.

La resistencia y organización desde abajo, en especial las impulsadas por los pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, son una respuesta a este panorama: formas alternativas de ejercer el poder basadas en la autonomía, la participación comunitaria y el principio de “mandar obedeciendo”.

Al igual que López y Rivas, Castellanos llamó a fortalecer el pensamiento crítico como herramienta para comprender las transformaciones del mundo actual y para imaginar alternativas frente a la violencia, el racismo y la destrucción ambiental. La respuesta a las llamadas “identidades asesinas” y a las estructuras de dominación debe ser la construcción de un nosotros basado en la solidaridad, la justicia, la igualdad y el respeto a la diversidad.

Frente a las fuerzas que promueven el despojo y la exclusión, los pueblos organizados mantienen viva la posibilidad de construir otros mundos sustentados en la dignidad, la autonomía y la defensa de la vida.

Wilfrido Gómez Arias – Nuestra agua, sus concesiones. La arquitectura legal del despojo y el acaparamiento del agua en México

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El agua es un elemento esencial para la vida y se encuentra en constante movimiento a través del ciclo hidrológico. Sin embargo, su distribución en México es desigual. Mientras algunas regiones del sureste concentran grandes volúmenes de precipitación y disponibilidad de agua, amplias zonas del norte enfrentan condiciones de escasez. Esta desigualdad natural se ha agravado por un modelo de gestión que ha permitido la sobreexplotación, contaminación y concentración del agua.

A partir del periodo neoliberal, se impulsaron transformaciones legales e institucionales que modificaron la relación del Estado con el agua. La creación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 1989 y la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 establecieron un sistema basado en concesiones, mediante el cual el Estado otorgó derechos administrativos para extraer, utilizar y aprovechar volúmenes determinados de agua durante periodos prolongados. Este modelo convirtió el acceso al agua en un derecho administrativo susceptible de acumulación, transmisión y defensa jurídica. Aunque el agua constitucionalmente pertenece a la nación, el sistema de concesiones permitió que grandes usuarios económicos concentraran importantes volúmenes, mientras muchas comunidades y pueblos quedaron fuera del reconocimiento formal de sus derechos históricos sobre sus fuentes de agua.

La ausencia de una adecuada planeación hídrica provocó un proceso de sobreconcesionamiento. En diversos acuíferos y cuencas se comenzó a extraer más agua de la disponible para su recuperación natural. Como consecuencia, cientos de acuíferos presentan disminución de sus reservas y numerosas cuencas muestran señales de deterioro. La crisis actual del agua no es únicamente un problema de disponibilidad natural, sino también resultado de decisiones políticas, legales y económicas.

Los principales beneficiarios del modelo de concesiones han sido grandes usuarios privados y públicos vinculados con sectores como la agroindustria, minería, industria manufacturera, bebidas, energía, inmobiliarias y grandes desarrollos urbanos. Mientras algunas empresas cuentan con concesiones para extraer importantes volúmenes de agua, numerosas comunidades enfrentan desabasto, distribución irregular, dependencia de pipas y deterioro de sus fuentes locales.

Los pueblos indígenas y sistemas comunitarios de agua han sido particularmente afectados. A pesar de que históricamente han protegido manantiales, ríos y zonas de recarga, sus formas tradicionales de gestión no han sido plenamente reconocidas por el marco legal. En muchos casos, las fuentes de agua utilizadas por comunidades han sido registradas a nombre de municipios, particulares o empresas.

En 2012 se reconoció constitucionalmente el derecho humano al agua, estableciendo que toda persona debe tener acceso a agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para sus necesidades personales y domésticas. Sin embargo, las reformas impulsadas en 2025 no modificaron de fondo la estructura del sistema de concesiones. Aunque incorporaron algunos cambios administrativos, mantuvieron la lógica central que ha permitido la concentración del agua en pocos usuarios.

Garantizar el derecho humano al agua implica mucho más que entregar agua mediante pipas o botellas. Significa asegurar un acceso permanente, seguro y digno, con sistemas públicos eficientes, participación ciudadana y reconocimiento de las comunidades que históricamente han cuidado el agua.

La problemática del agua en México refleja una disputa entre dos visiones: una que entiende el agua como mercancía y otra que la reconoce como un bien común indispensable para la vida. Resolver la crisis hídrica requiere recuperar una perspectiva basada en la justicia social, ambiental y territorial, donde el agua sea administrada para garantizar la vida de las personas, los ecosistemas y las generaciones futuras.

Carlos Tornel – “Capitalismo, guerra total y la rebelión de lo vivo”

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Las palabras de Carlos Tornel partieron de la provocación formulada por el zapatismo hace más de dos décadas: la idea de que vivimos una Cuarta Guerra Mundial, una guerra que no se limita al campo militar, sino que atraviesa la economía, la cultura, la información, los territorios, los cuerpos y todas las formas de vida. Su objetivo no es solamente derrotar enemigos, sino destruir, disciplinar o reorganizar aquello que no puede convertirse fácilmente en mercancía: pueblos, memorias, autonomías, territorios comunes y formas distintas de relacionarse con la vida.

Esta guerra es un aspecto fundamental del funcionamiento del capitalismo. Desde sus orígenes, la expansión capitalista ha dependido del despojo, la apropiación de bienes comunes y la transformación de la naturaleza y las relaciones sociales en mercancías. Hoy, frente al agotamiento de recursos, la crisis climática y las resistencias territoriales, el capitalismo no reduce su expansión, sino que abre nuevas fronteras extractivas: minería, combustibles fósiles, minerales críticos y grandes infraestructuras energéticas y logísticas.

La crisis ecológica no afecta a toda la humanidad de la misma manera. No existe una responsabilidad equivalente frente al deterioro ambiental: las clases sociales, el género, la geografía y las relaciones coloniales determinan quién consume, quién decide y quién enfrenta las consecuencias. Por ello, la crisis climática no puede entenderse como resultado de una humanidad abstracta, sino como consecuencia histórica de un sistema basado en la acumulación, el colonialismo, el patriarcado y la explotación.

La guerra contra la naturaleza surge de una separación moderna entre humanidad y mundo vivo. La naturaleza fue convertida en objeto, recurso y propiedad, mientras ciertos pueblos fueron colocados del lado de “lo natural”, negándoles autonomía y legitimidad. Esta lógica ha permitido justificar la conquista, el “desarrollo” y el “progreso” como caminos universales, ocultando la violencia necesaria para imponerlos.

En la actualidad aparece una nueva forma de colonialismo climático. La crisis ambiental ya no solamente es negada; también se convierte en una oportunidad de acumulación. Los mercados de carbono, las compensaciones ambientales, la minería “verde” y ciertas formas de transición energética pueden reproducir las mismas lógicas de despojo bajo un nuevo lenguaje de sustentabilidad. Los minerales necesarios para las tecnologías digitales, energéticas y militares generan nuevas disputas por territorios, mientras comunidades y ecosistemas son convertidos en zonas de sacrificio.

Tornel también criticó la “maldición del ambientalismo”. Cuando el cuidado de la Tierra se transforma en una tarea técnica administrada por expertos, indicadores y mercados, la conservación pierde su vínculo con los territorios y se convierte en una forma de gobernanza que mide, controla y gestiona la naturaleza sin modificar las relaciones económicas que producen la devastación. La crisis ecológica termina trasladándose al individuo mediante la figura del “sujeto climático” responsable de modificar sus hábitos, mientras las grandes estructuras de poder permanecen intactas.

Frente a esta situación, la propuesta es “la rebelión de lo vivo”. La Tierra no debe entenderse como un objeto externo que necesita ser salvado, sino como la trama de relaciones de la que formamos parte. Defender un río, un bosque, una montaña o un territorio significa defender comunidades, memorias, conocimientos y formas de vida. La autonomía, el común y las resistencias territoriales muestran que existen otras maneras de organizar la existencia fuera de la lógica de la mercancía.

La idea de que somos naturaleza defendiéndose a sí misma implica recuperar vínculos con los territorios, reconstruir capacidades colectivas y reconocer que la transformación no vendrá únicamente desde los Estados, las corporaciones o la tecnología, sino desde las prácticas comunitarias que ya existen. La segunda tormenta no es solamente la crisis producida por el capitalismo, sino la fuerza de los pueblos, los territorios y las formas de vida que se organizan para resistirla.

Tornel concluyó con una invitación a abandonar la espera de soluciones externas y recuperar la capacidad colectiva de construir otros mundos: no utopías lejanas, sino espacios reales donde la autonomía, el cuidado y la vida común puedan seguir creciendo frente a la guerra contra la naturaleza.

Subcomandante Insurgente Moisés

El primer día del Semillero concluyó con un importante anuncio por parte del Subcomandante Insurgente Moisés:

El siguiente Encuentro de Resistencias y Rebeldías y el Encuentro de Artes, en diciembre de este año 2026, se realizará en la Ciudad de México, en la sede de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes.

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Aquí el comunicado completo.

Fotos: Radio Pozol