Por Wilfrido Gómez Arias
Semillero Guerra contra la Humanidad (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)
23 de julio de 2026

(Descarga el audio aquí)

Antes de comenzar, me gustaría agradecer por esta invitación que me hicieron llegar para compartirles algo que hemos intentado ir entendiendo, aprendiendo junto con mi esposa Andrea, otros colegas, sobre un tema tan importante como es el acaparamiento de nuestras aguas.

Es para mí un honor estar aquí con ustedes, compartiendo esta experiencia junto a otros compañeros, compañeras, compañeroas y junto a ustedes, en este espacio en el que han pasado diversos personajes, pueblos, comunidades, a compartir su palabra, sus luchas, su pensamiento crítico y otras formas de construir otros mundos posibles.

He de confesar que siempre que me encuentro en una encrucijada hacia dónde navegar, recurro a ustedes, a su pensamiento, a su rebeldía, a lo que van construyendo desde el común.

No voy a negar que estoy nervioso, pero haré todo lo posible por lograr una exposición que nos permita comprender y reflexionar sobre cómo ha sido y sigue siendo la arquitectura legal del despojo y el acaparamiento del agua en México. Voy a terminar en una hora.

El agua está siempre en movimiento. El sol calienta los ríos, el suelo y las plantas. Parte del agua se convierte en vapor y sube a la atmósfera. Al enfriarse, ese vapor forma nubes y después regresa a la superficie como lluvia. A esa agua que cae le llaman precipitación.

Sin embargo, esa lluvia no cae de manera uniforme. En México, la mayor parte de las lluvias caen entre junio y octubre. Bueno, ahora con el calentamiento global se puede volver más impreciso el inicio, la duración y la intensidad de las temporadas de lluvia. También hay zonas del país donde llueve mucho más que en otras. Si observamos el mapa, esto nos dice la cantidad de lluvia acumulada durante el 2019. Los tonos rojos y naranjas indican las zonas donde llovió menos, mientras que los tonos azules señalan aquellas donde la precipitación fue mayor. Podemos ver que en algunas zonas del sureste del país se registraron entre mil y 3 mil milímetros de precipitación. En cambio, en gran parte del norte y en la península de Baja California, llovió mucho menos.

Para imaginar cuánta agua llueve, tomemos por ejemplo algunos recipientes. Si en algún lugar de México llueve en promedio 760 milímetros al año, tendríamos una capa de agua de 76 centímetros de altura, del tamaño del niño en la figura, siempre y cuando pudiéramos guardarla toda. Y dependiendo de la extensión del recipiente, sería la cantidad de agua que se almacenaría. Si el recipiente se extendiera una hectárea, se podrían entonces almacenar 7,600,000 litros de agua al año, lo que es lo mismo: 7 mil 600 metros cúbicos, o 7 mil 600 tinacos de mil litros de agua al año en promedio.

Pero hay un inconveniente: no toda el agua que cae se queda disponible. Una parte se infiltra en el suelo; otra corre hacia arroyos, ríos y el mar. Las plantas aprovechan otra parte y una cantidad vuelve al aire por evaporación y por la transpiración de las plantas.

El agua que corre sobre la superficie del terreno, o agua superficial, se llama escurrimiento y se desplaza dentro de una cuenca, es decir, un territorio cuyas aguas fluyen hacia un mismo río, lago o mar.

En el mapa de la izquierda se muestra el volumen de agua promedio anual de escurrimiento por las cuencas. Los colores más oscuros de azul indican mayores cantidades de agua y, más hacia el crema, menos cantidades de agua.

Se puede observar que los volúmenes más altos se concentran principalmente en el centro y sureste de México, mientras que en buena parte del norte estos volúmenes son bajos.

Como dijimos anteriormente, otra parte de la lluvia se infiltra en el suelo. Una cantidad es aprovechada por las plantas o permanece cerca de la superficie, pero otra logra atravesar las capas de tierra y roca hasta alimentar los acuíferos. A este proceso se le llama recarga de agua subterránea o de los mantos freáticos. Podemos imaginar a los acuíferos como una gran cubeta y el manto freático como el agua que contiene esa cubeta, como se muestra en la imagen derecha.

El mapa de la izquierda muestra el volumen de agua que se almacenó en los acuíferos, y no ocurre igual en todo el país. Destaca especialmente la península de Yucatán, con grandes volúmenes, pero en el norte menos.

Esto es más o menos un poco el panorama de lo que sucede con las aguas del territorio mexicano y que el Estado mexicano ha comprometido a través de marcos legales que permiten su despojo y su acaparamiento.

Para hablar de esto último, me voy a concentrar brevemente en lo que algunos autores llaman el inicio del periodo neoliberal en México, que va de 1982 a 1994, que es cuando se agudizan los problemas hídricos en México como consecuencia de un modelo extractivista. Una lógica de acumulación por despojo, en la que el agua es vista como una mercancía que se puede comprar y vender.

Primero, en el periodo de Miguel de la Madrid, se dan los primeros síntomas cuando se proclama la reforma municipal en 1983 y se deja toda la responsabilidad de la gestión hídrica, los servicios públicos de agua potable y alcantarillado para la población, en los pocos preparados ayuntamientos, pues no contaban con la preparación técnica ni los recursos fiscales o presupuestales necesarios para ello. Además, dicha reforma negaba el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua. Todo esto más adelante se transformaría en un descuido de las infraestructuras locales de agua potable y saneamiento, lo cual aprovecharían algunas empresas privadas para hacerse cargo de la distribución del agua en varios municipios del país.

Luego tenemos el periodo de Carlos Salinas de Gortari, que es cuando se expanden los mecanismos de acumulación del modelo neoliberal mediante la comercialización y especulación del agua.

Para ello, Salinas instauró la Comisión Nacional del Agua, actualmente CONAGUA, en enero de 1989. Desde entonces se propició la privatización del agua y su entrega a las transnacionales.

Luego, como condición impuesta por el gobierno de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una prioridad fue la elaboración de la Ley de Aguas Nacionales, decretada en 1992 y vigente hasta la fecha. Y digo vigente porque las reformas de diciembre de 2025 no cambiaron ni un ápice en su estructura principal, como veremos más adelante.

Esta fue parte de un paquete de leyes que llegaron al Legislativo de San Lázaro, desde Washington, junto con las leyes minera, agraria y forestal, que en conjunto debilitaron la soberanía de la Nación sobre nuestras tierras y aguas establecida por la Revolución Mexicana, con el fin de reemplazar al Estado con el libre mercado, que en concreto despojaban a los mexicanos de nuestros recursos naturales.

La Ley de Aguas Nacionales, o Ley de Aguas Salinista de 1992, reglamentó el artículo 26 constitucional que protege el carácter nacional del agua y reorganizó el acceso al agua mediante concesiones, asignaciones y registro público, favoreciendo un control privado sobre un bien común, es decir, propició el despojo y su acaparamiento.

Ese derecho no es otra cosa que tener el derecho sobre una gran cantidad de agua a costa de los ecosistemas, pueblos, comunidades y ciudadanos.

Esta apertura no la nombran privatización absoluta del líquido, sino como conversión del acceso al agua en derechos administrativos con titular, volumen, uso, ubicación, vigencia y posibilidad de defensa jurídica.

La ley salinista puso a la Comisión del Agua con Agua como única autoridad del agua sin contrapeso. Estableció un sistema único de concesiones sobre aguas nacionales, sujetas a dinámicas de compra-venta como primer paso para la mercantilización del agua. Creó también el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). Así, cualquier persona, comunidad, municipio, empresa que quisiera tener agua tenía que acceder a ella vía concesiones. Aunque los ciudadanos para uso doméstico podían acceder a ella vía los servicios por “órganos administrativos de agua potable”.

En la imagen podemos ver un flujo de cómo funciona el despojo del agua. Vemos, pues, está la ley que permite el acaparamiento, está la Conagua que permite dar esa agua, y este es el mapa, más o menos, de la biografía de cómo funciona el despojo.

¿Pero qué es una concesión?

Una concesión podemos definirla como un título administrativo otorgado por el Estado que autoriza a una persona, empresa u organización a extraer, usar o aprovechar determinado volumen de aguas nacionales en un lugar, para un uso y durante un periodo determinado, los cuales pueden ser muy largos, máximo 30 años, con la posibilidad de renovar ese periodo; es decir, una concesión puede durar 60 años.

¿Cómo se han otorgado las concesiones?

De la manera más absurda, por orden de solicitud, según lo establece la ley; es decir, el que llegó primero tenía prioridad para usar lo que le diera en ganas, siempre y cuando supuestamente existiera disponibilidad. No se puso límite a los volúmenes. Los primeros solicitantes podían agotar todos los volúmenes de agua disponible, lo que llevó a la sobreexplotación de las cuencas y acuíferos, como veremos más adelante, mientras comunidades y pueblos quedaron como últimos.

Estos títulos de concesión y asignación, los permisos de descargas de aguas residuales y las zonas federales se inscriben en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), que es administrado por la CONAGUA, pero con las reformas de agua finales de 2025 pasó a llamarse Registro Público Nacional del Agua, aunque el portal de consulta de CONAGUA todavía conserva el nombre de REPDA.

El REPDA es un registro para los que tienen derechos sobre el agua. Literalmente busca darle certeza jurídica, pues no es un registro que busque conocer la situación del agua en relación con sus concesiones a la ciudadanía. La información no es fácilmente accesible ni fácilmente descargable, no siempre ha estado disponible de forma masiva y, además, es compleja para juntar y analizar.

Y esto es solo la punta del iceberg. Lo que conocemos. Por ejemplo, están los expedientes completos asociados a un título de concesión y las copias certificadas, los cuales están restringidos: historial del trámite, informes técnicos, estudios de impacto, resoluciones, recursos y amparos. O sea, todo el proceso de por qué validaron una concesión no lo podemos ver.

Con lo poco que es visible, en el 2016 fuimos invitados por Movimientos en Defensa del Agua para lograr, a través de la programación y la ciencia de datos —que es a lo que yo me dedico, como también a generar plataformas digitales por el bien común, para que la información pueda ser accesible y la tecnología esté al alcance de comunidades y colectivos— a ahondar sobre el registro público del REPDA.

El objetivo era conseguir la base completa de las concesiones, ya que si bien existe el portal digital, la manera de consultar la mayor parte de la información de las concesiones era una por una. Imagínense, además de estar fragmentada en distintos rubros, lo cual representa un gran reto para las organizaciones y movimientos sociales que querían profundizar y conocer más sobre las concesiones de agua en los diversos territorios.

Vale la pena señalar que siempre ha habido esfuerzos de diversos movimientos académicos, grandes trabajos periodísticos, pueblos y comunidades, revisando e investigando las concesiones. A esto nos sumamos nosotros, logrando tener toda la base de concesiones y crear una plataforma que lo integrara todo para su consulta y descarga. Desde entonces, hemos estado procurando analizar la actualización del REPDA y poner a disposición de la población herramientas que simplifiquen el acceso a información y su análisis. Hasta hoy tenemos 23 cortes de actualización, desde el 2017 al 2026.

Bueno, ahora vayamos a las concesiones.

Al haber existido 2 mil concesiones hasta 1992, hoy en día, de acuerdo con el último corte del REPDA en marzo de 2026, existen 533,996 títulos y permisos registrados y asociados a 369,720 usuarios, y un volumen concesionado de 236,204 hectómetros cúbicos de agua al año.

Bueno, para poner en contexto qué significa un hectómetro cúbico de agua al año, es la cantidad de agua que se podría dotar a 28 mil mexicanos si se considera que lo mínimo de consumo de agua debe ser 100 litros de agua diarios.

En el mapa, cada punto azul que vemos ahí representa un aprovechamiento de agua superficial o subterránea. En conjunto, muestra la extensión territorial que ha alcanzado el régimen de concesiones en México. Si separamos las concesiones que se han otorgado para aguas subterráneas y aguas superficiales, encontramos que actualmente se han otorgado 308,777 concesiones para aguas subterráneas, es decir, que se extraen de los mantos acuíferos, y 124,754 para aguas superficiales.

En los gráficos inferiores se puede ver ese momento histórico de mayor inscripción de concesiones, el cual ocurrió entre 1995 y 1999, cuando se registraron más de 300,000 títulos de concesión y se otorgaron los mayores volúmenes de agua.

A continuación, presentamos las concesiones que se han otorgado también a los distritos de riego. Son 455 concesiones a 86 distritos de riego, con un total de volumen concesionado de 29,408 hectómetros cúbicos de agua al año. De estas concesiones, 176 son para aguas subterráneas, con 2,579 hectómetros cúbicos, mientras que 441 son superficiales, con 26,823 hectómetros cúbicos de agua al año. Aunque hay concesiones que tienen una combinación, que tienen aguas subterráneas y aguas superficiales a la vez.

Bueno, en esos años, periodo de 1994–1999, el reparto se realizó hasta agotar existencias, sin planes hídricos, generando sobreconcesionamiento y acaparamiento. Cuando llegaron los primeros estudios de disponibilidad en 2013, ya se habían sobreconcesionado 193 acuíferos de los 653; es decir, se sacaba más agua de lo que los acuíferos se pueden recargar, por lo que entran en déficit. Y ya en 2023 había 266 acuíferos en déficit.

Lo que vemos aquí, en esta nueva diapositiva, es la evolución de la disponibilidad de agua de los 653 acuíferos entre 2013 y 2023. La lectura principal a lo largo de estos años es que 8 de cada 10 acuíferos presentan una disminución neta, es decir, cada vez disminuyen los mantos acuíferos. En total, 526 acuíferos van a la baja, mientras que solo 127 se mantienen o muestran alguna mejora.

Las líneas rojas predominan claramente en el gráfico, aunque el ritmo y la intensidad del deterioro son diferentes en cada acuífero, como veremos a continuación.

A continuación, el mapa permite distinguir tres niveles.

Primero, 297 acuíferos redujeron su disponibilidad, pero todavía mantienen una disponibilidad positiva; todavía, pero se lo van a acabar pronto. Sin embargo, representan una señal de alerta, pues son casi la mitad de los acuíferos. Segundo, 110 acuíferos que tenían disponibilidad positiva en 2013 cruzaron el umbral y entraron en déficit. Finalmente, 119 ya se encontraban en déficit y continuaron empeorando, por lo que su déficit se hizo aún más profundo.

Las cuencas. Ahora pasamos a las cuencas, que permiten analizar también la disponibilidad de agua superficial.

En 2020, 103 de las 757 cuencas del país se encontraban en déficit. Para 2023, el número aumentó a 106. Aquí vemos la evolución de las 757 cuencas entre 2020 y 2023. No hay comparación previa por el cambio de metodología de cómo calculaban el déficit. Igual que en los acuíferos, domina el deterioro: 426 cuencas van a la baja, es decir, casi 6 de cada 10 cuencas.

En el mapa, al igual que los acuíferos, se pueden distinguir tres niveles. Primero, 383 cuencas, la mitad del país, redujeron su disponibilidad, pero todavía mantienen en positivo. Segundo, 7 cuencas que en 2020 tenían disponibilidad positiva entraron en déficit. Destaca por su tamaño la península de Yucatán: cada vez se extrae más agua de los cenotes, de toda la parte de abajo de Yucatán, junto a casos del noreste. Finalmente, 43 cuencas ya estaban en déficit y lo profundizaron.

Hasta aquí hemos visto parte del efecto que ha tenido el sobreconcesionamiento. Ahora nos adentraremos al tema del acaparamiento de esas aguas: en manos de quién están, en dónde se encuentran, cuánta agua estamos hablando. Pero primero vamos a separar las concesiones por su uso, es decir, si es uso constructivo o uso no constructivo.

El uso constructivo, de acuerdo con la LAN, implica aquellas actividades en las que cualquier usuario puede explotar y consumir el agua, cambiando su calidad y alterando su disponibilidad. Por ejemplo: el uso industrial, el uso agrícola, el de servicios, el público, los diferentes usos, etcétera.

Mientras que el uso no constructivo es aquella actividad en la que no se modifica el volumen de agua, ya que se devuelve sin pérdida, aunque no necesariamente al mismo lugar donde fue extraída. Pueden desviar el cauce, dejar sin agua decenas de comunidades o inundarlas, como veremos más adelante. Aquí tenemos como ejemplo el uso para la generación de energía eléctrica mediante hidroeléctricas.

El uso constructivo es de lo más importante porque, como se mencionó, es el uso que altera la calidad y la disponibilidad de agua. De hecho, tiene un impacto directo en la sobreexplotación de las cuencas y acuíferos, y en su contaminación y deterioro.

En este rubro tenemos los distritos de riego, los grandes usuarios del agua, CFE con sus termoeléctricas, Pemex con sus petroquímicas y el resto de usuarios. Si no consideramos los distritos de riego —estos últimos tendrán un tratamiento aparte—, hay 369,435 usuarios, con un total de 56,900 hectómetros cúbicos de agua al año concesionados. De los cuales podemos identificar solamente a 6,461 grandes usuarios del agua, con un volumen concesionado de un hectómetro cúbico al año o más por usuario, que tienen títulos de concesión o asignación que representan casi el 60% de las aguas concesionadas en todo el país para tipo constructivo. Esto es 32,243 hectómetros cúbicos de agua al año.

El origen de estos grandes usuarios del agua y la finalidad de cada uno de ellos respecto al agua es distinta.

Aquí tenemos a los usuarios públicos, como los sistemas de agua de las grandes ciudades. Tienen por finalidad prestar los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, incluyendo drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización, a un número importante de personas.

También los grandes usuarios privados. Tenemos los grandes usuarios privados que utilizan el agua primordialmente para actividades lucrativas, y la categoría otros, en la que se encuentran unidades de riego y ejidos; podría decirse que es un régimen social agrario.

Los grandes usuarios privados, en 2020, les denominamos millonarios del agua, que tienen el poder económico y político de acaparar el agua. Responden particularmente a empresas y personas físicas.

Estamos hablando de 3,144 usuarios, 1,343 empresas, 1,786 personas físicas y 11 instituciones privadas.

Entre las empresas estamos hablando de mineras, acereras, cerveceras, refresqueras, agroindustrias, papeleras, automotrices, inmobiliarias, bancos y personas físicas como la familia Tricio de Grupo Lala. Por ejemplo, Heineken tiene 147 hectómetros cúbicos de agua al año; Grupo México, con 86.1 hectómetros cúbicos de agua al año; Enerall, de Alfonso Romo, con 57.6 hectómetros cúbicos; Kimberly-Clark de México, con 62.6 hectómetros cúbicos; Coca-Cola y sus filiales, 72.9 hectómetros cúbicos, entre muchos, muchos, muchos otros.

Aquí podemos ver un collage de las marcas de las empresas, para que se den cuenta quiénes tienen gran parte del agua en México. Aquí, en la siguiente lámina, podemos ver algunos de los magnates con concesiones de agua a partir de sus empresas, como Ricardo Salinas Pliego, con un total de 46 hectómetros cúbicos de agua al año; Germán Larrea, con 86 hectómetros cúbicos; Miguel Quintana, de Grupo Xcaret, con 22,000, entre otros. Ahora, aquí podemos ver algunos del poder político con concesiones de agua, como Vicente Fox Quesada, Marko Cortés, todos para uso agrícola. Hay que mencionar que no se paga por el uso agrícola y también tienen otras excepciones en las tarifas de precios de electricidad, es decir, les dan algunas ventajas.

Bueno, aquí tenemos el mapa de las hidroeléctricas. Para CFE se han otorgado 108, con un volumen total de 159,589,000 hectómetros cúbicos de agua al año. Para el sector privado se han entregado 72 títulos, con un volumen total de 19,715 hectómetros cúbicos de agua al año. Es decir, gracias a las reformas energéticas, pues las empresas privadas entraron a operar la energía eléctrica en México.

Ahora vayamos al tema del territorio indígena.

Eckart Boege hizo una clasificación de territorios indígenas en el 2015. El territorio no es únicamente una extensión de tierra ni una delimitación administrativa; más bien es el espacio donde un pueblo construye y reproduce su identidad, su cultura, su lengua, sus formas de organización, sus conocimientos y su relación histórica con la naturaleza. Incluye los ecosistemas que las comunidades han utilizado y transformado durante siglos o milenios, así como lugares productivos, sociales, naturales, simbólicos y sagrados.

Con la LAN de 1992 han persistido patrones discriminatorios contra los pueblos indígenas y sus sistemas comunitarios de gestión del agua, donde fuentes administradas históricamente por las comunidades han sido registradas a nombre de los ayuntamientos.

Las vedas se aplican de manera selectiva en perjuicio de los pueblos; no se reconocen los derechos históricos al agua cuando no existe una concesión formal, y se impide registrar concesiones comunitarias, salvo que se constituyan como asociaciones civiles. Además, en regiones como el sur de Puebla, no se permite la excepción del pago de derechos, aun cuando las localidades tengan menos de 2,500 habitantes.

A esto se suman el despojo provocado por presas y trasvases, el otorgamiento de concesiones a grandes intereses económicos sin considerar los daños a las comunidades indígenas y la contaminación impune de las fuentes de agua de las que dependen estas poblaciones.

De acuerdo con el cruce del mapa de los puntos de extracción y los territorios indígenas, se han otorgado alrededor de 60,074 concesiones en territorio indígena, a 46,740 usuarios y 32,942 hectómetros cúbicos de agua concesionados al año.

También vemos que hay hidroeléctricas en territorios indígenas: hay 21 concesiones a 18 titulares, como CFE y varias empresas privadas.

Una cosa que sucede, que es muy interesante, es que también se han dado concesiones de territorio, es decir, “zonas federales” le llaman, sin proyectos de agua. Por ejemplo, aquí podemos ver un mapa de concesiones de territorio sobre la traza de gasoductos; es decir, territorio que no tiene que ver con agua, pero se da ese espacio para hacer megaproyectos.

Los distritos de riego tienen un padrón nacional de zonas de riego que integran presas, derivaciones directas de ríos, pozos, plantas de bombeo, canales principales y secundarios, drenes, caminos, etcétera.

Diversas investigaciones han dado cuenta de la captura de estos por grandes agroindustrias, empresarios, en el que ha habido control de sus consejos y asambleas, mercados de derechos, rentismos y paquetes tierra-agua, extracción no observada, subsidios, contratos y obra pública; es decir, un despojo y una desigualdad territorial.

Voy a poner algunos ejemplos. El distrito 11 Alto Río Lerma, en el que dos módulos de riego, los directivos han creado empresas paralelas y controlado el ciclo productivo. El distrito de riego 017 de la región lagunera, en el que se han reportado derechos en manos privadas. El distrito de riego 014 Río Colorado, donde estudios han señalado que la gran mayoría de usuarios, el 80%, rentaba sus derechos a empresarios privados. Es decir, el distrito de riego tiene una participación importante en el acaparamiento del agua y mucho de esto está en manos privadas.

Distribución del agua público-urbana.

Voy a poner en contexto sobre otras cosas que suceden. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la distribución del agua es desigual. En la zona más rica, por ejemplo, de la Ciudad de México, son zonas que consumen mucho más agua y además tienen servicio las 24 horas. Caso contrario en las zonas periféricas, como en Iztapalapa, que reciben menos agua y por tandeo. Además, de acuerdo con los datos disponibles, en el primer semestre de 2019, el porcentaje para uso doméstico fue de 13.7% y 63.8% para uso no doméstico.

O sea, estamos viendo que también por los sistemas públicos están acaparando el agua hoteles, restaurantes, albercas, un montón. Entonces, también los sistemas públicos que deberían distribuir el agua están siendo acaparados por estas grandes empresas al interior de las ciudades.

En la siguiente vemos una cosa que está sucediendo cada vez más: los organismos operadores que se encargan de distribuir el agua potable están siendo cada vez más capturados por empresas privadas. Y si no pagas el agua, te la cortan. Además, no hay límites para distribuir el agua a la industria. O sea, un operador privado decide a quién puede darle agua. Si no pagas, no; pero la industria se mete ahí para acumular mucha de esta agua del sistema público a través de los organismos privados.

Un reportaje periodístico también mostró que el 12% de los usuarios del agua registrados en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, PUC, menos del 3% paga por el agua y declara menos agua de la concesionada. O sea, no solo acaparan el agua, sino que tampoco la pagan. Entonces, estamos viendo múltiples despojos por ahí.

Ahora voy a hablarles un poquito de los efectos sociales y ambientales de la extracción del agua.

Aquí mostramos algunos conflictos del acaparamiento y del deterioro de estos mantos acuíferos y cuencas.

Bueno, en la siguiente lámina tenemos los megaproyectos. Aquí se encuentran los proyectos de trasvases de agua de territorios rurales e indígenas hacia ciudades, como lo es el proyecto Acueducto Independencia, Sistema Cutzamala, Monterrey VI, Acueducto II. Presas para abastecimiento urbano, como El Zapotillo, Arcediano, Paso Ancho, que implicaban inundación y desalojo de comunidades. Creación de hidroeléctricas como La Parota, Las Cruces, Paso de la Reina, El Naranjal, El Cajón, La Yesca, en que los ríos quieren ser capturados para generar electricidad, afectando tierras ejidales y sitios sagrados. La Parota, Las Cruces y Paso de la Reina ahorita están detenidas gracias a la resistencia de las comunidades. El Cajón y La Yesca operan con impactos sin resolver; eso sí, siguen operando.

En el siguiente mapa tenemos diferentes casos de acaparamiento por industrias de bebidas, como el que se dio en Mexicali contra la empresa Constellation Brands, Bonafont en Juan Cebonilla, Heineken en Meoqui, Coca-Cola aquí en San Cristóbal. Estas cerveceras, embotelladoras, refresqueras tienen concesiones de agua de alta calidad de los mantos acuíferos en estrés, en déficit o con problemas de abastecimiento local, mientras estas empresas no tienen volúmenes continuos para producir estas bebidas.

También tenemos los casos de la agroindustria intensiva: sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, como sucede en la Comarca Lagunera contra Grupo Lala, cenotes de Yucatán contra las porcícolas o contra Granjas Carroll. En La Laguna, el sobrebombeo obliga a extraer agua profunda con arsénico; en Yucatán y Perote, con agroquímicos que contaminan fuentes comunitarias.

También están las mineras que agotan, despojan y contaminan el agua, como el caso Peñasquito, Peña Colorada, en la Sierra de Manantlán. Estas son minas de gran escala que utilizan enormes volúmenes de agua y contaminan ríos y manantiales. Por ejemplo, en Peñasquito, la comunidad de Cedros perdió sus fuentes locales y depende del suministro de pipas de la propia minera. En Manantlán, el agua se utiliza para transportar hierro contaminado con metales pesados y hay hostigamiento contra defensores.

En la gestión urbana, ante la ausencia y debilidad de los organismos públicos, comités comunitarios administran pozos, manantiales y redes locales. El conflicto aparece cuando el ayuntamiento intenta municipalizar el sistema y los desarrollos turísticos presionan para obtener agua, como ha sucedido en Malinalco.

El creciente desarrollo urbano y la distribución desigual es otro de los problemas. El agua se concentra en zonas privilegiadas y traslada la escasez y deterioro a barrios periféricos, pueblos originarios. Aquí el patrón incluye tandeo, dependencia de pipas, costos elevados, extracción de manantiales, pérdida de actividades tradicionales, como la agricultura chinampera. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde radico, en Iztapalapa, Xochimilco, San Bartolo Ameyalco, por mostrar algunos ejemplos. Hay un montón de más ejemplos.

Contaminación.

Aquí tenemos los casos de los corredores industriales que convierten los ríos en sumideros tóxicos, como los que suceden en el Alto Atoyac o Río Santiago. La expansión de corredores textiles, químicos, farmacéuticos, metalúrgicos y manufactureros se realiza sin control efectivo de las descargas residuales. Los ríos reciben aguas industriales y municipales con metales pesados, solventes, benceno, coliformes y materia orgánica.

Las comunidades aledañas quedan expuestas mediante el agua, el aire, el riego agrícola y los alimentos.

Caso de disputas territoriales.

Aquí tenemos los casos de turismo y movilidades sobre ecosistemas kársticos e insulares frágiles, como lo que ocurre en la Laguna de Bacalar y Holbox. La expansión turística ha incrementado la demanda de agua, la generación de aguas residuales y residuos sólidos en acuíferos altamente permeables y con poca capacidad de saneamiento.

Hasta aquí es una aproximación de lo que ha venido sucediendo con todo el tema del acaparamiento del agua.

Las reformas de 2025, ¿qué cambió?

Bueno, en 2012 se adicionó en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Derecho Humano al Agua, que dice:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía —entre comillas— para la consecución de dichos fines. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas.

Esto fue en 2012. Y bueno, apenas hubo esta reforma después de varios años, 13 años, que se hace esta reforma. Ahorita vamos a entrar a detalle en esto.

A partir de entonces se elaboraron propuestas de ley que han querido ir en contra de ese derecho o garantizar lo mínimo, así como dejar intacto el sistema de concesiones. Por ejemplo, la llamada Ley Korenfeld en el 2015 definía un mínimo vital de 50 litros diarios por persona, mientras ampliaba el modelo de concesiones y la participación privada en servicios e infraestructura. La Ley Pichardo en 2017, sucesora de la Ley Korenfeld, quería mantener el sistema de concesiones, reglas a favor del uso minero y regulaciones ambientales insuficientes. La Ley Mata Flores en el 2020, que se reducía a regular principalmente los servicios de agua potable y saneamiento, mientras dejaba prácticamente intacta la LAN de 1992, la ley salinista y su sistema de concesiones.

En 2024–2025, en diversas declaraciones del gobierno, se afirmaba que ahora sí, que ahora sí se iba a crear una Ley General de Aguas que garantizaría el derecho humano al agua, que iba a haber un ordenamiento de las concesiones, entre muchas otras cosas; es lo que se prometía.

Sin embargo, esa nueva ley que promovieron no escuchó las voces de los ciudadanos, organizaciones sociales, pueblos y comunidades indígenas, ni las iniciativas propuestas por los mismos. Se elaboró una ley de manera arbitraria y opaca, con consultas simuladas.

Es decir, estas reformas de 2025, que cambiaron algunas cosas en la LAN de 1992 y establecieron una Ley General de Aguas, pues lo que hicieron fue dejar la estructura medular de la LAN salinista, como es el sistema de concesiones, que ha permitido el acaparamiento del agua en un reducido grupo, como lo vimos ya anteriormente. Si bien se hicieron cambios como la prohibición de las transmisiones, fueron más bien parches paliativos y curitas a la LAN. Así le llamamos nosotros.

Las empresas pueden participar en el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura hidráulica federal, así como en los servicios respectivos. La LAN no prohíbe esa participación. Bueno, las nuevas reformas, perdón. No se prohibió la privatización de los servicios del agua y saneamiento, dejando al país vulnerable, como lo que ocurre en Puebla, Quintana Roo, Saltillo, el puerto de Veracruz, con los organismos operadores de agua privada.

No hay participación ciudadana representativa, ni a nivel regional ni local. No contemplaron los derechos al agua de sistemas comunitarios y pueblos indígenas, entre muchos, muchos otros aspectos que expertos en la materia podrían explicar mejor.

Reflexiones finales.

¿Cómo es posible que un bien común tan importante como el agua, el agua que es un nutriente esencial, que hace crecer las plantas, el sonido de los ríos, da vida a las cuencas, que las soporta y nutre, sea hoy en día de un puñado de personas, empresas y caciques? ¿Qué representa que tengamos esta cantidad de actores privados sobre el agua?

Primero, que no hay límites a la riqueza que pueden acumular y destruir las grandes empresas, los grandes millonarios.

Segundo, es lamentable que no se haya pensado antes en garantizar el agua como nutriente esencial para cada persona, pues el agua es un gran nutriente. De las cosas más bellas en el mundo está el agua, como elemento, como componente de la vida, como parte de los ecosistemas; es súper importante para la salud y es un medio indispensable para producir alimentos.

En las reformas actuales, el derecho humano al agua pasó ni a segundo plano, algo totalmente negado, y el derecho colectivo al agua por parte de comunidades y pueblos, por supuesto que tampoco. Pues las concesiones y los derechos de las concesionarias están por arriba de cualquier persona, pueblo o comunidad.

Mientras que las comunidades y los pueblos han sido los responsables de cuidar y generar la biodiversidad del país, son los que han cuidado manantiales, ríos, zonas de recarga y cabeceras de cuenca. Pero para nada fueron reconocidos como titulares ni participaban en el procedimiento administrativo. Cuando estos pueblos y comunidades intentaban regularizar o defender su acceso a estas fuentes de agua, descubrían que los volúmenes ya estaban registrados a particulares o se les negaba por estar en zonas de veda.

Además, las comunidades y pueblos no solo cuidan esas fuentes de agua, sino que han construido infinidad de infraestructuras con sus propias manos, y de pronto ver que sus aguas están registradas por el municipio, por una empresa o un particular y es administrado por estos, para una multiplicidad de usos, incluyendo industrias, fraccionamientos, sin consulta ni aviso.

Además, varios sistemas de agua potable han sido concesionados para distribuir el agua a empresas privadas, con altos costos para el consumo del agua; quitan el agua si no puedes pagar.

Vemos pues que la ley salinista y las reformas actuales que avalaron y avalan la forma en cómo se otorga el agua en México han permitido y permiten este despojo, porque no solo han perdido agua que era de comunidades y pueblos, sino que establece cómo se administra toda el agua del país, que se entiende que es de la nación, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, pero para que se la regale al mejor postor, que dicho sea de paso, llegó primero o compró los títulos después.

Es una pesadilla la transformación que sufre el agua: 6 litros de agua contaminados para hacer un refresco que te enferma, imagínense.

¿Cumplir el derecho humano al agua es que te llegue agua en pipa? ¿Que el gobierno te otorgue agua embotellada como parte de una mini canasta básica?

Cumplir el derecho humano al agua no significa repartir botellas ni mandar pipas como solución permanente, sino garantizar agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos. Estos usos personales y domésticos incluyen beber, preparar alimentos, lavar ropa, higiene personal y limpieza básica del hogar.

La referencia internacional más usada indica que entre 50 y 100 litros por persona al día suelen —realmente no es— ser necesarios para cubrir necesidades básicas y reducir riesgos de salud. Mientras que 20 y 25 litros diarios representan un mínimo que todavía deja preocupaciones sanitarias importantes.

La pipa sí puede servir en emergencia, pero no cumple plenamente el derecho si es irregular, cara, de mala calidad, insuficiente o si obliga a las familias a reorganizar su vida alrededor de esperar agua.

El agua es un nutriente, sí, pero políticamente también es infraestructura, salud pública, tiempo, dignidad, ecosistema y autonomía cotidiana.

Esta apertura tampoco benefició a todos por igual, porque los pequeños usuarios y muchas comunidades no compiten en las mismas condiciones que agroindustrias, inmobiliarias, mineras, refresqueras, cerveceras, parques industriales o grandes productores agrícolas, auienes fueron los ganones de ese sistema, quienes poseen tierra, pozos, capital, abogados, infraestructura, capacidad de trámite, poder político para obtener, conservar, acumular, transmitir derechos de agua.

Bueno, acá les pongo todo este esfuerzo de los 23 cortes que están en esta plataforma. Ahorita la hemos liberado hoy para que pueda ser consultado por todos y todas, y puedan descargar todas las bases de datos de las concesiones de agua y, si quieren, hacer más análisis de agua.

Muchas gracias.