Santa Ana Zegache, Oaxaca.

La Asamblea General de Ciudadanas y Ciudadanos de Santa Ana Zegache, máxima autoridad de decisión de nuestra comunidad conforme a nuestra asamblea , así como a los principios de libre determinación reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, manifiesta a la opinión pública, a los gobiernos federal y estatal y a la sociedad en general lo siguiente:

Nuestro territorio representa mucho más que una extensión de tierra. Es el espacio donde se desarrolla nuestra vida comunitaria, nuestra historia, nuestra identidad, nuestras actividades agrícolas, nuestros bienes naturales y el legado que habremos de dejar a las futuras generaciones. Su protección constituye un deber colectivo y un derecho irrenunciable.

Ante la intención de construir el proyecto carretero denominado Corredor Vial Zapoteco, anteriormente conocido como Libramiento Sur, expresamos nuestro firme rechazo debido a las afectaciones ambientales, sociales, culturales y patrimoniales que implicaría para nuestra comunidad y para los pueblos de los Valles Centrales.

Durante la Asamblea General convocada legalmente en la comunidad de Santa Ana Zegache, las y los ciudadanos, mediante un proceso de deliberación libre, democrático y comunitario, acordamos de manera expresa no aprobar ni otorgar consentimiento para la ejecución de dicho proyecto dentro del territorio de nuestra comunidad. Este acuerdo representa la voluntad soberana de la Asamblea General y deberá ser respetado por todas las autoridades e instituciones públicas.

Recordamos que el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, a decidir sus formas internas de organización y a ser consultados previamente respecto de cualquier medida administrativa o proyecto susceptible de afectar directamente su territorio.

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano y de observancia obligatoria, establece que toda consulta debe realizarse de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, con el propósito de obtener el consentimiento de los pueblos cuando las decisiones impacten sus tierras, territorios y recursos naturales.

De igual forma, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de los pueblos a conservar, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras y recursos, así como a no ser objeto de decisiones impuestas sin su consentimiento.

También recordamos que el Acuerdo de Escazú, vigente en México, garantiza el derecho de todas las personas a acceder a la información ambiental, participar efectivamente en la toma de decisiones y acceder a la justicia cuando existan afectaciones al medio ambiente y a los derechos colectivos.

En el ámbito nacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que toda obra de esta naturaleza debe sujetarse a procedimientos rigurosos de evaluación de impacto ambiental, mientras que la Ley General de Cambio Climático obliga a las autoridades a proteger los ecosistemas y promover un desarrollo sustentable que no comprometa el patrimonio natural de las generaciones futuras.

Por ello, advertimos que cualquier intento de imponer este proyecto sin respetar la voluntad de la Asamblea General, sin consulta previa y sin cumplir plenamente con las obligaciones constitucionales y legales, constituiría una violación a nuestros derechos colectivos y a los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano.

Queremos dejar claro que nuestra comunidad no se opone al desarrollo ni al mejoramiento de los servicios públicos. Lo que rechazamos es un modelo de desarrollo que pretenda construirse mediante la imposición, la desinformación, la división comunitaria o el sacrificio de nuestro patrimonio ambiental y cultural.

La defensa del territorio no responde a intereses particulares; responde a la responsabilidad histórica de proteger la tierra que recibimos de nuestros antepasados y que tenemos el deber de conservar para quienes vendrán después de nosotros.

Por ello:

Exigimos al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Oaxaca y a todas las dependencias involucradas:

* El respeto absoluto a los acuerdos legalmente adoptados por la Asamblea General de Santa Ana Zegache.

* Que se abstengan de realizar actos, gestiones o autorizaciones que contravengan la voluntad de la comunidad.

* Garantizar plenamente el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

* La transparencia total respecto de cualquier estudio técnico, ambiental, social o económico relacionado con este proyecto.

* El respeto irrestricto a los derechos territoriales, ambientales y colectivos de nuestra comunidad.

Finalmente, hacemos un llamado respetuoso pero firme a todas las ciudadanas y ciudadanos de Santa Ana Zegache para permanecer informados, organizados y atentos ante cualquier acción que pretenda desconocer o vulnerar los acuerdos tomados por nuestra Asamblea General.

La defensa del territorio requiere unidad, participación y vigilancia permanente. Ninguna decisión externa puede estar por encima de la voluntad legítimamente expresada por nuestro pueblo.

Convocamos también a las comunidades hermanas, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad en general a mantenerse atentos y acompañar la defensa pacífica y legítima de nuestro territorio.

Reiteramos que los acuerdos de la Asamblea General constituyen la máxima expresión de la voluntad comunitaria y exigimos que sean plenamente respetados.

Porque la tierra no se vende, se ama, se cuida y se defiende.

¡Santa Ana Zegache unido en defensa de su territorio, su historia y su futuro!