11 de marzo, 2025. Durante su ceremonia del 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer un decálogo por la igualdad de género.
Entre las 10 medidas en razón de género está el establecimiento de 24 efemérides para reconocerlas en la historia; apertura de la sala de mujeres en la historia en Palacio Nacional, con 401 nombres de diferentes épocas, desde ancestras hasta forjadoras de la patria del siglo XXI. Entre ellas: Cristina Payán, la comandanta Ramona, Bety Cariño y Rosario Ibarra.
A esta iniciativa gubernamental, la familia de Bety Cariño responde:
“no aceptamos homenajes vacíos” y “discursos oportunistas” mientras las estructuras de poder “siguen protegiendo a los asesinos de luchadoras y luchadores sociales” Denuncian que el gobierno “pretende hablar de memoria, de la cual nos buscan despojar, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no hay memoria sin justicia”.
“Hoy el gobierno dice escuchar al pueblo, pero calla cuando exigimos castigo para los asesinos de Bety”, afirman las y los familiares y reiteran que “no hay transformación con impunidad”
Por eso denuncian “la hipocresía del gobierno de la 4T y su falsa memoria histórica”. Cabe recordar que tras la liberación de varios acusados de homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola en 2022, el crimen quedó en total impunidad en México.
Ante esta situación, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia. Ambos defensores fueron asesinados por un grupo paramilitar en La Sabana, Oaxaca,
el 27 de abril del 2010, mientras acompañaban una caravana de paz y observación de derechos humanos, misma que se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala.
¡¡¡ BETY CARIÑO VIVE EN LA LUCHA, NO EN LA SIMULACIÓN !!!
En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.
Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT. Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas.
A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.
Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.
Persecución
Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.
El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).
La ampliación del derecho de vía exigida por las autoridades amenaza viviendas y parcelas de familias en la región.
Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.
Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”.
Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.
Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.
Abusos, ignorados por la CNDH
Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.
La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.
Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.
Trabajos para la ampliación del derecho de vía del tramo 2.3 de la Línea Z del CIIT.
En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.
A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.
Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.
Mercancías, por encima de derechos humanos
La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.
Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.
Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.
Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025. Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones.
Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.
Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.
Elementos de la Semar realizan acciones de intimidación y amenazas contra los pobladores inconformes con el CIIT.
El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.
A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote
Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.
Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.
Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.
BOLETIN INFORMATIVO ¡EMERGENCIA EN LA CHONTAL BAJA!
Más de 200 ciudadanos de Guadalupe Victoria, Yautepec, Oaxaca, combaten el fuego en el punto denominado Río masa, mientras las brigadas de COESFO, CONAFOR Y LA GUARDIA NACIONAL, se han retirado del lugar.
Los comuneros alertan que, si el fuego no cesa, pondrá en riesgo el territorio comunal de San Miguel Chongos, San José Chiltepec, Santa María Zapotitlán, incluso San Pedro Huamelula.
Desde el 11 de abril del presente año, autoridades comunitarias de la región chontal, han venido exigiendo al gobierno federal y estatal, su intervención para sofocar el fuego, mientras sus ciudadanos y comuneros, combaten el fuerte incendio con los medios que tienen a su alcance.
El incendio no cesa. Las autoridades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria y San José Chiltepec, manifiestan que el fuego se intensifica. Alertan que el incendio ahora amenaza sus tierras entre los puntos denominados “Río masa, “ojo de agua” y “la mezcla”, los trabajos realizados durante los últimos días no han sido suficientes para combatirlos. La lumbre, rebasa las brechas cortafuego que han venido implementando. Las brigadas, enviadas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Estatal Forestal (COESFO) se han retirado de San Miguel Chongos. Ayer, los elementos de la Guardia Nacional salieron de la comunidad, informaron, mientras el fuego sigue consumiendo el bosque que resguarda una importante biodiversidad del estado.
Las autoridades comunitarias de Guadalupe Victoria informan que más de 200 personas hacen todo el esfuerzo por sofocar el incendio, sin embargo, advierten que, en caso de no controlarlo, el fuego pondrá en riesgo el territorio comunal de otras comunidades aledañas, entre ellas Santa María Zapotitlán y San Pedro Huamelula en la parte baja de la región chontal.
A su paso por San Pedro Sosoltepec, el fuego ha consumido el 90% de sus tierras comunales, casi tres mil hectáreas. Quemó pequeños ranchos, mangueras de agua, importante ecosistema en donde viven diversos animales y plantas endémicas de la región. Los trabajos de siembras de frijol, hortalizas, entre otros, implementados por sus habitantes se echarán a perder por la falta de agua que conducían a través de las mangueras que fueron consumidas por el fuego. Comienza la preocupación colectiva para recuperarse de las afectaciones materiales, ambientales y emocionales que el siniestro les ha dejado.
Afortunadamente, la colaboración solidaria de la población de Santa Lucía Mecaltepec, San José Chiltepec, Santa María Candelaria, San Miguel Suchiltepec, San Matías Petacaltepec y 15 brigadistas enviadas por la CONAFOR a la comunidad de San Pedro Sosoltepec, evito que la población fuera desplazada. El riesgo para esta comunidad ha disminuido significativamente.
Ante la emergencia que viven las comunidades chontales, por la expansión del fuego en sus territorios, la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y Tequio Jurídico A.C. informan:
Primero: La emergencia por la presencia del fuego continúa. Habitantes de las comunidades de San Pedro Sosoltepec,
Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaria, San Matías Petacaltepec, San Miguel Suchiltepec, San José Chiltepec,
Guadalupe Victoria y San Miguel Chongos, se han organizado para combatir el fuego durante los seis últimos días. La ciudadanía, manifiesta un cansancio y agotamiento. Un promedio de 320 personas mantienen un trabajo intenso para combatir el fuego, en varios puntos.
Segundo: Las brigadas de apoyo, enviadas por el gobierno estatal y federal no son suficientes. Quince brigadistas de la Conafor apoyan en San Pedro Sosoltepec, cuatro hicieron presencia en San Miguel Chongos. Hasta este día, no se cuenta con la ayuda de la Guardia Nacional en el campo; ayer 16 de abril del año 2024, después del medio día, un helicóptero sobrevoló la zona de incendios. El fuego continúa devastando el bosque en los puntos denominados cerro de Laime entre San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, San Miguel Chongos y San Pedro Sosoltepec:
https://www.facebook.com/100063573034312/videos/pcb.979549620840797/410367978447680. Otro punto de emergencia se ubica muy cerca de la comunidad de San Pedro Sosoltepec, en el cerro Gobernador.
Tercero: Con el trabajo solidario de las comunidades vecinas, el incendio, ha sido controlado en algunos puntos, sin
embargo, la emergencia continúa en la comunidad de San Pedro Sosoltepec, quienes han sido afectados en la mayor superficie de su territorio. El Agente municipal y el comisariado de bienes comunales, solicitan al gobierno que refuerce el apoyo de las brigadas y garantice atención aérea, ya que en caso de no controlar el fuego, se pondría en riesgo la vida de la población, por ello, no descartan evacuar a la población.
https://www.facebook.com/tequiojuridicoac/videos/1146684226370398.
Cuarto: Los ciudadanos y comuneros que está interviniendo directamente en el combate del fuego, manifiesta cansancio y afectaciones en la garganta y en el sistema respiratorio, debido a la exposición al humo y calor, durante varios días. No cuentan con los equipos adecuados de protección contra incendios, en medio de estas circunstancias, no cesan en los trabajos de combate al fuego. En razón a lo expuesto aquí, insistimos:
Al gobierno federal y estatal: Que a través de sus instancias correspondientes, refuercen las brigadas de apoyo contraincendios y envíen el apoyo aéreo correspondientes, para combatir el fuego en los puntos cerro de Laime, Ojo de agua y cerro gobernador. Además, generen las facilidades para que una brigada médica recurra a la zona para brindar auxilios en la atención de la salud de los ciudadanos. Por toro lado, solicitamos que incorpore desde este momento al programa de restauración ecológica toda la superficie afectada por el incendio e implemente las acciones de reparación del daño.
A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca:, solicitamos su intervención para efectos de monitorear las acciones y omisiones de las autoridades responsables de la atención de la emergencia y documentar
posibles violaciones a los derechos humanos.
A la ciudadanía en general: Pedimos su solidaridad para apoyarnos con víveres, alimentos, agua, materiales para primero auxilios, apoyo económico. Para ello, hemos instalado el centro de acopio en Casa Tequiana, ubicada en Calle Pinos Número 200-1. Esquina Calle Progreso, Col. El pilar San Jacinto Amilpas. Tel: 9515147506. Para ayuda económica pedimos enviarlo a Abel Sánchez Martínez. Banco Azteca, Clabe Interbancaria:1276 1001 3027 7005 17, Número de tarjeta: 4027 6658 3691 8970.
El incendio en la región Chontal cada vez se aproxima a la población
El incendió que comenzó el pasado viernes (11) en la región indígena Chontal de Oaxaca, al sur de México, persiste. La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C. alertan, en un comunicado, que el incendio avanza hacia la población de, al menos, ocho comunidades.
Las comunidades vecinas han ido sumando y arriesgando la vida para contener el fuego. “Durante los últimos seis días, los habitantes se han organizado para combatir el fuego, pero el agotamiento es evidente entre los aproximadamente 320 ciudadanos que participan en estas labores”, detallan.
Brigadistas solidarios de las comunidades vecinas
Los brigadistas comunitarios ya presentan problemas respiratorios debido a la exposición prolongada al humo y al calor. A ello se suma la falta de equipos adecuados de protección. A pesar de ello, “continúan comprometidos con la extinción del incendio”, dicen.
Mientras tanto señalan que el apoyo del gobierno es insuficiente. “Solo quince brigadistas de la Conafor (Comisión Nacional Forestal) han sido desplegados en San Pedro Sosoltepec, mientras que únicamente cuatro se han presentado en San Miguel Chongos. La ausencia de la Guardia Nacional en el terreno y la llegada tardía de ayuda aérea plantean desafíos adicionales en el combate contra el fuego, que continúa devastando el bosque en múltiples frentes”, advierten los comuneros.
Se reporta que la comunidad de San Pedro Sosoltepec se mantiene en alto riesgo de evacuación. En esta comunidad “la situación es especialmente grave; las autoridades locales han solicitado al gobierno refuerzos en las brigadas y atención médica aérea, advirtiendo sobre la posibilidad de evacuación si la situación empeora”, se resalta en el comunicado.
Los brigadistas trabajan día y noche, están agotados y ya presentan problemas respiratorios
Las comunidades Chontales continúan exigiendo a los gobiernos federal y estatal su intervención, con más brigadas contraincendios, proveer apoyo aéreo adicional y garantizar atención médica para los ciudadanos afectados.
Ante la falta de respuesta inmediata, los pobladores de esta zona de riesgo piden a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, “intervenir para monitorear las acciones de las autoridades y documentar posibles violaciones a los derechos humanos”.
A la ciudadanía en general solicitan la solidaridad a través de la donación de víveres, alimentos, agua, materiales de primeros auxilios y apoyo económico. Para ello se ha establecido un centro de acopio en la llamada Casa Tequiana, ubicada en Calle Pinos Número 200-1, Esquina Calle Progreso, Col. El Pilar San Jacinto Amilpas, Oaxaca.
También han puesto a disposición una cuenta bancaria para apoyar económicamente, a nombre de Abel Sánchez Martínez, en Banco Azteca, con la Clabe Interbancaria: 1276 1001 3027 7005 17, y el número de tarjeta: 4027 6658 3691 8970.
La solidaridad y el apoyo son esenciales en momentos de crisis como este. La comunidad Chontal de Oaxaca necesita de todo el respaldo posible para superar esta emergencia y reconstruir sus vidas.
Terrible incendio devora sin piedad la riqueza natural de la región del pueblo Chontal, en Oaxaca, al sur de México. El pasado 11 de abril, el fuego comenzó a incinerar todo a su paso. Hasta el momento ha devastado más de 15 mil hectáreas de bosque, dejando a su paso un rastro de desolación y desesperación por parte de las comunidades ante la incapacidad de respuesta para apagar el fuego. Llaman urgentemente a que intervengan las autoridades estatales y federales.
La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y la organización Tequio Jurídico A.C., han hecho un llamado urgente de auxilio y exigencia de acción inmediata a nivel federal y estatal.
También a los titulares de las comisiones forestales a nivel nacional y estatal, a quienes exigen su intervención sin demora para enviar apoyo aéreo y terrestre a combatir y sofocar el devastador incendio que avanza rápidamente en la sierra sur de esta entidad.
El abogado chontal Abel Sánchez Martínez, con angustia comparte en entrevista que, tras la falta de atención de las autoridades competentes, “el fuego ha avanzado implacablemente desde el pasado 11 de abril”. Destacó que, pese haber reportado el incendio desde sus primeros indicios, “la respuesta inicial fue insuficiente, y el fuego se propagó sin control”.
Al menos ocho comunidades chontales se encuentran en medio del incendio, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec; San Miguel del Puerto y Santa María Ecatepec. Hombres y mujeres comuneras, junto a ciudadanos de estas comunidades han estado luchando incansablemente durante cuatro días contra el avance del fuego. Sin embargo, sus esfuerzos se ven eclipsados por la magnitud del desastre, que amenaza con consumir no solo tierras y bosques, sino también la vida misma de estas comunidades.
El abogado Sánchez, agrega que, “el domingo pasado, miembros de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coespo) llegaron a la zona afectada en un intento por contener la catástrofe. Sin embargo, la magnitud del incendio ya era inmanejable. A pesar de los esfuerzos de aproximadamente 30 o 40 personas, el fuego seguía avanzando, poniendo en riesgo a poblaciones enteras como San José Chiltepec, San Pedro Sosoltepec y Santa María Zapotitlán”.
Los informes revelan la magnitud de la devastación. En San Pedro Sosoltepec, se estima que más de 7 mil hectáreas, casi la totalidad de su territorio, han sido devastadas por las llamas. Mientras tanto, en San Pedro Tepalcatepec, se han perdido más de 2 mil hectáreas; en San Pablo Topiltepec, más de 3 mil hectáreas; y en San José Chiltepec, se reportan aproximadamente tres hectáreas absorbidas por el fuego. Las cifras, aunque alarmantes, apenas comienzan a capturar la magnitud del desastre.
Con más de 3 mil 500 habitantes en alto riesgo, la situación es urgente y desesperada. Sin embargo, las autoridades competentes han permanecido inexplicablemente inactivas, haciendo caso omiso de los repetidos llamados de auxilio de las autoridades de Bienes Comunales de las comunidades afectadas.
En este panorama, las demandas de estas comunidades son contundentes. Ante el “flagrante” desprecio de las autoridades por su omisión, exigen una respuesta inmediata y coordinada, por vías aéreas y terrestres, para combatir el incendio y brindar asistencia a las poblaciones chontales.
“Demandamos un compromiso firme y sostenido de las autoridades para abordar los daños irreparables causados a estas comunidades, su territorio y su patrimonio natural y cultural”, sostuvieron.
Mientras el reloj sigue avanzando, cada minuto es implacable con el aumento en el riesgo del costo humano y ambiental de esta tragedia. La respuesta de las autoridades no puede esperar. “La situación es crítica. Las comunidades en riesgo, como San Miguel Suchiltepec, Santa María Candelaria y Guadalupe Victoria, están en alerta máxima, coordinando esfuerzos para protegerse del avance de las llamas. En San Pedro Sosoltepec, casi la totalidad del territorio ha sido consumida por el fuego, mientras que, en otras áreas, como San José Chiltepec, la situación es igualmente alarmante. No podemos esperar más”, alerta el abogado.
En portada: Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
El pasado 21 de febrero, en una sesión de cabildo celebrada en el Municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, se declaró el territorio municipal zoque “libre de minería”.
De esta asamblea derivó el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que “nieguen la autorización de manifestación de impacto ambiental” para la empresa canadiense Minaurum Gold, quien pretende explotar oro y cobre en esta región.
Días después de esta declaratoria, la titular de Semarnat respondió a la determinación de las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, expresando su reconocimiento a la decisión de este pueblo indígena zoque.
En un oficio dirigido al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Albores González afirmó que “el Gobierno de México celebra y respalda la decisión de declarar el territorio ancestral zoque libre de minería”.
Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
Reafirmó el compromiso del gobierno de México de no autorizar ningún proyecto de minería en el territorio de San Miguel Chimalapa y destacó que la determinación del municipio representa un acto de defensa de sus espacios y fuente de vida, así como de protección a las personas, familias y comunidades.
La realidad
A pesar de la declaración de las autoridades ambientales, las dos concesiones mineras que comprenden el proyecto minero Santa Marta, perteneciente a la empresa Minaurum Gold, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía.
Estas concesiones están establecidas en el lote minero Jackita y Mar de Cobre según los títulos, las cuales tienen una vigencia hasta 2055 y 2058 cada una, así lo establecen los documentos emitidos por la Secretaría de Economía.
Además de ello, Minaurum Gold, Inc. especula con sus acciones en la bolsa de varores, donde contempla, en su cartera, a los proyectos Álamos, Aurifer, Adelita, Aurena, Vuelcos del Destino, Biricu, Taviche y Santa Marta.
Darrell Rader, el presidente y CEO de Minaurum Gold, ha anunciado el pasado 14 de febrero a sus inverionistas, que sus principales descubrimientos están en México. “Tenemos lo que llamamos un modelo generador de descubrimientos y el objetivo es adquirir, avanzar y, en última instancia, monetizar proyectos a escala de distrito en México”, señaló el representate de la empresa.
Además, Darrell Rader ha agregado que tienen, “un historial de haber descubierto más de 16 millones de onzas de oro y 300 millones de onzas de plata en México hasta ahora. Y, por primera vez, Minaurum ha reunido a todo su equipo para hacer un nuevo descubrimiento”, sin detallar cual es el nuevo descubrimiento.
A esto se suma que las dos concesiones mineras están ubicadas en dos municipios, San Miguel Chimalpa y Santo Domingo Zanatepec, el segundo municipio no ha emitido declaración alguna.
El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras, ha advertido que están en litigio con Zanatepec, por un problema de límites, de un aproximado de 13 mil 480 hectáreas. En esa extensión se encuentran las minas. “Hubo una sentencia en 2001 y otra en 2017 a favor de Zanatepec. Entonces, actualmente, hay un nuevo proceso con un recurso de revisión que interpusimos que, hasta el momento, sigue en el tribunal”, señala la autoridad agraria.
Así que la situación “aún no está resuelta y están latentes las diversas estrategias que ha usado la empresa [para lograr los permisos], entonces estamos a la expectativa”, advierte.
Contreras está consiente de que las concesiones mineras tienen una vigencia de 50 años y que la empresa ha buscado diversas estrategias para poder avanzar con la exploración minera. “Es seguro que en algún momento vuelvan a intentar entrar a nuestras comunidades. Pero lo que nos urge es resolver el límite de tierras y después buscar hacer conciencia con el muncipio vecino para que de ninguna forma se de entrada a la minera”, dijo el comisariado.
Campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021. Pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona. No le dieron mucha importancia en un primer momento, pero, eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que, en las entrañas de estas montañas, se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.
Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Zoque, la empresa canadiense Minera Minaurum Gold S.A. de C.V., en el año 2021, había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9,2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es el proyecto bautizado con el nombre de Santa Marta.
El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, dijo para Avispa Mídia que los habían visto pasar en 2021. “Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares habían removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio”, señaló.
De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Plataforma de Transparencia, las solicitudes de los permisos de Santa Marta, habían sido desechados mediante el acuerdo establecido en el oficio UGA-0687-2021, dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio de 2021, vía correo postal certificado.
Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía “más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto de sulfuro masivo volcanogénico (de cobre y oro) potencialmente muy grande”.
Incluso, el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo argumentando que uno de sus inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hod Maden en Turquía, un proyecto que concentra reservas minerales de 8 mil 696 toneladas de oro y cobre.
Aunque Semarnat sostiene en respuesta a las peticiones de información que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta el 17 de agosto del 2021 sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información “reservada o confidencial”.
Minaurum solicitaba un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si esto hubiera surtido efecto, entraría en vigor en agosto del 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros por la región.
En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por este lugar, aunque no mencionan las fechas.
Geólogos de Minaurum en la mina Santa Marta
La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año 2024, que el muestreo de roca histórico realizado “ha arrojado valores de cobre que oscilan entre 1% y 3,7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 g/t (gramos por tonelada en bruto de roca)”, según su informe llamado “Perspectivas de Exploración 2024”.
Es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para 2024, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3 mil metros de perforación, lo que implica una nueva MIA y un nuevo proceso que tiene que aprobar Semarnat. Mientras tanto, Minaurum está obligada a dar avances a sus inversionistas que han invertido los 9,2 millones dólares canadienses.
Brigadas que recorren el territorio de San Miguel Chimalapa
La estrategia
El proyecto Santa Marta abarca dos concesiones que se ubican entre los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, los mismos que tienen conflictos legales en cuanto a sus limítrofes de las tierras. “El problema de límites comprenden más de 13 mil hectáreas y es ahí donde está este proyecto”, dijo el comisariado de San Miguel Chimalpa.
Lo interesante es que a Minaurun, a la hora de solicitar sus permisos de exploración en 2021, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por Asesores en Impacto Ambiental y Seguridad, S.C., presentó una copia de resolución del conflicto legal de linderos entre San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec. Pero el comisariado sostiene que “el problema agrario aún no se ha resuelto. Porque hemos metido un recurso de revisión que aun está en los tribunales, entonces el conflicto no está resuelto”.
En el año 2019 Semarnat ya le había negado una autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa según el oficio SEMARNAT-SGPA-UGA-0021-2019, con la cual solicitaba autorización para la realización de obras y actividades en los dos lotes del proyecto.
Pero cuando Minaurum volvió a solicitar la aprobación de una nueva MIA y los permisos de exploración, en 2021, el apoderado legal de la empresa, el Maestro Daniel Jesús Ventura Uribe, presentó más documentos, pero ahora solo para hacer exploración en el lote Jackita. Complementando con una copia certificada de notario público con el permiso de la comunidad La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.
Es ya sabido que las empresas mineras en México recurren a diversas estrategias para poder proceder con la exploración y explotación de los minerales, una de ellas es dividir a las comunidades y recargarse en un grupo. “Es lo que pasó con la comunidad de La Cristalina, quien supuestamente les dio el permiso para ingresar a nuestro territorio para hacer exploración”, lamenta el comisariado Contreras, quien lleva dos años con el cargo.
Para el Comisariado esto es totalmente ilegal, ya que pasaron por alto a la máxima autoridad. “Aquí ninguna comunidad está facultada para dar este permiso, ni si quiera yo como comisariado. Porque el propio estatuto comunal establece que la última palabra la tiene que dar la asamblea general, donde participan todos y todas las comuneras. Por ello, La Cristalina no está facultada para dar este permiso. Esto es una ilegalidad”, puntualiza el representante agrario de la comunidad.
Los dos lotes mineros Reducción Mar de Cobre y Jackita, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, suman la exorbitante dimensión de más de 6 mil 400 hectáreas, casi el equivalente a nueve veces lo que comprende a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Actualmente esta empresa, a través de su filial Minera Zalamera, S.A. de C.V., cuenta con 9 concesiones vigentes en el estado de Oaxaca en fase de exploración que suman más de 27 mil hectáreas. También tiene una concesión en Puebla, una en Morelos, dos en Guerrero y tres proyectos en Sonora.
Dependencia del agua
El resguardo de región de Los Chimapalas es de ámbito internacional, ya que es esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.
Por la región cruza la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapas, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.
El comisariado de San Miguel Chimalapas destaca que la mayoría de las personas en estas comunidades se dedica al campo y dependen del agua. “Que vamos hacer si se contaminan los mantos acuíferos. Chimalapas alimenta a una gran cantidad de comunidades, por eso nos preocupa, porque no vamos a comer oro, vivimos del campo. Dependemos del agua”, alerta.
Ni la empresa ni el Estado les ha dado información hasta el momento de lo que implica la exploración y posible explotación de estos lotes mineros. “La única información que hemos obtenido es a través de foros que han organizado los propios jóvenes de la comunidad”, dice Contreras, representante agrario de esta comunidad.El comisariado sostiene que las comunidades son tajantes en no permitir el extractivismo. “En distintas asambleas hemos acordado no permitir la explotación minera en nuestro territorio. Vamos a defender nuestras tierras”, remarca el indígena Zoque.
Foros informativos realizados por jóvenes de san Miguel Chimalapa
