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Piden justicia para Fanny Guadalupe

Por Rafael E. Lozano

Un grupo de mujeres jóvenes se manifestó en la explanada del Templo de Santo Domingo, en la capital de Oaxaca, para exigir justicia para Fanny Guadalupe, de 16 años de edad. “Desde nuestra digna rabia nos unimos al llamado de exigencia de justicia por el feminicidio de Fanny Guadalupe, mujer indígena ayuuk”, gritaron desde las escaleras de la explanada, “así como un alto a la ola de violencia feminicida que azota nuestro estado”.

La muerte de Fanny es investigada bajo protocolo de feminicidio por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desde el 29 de septiembre de este año, luego de que activistas exigieron se investigara como feminicidio y no como suicidio.

Los hechos sucedieron el 26 de septiembre de 2021, en la comunidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la zona Mixe de Oaxaca. Sin embargo, denuncian que casi un mes antes Fanny Guadalupe López Nolasco había denunciado ante la FGEO violencia de género, amenazas y abuso por parte de un agente municipal de su localidad.

Las mujeres reunidas en la explanada explicaron que poco antes de su muerte, “tras la denuncia presentada, Fanny Guadalupe sufrió hostigamiento y acoso para que se desistiera del proceso legal que había iniciado, temiendo por su integridad y su vida”. Algo similar está sufriendo ahora su familia por denunciar su muerte: “desde la muerte de Fanny se han acrecentado los actos de hostilidad contra su familia”, denuncian las jóvenes.

También se manifestaron por el reciente “hallazgo de una mujer de 27 años y una menor de un año en un camino de terracería entre Nazareno, Etla y Alemán, Zautla, con lo que se registran 558 feminicidios en lo que va del actual sexenio del gobernador Alejando Murat Hinojosa”.

Desde el 1ro de diciembre de 2016, día en que Alejandro Murat tomó protesta como gobernador de Oaxaca, la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca ha documentado 3,030 agresiones contra mujeres en el estado, de las cuales 558 son feminicidios.

Al final, las manifestantes conmemoraron a Angélica Flores Villa, María del Sol Cruz Jarquín, Fanny Guadalupe López Nolasco y “todas aquellas que nos han arrebatado” con una ofrenda de velas y consignas hechas con gis de colores en el suelo. “Hoy las nombramos y exigimos justicia”, concluyeron.

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Oaxaca: Se manifiestan contra la minería canadiense

Por Rafael E. Lozano

A tres años de que la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, derramara desechos tóxicos de su presa de jales en el río Coyote, clausuraron el 8 de octubre el evento denominado “Encuentros Indígenas Canadá – México”, impulsado por la Embajada de Canadá en México. Colectivas, pueblos y comunidades indígenas se manifestaron en el Jardín el Pañuelito, del Centro Histórico de la capital de Oaxaca, para expresar su rechazo ante el supuesto hermanamiento entre ambas naciones.

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Así lo expresaron manifestantes y habitantes de comunidades afectadas por la minería canadiense en Oaxaca que acudieron a la convocatoria que circuló días antes. En el documento se puede leer que “la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos (SEPIA) mencionó que en esta celebración no se tocará el tema de la minería. (…) Las comunidades y colectivas afectadas por proyectos mineros y con concesiones adjudicadas a empresas canadienses, consideramos de vital importancia posicionar el tema de la minería en la discusión pública”.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

Uno de los representantes de la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez, quien reservó su nombre por seguridad, expresó durante la manifestación que Capulálpam lleva más de 15 años en una lucha constante para proteger su territorio “en contra de la contaminación y en contra del saqueo y en contra del riesgo inminente de que se pierda más flora fauna y los bebederos de agua”.

En febrero de 2015 dicha comunidad indígena interpuso una Demanda de Amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas sin su consentimiento, dentro de territorio comunal, a la canadiense Continuum Resources LTD, a la Compañía Minera la Natividad y anexas y a otros particulares, entre 2002 y 2005.

Sin embargo, la actividad minera continuó a pesar de que en octubre de 2019 el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca les concedió el amparo y ordenó cancelar las concesiones mineras.

El comisariado de bienes comunales de Capulálpam de Méndez denunció desde entonces que la Compañía Minera Natividad y anexas continua con el saqueo de oro y plata en tierras comunales, aún sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y luego de ser denunciado el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminantes al Río Capulálpam, la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua, la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras, y otras afectaciones.

“No tenemos acceso a la justicia”, expresó el representante de Capulálpam de Méndez, “a seis años de distancia [de iniciar el Amparo] no tenemos nada claro. Después de obtener un fallo a favor por un juez, la compañía minera y la misma Secretaría de Economía impugnan esta resolución y nos encontramos en esa fase de impugnación. Mientras tanto, la compañía minera sigue trabajando tranquilamente”.

También participaron habitantes de Magdalena Ocotlán, quienes conmemoraron tres años desde el derrame de desechos tóxicos que contaminó el Río Coyote que cruza su comunidad, en el que se identificaron metales como hierro, aluminio y plomo por arriba de lo que permiten las normas nacionales para uso pecuario y riego agrícola.

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“No podemos hablar de que Oaxaca está congratulada con el Estado de Canadá y realizar este encuentro de hermandad”, explica una persona de Magdalena Ocotlán cuyo nombre se reserva para proteger su identidad, “porque existe saqueo, existe destrucción y los gobiernos tratan de disimular todo aquello que nos perjudica haciendo ese encuentro”.

Asimismo expresa que “desde que la empresa canadiense Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, se establece en los Valles Centrales de Oaxaca, ha causado un sinnúmero de problemas: ha causado desestabilidad en los pueblos, ha causado muerte, ha causado despojo, por eso estamos aquí denunciando todas estas arbitrariedades”.

Las y los manifestantes también leyeron un comunicado alusivo a las actuales resistencias indígenas en Canadá en contra del gasoducto “Coastal GasLink”, y recordaron el reciente hallazgo de más de mil cuerpos de niñas y niños indígenas en fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de antiguos internados para menores.

Finalmente invitaron a aquellas personas, artistas y organizaciones que participaron en los “Encuentros Indígenas Canadá – Oaxaca 2021” a reconsiderar su participación y reflexionar sobre los intereses a los que responde dicha iniciativa.

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La desaparición de Claudia Uruchurtu: un iceberg que emerge en Oaxaca

Por Rafael E. Lozano

Una versión de este texto fue publicado en Corriente Alterna

En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortesía de la familia Uruchurtu.

“¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.

–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.

Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.

–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.

Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.

Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.

En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.

“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.

“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.

Jornada de búsqueda y aprendizaje de técnicas para rastrear fosas clandestinas, realizada por familiares de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, el 13 de agosto de 2021. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

Claudia Uruchurtu

El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.

La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.

Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.

Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.

Antes de ser víctima de desaparición forzada, Claudia Uruchurtu documentó irregularidades en el manejo de recursos públicos en el municipio de Nochixtlán, durante la administración de la alcaldesa Lizbeth Huerta, del partido Morena. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.

Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.

Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”

Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.

Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.

“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.

“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.

Las labores de búsqueda realizadas por la Guardia Nacional tras la privación de la libertad y desaparición forzada de Claudia Uruchurtu se realizaron al azar, sin responder a una investigación científica, denunció su hermana Elizabeth. Foto: Cortesía de la familia Uruchurtu.

La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de  la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.

Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.

“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.

Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.

El tamaño de la impunidad

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).

El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.

Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.

Aprender a rastrear

Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.

En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.

“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.

Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.

La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.

Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.

Con apoyo de familias de buscadoras de Sinaloa, las madres y padres de personas desaparecidas en Oaxaca aprenden técnicas de rastreo, identificación de fosas y anatomía humana. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.

Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.

Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.

Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.

Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.

–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.

–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.

Lo que no hace el Estado

A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.

Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.

Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.

Abrir paso a la esperanza

Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.

De los 3,629 reportes de personas desaparecidas y no localizadas registrados en Oaxaca desde 1964, el 90% ocurrieron en la última década, en los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.

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Noticias de Abajo

Noticias de Abajo 4 de Octubre 2021

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Rompiendo Fronteras

CANADA: Barricadas, ocupación y sabotaje en defensa del territorio de la nación Wet’suwet’en

ARGENTINA: Apicultores realizan abejazo por un modelo libre de agrotoxicos. La importancia de las abejas para la reproducción de la vida humana animal y vegetal. No a los 550 millones de kilos de agroquímicos por año , vida a las abejas. Desinfomemonos y ANRed.

CENTROAMERICA: la dictadura cool, la depredadora y la narcotraficante Bukele, Centroamerica, Corrupción, Dictadura, Giammattei, Impunidad, Juan Orlando Hernandez, Noticias portada, ONU.  Prensa Comunitaria.

MUNDO SIN FRONTERAS: La crisis migratoria de Haití en México. Juan Perez

Desde el ombligo del monstruo

MÉXICO: Ayotzinapa. A 7 años de la violencia del narcoestado, nos siguen faltando los 43 normalistas desaparecidos. El ejercito y el Estado sabían de los sucesos y ocultaron y ocultan la información.

MORELOS, Amilcingo Capturan a presunto culpable del asesinato de Samir Flores, FPDT exige justicia plena y denuncia el oportunismo político.

CDMX: #28S Marcha de mujeres por el derecho al aborto.

CDMX: Movilización del 2 de Octubre muestra la represión del gobierno de la 4T en la Ciudad: Encapsulamientos violatorios, exceso y provocación de policías y granaderos, brutalidad y control policiaco de las manifestaciones públicas.

OAXACA: Comunicado de prensa de COVIC de Nochixtlan. La larga espera por la justicia que no llega.

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Canadá y Oaxaca simulan hermandad con pueblos indígenas

Por Ñanì Pinto

En portada: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

A unos días de concluir el evento denominado ‘Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021’ organizado por el gobierno de México y Canadá entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2021, diversos pueblos, colectivos y comunidades indígenas de Oaxaca se deslindaron y denunciaron una “simulación de hermandad” con la que se pretende “desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto”.

En un posicionamiento firmado el 29 de septiembre por autoridades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, Ocotlán y de Capulálpam de Méndez, así como por las comunidades El Rebollero, Río Minas y Los Arquitos, San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, se advierte que “el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros”.

Comuneros, comuneras y pobladores hacen un recuento del dolor y la violencia colonial que han sufrido los pueblos y comunidades indígenas de ambos países, desde el reciente descubrimiento en Canadá de fosas con cientos de cuerpos de infantes en antiguos internados para niñas y niños indígenas, hasta las concesiones mineras en México que han sido otorgadas a empresas canadienses en tierras comunales sin el consentimiento de los pueblos, las cuales han causado conflictos socioambientales que han provocado el asesinato de defensores y la contaminación impune de ríos y suelos.

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“Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral Sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para explotación mineras son otorgadas a empresas de dicho país” recalcan.

El comunicado también es firmado por el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, el Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra “Las Meñas”, el Colectivo Matza, San Miguel Chimalapas y la Articulación Por la Vida, Contra la Minería en el Valle de Ocotlán.

En el documento, los colectivos y las comunidades que han vivido en carne propia el embate de megaproyectos de capital extranjero con la anuencia de las autoridades locales, advierten que no le van a permitir ni material ni simbólicamente el avance “a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena (…) a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”.

Los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” surgieron “gracias a la invitación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a sumarse a las diferentes conmemoraciones que México celebra este 2021”. Así lo establecen en su página web. “En ese contexto, se decidió hermanar al pueblo de Canadá con el pueblo oaxaqueño”.

Mientras tanto, las comunidades señalan que se encuentran en alerta máxima ante este acto de simulación de hermandad. “Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio”, finaliza el documento de denuncia.

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FRACASO MILLONARIO. La historia oculta del agua potable en Oaxaca

Por Renata Bessi y Santiago Navarro F para Avispa Midia y CONNECTAS

Son las 3 de la madrugada. Un ruido extraño toma por asalto a Iván Ruiz, un joven de 18 años que vive con su madre. Ambos se levantan asustados y se percatan de que por los contactos de luz salen chorros de agua. Se quedan sin energía eléctrica y todo está obscuro. Iván siente miedo y rabia, pero comienza a grabar con su teléfono. El agua empieza a encharcar su casa, que está en las faldas de la famosa zona arqueológica de Monte Albán, a veinte minutos del centro de la ciudad de Oaxaca. Junto con él, al menos una docena de familias denuncian la misma problemática en sus hogares.

Los escurrimientos provienen de una red de tuberías construida recientemente con recursos que son parte de una deuda millonaria que el gobierno de Oaxaca adquirió con el Banco Mundial. El préstamo fue de 55 millones de dólares y beneficiaría a 19 municipios a través del Programa de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca (MAS Oaxaca). Esta es la primera vez que el estado recibe recursos directamente de un financiador internacional sin recurrir a la intermediación del gobierno federal.

No fue casualidad que se eligiera a esta entidad como beneficiaria de esta deuda. Es el tercer estado mexicano con los niveles más bajos de cobertura de agua potable, detrás de Chiapas y Guerrero, de acuerdo con un diagnóstico del Banco Mundial. La realidad es que muchos oaxaqueños viven con la incertidumbre de nunca saber qué día tendrán este servicio. En el mejor de los casos, lo reciben cada 15 días por algunas horas.

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Comuneros de Juchitán logran victoria contra la francesa EDF

Por Renata Bessi

En portada: Campesino es cercado por aerogeneradores en el itsmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

Comuneros de Juchitán de Zaragoza, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron la suspensión del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), una de las más importantes a nivel mundial en el sector energético.

Los comuneros argumentan que se pretende construir el parque en tierras comunales sin la autorización del pueblo indígena que vive en Juchitán y sus cinco anexos: Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.

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Un juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros en septiembre de 2020. El abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, quien lleva el caso, explica que el amparo fue interpuesto en el sexto juzgado de distrito, en Salinas Cruz, uno de los dos juzgados de la región que tienen competencia para este tipo de asunto. “Cuando algún grupo de personas, algún colectivo, alguna población, solicita algún amparo en contra de estas empresas, de manera sistemática, [en estos juzgados se] niega la suspensión de los actos”, explica.

Eso fue lo que pasó con los comuneros de Juchitán. El juzgado sexto de distrito negó a los comuneros que se suspendiera las actividades de la empresa hasta que, por lo menos, se resolviera el juicio de amparo interpuesto. Entonces los comuneros acudieron al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, donde interpusieron una queja y les fue concedida la suspensión.

“(…) Que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”, declaró el colegiado por unanimidad.

El juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros que viven en el anexo Santa María Xadani. “Se quiere construir el parque en terrenos de otros anexos, Unión Hidalgo y La Ventosa. Por ser todo Juchitán terreno comunal y de uso común entonces les reconoce este interés legítimo”, explica el abogado.

Más allá de Juchitán

En 1964, Juchitán obtuvo una resolución presidencial en la cual se reconocía sus tierras como propiedad comunal. En esta resolución se reconoce Juchitán como la cabecera, junto con sus anexos.

“Con el tiempo, el gobierno buscó sacar de la propiedad comunal algunas franjas de tierras, otorgando títulos individuales. Eso provocó que la comunidad se organizara y que iniciara una lucha muy importante. Eso lleva a la intervención del gobierno y del ejército en contra de la comunidad, entre 1975 y 1977. La represión fuerte llevó al desmoronamiento de parte de esta organización”, explica el abogado. Como resultado hasta el día de hoy Juchitán no cuenta con representantes agrarios.

Sin embargo, en la decisión judicial, se reconoce el “interés legítimo de los comuneros para acudir en defensa de los derechos colectivos y del total de la superficie de los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán”, sostienen los indígenas en un comunicado.

Este reconocimiento es histórico para Juchitán, argumenta González. “Juchitán ha estado indefenso para defender sus bienes agrarios, justamente porque no posee representante de bienes comunales. Cuando ha interpuesto amparos generalmente se hace por cuestiones ambientales, de afectación de la salud. Pero en este caso estamos planteando una afectación sustantiva a la tierra, al territorio. Por primera vez en muchos años se logra un triunfo”, afirma González.

El hecho de que en la decisión judicial se otorgó a un grupo de comuneros legitimidad para actuar y para defender los intereses colectivos de la comunidad, sin una representación comunal, abre una importante línea en la defensa del territorio en todo México, según González. “Esta decisión puede sustentar las luchas de multitud de comunidades que están en esta situación en todo el país, incluso casos en los cuales las comunidades tienen comisariados de bienes comunales pero que están a favor de los proyectos”, explica.

La resolución transciende para múltiples casos de comunidades o de grupos de comuneros y ejidatarios que “defienden las tierras de sus pueblos con todo encima de ellos, con el gobierno federal, gobierno del Estado, gobierno municipal, las organizaciones corporativas, los medios de comunicación en contra”, agrega González.

Sobre el proyecto

De acuerdo a datos oficiales, proyecto Gunaa Sicarú fue otorgado en la 2ª subasta eléctrica realizada en el 2016 por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a Energía Eólica Oaxaca, asociada de Energies Nouvelles Group como proyecto verde y consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de una central eólica con capacidad de 252 MW.

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En el Istmo de Tehuantepec hasta el momentos se han instalado 29 parques eólicos. En Juchitán de Zaragoza son 15, todos construidos en tierras comunales.

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

TRIBUNAL COLEGIADO DE OAXACA, DEL DECIMO TERCER CIRCUITO, OTORGA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL PARQUE EOLICO GUNAA SICARÚ A LA COMUNIDAD AGRARIA INDÍGENA DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El pasado lunes 6 de septiembre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrartiva del Décimotercer Circuito, con sede en Oaxaca, otorgó a la Comunidad Agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos: Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa, la suspensión de plano para que no se le prive de sus tierras comunales dentro del amparo indirecto numero 302/2020 interpuesto por comuneros de Juchitán. Dicho amparo fue interpuesto contra el proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), una de las más importantes a nivel mundial, ante el Juez Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz.

El Colegiado por unanimidad, declara fundado el recurso de queja interpuesto, y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano a:

“la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”;

Y reconoce el interés legítimo de los comuneros quejosos para acudir en defensa de los derechos colectivos y del total de la superficie de los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán, conclusión judicial que resulta histórica para los núcleos agrarios del país y particularmente para la Comunidad Agraria de Juchitán, la comunidad con más población indígena en toda Mesoamérica y con más de 50 años sin órganos de representación como consecuencia de la atroz represión que los Gobiernos Federal y del Estado desataron en su contra en los años sesenta y setenta del siglo pasado.

De acuerdo a datos oficiales, proyecto Gunaa Sicarú fue otorgado en la 2ª subasta eléctrica realizada en el 2016 por la CENACE a Energía Eólica Oaxaca, Asociada de Energies Nouvelles Group como proyecto verde y consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de una central eólica con capacidad de 252 MW.

Esta suspensión de plano es un logro importante para los pueblos indígenas del país en la lucha por la conservación del territorio: ratifica que han existido violaciones a los derechos de nuestros pueblos, por parte de diversas autoridades entre ellas la SENER, SEMARNAT, Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, y por supuesto el Instituto de Pueblos Indígenas quienes han querido imponer la Consulta a modo a las comunidades.
En el Istmo de Tehuantepec, el Estado mexicano no ha actuado de ninguna manera de buena fe, pues ya existe 29 parques eólicos en la región, sin que ninguno de ellos haya respetado los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Por el contrario, se ha utilizado la violencia amenazando y hostigando a todos aquellos que se oponen a sus proyectos, comprando a las autoridades municipales, amenazando a los comuneros que ejercen su derecho al territorio de Juchitán y anexo.

Exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal, que respete esta suspension de plano en tanto se resulve el juicio de amparo interpuesto y cese el respaldo a las empresas privadas de ocupar nuestro territorio. Así mismo, exigimos un alto a la criminalización, hostigamiento y amenazas de quienes nos encontramos defendiendo nuestro territorio en el istmo de Tehuantepec.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S!
¡NUESTRA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTROS BIENES NATURALES, COMUNALES Y TERRITORIOS!
¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!
Desde la Casa de los Pueblos “Samir Soberanes Flores”:
Congreso Nacional Indígena
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

radio
AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN

COMUNICADO Y POSICIONAMIENTO ANTE NEGATIVA DE LA SEMARNAT A A AMPLIACIÓN DE PROYECTO MINERO «SAN JOSÉ II»

El 6 de mayo de 2009, con un operativo de más de 2000 elementos policiales de corporaciones federales, estatales y municipales, se desalojó de manera violenta un plantón que sostenían pobladores de varias comunidades zapotecas del valle de Ocotlán en las instalaciones de una mina vieja en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán.
Esta mina y sus instalaciones han sido compradas por la empresa Canadiense Fortuna Silver Mines, que en México utiliza el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán.
El desalojo se dio por la mañana. Miles de policías golpearon a las personas que mantenían el plantón pacífico en las afueras de las instalaciones mineras. Hubo 24 detenciones arbitrarias, y fueron cateadas, de manera ilegal, casas particulares en la comunidad vecina de Magdalena Ocotlán, hasta donde llegaron los elementos policiacos en persecución de las personas que huían de las agresiones.
Fue así como el Estado Mexicano instaló por la fuerza la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, y con ello se inició el ecocidio, el despojo y la destrucción de nuestra tierra, nuestros campos, nuestro territorio y nuestros pueblos.

Durante estos 12 años, paulatinamente han comenzado a surgir problemas graves por la contaminación del ambiente: pérdida de flora y fauna, enfermedades y muerte de nuestro ganado, erosión de la tierra y pérdida de cosechas, son algunos de los impactos visibles. No obstante, la situación el deterioro fue agudizado a partir de un derrame tóxico de jales mineros que tuvo lugar el 8 de octubre de 2018.

1,516,000 litros de jales contaminantes fueron arrastrados por varios kilómetros en el cauce del Río Coyote, el cual recorre 7 comunidades antes de unirse con el Río Atoyac cuya desembocadura es el Océano Pacífico.
Estudios realizados por las propias instancias del gobierno, en su administración anterior y actual, demostraron la presencia de contaminantes en el cauce del Río Coyote; pero estas mismas instituciones, PROFEPA y CONAGUA -ambas dependientes de SEMARNAT-, decidieron exonerar a la criminal minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.

El 22 de Julio pasado, por medio de la gaceta ecológica de la SEMARNAT no enteramos que se había negado el permiso de ampliación al proyecto minero, ahora llamado “San José ll”, la terminal empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Pocos días después, por medio de un comunicado, de la misma empresa tuvimos conocimiento de que habían iniciado un proceso de impugnación, cómo se lo permiten las laxas y proempresariales leyes mexicanas.
Es de esperarse también que lastima la empresa minera haya echado andar ya su aparato de presión a través del poderoso lobby minero, como lo demuestra su campaña cínica y mentirosa que montó en sus redes sociales, medios locales y estatales. Nos es que con estas acciones, Fortuna Silver Mines Busca ejercer presión a las instituciones del estado mexicano.

Ante esta situación, la comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán, comunidades afectadas una red de afectados y afectadas por el proyecto minero que autodeterminados “Articulación por la vida, contra la minera del Valle de Ocotlán”,

Nos pronunciamos:

1.- Que ante la negativa de la ampliación del proyecto minero “San José ll” EXIGIMOS a la SEMARNAT no ceder a la presión del lobby minero y de la criminal Compañía Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines y ratificar la negativa a este proyecto de muerte.
2. Que no es suficiente negar el permiso de ampliación; está negativa no es un logro de las instituciones, de gobierno alguno, ni de ningún actor o actores ajenos a nuestros pueblos. Por el contrario, la vemos como consecuencia de una larga lucha de resistencia de los pueblos y comunidades afectadas que día a día ven morir su tierra y territorio y que ven enfermar y morir de enfermedades graves y extrañas a sus familiares.
3. Qué permaneceremos ALERTA ante el constante asedio que compañía Minera Cuzcatlán ejerce hacia nuestro territorio en busca de minerales, toda vez que continúan vigentes 31 concesiones en nuestro Valle zapoteco. Ni un paso atrás en la defensa nuestro territorio.
4. Que ahora se hace impostergable, urgente el cumplimiento de los acuerdos que se asignaron con el Dr. Daniel Quezada Daniel, quien actuó a nombre de la SEMARNAT y de la secretaría Mtra. María Luisa Albores González el día 28 de marzo de este año en la comunidad de San Pedro Apóstol, Ocotlán.

Los acuerdos que signaron en esta mesa de diálogo con el Dr. Daniel Quezada Daniel son producto de reuniones que se iniciaron desde el 22 de septiembre del 2020 y que han sido exigidos en diversas reuniones de trabajo; pero hasta la fecha no se han cumplido. En ocasiones pasadas hemos denunciado el trato discriminatorio que hemos recibido como autoridades, como pueblos originarios y como personas afectadas; sin embargo, hasta el día de hoy la secretaria del Medio Ambiente, Mtra. María Luisa albores González, no ha mostrado interés en dialogar con nosotros y tampoco se nos ha dado explicación alguna por falta de cumplimiento a nuestras peticiones. Ante este panorama, reclamamos: nosotros y nosotras somos autoridades comunitarias y personas afectadas que habitamos y sufrimos día con día los estragos que genera el proyecto minero; no somos representados por ningún grupo u organización ajena a nuestros pueblos y exigimos a un trato digno y libre de discriminación por parte de la SEMARNAT.

 

Los acuerdos que pedimos se cumplan son de inmediato son los siguientes:

1.-Se inicie a la brevedad posible la realización de estudios que hemos solicitado mediante el plan de muestreo que se entregó a SEMARNAT desde el mes de julio del año en curso.

2.-Se haga entrega de todo el expediente del derrame tóxico suscitado el 8 de octubre del año 2018, por el cual se vertieron 1,516,000 litros de desecho de la presa de jales Mineros de la Compañía Minera Cuscatlán al Arroyo Coyote, tal como fue la petición original desde el pasado 22 de septiembre del 2020.

3.-Se retome el diálogo con este municipio se encuentra en representación de comunidades vecinas y de personas afectadas.

4. Y por último, se ratifique la negativa de la MIA- regional presentada por la criminal empresa minera Cuzcatlán Fortuna Silver Mines.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, DE NUESTRA TIERRA Y TERRITORIO, NO A LA MINERÍA DE MUERTE EN NUESTROS TERRITORIOS ZAPOTECOS

AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN, OAXACA.

ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA DEL VALLE DE OCOTLÁN.

radio
Comunidades de, El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas

Guardia Nacional vuelve a entrar a comunidades en resistencia de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

A los medios Libres y Alternativos

Comunidades que habitamos las comunidades de “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, en el municipio de San pablo Cuatro Venados, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca, denunciamos. Este jueves 29, la Guardia Nacional, acompañado de policías estatales y gente vestida de civil, realizaron un recorrido por la brecha de la comunidad de Río Minas, hasta llegar a Río Pescado. En esta área es dónde se localiza una de las concesiones mineras que pretender explotar. Al regresar de este recorrido, se detuvieron por un cierto tiempo en las comunidades de los arquitos, ahí, a un joven le dijeron que estaban en busca de personas armadas, que dijera dónde estaban los armados.
Al joven lo interrogaron, revisaron su mochila y lo intimidaron sin ninguna orden que justifique su estancia en nuestras comunidades que se rigen por usos y costumbre, dónde la asamblea es la máxima autoridad, quien tiene que dar el permiso para que intervengan. Si en la cabecera municipal de San Pablo Cuatro Venados quieren recibirlos, está bien, pero en las comunidades de Río Minas, El Rebollero y Los Arquitos, dónde tenemos nuestra propia asamblea, no tienen permitido el acceso. Están incurriendo en un delito al no estar en su jurisdicción sin una orden oficial, siendo un órgano federal.
Sabemos bien la estrategia que está utilizando el gobierno estatal y municipal de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades corruptas de San Pablo Cuatro Venados. Sabemos que buscan una provocación para justificar la entrada de los elementos de seguridad y así poder tomar el control de nuestras tierras, para entregarlas posteriormente a las empresas mineras que pretenden explotar oro y plata en nuestra región. Nosotros solo nos apegamos a lo que comprenden nuestros derechos como comunidades indígenas y vamos a defender nuestras tierras, el agua y los bosques.
Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal, de ambos municipios, de cualquier agresión e intimidación. Están incurriendo en la violación de nuestros derechos humanos más elementales al intentar intimidarnos, al no consultarnos y al desconocernos como comunidades que hemos habitado estas tierras desde tiempo atrás.

Nunca más un México sin nosotros, por la reconstitución de nuestros pueblos.

Comunidades de, El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas

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