Mientras en la tarde del último domingo (20) el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya, recorría el centro histórico para supervisar las obras de las calles Aldama y Las Casas, que hacen parte de la “revitalización” del centro histórico, a unas pocas cuadras de allí, en el Zócalo de la ciudad, se daba el mitin de cierre del Encuentro Nacional contra la Gentrificación, iniciado el miércoles, 16 de julio, cuya finalización de las actividades, que se extenderían hasta el lunes (21), fue adelantada por cuestiones de seguridad.
La integrante del Observatorio Memoria y Libertad, Karen Castillo, una de las organizaciones convocantes de este encuentro, señaló que documentaron la “presencia y el acoso policial durante todo el encuentro; varios de nosotros fuimos perseguidos por patrullas pues intentando salir del encuentro y dirigirnos a nuestros hogares”. De igual manera, durante el encuentro en el Zócalo, dos policías estatales se metieron en el mitin e hicieron captura de imágenes de los participantes.
Las obras de embellecimiento urbano que supervisaba Chagoya fueron inauguradas la misma tarde del domingo, seguido de un acto festivo al tono del megaevento de la Guelaguetza, que se lleva a cabo durante todo el mes de julio en la ciudad, con la presencia masiva de turistas nacionales e internacionales en el centro histórico de esta ciudad. En la inauguración de las obras estuvieron el gobernador Salomón Jara y la indígena oaxaqueña elegida en el contexto de la Guelaguetza como la Diosa Centéotl, la mazateca Patricia Casiano Zaragoza.
Puente Madera, Oaxaca | Julio 2025 PUENTE MADERA, OAXACA << ENTRE LA CRIMINALIZACIÓN Y EL CASTIGO MUNICIPAL >>
Desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, queremos informar y alertar a la opinión pública, organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades solidarias, sobre la persistente criminalización en contra de nuestro compañero David Hernández Salazar, a pesar de su absolución legal.
David fue vinculado a proceso en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y daños dolosos, y condenado el 7 de febrero de 2024 a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00. Esta condena fue dictada por el Juez Unitario del Circuito Judicial del Istmo con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de su Sexta Sala Penal Colegiada, revocó dicha sentencia y absolvió a David el 14 de mayo de 2024, reconociendo las irregularidades en el proceso y la invalidez de pruebas utilizadas en su contra.
Sin embargo, en una acción preocupante, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo Directo (371/2024), y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito resolvió el 28 de enero de 2025 que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí valorando otras pruebas ofrecidas.
El resultado fue una nueva resolución, dictada el 27 de febrero de 2025 por la Segunda Sala Penal Colegiada, en la que se vuelve a ratificar la absolución de David Hernández Salazar, desestimando nuevamente las acusaciones.
A pesar de esta doble absolución, en mayo de 2025, las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos.
BASTA DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA PUENTE MADERA ALTO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR
La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI). David debe quedar libre de todo proceso judicial, y la comunidad de Puente Madera libre de hostigamiento. Su lucha por el territorio no puede seguir siendo castigada por un sistema de justicia parcial y politizado.
Asimismo, desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reiteramos la justa exigencia del cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, los cuales corresponden por derecho a nuestra Agencia Municipal como parte del municipio de San Blas Atempa. Históricamente, estos recursos han sido manejados de manera discrecional por las autoridades municipales, negando a las agencias municipales, como Puente Madera, el acceso a fondos que deben ser destinados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura, educación, salud y desarrollo comunitario.
No existe registro alguno de una distribución justa de estos fondos a las agencias municipales, lo que representa una violación constante a nuestros derechos colectivos y al principio de equidad presupuestaria. Esta omisión histórica no solo refleja el abandono institucional, sino también la intención de debilitar nuestras formas de organización comunitaria. Por ello, exigimos de manera firme y urgente la entrega transparente y proporcional de los recursos de los Ramos 28 y 33 a Puente Madera y a todas las agencias del municipio de San Blas Atempa.
¡NADA ESTA RESUELTO! ¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA, SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS! ¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!
Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT
El juez de Huautla de Jimenez, Oaxaca, Constantino Santiago, reconoció en la mañana de este viernes (11) que la profesora mazateca de la comunidad Eloxichitlán de Flores Magón, Olga Maribel Betanzos Fuentes, es inocente en relación a los delitos que se le acusaban de robo y incendio, bajo a los cuales se le habían liberado cinco órdenes de aprehensión. Otras 55 personas de la comunidad son acusadas por los mismos delitos, supuestamente cometidos en 14 de diciembre de 2014.
“Hoy por supuesto vamos a celebrar y vamos a tronar cohetones porque Maribel ha sido declarada inocente y es libre, pero tenemos otros compañeros en riesgo todavía”, alertó la abogada Argelia Betanzos, de la colectiva Mujeres por la Libertad, tras la decisión del juez.
A pesar de que el juez declaró la inocencia de Maribel, la decisión judicial sigue sosteniendo que los delitos son vigentes, a pesar de que existen siete resoluciones anteriores a nivel del Tribunal Superior y a nivel federal que establecen la prescripción de los delitos.
“El hecho de que este juez vuelva a decir que sí existe, no solo es una grosería, es un crimen. Hay que denunciarlo. Hay que denunciar esa necesidad criminal de volver a decir que un delito sí existe en contra de siete resoluciones. Eso ya no podemos permitirlo como comunidad. Que sigan jugando con nosotras de esta forma. ¿Por qué?”, sostuvo la abogada.
El próximo 18 de agosto tres habitantes más de Eloxochitlán, que cuentan con órdenes de captura, acudirán al juzgado para que se resuelva también sobre sus libertades.
El 14 de diciembre de 2014 se marca un parteaguas en la comunidad de Eloxochitlán, comunidad mazateca incrustada en los bosques de la Sierra donde nacieron los hermanos Flores Magón, estado de Oaxaca, México. Este día quedó marcado por un ataque hacia la asamblea comunitaria, organizada por usos y costumbres, perpetrado por el grupo caciquil liderado por la familia Zepeda, con intereses políticos y partidistas. A partir de entonces se inició un proceso de persecución política y jurídica contra los comunitarios que dura hasta la fecha.
Avispa Mídia platicó, durante la primera misión de observación en la comunidad, con Argelia Betanzos, abogada e integrante de la colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad, para comprender las raíces históricas que engendran una década de persecución política y jurídica contra sus habitantes, cuyo estopín fue el ataque a la asamblea el 14 de diciembre de 2014.
Argelia comparte, en detalles, la historia de dominación caciquil en Eloxochitlán, los procesos de construcción de la autonomía comunitaria y la búsqueda de liberación de esta dominación, en la cual tiene su lugar la influencia del pensamiento libertario de Ricardo Flores Magón, un pensador anarquista reconocido internacionalmente y originario de este pueblo.
Después de importantes experiencias de autonomía que se dieron sobre todo a partir de la década de 1980 en la comunidad, a finales de los años 2000 se dio el retorno expresivo de un nuevo grupo caciquil. Sin embargo, la comunidad ya no era la misma y la resistencia comunitaria hizo frente a este grupo que buscó por la fuerza imponer su poder. “El 14 de diciembre de 2014 y los diez años subsecuentes de persecución son resultado de este proceso”, cuenta Argelia.
Además, analiza la confluencia de fuerzas de actores políticos estatales que alimentan el conflicto en Eloxochitlán por más de una década. “Hay figuras de Estado que han estado detrás de la persecución, de la desarticulación y del despojo de esta comunidad, del despojo territorial, pero también del despojo de su herencia ancestral, de la organización comunitaria y de nuestra identidad originaria”, sostiene.
Su majestuosa ancestralidad es imponente. Se yergue como un gran guardián de un río que nace de entre las montañas de la sierra madre de Oaxaca, al sur de México. Su tronco parece una escultura esculpida que dejó a su paso el caminar del agua. Hoy, las raíces de este árbol conocido como Álamo están desnudas. Las entrañas del río llamado Xangá Ndá Ge (que significa ser de brazos abiertos) fueron desgarradas. Con maquinaria pesada y con camiones se han llevado las rocas y arena para ofertarlo al mejor postor.
En tiempos no muy lejanos este camino del agua era de gran respeto, “llegaba a desbordarse”, dicen los campesinos de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca -cuna donde nacieron los anarquistas Flores Magón.
La suerte echada de este árbol la comparte el resto de sus hermanos que, como si fueran una muralla, han estado siempre a la orilla del antiguo caudal, que hoy agoniza. “Ya murieron dos álamos enormes y algunos más se están secando”, alerta con cierta nostalgia el profesor jubilado Jaime Betanzos mientras señala, a una brigada de observación, el lugar donde desaparece el canto del afluente.
Justo donde señala el profesor, como por arte de magia, el agua deja de correr, se pierde entre las rocas, “es posible que, por el movimiento de las rocas y la arena, destaparon un sótano, ahí es hacia donde se está yendo lo que todavía queda del agua del río”, complementa el profesor.
En portada: Mujeres mazatecas por la libertad. Foto: Observatorio Memoria y Libertad
Era diciembre del 2014 y en Eloxochitlán de Flores de Magón, una comunidad en la Mazateca, Oaxaca, se percibía un ambiente amenazador, según relatos de sus habitantes. La Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, estaba reunida para elegir a su nuevo alcalde, pero fue interrumpida por una balacera, perpetrada por un grupo de la comunidad con intereses partidistas que, según pobladores, actuó bajo el mando de la familia del cacique local Manuel Zepeda Cortes.
El ataque desembocó en las muertes de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada, un incendio, daños a la propiedad privada y detenciones. De ahí comenzó la persecución política, que lleva una década, en contra de las familias que integraban la Asamblea.
Sepa más sobre el conflicto y a la persecución de los mazatecos aquí.
La abogada y defensora comunitaria mazateca Argelia Betanzos, compañera, hija y hermana de personas perseguidas en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, a partir de su lucha se ha convertido en una de las principales voceras de la causa.
Argelia comparte para Avispa Mídia que, tras los hechos violentos del 2014, Manuel Zepeda Cortes, Vicente Zepeda Cortes, Gamaliel Zepeda Juárez, Dolli Irasema Betanzos Hernández y—la ahora diputada por Morena— Elisa Zepeda Lagunas, se presentaron ante la segunda sala penal como presuntas víctimas para conseguir la activación de decenas de órdenes de aprehensión contra habitantes de Eloxochitlán acusándolos de daño por incendio y robo. Una hazaña cometida bajo influencia del magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez y Constantino Santiago Agustín, juez mixto de Huautla de Jiménez.
COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ
De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra. Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.
La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.
Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho tiempo por la violencia.
La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.
Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.
No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.
Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.
Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.
GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.
11 de marzo, 2025. Durante su ceremonia del 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer un decálogo por la igualdad de género.
Entre las 10 medidas en razón de género está el establecimiento de 24 efemérides para reconocerlas en la historia; apertura de la sala de mujeres en la historia en Palacio Nacional, con 401 nombres de diferentes épocas, desde ancestras hasta forjadoras de la patria del siglo XXI. Entre ellas: Cristina Payán, la comandanta Ramona, Bety Cariño y Rosario Ibarra.
A esta iniciativa gubernamental, la familia de Bety Cariño responde:
“no aceptamos homenajes vacíos” y “discursos oportunistas” mientras las estructuras de poder “siguen protegiendo a los asesinos de luchadoras y luchadores sociales” Denuncian que el gobierno “pretende hablar de memoria, de la cual nos buscan despojar, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no hay memoria sin justicia”.
“Hoy el gobierno dice escuchar al pueblo, pero calla cuando exigimos castigo para los asesinos de Bety”, afirman las y los familiares y reiteran que “no hay transformación con impunidad”
Por eso denuncian “la hipocresía del gobierno de la 4T y su falsa memoria histórica”. Cabe recordar que tras la liberación de varios acusados de homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola en 2022, el crimen quedó en total impunidad en México.
Ante esta situación, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia. Ambos defensores fueron asesinados por un grupo paramilitar en La Sabana, Oaxaca,
el 27 de abril del 2010, mientras acompañaban una caravana de paz y observación de derechos humanos, misma que se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala.
¡¡¡ BETY CARIÑO VIVE EN LA LUCHA, NO EN LA SIMULACIÓN !!!
En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.
Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT. Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas.
A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.
Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.
Persecución
Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.
El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).
La ampliación del derecho de vía exigida por las autoridades amenaza viviendas y parcelas de familias en la región.
Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.
Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”.
Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.
Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.
Abusos, ignorados por la CNDH
Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.
La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.
Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.
Trabajos para la ampliación del derecho de vía del tramo 2.3 de la Línea Z del CIIT.
En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.
A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.
Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.
Mercancías, por encima de derechos humanos
La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.
Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.
Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.
Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025. Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones.
Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.
Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.
Elementos de la Semar realizan acciones de intimidación y amenazas contra los pobladores inconformes con el CIIT.
El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.
A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
