Por D Moctezuma McQuade y Daniela Gutiérrez

La impunidad sobre el asesinato de Samir Flores persiste, como lo demuestra el más reciente aplazamiento de la audiencia del pasado 17 de septiembre de 2025, solicitado por la Fiscalía para localizar a testigos clave. El caso fue reprogramado para el 10 de noviembre del mismo año, manteniendo vivo el reclamo de justicia.

2013:
1.- https://www.youtube.com/watch?v=H1qyRERcmBc
2.- https://www.educaoaxaca.org/comprueban-actos-de-tortura-contra-el-defensor-jaime-dominguez-opositor-del-proyecto-integral-morelos/

2014:
1.- https://redtdt.org.mx/archivos/9261

9 feb 2019:
1.-https://www.ladobe.com.mx/2019/02/asi-fue-la-consulta-ciudadana-sobre-el-gasoducto-morelos-en-puebla/

19 feb 2019:
1.-https://www.youtube.com/watch?v=BMuLcU0VEak

20 feb 2019:
1.-https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/2/20/asesinan-lider-opositor-la-termoelectrica-de-huexca-220553.html

actores señalados:
1.-https://drive.google.com/file/d/1mbjI6P6OqVdkI-f3FDLbEaRxoZ1q4R7s/view

La historia de Samir Flores Soberanes está intrínsecamente ligada a la defensa de la vida del pueblo de Amilcingo, Morelos y su lucha en oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) una iniciativa federal que comprendía la construcción de una termoeléctrica de 620 MW en Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros que atravesaría más de 60 comunidades en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla y un acueducto para abastecimiento de agua a la termoeléctrica.

​​Detrás del PIM se encuentra una red de intereses corporativos transnacionales que incluye a la empresa estadounidense Macquarie Infrastructure Partners que compró el gasoducto a las españolas Elecnor y Enagás en 2022, la francesa Saint Gobain, Schaeffler México, Volkswagen, Audi y la Asociación de Empresianos del Parque Industrial Ciudad Textil, estas corporaciones han presionado activamente para la operación del gasoducto a pesar de los riesgos documentados.

Las comunidades de la región Iztapopo de origen náhuatl, se opusieron firmemente al proyecto argumentando graves riesgos ambientales y sociales: la termoeléctrica al consumir grandes volúmenes de agua, agravará la escasez ya que afecta a la zona y contaminaría el aire; el gasoducto al pasar por zonas de alta actividad volcánica y cerca de poblaciones, representaba un peligro de explosión inminente; y finalmente el acueducto afectaría los mantos acuíferos locales y el Río Cuautla, completando una serie de impactos interconectados que motivaron la resistencia comunitaria. Esta resistencia se consolidó con la creación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), constituido formalmente en Huexca, Morelos, en 2012. El Frente, integrado por comunidades indígenas y campesinas, coordina la defensa del territorio mediante asambleas, acciones legales, protestas públicas y el ejercicio de la comunicación comunitaria. A pesar de la resistencia el proyecto recibió luz verde del gobierno federal, que convocó a una «consulta» en febrero de 2019, criticada por las comunidades por estar viciada y no ser libre ni informada.  

Fuentes: LADO B 

Así fue la consulta ciudadana sobre el gasoducto Morelos, en Puebla

La oposición se intensificó porque el gasoducto atraviesa rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, ignorando las advertencias del Cenapred y el Instituto de Geofísica de la UNAM sobre el riesgo catastrófico que esto representa para aproximadamente 800,000 personas en caso de erupción.

Este año se cumplen 13 años de imposiciones para hacer funcionar el Proyecto Integral Morelos (PIM) y 6 años de lo que las comunidades denominan «la sangrienta traición» del gobierno federal. El 10 de febrero de 2019, Samir junto a representantes de decenas de pueblos afectados enfrentaron al presidente López Obrador en Huexca, gritando consignas como «¡agua sí, termo no!» y exigiendo que cumpliera su palabra de campaña de cancelar el proyecto. La respuesta presidencial fue descalificar a los manifestantes tachándolos de «conservadores», en lo que el FPDTA-MPT considera que fue una sentencia de muerte para Samir, asesinado 10 días después.

¿Quién fue Samir Flores Soberanes?

Foto por Miryam Vargas – Cholollan Radio

Samir Flores Soberanes (Amilcingo, Temoac, Morelos; 2 de agosto de 1982 – 20 de febrero de 2019) fue un campesino, comunicador comunitario y defensor de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, fundador de la emisora Radio Comunitaria Amilcingo, utilizó este medio para informar y organizar a su comunidad sobre los riesgos del PIM.

Como líder visible de la resistencia, Samir no solo era un opositor vocal del megaproyecto, sino también un ferviente promotor de la autonomía de los pueblos y la defensa del territorio. Su trabajo se enmarca en el ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión, a la información y a defender los derechos humanos, reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos.

Desde Radio Amilcingo, Samir informaba a la zona Oriente de Morelos y parte de Puebla sobre las consecuencias del PIM. Su compromiso con la autonomía comunitaria se extendía a la construcción de proyectos educativos, de salud comunitaria y la defensa de los usos y costumbres, incluyendo su última iniciativa inconclusa: una escuela preparatoria para la comunidad de Amilcingo.

Foto por Miryam Vargas – Cholollan Radio

El Asesinato y la Impunidad Persistente

La madrugada del 20 de febrero de 2019, dos días antes de la realización de la consulta sobre el PIM, Samir Flores fue asesinado a tiros frente a su domicilio en Amilcingo por sujetos que llegaron en un vehículo. El crimen fue ampliamente denunciado como un asesinato político destinado a silenciar la oposición más crítica y amedrentar a la comunidad en vísperas de la votación.

A pesar de las promesas de justicia, el caso continúa plagado de impunidad. Han pasado más de seis años y los avances son mínimos. El proceso judicial contra Javier ‘N’, presunto autor material del asesinato de Samir Flores, ha registrado al menos 15 diferimientos de audiencias. Incluso el pasado 17 de septiembre de 2025, la audiencia programada resultó en un nuevo aplazamiento, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para ubicar a testigos clave del caso que no han sido localizados. Tras esta solicitud, se obtuvo una reprogramación para el próximo 10 de noviembre de este mismo año.

Tras seis años de impunidad, la lucha por justicia para Samir Flores Soberanes ha trascendido las fronteras de México, transformándose en un emblemático caso de la criminalización global contra defensores ambientales. La internacionalización de esta causa se manifestó mediante la instalación de monumentos en honor al «Defensor del Agua» en diversas ciudades de México, Francia e Italia, convirtiéndose en una potente herramienta de visibilización y presión internacional.

El Frente de Pueblos ha denunciado una red de poder que conecta a los autores intelectuales y materiales del asesinato. Según sus investigaciones, el entonces superdelegado federal Hugo Erik Flores (abogado de los asesinos de Acteal y líder del PES) operó la ejecución, mientras que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco habría pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación «a cambio de pacificar», ordenando al grupo criminal de «Los Aparicio» la ejecución de Samir, esta red delincuencial evidenciaría la existencia de un narcoestado que opera a favor de intereses capitalistas internacionales beneficiados por el PIM.

El diagrama de relaciones del narcogobierno —incluido al final de este documento— ilustra gráficamente los vínculos entre actores políticos, corporativos y criminales señalados en el asesinato de Samir Flores. Este mapeo, desarrollado por el Frente de Pueblos (2025), muestra cómo se articulan las conexiones entre el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, el ex subdelegado federal Hugo Érick Flores, el cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal «Los Aparicio» y las empresas trasnacionales beneficiarias del PIM, configurando una estructura de impunidad y violencia.

Fuente: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos-Puebla-Tlaxcala

https://www.congresonacionalindigena.org/2025/02/13/mapa-relaciones-del-narcogobierno-en-el-asesinato-de-samir-flores/

La violencia contra el FPDTA-MPT incluye 26 defensores judicializados, 3 detenciones ilegales, el cierre violento de dos medios comunitarios y casos documentados de tortura, además del asesinato de Samir Flores, por lo que esta represión se enmarca en la imposición del PIM mediante fuerza pública estatal y federal, incluyendo el uso del ejército mexicano para resguardar maquinaria de construcción.

Patrón de Violencia: La misma estrategia de silenciamiento se repite

La sombra de la violencia que se cierne sobre los defensores de la tierra y el agua en Morelos se alargó nuevamente en septiembre de 2025. Carolina, una mujer integrante de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO), fue asesinada a tiros en la comunidad de El Hospital, Cuautla. Este crimen ocurre en un contexto de impunidad estructural, evidenciado por la reciente y tardía recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre el caso de tortura de Jaime Domínguez, ocurrido en 2013, y que solo fue reconocido formalmente doce años después.

Este crimen contra Carolina resuena como un eco siniestro de otros asesinatos. Francisco Vazquez, integrante del Consejo de Vigilancia en ASURCO, fue asesinado en su campo por dos sujetos a bordo de motocicletas el 10 de febrero del 2022, a su vez ambos homicidios recuerdan el del defensor nahua Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019. Los tres casos permanecen en la más absoluta impunidad.

Un sistema que protege a los agresores

La lucha por la justicia para los defensores criminalizados y asesinados se topa con un muro institucional. La CEDH de Morelos emitió finalmente una recomendación en 2024 por la tortura y detención ilegal de Jaime Domínguez, un opositor al PIM detenido en 2013. Este reconocimiento llegó después de más de una década, tras dos intentos fallidos porque el Estado alegó no tener personal especializado para aplicar el Protocolo de Estambul. Esta demora es un ejemplo claro de la negación sistemática de justicia que enfrentan las víctimas.

Este patrón se repite en los asesinatos: misma causa (pertenecer a ASURCO y oponerse al Proyecto Integral Morelos), mismo método de agresión (ataques con motocicletas) y misma impunidad. Aunque las autoridades estatales suelen encasillar estos hechos como «violencia delictiva genérica», para las comunidades representan una estrategia coordinada que combina el terror paramilitar con la negligencia estatal para eliminar la oposición social.

Frente a este contexto, las comunidades exigen: la investigación y castigo a los autores intelectuales de los asesinatos de Carolina, Francisco Vázquez y Samir Flores, y la cancelación definitiva del Proyecto Integral Morelos.

La respuesta desde las comunidades sigue siendo la organización, la memoria digna y la resistencia que convierte la muerte en semilla de lucha, en un camino donde la solidaridad internacional contrasta con la impunidad local.

Derechos Humanos Violados

El caso de Samir Flores constituye una grave violación múltiple de derechos humanos reconocidos internacionalmente, en primer lugar se vulnera su derecho fundamental a la vida, establecido en el Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al ser víctima de una ejecución extrajudicial directamente relacionada con su labor como defensor ambiental.

Adicionalmente se ha configurado una sistemática negación de su derecho a la justicia (Artículo 8 de la Declaración Universal), manifestada a través de las continuas dilaciones procesales y la falta de una investigación efectiva que permitiera esclarecer completamente los hechos y sancionar a todos los responsables. El crimen también representó una violación al derecho a la libertad de expresión (Artículo 19 de la Declaración Universal) al silenciarse violentamente su voz crítica y su trabajo como comunicador comunitario que informaba sobre los impactos del proyecto en su comunidad.

Asimismo, se transgredió el derecho a defender derechos humanos, reconocido en la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, mediante la criminalización de su protesta social y su legítima oposición al megaproyecto.

Finalmente el contexto en el que ocurrieron estos hechos evidencia la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, al imponerse el Proyecto Integral Morelos sin el consentimiento de las comunidades afectadas, lo que creó el ambiente de conflictividad que dió paso a estos lamentables acontecimientos.

La violencia, ilegalidad, colonialismo, racismo y arbitrariedad con que se ha impuesto el Proyecto Integral Morelos ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde en los próximos meses los pueblos del volcán y el Estado Mexicano presentarán argumentos sobre la problemática instalación del PIM en zona de riesgo eruptivo y sin consentimiento de los pueblos.

Conclusión

El caso de Samir Flores Soberanes trasciende el asesinato de un defensor ambiental para convertirse en el símbolo de una lucha civilizatoria entre dos modelos de mundo antagónicos. Por un lado, se encuentra la visión extractivista representada por el Proyecto Integral Morelos respaldada por un entramado de intereses transnacionales sobre los combustibles fósiles, autoridades coludidas y grupos criminales, que ven en la tierra y el agua meras mercancías para su explotación. Por el otro, la cosmovisión de los pueblos náhuatl, que entienden el territorio como un ser vivo, sagrado e inseparable de su existencia cultural y material.

Es en este conflicto donde la figura de Samir ha sido asumida como un símbolo de la lucha de los pueblos originarios por la defensa de su territorio por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, el FPDTA-MPT ha construido una red de solidaridad transnacional con organizaciones como Front Line Defenders y Peace Brigades International, que brindan acompañamiento crucial en incidencia, seguridad y visibilización internacional.

La implacable impunidad durante seis años no es falla del sistema, sino su funcionamiento esencial: implementación de necropolítica, un mecanismo diseñado para proteger a los autores intelectuales que operan desde las altas esferas del poder político y económico. La red que conecta a Macquarie Infrastructure Partners, funcionarios como Cuauhtémoc Blanco y Hugo Érick Flores, y grupos criminales como «Los Aparicio» y el CJNG, revela la verdadera naturaleza del crimen: un asesinato narco-político donde el capital global utiliza al crimen organizado como brazo armado para eliminar la resistencia al despojo.

El asesinato de Carolina, integrante de la misma organización, confirma que se trata de una estrategia sistemática de terror destinada a aniquilar la resistencia comunitaria. Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, la violencia ha internacionalizado la lucha, convirtiendo a Samir Flores en un símbolo global de la defensa de la vida frente al capital energético depredador.

La paradoja final es que las balas que intentaron silenciar a Samir multiplicaron su voz: hoy resuena en las universidades europeas, en los memoriales internacionales, en las radios comunitarias y en las demandas ante la CIDH. Su legado evidencia que la verdadera justicia no llegará desde los tribunales corruptos sino desde la organización comunitaria que convierte el duelo en semilla de rebeldía.

La lucha continúa porque, como aprendieron los pueblos del volcán, defender el agua no es un delito sino el acto más profundo de amor por la vida. Y mientras el gasoducto permanezca como una amenaza latente y los asesinos siguen libres, la palabra de Samir seguirá vibrando: «piensan que son dueños de nuestras vidas, de nuestras aguas, de nuestros montes, de nuestros árboles y es ahí donde nosotros, con nuestra posición, no vamos a desistir, no vamos a renunciar a nuestros pueblos, porque aquí nacimos y si es posible, en su defensa, aquí moriremos”. 

Fuentes de Información: