Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Campesinos del Copinh se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia en el contexto del juicio contra Roberto David Castillo. Foto:Gustavo Amador.}

Más de ocho años después del asesinato de la líderesa lenca Berta Cáceres, este lunes (25) la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias contra siete de las ocho personas condenadas tras juicios realizados entre 2018 y 2022, como autores materiales en el homicidio acontecido el 3 de marzo del año 2016.

Esta decisión responde a los recursos de casación, presentados por los acusados, quienes pretendían invalidar sus sentencias condenatorias. Así se ratifica las sentencias contra Douglas Geovanny Bustillo, ex militar y jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA, propiedad de la familia Atala Zablah); Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Javier Hernández Rodríguez, militar; Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez y Edilson Atilio Duarte, quienes recibieron condena desde el 2 de diciembre del 2019.

Mientras tanto, y pese a ratificar la condena de Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia, la decisión judicial modificó agravantes en la sentencia, lo que, argumenta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), implica una reducción de su condena, la cual en el año 2022 le asignó 22 años y seis meses de prisión.

Castillo, quien presidió el consejo de Administración de la empresa DESA, también tiene pendiente el cumplimiento de otra condena, recibida apenas el pasado 15 de noviembre, en la cual fue sentenciado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, un caso donde fue encontrado culpable por cometer fraude, a título de cómplice y por el uso de documento falso a título de autor.

El caso del octavo implicado, Sergio Rodríguez Orellana, ex gerente ambiental y socio de DESA, pasó al pleno de la Corte Suprema de Justicia debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación de su sentencia.

Confirmación de estructura criminal

Mediante comunicado, el Copinh asevera que la decisión judicial “confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad”.

No obstante, en el caso de Rodríguez, la organización lenca denuncia que la decisión de enviar su caso al pleno de la Corte Suprema “prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas”.

Por su parte, Bertha Zúñiga, coordinadora de la organización lenca, compartió a medios hondureños que la ratificación de las sentencias sin respetar los parámetros emitidos por los tribunales anteriores, -en referencia a la modificación de los agravantes en el caso de Castillo y a la resolución pendiente para Rodríguez-, corresponde a acciones de “los grandes intereses económicos que están acechando por los bienes comunes de la naturaleza”.

En entrevista con Radio Progreso, Zúñiga sostuvo que la estructura criminal detrás del asesinato de su madre maniobró para interferir en el proceso de justicia y que elementos, como la reducción de la sentencia contra Castillo, ejemplifican esos esfuerzos producto de una campaña política y mediática por parte de miembros de la familia Atala. 

“Nos corresponde proteger el proceso, ahora en el debate que va a tener el Pleno de la Sala de los magistrados, para que de nuevo esas maniobras de la impunidad no interfieran en la decisión de querer tumbar el caso de Sergio Rodríguez Orellana”, explicó la coordinadora del Copinh.

Además, Zúñiga subrayó que la organización lenca está demandando que se profundicen las investigaciones contra los autores intelectuales “para poder enfrentar, idealmente, con un proceso judicial en contra, pues sería en primer lugar de Daniel Atala Midence quien ya tiene un requerimiento fiscal, aunque obviamente con el gran desafío de que es una persona prófuga de la justicia”, detalló.

Cabe recordar que, en diciembre del 2023, la filtración a medios corporativos de la existencia de un requerimiento judicial contra Daniel Atala Midence (ex director financiero de DESA) como probable responsable del asesinato de Cáceres, derivó en su ocultamiento y, actualmente, se encuentra en calidad de prófugo de la justicia hondureña.

Desde el año 2021, el Copinh reveló que existen pruebas de la participación de Atala Midence en el asesinato de Berta Cáceres. Fue en abril de ese año cuando Bertha Zúñiga informó sobre la existencia de una transferencia de 1.2 millones de dólares entre la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa), propiedad de Daniel Atala Midence, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa), de David Castillo, realizada dos días antes del asesinato de la lideresa lenca.

“Lo entendemos como la vinculación de estos señores Atala Zablah que siguen sin poner un pie en estas instituciones de supuesta justicia en nuestro país y despierta grandes suspicacias de que se pueda tratar de un pago para la comisión del delito por las pérdidas que les estaba significando la lucha de Río Blanco, liderada por mi madre”, expuso la coordinadora del Copinh en conferencia de prensa realizada en abril del 2021. 

En ese momento, Victor Fernández, abogado de la causa de Berta Cáceres explicó que dicha prueba “relaciona movimientos financieros de la empresa con una acción material directa de dos sujetos importantes en la ejecución del crimen de Bertita, en este caso Roberto David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo. Pero es más importante que la autorización de esta transacción financiera millonaria la hace el señor Daniel Atala Midence”.

Continuación de la lucha

Pese a estos detalles, para el Copinh la ratificación de las sentencias marca un precedente importante en la historia hondureña, pues la califica como “un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos”.    

Sin embargo, para la coordinadora del Copinh, aún resta saldar la deuda con la comunidad de Río Blanco. En específico, Zúñiga exige que le sea otorgado un título comunitario para que, de esa manera, “se garantice que no se vuelva a irrespetar la voluntad y la autonomía comunitaria de Rio blanco”.

También aseveró que, para la salvaguarda del río Gualcarque, aún quedan pendientes “las acciones administrativas para poner fin a la concesión del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca, de manera que no sigan ganando estos empresarios corruptos por un proyecto que ni siquiera construyeron”.

Por último, el Copinh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para redoblar esfuerzos en esta nueva etapa, que califican como crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. “No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras”, sostuvó la organización lenca.