^{En portada: Miembros de la comunidad maya de Ixil, Yucatán. Foto: Bénédicte Desrus}

El pasado miércoles (13), una comisión de la comunidad maya de Ixil, Yucatán anunció una serie de acciones que realizaron para continuar con la defensa de sus territorios frente a intentos de despojo por parte de proyectos inmobiliarios y de producción energética.

Mediante conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México tras reuniones con diversos funcionarios en la capital del país, destacaron su visita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante dicha institución, los pobladores mayas interpusieron una denuncia penal contra el empresario Alejandro Escoffié por actos fraudulentos cuyo fin, argumentan, era despojarles de más de 5,200 hectáreas de tierras ejidales de uso común.

Acorde al testimonio de Mercedes Cocom Noriega, miembro de la comunidad de Ixil, el empresario Escoffié es el principal promotor de este intento de despojo, que se remonta a una lucha desde hace 10 años por el control de las tierras de uso común. Por su parte, Maximiliano Cetz, maya quien también formó parte de la comisión de la comunidad, agregó que en la denuncia también se acusa a un notario público, dos ex visitadores agrarios, el actual Comisariado Ejidal y otros comisariados previos que fueron cómplices de Escoffié.

El motivo de la denuncia, aseveran, es por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa con el fin de privatizar las más de 5,200 hectáreas mediante el uso de documentos y firmas falsificadas que buscaban asignar a personas ajenas a la comunidad como sus propietarias frente al Registro Agrario Nacional (RAN).

Ante este hecho, Cocom detalló que la comisión de Ixil mantuvo una reunión con funcionarios del RAN, quienes les informaron que el intento de asignación de personas extranjeras sobre las tierras de uso común, por parte de Escoffié, fueron denegadas por el órgano agrario.

José Argemiro, también parte de la comisión maya, indicó que se sienten desamparados por parte de las instituciones que imparten justicia en el país. Esto debido a la negativa, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Yucatán sobre una demanda de amparo que los pobladores presentaron contra la orden de aseguramiento de sus tierras que provocó el intento de despojo refectuado el 17 de agosto del 2023.

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“En este tribunal trabaja un primo segundo de una de las personas que se ostenta como propietaria y que está queriendo despojar a la comunidad”, acusó Argemiro. Por esta situación, los pobladores de Ixil hicieron un llamado a la SCJN para que sea ella quien retome el caso y decida sobre la suspensión definitiva que han solicitado mediante la demanda de amparo.

Otros proyectos

Angélica Tec Ek, miembro de la comunidad maya, agregó que también se cierne la amenaza contra su territorio por parte un proyecto de energía eólica. La integrante de Ixil detalló que sus territorios cuentan con una enorme biodiversidad que incluye lagunas, manglares y otros ecosistemas que, de instalarse un parque eólico, serían impactados negativamente y cortaría los flujos del agua.

Tec Ek contextualizó que ya han ocurrido inundaciones en sus territorios, como lo que aconteció en el año 2020 cuando todo el pueblo se vió afectado por la anegación, “el pueblo sufrió demasiado, sufrió en su economía con pérdida de ganado, apicultores, un daño muy terrible que sufrió la comunidad”, compartió y aseguró que es una de las razones por las que los pobladores no quieren que esa situación se repita.

Durante la rueda de prensa también participó Carlos Yamá, miembro del colectivo Cantukún, e integrante de la comunidad maya de Kinchil, ubicada al poniente de Yucatán. Yamá informó que su comunidad defiende sus terrenos desde hace 10 años frente a los intentos de despojo por parte de la empresa porcícola Kekén, del grupo Kuo.

Según comunicado compartido tras la conferencia, esta problemática y despojo nace del tráfico de influencias al interior de SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Ante ello, la comunidad de Kinchil está litigando contra la secretaría, debido a que señalan que defiende los intereses de la granja porcícola en detrimento de apicultores y pequeños ganaderos quienes son afectados por las invasiones de sus tierras.