Activistas, comunidades indígenas e integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) se movilizaron el viernes (30) para exigir un alto a la represión contra quienes rechazan la aprobación de la Ley de Aguas en Querétaro.

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A dos meses de su entrada en vigor, la REDAVI ha exigido la abrogación de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro pues busca privatizar el agua mediante concesiones que podrán ser otorgadas por el estado de Querétaro a empresas privadas.

También señalaron que, pese a las manifestaciones pacíficas que demandan un parlamento abierto, han sido ignorados por las autoridades para compartir sus argumentos científicos, sociales y por los derechos humanos mediante los cuales rechazan la aplicación de la norma.

A su vez, exigieron detener la criminalización de la protesta pues existe ya una investigación, por parte de la Fiscalía General del Estado, contra tres activistas ambientales, quienes fueron detenidos durante una movilización pacífica, y son acusados por distintos delitos de desobediencia y contra las vías de comunicación.

La Red denunció también otros casos de intimidación y hostigamiento contra organizaciones e individuos que han declarado su desaprobación contra la también conocida como Ley de Concesiones.

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Es el caso de las amenazas contra un integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito y la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de Bernardo Romero Vázquez, consejero ciudadano quien reclamó la postura del organismo de derechos humanos al respaldar el despojo de la ley.

Abrogación

Mediante documento dirigido a distintas autoridades de Querétaro, la REDAVI solicitó la abrogación de la Ley de Aguas, pues acorde a la organización busca privatizar el agua sin contemplar el bienestar social ni la salud ambiental. Además, la legislación tampoco considera los impactos negativos a los derechos humanos de la población.

Durante casi dos meses, distintas organizaciones han realizado movilizaciones para evidenciar el rechazo a la norma desde su aprobación por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. “Nos hemos movilizado durante 11 semanas para exigir su abrogación. La respuesta que hemos recibido por parte del gobierno (…) ha sido la represión y la violencia del estado”, compartieron en comunicado.

Violencia de Estado

Tras la represión y detención arbitraria de quienes se manifiestan contra la Ley de Aguas por la legítima lucha en defensa del agua, la REDAVI señaló como responsables al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, así como a la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía, quienes criminalizan el movimiento social.

Cabe recordar que el pasado 10 de junio, las autoridades estatales ordenaron la represión de una protesta pacífica donde la policía estatal hizo uso excesivo de la fuerza contra quienes se movilizaron en rechazo a la Ley de Aguas.

Desde entonces, la REDAVI ha señalado que el movimiento en defensa del agua ha sido estigmatizado mediante las declaraciones de funcionarios de gobierno en medios masivos de comunicación.

Según la red, lo que sucede en Querétaro mediante dicha normativa pone en riesgo derechos, ecosistemas y la justicia hídrica, además “se da en un contexto de racismo y agresión hacia personas y comunidades defensoras de la tierra”.

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Entre las agresiones de parte del Estado, destacan las amenazas, detenciones arbitrarias y prisión política contra la comunidad hñähñu de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco. Ya desde el año de 2020, la Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras alertó sobre una campaña de descalificaciones, calumnias, desprestigio, amenazas y criminalización de la defensa territorial en dicha comunidad.

En 2020 Front Line Defenders emitió una alerta global por las distintas agresiones a mujeres ambientalistas, periodistas y ejidatarias en la zona Metropolitana de Querétaro.

“La criminalización y violencia institucional no solo vulneran derechos, estigmatizan la organización y fragmentan el tejido social, también son particularmente graves en un contexto de represión sistemática de defensores ambientales”, señaló la REDAVI al contextualizar que las agresiones a defensores se duplicaron en 2021 con respecto a datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental registrados en 2020.