San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
4 de junio de 2022
Boletín No. 19

Contubernio entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz y siete defensores tseltales por su defensa de derechos humanos

• El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio.
• La procuración e impartición de justicia en Chiapas esta secuestrada por intereses políticos y privados, ajenos a la verdad y la justicia. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (Fiscalía Indígena) y el Poder Judicial del Estado (Juzgado de Control), para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Sántiz Cruz, indígena tseltal (en adelante Manuel Sántiz) en el municipio de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

De acuerdo con lo documentado en la causa penal 78/2022, la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra Manuel Sántiz y otras siete personas por el delito de homicidio calificado el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control, Carlos Lamberto Marquez Espinosa, les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial. Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso particular en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, más tres personas (por seguridad omitimos sus nombres) que tienen orden de aprehensión y constituye una acción orquestada bajo los mecanismos de violencia hacia los pueblos, que es la fabricación de delitos como método represivo de sistema judicial en Chiapas.

La detención contra Manuel Sántiz por el delito de homicidio, deriva de una privación arbitraria de la libertad en el municipio de San Juan Cancuc el pasado domingo 29 de mayo de 2022, junto con otras dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía indígena 24 horas después de su detención, el 30 de mayo de 2022, por elementos de la policía especializada quienes los acusaron falsamente de portación de mariguana, siendo trasladados al municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo que daría pie para tener tiempo de fabricar el delito de homicidio calificado que los llevaría a su reaprehensión.

La acusación por portación de droga fue desacredita por medio de tres testigos, quienes el 01 de junio de 2022, dos de ellos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por elementos de la policía especializada de la Fiscalía Indígena, también acusados dentro de la causa penal 78/2022, como forma de represión por haber testificado la verdad de los hechos, así como para intimidar a los pobladores que pudieran ser testigos de este montaje.

La situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolverá el lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, situación que se da en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio.

Desde del Frayba exigimos la libertad inmediata de las personas defensoras: Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, así también el desistimiento de la acción penal hacia tres personas que se encuentran resguardadas por su comunidad, lamentamos y denunciamos las practicas de manipulación del sistema de impartición y procuración de justicia y exigimos que se busque la verdad y la justicia, agotando todas las lineas de investigación, con honestidad, lealtad y objetividad. Externamos nuestra preocupación frente a la fabricación de delitos que criminaliza la defensa de los derechos humanos en medio de un contexto de creciente militarización e imposición de proyectos en las comunidades sin consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente.

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