El territorio de la comunidad indígena Tepehuana y Wixárika en San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha sido invadido por el Servicio Geológico Mexicano. Desde por lo menos noviembre de 2021, sin la autorización de la comunidad, han realizado trabajos de prospección minera.

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Durante varias semanas, a finales de 2021, la comunidad registró vuelos de helicóptero, del cual se colgaba un magnetómetro. “Empezamos a ver un helicóptero volar en la zona de lugares sagrados que tenemos en la comunidad. Nos llamó la atención. Empezamos a verlo seguido, día tras día”, dijo el secretario del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de la comunidad, Mario González.

Después de los vuelos vinieron las incursiones, en los mismos lugares sagrados para los Tepehuana y Wixárikas, de camionetas con la identificación del Servicio Geológico Mexicano. “Empezamos a ver personas en vehículos que trabajaban recolectando materiales en nuestros lugares sagrados”, cuenta González.

De acuerdo con el relato de Andrés Plateado, indígena de la comunidad, los funcionarios han entrado en sus lugares sagrados, “mueven cosas donde hacemos ceremonias que nos enseñaron nuestros ancestros; es una ofensa para nosotros”.

Sin información por parte de instancias del gobierno, la asamblea de la comunidad, el día 13 de marzo, ordenó que se investigara quién eran estas personas y lo qué hacían.  “¿Cómo?,  deteniendo una camioneta para que nos digan qué es lo que están haciendo, qué estudios están haciendo”, explicó González.

El 15 de marzo se detuvo una camioneta del Servicio Geológico Mexicano, la cual permanece hasta hoy bajo el resguardo de la comunidad.

Fue entonces que se demandó una reunión con distintas instancias del Estado con el objetivo de tener informaciones sobre la motivación de las incursiones, sin permiso, al territorio Tepehuana y Wixárikas.

La reunión ocurrió el 6 de abril entre autoridades comunales, instancias federales y estatales. En el mismo día la comunidad hizo público el contenido de la reunión y los acuerdos por medio de una conferencia de prensa.

De acuerdo con los voceros de la comunidad, representantes del Servicio Geológico Mexicano negaron que hayan hecho sobrevuelos en el territorio Tepehuana y Wixárika, “señalan que [el registro] no está en ninguna de sus bitácoras; literalmente nos dijeron que ‘quizás algún minero se aprovechó que estábamos haciendo el servicio geológico’”, señaló Cristian Chávez, asesor de la comunidad.

Representantes del órgano del gobierno federal también se comprometieron a tener los trabajos de prospección minera, pero irónicamente, cuenta Chávez, que cuando la comunidad detuvo la camioneta el 15 de marzo, “habían dicho que ya se había terminado el trabajo de campo”.

Los representantes del Servicio Geológico no informaron cuáles minerales estaban buscando. “Nos dijeron que están buscando salmueras en el país, buscando sales, no nos aclararon cuáles serían”, contó Chávez. Tampoco han informado sobre el proyecto minero Amonitas que estaría por detrás de la prospección.

El día 8 de mayo las instancias gubernamentales se comprometieron a ir hasta la comunidad para informar sobre el objetivo, promovente y descripción del proyecto minero Amonita.

Otro de los acuerdos es que el Servicio Geológico va a desistir de la denuncia que hizo en el Ministerio Público de Villa Guerrero contra la comunidad por detener el vehículo, “una vez que haya recibido el vehículo y haya informado a la comunidad los pormenores que está solicitando sobre el proyecto minero Amonitas”, explicó Chávez.

Venta de tierra

El ejido de San Lorenzo Azqueltán es colindante con los bienes comunales de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán. De acuerdo con los voceros de la comunidad, fueron las autoridades del ejido que dieron el permiso a Servicios Geológicos para la prospección.

Los trabajos de prospección se basan en un “ilegal permiso otorgado por personas ajenas a nuestra comunidad, representantes de un ejido que nada tiene que ver con la superficie donde se realiza la prospección minera”, denunció la comunidad en un comunicado.

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El conflicto no es de ahora. “Las autoridades ejidales han viniendo rentando y vendiendo terrenos fuera de su propiedad agraria; eso ha sido el motor de una violencia sistemática durante los últimos años que ha resultado en ataques armados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, y numerosos despojos contra la comunidad”, explica Chávez.

De acuerdo con él, “el permiso otorgado por autoridades ejidales al Servicio Geológico fue la gota que derramó el vaso de una serie de despojo de venta de tierra hecha por autoridades ejidales fuera de terrenos ejidales. La comunidad hace años denuncia estas ventas fraudulentas, solicitando la intervención de las instancias federales y estatales”, dijo Chávez.

Representantes de la Procuraduría Agraria, también presentes en la reunión, se comprometieron a advertir a las autoridades ejidales a no realizar ventas y rentas de tierra fuera de sus límites agrarios.