Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias maya q’eqchi’ son expulsadas de la comunidad Buena Vista, en el norte del lago de El Estor. Foto: Juan Bautista / Prensa Comunitaria}

La mañana del miércoles (22), cientos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desalojaron a la comunidad maya Q’eqchi’ de Buena Vista Tzinté, ubicada en la parte norte del Lago de Izabal, departamento del mismo nombre, Guatemala.

Tras la afectación de su previo asentamiento, cuya condición inhabitable fue declarada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a deslaves ocurridos en la sierra Santa Cruz, desde el año 2015 las familias de Buena Vista ocupaban las tierras que sus abuelos reivindicaban ancestralmente y donde hasta hace unos días sembraban alimentos para el autoconsumo.

En total, 29 familias fueron expulsadas de un terreno de siete caballerías (un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas) pertenecientes a la micro región “El Bongo” y cuya propiedad reclama el agroindustrial Luis Fernando Arriaza Migoya, dueño de monocultivos de palma aceitera que suministra insumos a la empresa Naturaceites, también señalada por utilizar violencia para expandirse en la región del Valle del Polichic.

Según reporta Prensa Comunitaria, el conflicto por las tierras tiene su origen debido a que, en el año 1980, Arriaza Migoya “se apropió de 7 caballerías del Bongo”, por lo que entre 2019 y 2021 las familias campesinas ya habían sido objeto de intentos de desalojo por parte de los agroindustriales que mantienen monocultivos de palma aceitera en aquellas tierras.

Ya desde el año 2016, la Cámara del Agro acusaba los campesinos de invasión y usurpación contra la Finca Tzinté. A través del empresario cafetalero Nils Pablo Leporowski Fernández, el gremio agroindustrial presionaba al poder judicial de Guatemala para efectuar el desalojo de las familias al sostener, mediante denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la destrucción del bosque por los campesinos.

Ahora, niños y adultos padecen el desabrigo tras ser desalojados debido a la orden emitida por la jueza Sandra Nineth Ayala Tello, del Juzgado de Paz de El Estor, atendiendo los reclamos por supuestos delitos medioambientales.

Un comunicado firmado por el Comité de Unidad Campesina (CUC) asevera que dicha sentencia aún no está firme, ya que está siendo revisada en un recurso extraordinario de casación. “A pesar de esto, el Juzgado de Paz ha procedido con la ejecución del desalojo”, denuncia la organización que es acompañada por articulaciones sociales a nivel internacional.

Resalta que desde la Finca Tzinté se provee de racimos de frutos frescos a la procesadora Pataxte, al sur del Lago de Izabal y propiedad de Naturaceites, quien a su vez vende el aceite de palma a Ferrero, la tercera empresa de confitería de chocolate más grande del mundo.

“Está claro que la ejecución del desalojo es promovida por una orden judicial que presenta evidentes de irregularidades. La finca Tzinté, en la que habitan estas familias, es parte de un grupo de propiedades bajo investigación judicial por diversas irregularidades, investigación que hasta la fecha no ha avanzado. Estas acciones son promovidas por los poderes ocultos que tienen cooptado a jueces y cortes corruptas que avalan estas ordenes ilegales”, asevera el CUC.

Para agravar la situación, de acuerdo a testimonios recabados por el periodista Carlos Ernesto Choc, además del desalojo existen siete personas con órdenes de captura, tres de ellas mujeres, lo que mantiene a los campesinos en estado de alerta.

En estado de alerta

En el año 2019, durante el intento de desalojo de la comunidad Plan Grande y el caso de criminalización contra Abelino Chub Caal, el historiador Harald Waxenenecker presentó un peritaje para coadyuvar en el proceso penal de Chub Caal, perseguido por las empresas Inversiones Cobra S.A y Bananera de Izabal S.A, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya.

En su estudio, el historiador demuestra el entretejido familiar-empresarial de los Arriaga por medio del cual consiguió el título de propiedad de las fincas donde ahora producen palma de aceite. El documento “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal” detalla que fue gracias a los beneficios otorgados a empresarios y militares, durante y después del conflicto armado interno (1960-1996), lo que les permitió a los Arriaga apoderarse de grandes extensiones de tierra.

En ese contexto, las afectaciones no se limitan a la comunidad de Plan Grande, -como en el caso de Chub Caal-, ni de Buena Vista solamente. Habitantes de la comunidad maya Q’eqchi’ de Chapin Abajo, al sur del lago de Izabal, aseguran que sus tierras también fueron despojadas durante los años de la guerra por lo que actualmente mantienen procesos de recuperación de sus tierras ancestrales. 

En entrevista con Avispa Mídia, Pedro Cuc Pan, autoridad ancestral de Chapín Abajo asegura que en días previos recibieron información, cuya fuente se mantienen en anonimato por seguridad, sobre el desalojo de Buena Vista y el preludio de nuevas agresiones por parte de la agroindustria, en complicidad con el poder judicial guatemalteco a través del Ministerio Público (MP).

Desde el pasado viernes (17), autoridades ancestrales de comunidades alrededor del Lago de Izabal emitieron la denuncia sobre las amenazas de desalojo. Peor aún, aseguraron que la empresa Naturaceites pretende capturar o asesinar a líderes comunitarios.

Cuc Pan detalla que, de acuerdo a la información obtenida, el plan de la agroindustria es detenerlo junto con Pedro Choc Ico y Mariano Choc Bol, también autoridades Q’eqchi’. Según Cuc Pan, si no logra capturar a las autoridades ancestrales, la empresa Naturaceites está dispuesta a contratar sicarios para ordenar su asesinato.

El indígena Q’qechi’ sostiene que estas amenazas ocurren en un contexto de intimidación, debido a que, desde el mes de enero de este 2024, han escuchado detonaciones provenientes de un embarcadero naval cercano. Cuc Pan asegura que los disparos son realizados con armas de grueso calibre. 

“Nos pueden capturar, asesinar un par de nosotros, no importa, de todos modos tenemos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que se le están inculcando sobre estos derechos históricos”, destaca la autoridad, pues asegura que las tierras son propiedad indígena, “no como lo dice un documento, sino como lo declara la historia”.

Por su parte, la mañana de este jueves (23), autoridades ancestrales de Iximulew -con la participación de pueblos mayas, xingas y garífunas-, se pronunciaron contra el que calificaron como “desalojo ilegal” de las 29 familias de Buena Vista Tzinté.

Mediante comunicado, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ del Estor condenó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el MP y la jueza Ayala Tello, así como declaro como non grata a la Fiscal General, Consuelo Porras.

“Alzamos nuestra voz como autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ en el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos, especialmente al MP, que está al servicio de la corrupción, del crimen organizado, de terratenientes y empresas extractivas, como también de jueces cooptados y que criminalizan a las y los hermanos quienes defendemos la Madre Tierra y los territorios”, sostienen en el documento, y exigen un alto a los desalojos y criminalización.