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Colectivo Grieta, 04 de agosto de 2020

Ciudad de México.- La publicidad y el discurso oficial tienden a presentar al mal llamado tren maya solo como un proyecto de desarrollo turístico. A partir de eso el mismo discurso oficial ha tendido a circunscribir los posibles impactos ecológicos y sociales al mero trazo de la vía férrea y, si acaso, a mencionar los terrenos necesarios para la construcción de las estaciones. Sin embargo, el proyecto del mal llamado tren maya se inserta en la lógica de destrucción/despoblamiento- reconstrucción/reordenamiento que impulsa el gran capital, es decir, la destrucción de la vida social, de la cultura de la gente y de su relación con la naturaleza, el despojo de los medios de vida -incluyendo la tierra- y la reconstrucción de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios, reorganizando la vida de las personas para que solo produzcan y consuman aquello que da ganancias al capitalismo; quienes no asuman ese modo de vida impuesto no caben en el mundo capitalista. A lo largo de los últimos meses se ha acumulado información sobre cómo el mal llamado “tren maya” busca transformar la producción agrícola de la región suroriental y oriental de México como parte de este proceso continuado de despojo y destrucción. Esta transformación busca destruir la vida campesina para convertir a sus mujeres y hombres en población asalariada, sea en la agroindustria o en las maquiladoras que ya explotan a los trabajadores. Por ejemplo, el Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha explicado que existe un fuerte riesgo de desplazamiento de poblaciones locales justamente debido al acaparamiento de tierra y a la destrucción de las agricultura comunitaria de la zona.

El autodenominado “programa agroalimentario” del mal llamado “tren maya” contempla usar la vía férrea para transportar hasta 5,500 millones de toneladas de “carga agroalimentaria”. Si bien este impacto en la región ha sido ocultado en los documentos legales clave como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), al presentar el programa frente al Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, el titular de turismo del gobierno de la 4T se sinceró: “Andrés Manuel (López Obrador) siempre habló de un tren que si bien en su primera etapa es muy elocuente y es la parte, digamos, muy llamativa, atractiva, inicial del proyecto como un tren turístico, en el fondo es un proyecto integral de desarrollo que incide en todos los sectores y fundamentalmente en la región en el área agroalimentaria”. En esa misma reunión, el funcionario federal detalló que existe incluso un calendario estimado de cómo se intensificaría el tráfico de mercancías entre el 2021 y el 2023.

Pero ¿cuál es el tipo de producción agrícola que se impulsa como parte del proyecto? ¿qué implica para la vida de las comunidades campesinas que allí se encuentran? Por otra parte, resulta revelador que sea hasta ahora (después de la farsa que llamaron consulta, realizada por el gobierno en la que se “aprobó” el megaproyecto) que el gobierno de la 4T reconozca, a cuenta gotas, la intención real de este “tren”: mover más rápido las mercancías. Así lo han reportado los medios cercanos al gran capital donde se han recogido y celebrado los planes del gobierno para construir infraestructura agroindustrial alrededor de las estaciones del tren. Estas instalaciones incluirían plantas frigoríficas y de secado de vegetales y carne, más aún, como detalla el propio gobierno cuando habla frente a diputados o representantes del gran capital se piensa en que el mal llamado tren maya traslade entre otros productos: caña de azúcar, palma aceitera y carne de cerdo.

El que se piense precisamente en el traslado de palma aceitera y carne de cerdo revela que el impacto ecológico y social del proyecto de tren de la 4T es mucho mayor al reconocido en la Manifestación de Impacto Ambiental, pues tanto las plantaciones de palma aceitera como las granjas porcícolas son conocidas por los efectos devastadores en los agroecosistemas de la región. Las granjas porcícolas han sido ampliamente denunciadas por la contaminación que generan, la palma aceitera desgasta brutalmente los suelos, reduce la agrobiodiversidad y ambos sistemas de producción se caracterizan por una explotación salvaje de los trabajadores asalariados; la caña de azúcar altamente demandante de nitrógeno degradaría los suelos de la región en aras del mercado. Un cuarto elemento que entra en juego es el crecimiento de las granjas menonitas que, acaparando tierras al amparo de la reforma salinista al artículo 27 constitucional, han extendido el monocultivo de soya transgénica y ahora también de arroz, incluso desmontando bosque tropical, el monte de los ejidos y comunidades en la península de Yucatán y que es un elemento muy importante en su subsistencia al proveerles entre otras cosas agua, leña, frutos y ocasionalmente animales para la caza en épocas de dificultad. En la cadena de producción de la soya transgénica producida para fines industriales participa de manera importante la empresa Enerall, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia, en patente conflicto de interés. Así la apuesta del gobierno y los empresarios es destruir los sistemas de milpa y de huertos de la región donde se cultivan variedades  de calabaza, maíz, frijol, chile, jitomate y frutales -algunas de las cuales son endémicas de la zona maya- que dan alimento a sus comunidades y reemplazarlos por monocultivos comerciales. Tal es el desarrollo prometido por la 4T: acumulación de riqueza para unos cuantos, dilapidación de la tierra y de la vida de los seres humanos para los de abajo.

Por ello, las comunidades indígenas de la región, por ejemplo a través de la Asamblea Muuch’ Xíinbal’, del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, de Guardianes de los Cenotes Kanan Ts’ono’ot y del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil han luchado contra las granjas porcícolas, contra la soya transgénica y el avance de la palma aceitera, incluso desde antes de que el gobierno de López Obrador relanzara el proyecto calderonista del tren. Esta lucha se ha articulado y fortalecido aún más en los últimos meses. Así, en las tierras donde la 4T impulsa el mal llamado tren maya existe un historial de lucha de los apicultores contra el cultivo de soya transgénica y una lucha de los pueblos y comunidades contra las granjas porcícolas altamente contaminantes como en el caso de Homún. Todo ello ha llevado al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades en lucha que se han expresado una y otra vez de forma clara en defensa de su territorio y contra el megaproyecto como lo hicieron en junio de 2019 y más recientemente el pasado 21 de mayo, sumando el apoyo de intelectuales y académicos.

No en balde el proyecto del mal llamado tren maya ha sido caracterizado por GRAIN como un proyecto de “mega zona económica especial” que busca acaparar territorios. Por eso la lucha de los pueblos y comunidades mayas contra el mal llamado tren maya es una lucha por la vida. Los términos del pensamiento mercantil en cuyo horizonte se mueve el actual gobierno y aquéllos a quienes sirve, no pueden conciliarse con la vida de los pueblos. La lucha contra el tren maya fue uno de los ejes de las Jornadas en Defensa de la Tierra y el Territorio “Samir somos Todas y todos”, realizadas del 20 al 22 de Febrero de 2020 y convocadas por la Asamblea en Resistencia de Amilcingo, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, y sigue siendo uno de los ejes de los pueblos en defensa de la vida, como lo plantea la Asamblea Muuch’ Xíinbal’ en su texto del 21 de mayo de 2020:

“NO permitiremos que sigan pisando nuestra dignidad como pueblos originarios: ¡ESTA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y POR NUESTRAS VIDAS!”