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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Tortura y detención arbitraria de parte de autoridades generan dilación procesal y sentencias a inocentes

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de noviembre de 2022

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

 

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” seguimos elevando nuestra voz, para que más personas conozcan de las malas practicas de tortura y detención arbitraria realizadas por la Fiscalía General del Estado en contubernio con Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Chiapas, que han generado acciones de dilación procesal a nuestros familiares y pretenden sentenciarlos por delitos que no cometieron.

Nuestra postura es que en Chiapas la tortura sea erradicada y las víctimas sean reparadas de los daños que el estado mexicano les ha causado, que la Fiscalía Antitortura realice indagaciones eficientes y eficaces sobre los casos de víctimas de tortura y se castiguen a los agentes perpetradores.

En este contexto queremos exhortar al Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez de control del distrito judicial de Cintalapa, Chiapas, que se dirija con apego a derecho y en todo momento se apliquen los estándares internacionales de derechos humanos, así como los principios pro personae e indubio pro reo que mayor favorezcan a las víctimas y en el marco de 3 años de impunidad siendo que el día 10 de noviembre de la presente anualidad nuestro compañero Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) llevara a cabo Audiencia de Juicio Oral, el Juzgado del distrito de Cintalapa, Chiapas.

Queremos mencionar que nuestro compañero se encuentra arbitrariamente detenido desde el 29 de octubre del 2019 con número de expediente penal: 443/2019. Carlos Antonio manifestó ser víctima de tortura, por hechos ocurridos durante su detención sin orden judicial, seguido a ello durante las primeras audiencias autoridades no se condujeron bajo el debido proceso y de defensa adecuada.

El 29 de octubre de 2019 Carlos Antonio, fue detenido de manera ilegal y arbitraria en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto o FAT (actualmente Fiscalía de Asuntos Especiales o FAE) “vimos que aproximadamente cuarenta policías vestidos de civiles con la cara totalmente cubierta, tiraban el portón de la casa en la que nos encontrábamos, llegaron tirando todo y rompiendo todo, nos gritaban que ¿donde estaban las drogas? ¿donde estaban las armas? ¿donde estaba el dinero?”. Además, fue sometido a actos de tortura y a tratos cueles, inhumanos y/o degradantes “…no nos enseñaron ningún papel, ninguna orden de aprehensión, a mi me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos y me obligaron a subir a una de sus camioneta, abordo de la camioneta me siguieron golpeando, me llevaron a la Fiscalía de Alto Impacto, esto lo se porque escuchaba a los fiscales hablar entre ellos y los sonidos de las maquinas de escribir, en esta Fiscalía fui torturado y obligado a firmar papeles y expedientes de los que hasta el día de hoy desconozco su contenido. Fui desnudado, colgado, electrocutado y golpeado a tal grado que tuvieron que llevarme al Hospital Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, donde tuve que ser intervenido con una cirugía de emergencia…”

1El 2 de noviembre de 2019, Carlos Antonio llegó al CERSS No. 14 “EL AMATE” de Cintalapa, Chiapas, día en que se llevó a cabo la audiencia inicial sin que el pudiera comprender los delitos por los que se le acusaba y las manifestaciones del Ministerio Público, ya que no podía ni hablar ni caminar después de la Tortura de la que refiere haber sido víctima. En esta audiencia su abogada, defensora de oficio, no manifestó en ningún momento las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos de Carlos Antonio, tampoco recabó ni presentó ningún tipo de prueba a fin de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público.

Sumando que sus familiares han recibido amenazas por parte de la Fiscalía, se les ha dicho que no vayan a visitar al Carlos Antonio, que no pueden ayudarle en nada y que no deben de denunciar lo sucedido o se tomara represalias en contra de la familia. Estos hechos corresponde a una clara violación a Derechos Humanos y Violación a las Garantías Judiciales según la Convención Americana de Derechos Humanos así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 20.B Fracciones II y III.- Imponen que “A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;””A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.”

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de justicia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que celebrara la Audiencia de Juicio Oral de Carlos Antonio López Robles la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de la Fiscalía de Alto Impacto en su momento, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de resolver con su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos en el presente caso, puesto que tienen conocimiento de estos hechos garrafales.

 

ATENTAMENTE,

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos” Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

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Frayba

Después de más de 11 años de prisión injusta, Abraham y Germán López obtienen la libertad

Los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron liberados tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad por un delito que no cometieron.

Los hermanos Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Después de su larga lucha para demostrar su inocencia y las graves violaciones a derechos humanos cometidos en su contra, el 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal dictó libertad inmediata “por falta de elementos para procesar”, es decir, durante estos años existió insuficiencia de pruebas para demostrar la responsabilidad de los hermanos Abraham y Germán de apellidos López Montejo.

Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de manera integral de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Agradecemos el acompañamiento de todas las personas que han estado al lado de la lucha de Abraham y Germán, a los medios de comunicación y a los colectivos y redes de solidarias.

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Noticias de Abajo ML

Noticias de abajo 25 de agosto de 2020

(Descarga aquí)  

 

 

Rompiendo fronteras

PALESTINA: Emiratos arabes dan espalda a Palestina. Israel bambardea toda la semana Gaza. Armando Zoto de la Sexta con Palestina (Noticias de abajo).

BIELORUSIA: Más de una semana de revuelta y protestas contra el presidente Lukashenko por corrupción en las elecciones y autoritarismo. Campaña por la libertad de los presos anarquistas.

EUA ISLA TORTUGA: Los incendios en California, la represión supremacista a BLM y la lucha abolicionista. Por YisusWero (Noticias de abajo)

Chile: Jornada por la justicia para Macarena Valdes defensora del territorio asesinada y un Mensaje sobre la situacion de los presos politicos mapuche. Chilenos Movilizados en el Extranjero. Acompaña el rap de una niña mapuche.

MALDITO FACEBOOK: Facebook tira páginas de grupos libertarios: Radio Kurruf, Chrimethic, Its Going Down, Nos queremos vivas.

Desde el ombligo del monstruo

CHIAPAS: -Aldama y los desplazados de la 4T. Desinformemonos y La Jornada.

CHIAPAS: Ataques a comunidades zapatistas. Grupos de la ORCAO incendian almacenes de café. Regeneración y CoMAA, CNI.

CDMX: Un luchador en contra de la trata lleva 10 años en prision. David Alejandro Mondragón.

David, Aequus. Noticias de abajo

CDMX: Rodada por los Humedales de Xochimilco. Acoso y cerrazón de las autoridades. CRISTA-REPRESION

GUANAJUATO Y JALISCO: la policia tortura y secuestra a las manifestantes, periodistas y menores de edad en León Guanajuato. Información de la protesta feminista de Jalisco. La izquierda diario, Desinformemonos y Zonadocs.

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Democracy Now!

La lógica perversa del sistema judicial estadounidense: de Guantánamo a Washington

Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now!

En Estados Unidos, todas las miradas están puestas esta semana en el Senado, donde se desarrolla el juicio político contra el Presidente Donald J. Trump. Trump es el tercer presidente que es sometido a un juicio de destitución en la historia del país. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, se está desarrollando otro juicio importante. Tras el alambre de púa del denominado “Campamento Justicia”, cinco de los 41 prisioneros que siguen detenidos en Guantánamo –acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001– asisten a las audiencias preliminares al juicio a casi 20 años de los atentados.

Uno de los testigos del juicio es el Dr. James E. Mitchell, un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que, junto con su socio, el psicólogo John “Bruce” Jessen, elaboró y llevó a cabo el programa de tortura de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Los doctores Mitchell y Jessen participaron activamente en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos de la CIA. Ambos han sostenido durante mucho tiempo que eran tan solo contratistas que recibían órdenes de la CIA. A pesar de no que no contaban con experiencia previa en técnicas de interrogatorio, el gobierno de Estados Unidos les pagó la generosa suma de al menos 81 millones de dólares con dinero de los contribuyentes por la elaboración del programa de tortura. La tortura es un crimen de guerra y quienes torturan deberían ser enjuiciados. Sin embargo, el Dr. Mitchell no es quien está siendo juzgado esta semana. De hecho, dijo en forma desafiante ante el tribunal “Volvería a hacerlo”. Mitchell estaba sentado en la sala del tribunal a unos pasos de las víctimas de sus sesiones de tortura.

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Frayba

Juan de la Cruz Ruiz ¡Libre!

 

    • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

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Frayba

Diego López Méndez, víctima de tortura, acusado de un homicidio que no cometió

El 18 de julio de 2012, Diego López Méndez estaba trabajando cuando llegaron 4 judiciales vestidos de civil a su lugar de trabajo. Lo detuvieron y se lo llevaron en una camioneta blanca para ser torturado, acusándolo de un homicidio que no cometió. Ante el horror de la tortura, y pensando que lo matarían, finalmente se autoinculpó para salvar su vida. Eso fue hace seis años y medio. Desde entonces, ha estado preso.

Diego López es un indígena tseltal, padre de un niño de 6 años. La condición de madre, que está muy enferma, se ha agravado con el sufrimiento por la injusta prisión.

La única evidencia en su contra es su propia confesión, firmada bajo tortura. Quien lo inculpó también fue torturado para que lo hiciera.

Este martes, 12 de febrero, Diego comparecerá en audiencia de derecho frente al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, César Rodríguez Robles, quien a partir de entonces tendrá 15 días para dictar su sentencia. Ese mismo día 12 de febrero, a las 5 p.m., se llevará a cabo una concentración en la plaza de la Catedral de esa ciudad, en solidaridad con Diego López Méndez. Invitamos a quienes estén en la ciudad a comparecer para exigir su libertad.

Video: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Frayba

Perpetradores de la Tortura a Sergio Alberto González no han sido sancionados

Sergio Alberto González Castro (Sergio Alberto) obtuvo su libertad después de 3 años de injusta prisión. Sergio Alberto es sobreviviente de Tortura, fue privado arbitrariamente de su libertad por Policías Municipales de La Concordia, el 05 de noviembre de 2015. Se encontraba en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados No. 08 de Villaflores, Chiapas.

Guillermo González Rodríguez, Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, determinó el 04 de octubre de 2018, sentencia de libertad a Sergio Alberto por: “No haberse considerado penalmente responsable por el delito de abigeato agravado”. En el dictamen de la sentencia el Juez consideró que “los estudios médicos y psicológicos practicados a Sergio Alberto González Castro confirman ese hecho, siendo evidente que no deja lugar a dudas que el citado acusado fue torturado de una forma cruel e inhumana para obligarlo a firmar la declaración ministerial”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) y su defensa presentaron diversas pruebas que demuestran que Sergio Alberto fue torturado y que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia se basa en confesiones obtenidas bajo Tortura así como otras pruebas ilícitas.

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NotiFrayba

NotiFrayba: Libertad para Alfredo Vidal Córdoba

A 4 años de la injusta prisión de Alfredo Vidal Córdoba, su familia mantiene la exigencia de su libertad y la lucha por la justicia.

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NotiFrayba

NotiFrayba: Contra la tortura

La práctica de la tortura es generalizada y sistémica en México. Exigimos a las autoridades estatales y federales adoptar inmediatamente acciones encaminadas a erradicar la tortura. Reafirmamos nuestro compromiso y prioridad en acompañar a las y los sobrevivientes de tortura, sus familias y colectivos a los que pertenecen.

Escucha testimonio de Tortura a Carlos Alberto González Castro en Chiapa.

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Comité de Sobrevivientes de la Tortura del Caso Atenco

Sobrevivientes de tortura de Atenco denuncian revictimización por parte del Estado

México Distrito Federal, 29 de Noviembre del 2016

A los medios de comunicación
A los medios de comunicación independientes
A las organizaciones sociales
A la gente honesta y de abajo
Al pueblo de México

El 24 de noviembre del 2015 en este mismo lugar, Centro de Comunicación Social, dimos a conocer la conformación de este Comité de Sobrevivientes a la Tortura del Caso Atenco como una necesidad de hacer pública la farsa de justicia y fraude a la ley que el estado mexicano pretendía llevar a cabo para salir al paso de la denuncia que han interpuesto 11 compañeras nuestras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del estado mexicano por los delitos de tortura sexual y cuyo informe de fondo estaba por resolverse.

Denunciamos que los mismos ministerios públicos, que fueron la parte acusadora en contra nuestra hace 9 años, hoy se hacen aparecer como la representación social de las ofendidas en los delitos de tortura y encubrimiento y que ante la imposibilidad de una solución amistosa con las denunciantes, el estado mexicano ha optado por seguir utilizando al poder judicial para reprimir, revictimizar y hacer un fraude a la ley, procesando a 12 policías, 21 médicos legistas y 1 ministerio público, por el delito de tortura y encubrimiento en las causas legales 55/13 y 166/14 del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México, llamándonos a comparecer con amenazas de órdenes de presentación y multas, en calidad de testigos al conjunto de compañeros que fuimos víctimas de la criminalización y tortura en procesos irregulares a los que fuimos sometidos en el 2006.

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