Escucha el #NotiFrayba:

• Demandas históricas y actuales;
• Las luchas de los pueblos y comunidades por la vida, donde abordamos la #lucha y resistencia a 531 años de #despojo y genocidio de los pueblos originarios;
• Les contamos sobre el encuentro “Hasta la #justicia: juntando fuerzas contra la #tortura” que se realizó el pasado 13, 14 y 15 de octubre;
• Además del comunicado urgente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas por la agudización de la violencia en la región frontera.
• Exigimos la libertad inmediata de José Días, Base de Apoyo del #EZLN.

Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

El día de hoy se dio por concluido el Encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura” 2023, en la que como Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos, participamos junto con nuevas familias que esperamos sean parte de la lucha por la búsqueda de la justicia, reparación de daño, actos de no repetición y libertad a nuestros presos inocentes que el sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas los mantiene encarcelados de manera arbitraría para aparentar una supuesta paz, tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que el contexto, noticias y la realidad son falsas.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, reflexionamos sobre la tortura, que una de las violaciones más atroces de los derechos humanos, y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprehensores, fiscalías y jueces.

En Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

Nuestra preocupación acerca del sistema judicial en Chiapas recae en la práctica, pareciera más fácil sentenciar a personas inocentes basándose en investigaciones sesgadas o deficientes que llevar a juicio y sentenciar a agentes de la policía o perpetradores de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación destaca una posible falta de imparcialidad y rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos y la justicia de las personas involucradas en estos casos.

Esta preocupación también apunta a la necesidad de mejorar la efectividad y la transparencia en la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con tortura y abusos policiales. Es esencial garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, justas y oportunas, y que las personas responsables de abusos sean llevadas ante la justicia de manera adecuada.

La percepción de que es más fácil condenar a personas inocentes que llevar a la justicia a agentes de la policía o perpetradores de tortura subraya la importancia de fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial para garantizar que todos los casos se manejen de manera imparcial y justa, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas en cuestión.

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Los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron liberados tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad por un delito que no cometieron.

Los hermanos Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Después de su larga lucha para demostrar su inocencia y las graves violaciones a derechos humanos cometidos en su contra, el 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal dictó libertad inmediata “por falta de elementos para procesar”, es decir, durante estos años existió insuficiencia de pruebas para demostrar la responsabilidad de los hermanos Abraham y Germán de apellidos López Montejo.

Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de manera integral de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Agradecemos el acompañamiento de todas las personas que han estado al lado de la lucha de Abraham y Germán, a los medios de comunicación y a los colectivos y redes de solidarias.

Rompiendo fronteras

PALESTINA: Emiratos arabes dan espalda a Palestina. Israel bambardea toda la semana Gaza. Armando Zoto de la Sexta con Palestina (Noticias de abajo).

BIELORUSIA: Más de una semana de revuelta y protestas contra el presidente Lukashenko por corrupción en las elecciones y autoritarismo. Campaña por la libertad de los presos anarquistas.

EUA ISLA TORTUGA: Los incendios en California, la represión supremacista a BLM y la lucha abolicionista. Por YisusWero (Noticias de abajo)

Chile: Jornada por la justicia para Macarena Valdes defensora del territorio asesinada y un Mensaje sobre la situacion de los presos politicos mapuche. Chilenos Movilizados en el Extranjero. Acompaña el rap de una niña mapuche.

MALDITO FACEBOOK: Facebook tira páginas de grupos libertarios: Radio Kurruf, Chrimethic, Its Going Down, Nos queremos vivas.

Desde el ombligo del monstruo

CHIAPAS: -Aldama y los desplazados de la 4T. Desinformemonos y La Jornada.

CHIAPAS: Ataques a comunidades zapatistas. Grupos de la ORCAO incendian almacenes de café. Regeneración y CoMAA, CNI.

CDMX: Un luchador en contra de la trata lleva 10 años en prision. David Alejandro Mondragón.

David, Aequus. Noticias de abajo

CDMX: Rodada por los Humedales de Xochimilco. Acoso y cerrazón de las autoridades. CRISTA-REPRESION

GUANAJUATO Y JALISCO: la policia tortura y secuestra a las manifestantes, periodistas y menores de edad en León Guanajuato. Información de la protesta feminista de Jalisco. La izquierda diario, Desinformemonos y Zonadocs.

Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now!

En Estados Unidos, todas las miradas están puestas esta semana en el Senado, donde se desarrolla el juicio político contra el Presidente Donald J. Trump. Trump es el tercer presidente que es sometido a un juicio de destitución en la historia del país. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, se está desarrollando otro juicio importante. Tras el alambre de púa del denominado “Campamento Justicia”, cinco de los 41 prisioneros que siguen detenidos en Guantánamo –acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001– asisten a las audiencias preliminares al juicio a casi 20 años de los atentados.

Uno de los testigos del juicio es el Dr. James E. Mitchell, un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que, junto con su socio, el psicólogo John “Bruce” Jessen, elaboró y llevó a cabo el programa de tortura de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Los doctores Mitchell y Jessen participaron activamente en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos de la CIA. Ambos han sostenido durante mucho tiempo que eran tan solo contratistas que recibían órdenes de la CIA. A pesar de no que no contaban con experiencia previa en técnicas de interrogatorio, el gobierno de Estados Unidos les pagó la generosa suma de al menos 81 millones de dólares con dinero de los contribuyentes por la elaboración del programa de tortura. La tortura es un crimen de guerra y quienes torturan deberían ser enjuiciados. Sin embargo, el Dr. Mitchell no es quien está siendo juzgado esta semana. De hecho, dijo en forma desafiante ante el tribunal “Volvería a hacerlo”. Mitchell estaba sentado en la sala del tribunal a unos pasos de las víctimas de sus sesiones de tortura.

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• • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

El 18 de julio de 2012, Diego López Méndez estaba trabajando cuando llegaron 4 judiciales vestidos de civil a su lugar de trabajo. Lo detuvieron y se lo llevaron en una camioneta blanca para ser torturado, acusándolo de un homicidio que no cometió. Ante el horror de la tortura, y pensando que lo matarían, finalmente se autoinculpó para salvar su vida. Eso fue hace seis años y medio. Desde entonces, ha estado preso.

Diego López es un indígena tseltal, padre de un niño de 6 años. La condición de madre, que está muy enferma, se ha agravado con el sufrimiento por la injusta prisión.

La única evidencia en su contra es su propia confesión, firmada bajo tortura. Quien lo inculpó también fue torturado para que lo hiciera.

Este martes, 12 de febrero, Diego comparecerá en audiencia de derecho frente al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, César Rodríguez Robles, quien a partir de entonces tendrá 15 días para dictar su sentencia. Ese mismo día 12 de febrero, a las 5 p.m., se llevará a cabo una concentración en la plaza de la Catedral de esa ciudad, en solidaridad con Diego López Méndez. Invitamos a quienes estén en la ciudad a comparecer para exigir su libertad.

Video: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Sergio Alberto González Castro (Sergio Alberto) obtuvo su libertad después de 3 años de injusta prisión. Sergio Alberto es sobreviviente de Tortura, fue privado arbitrariamente de su libertad por Policías Municipales de La Concordia, el 05 de noviembre de 2015. Se encontraba en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados No. 08 de Villaflores, Chiapas.

Guillermo González Rodríguez, Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, determinó el 04 de octubre de 2018, sentencia de libertad a Sergio Alberto por: “No haberse considerado penalmente responsable por el delito de abigeato agravado”. En el dictamen de la sentencia el Juez consideró que “los estudios médicos y psicológicos practicados a Sergio Alberto González Castro confirman ese hecho, siendo evidente que no deja lugar a dudas que el citado acusado fue torturado de una forma cruel e inhumana para obligarlo a firmar la declaración ministerial”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) y su defensa presentaron diversas pruebas que demuestran que Sergio Alberto fue torturado y que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia se basa en confesiones obtenidas bajo Tortura así como otras pruebas ilícitas.

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