[:es]Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now!

En Estados Unidos, todas las miradas están puestas esta semana en el Senado, donde se desarrolla el juicio político contra el Presidente Donald J. Trump. Trump es el tercer presidente que es sometido a un juicio de destitución en la historia del país. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, se está desarrollando otro juicio importante. Tras el alambre de púa del denominado “Campamento Justicia”, cinco de los 41 prisioneros que siguen detenidos en Guantánamo –acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001– asisten a las audiencias preliminares al juicio a casi 20 años de los atentados.

Uno de los testigos del juicio es el Dr. James E. Mitchell, un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que, junto con su socio, el psicólogo John “Bruce” Jessen, elaboró y llevó a cabo el programa de tortura de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Los doctores Mitchell y Jessen participaron activamente en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos de la CIA. Ambos han sostenido durante mucho tiempo que eran tan solo contratistas que recibían órdenes de la CIA. A pesar de no que no contaban con experiencia previa en técnicas de interrogatorio, el gobierno de Estados Unidos les pagó la generosa suma de al menos 81 millones de dólares con dinero de los contribuyentes por la elaboración del programa de tortura. La tortura es un crimen de guerra y quienes torturan deberían ser enjuiciados. Sin embargo, el Dr. Mitchell no es quien está siendo juzgado esta semana. De hecho, dijo en forma desafiante ante el tribunal “Volvería a hacerlo”. Mitchell estaba sentado en la sala del tribunal a unos pasos de las víctimas de sus sesiones de tortura.

La audiencia preliminar llevada a cabo esta semana en Guantánamo es un intento de los abogados defensores de los cinco prisioneros —que podrían ser condenados a la pena de muerte— de eliminar las declaraciones realizadas por los acusados ante el FBI mientras eran torturados por la CIA o inmediatamente después. Uno de los prisioneros es el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, que fue sometido a ahogamiento simulado 183 veces. En algunas o todas las ocasiones, Mitchell estuvo a cargo de la tortura. El ahogamiento simulado es una técnica de tortura que consiste en colocar agua y una toalla mojada en la boca y la nariz de la víctima para llevarla al borde de la sofocación, simulando el ahogamiento.

Mitchell y Jessen evitaron utilizar la palabra “tortura” y prefirieron, en cambio, el eufemismo “técnicas intensivas de interrogatorio”. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a Mitchell y Jensen en nombre de dos prisioneros de la CIA y de los familiares de otra víctima de tortura de la CIA, Gul Rahman, que falleció tras haber sido sometido a un brutal interrogatorio y tortura en un centro de detención secreto de la CIA en Afganistán. En la demanda, la ACLU resumió algunas de las “técnicas intensivas de interrogatorio”: “Los métodos de tortura diseñados por Mitchell y Jensen, que fueron utilizados contra los tres hombres, incluyen golpearlos contra las paredes, colocarlos dentro de cajas similares a ataúdes, exponerlos a temperaturas extremas y a música estridente, hacerlos pasar hambre, infligirles diferentes tipos de tortura mediante el uso de agua, privarlos del sueño durante días y encadenarlos en posiciones sumamente incómodas a fin de provocarles dolor y mantenerlos despiertos durante varios días”.

Mitchell y Jessen dijeron que analizaron y tomaron como modelo las técnicas impartidas a las fuerzas armadas de Estados Unidos para evitar la captura o para resistir la tortura y el interrogatorio en caso de ser capturados. Ese programa de entrenamiento militar se denomina “SERE”, sigla que significa “supervivencia, evasión, resistencia y escape”. En teoría, el programa SERE fue elaborado para ayudar a las personas a sobrevivir. Mitchell y Jessen elaboraron técnicas para dañar a las personas, no para ayudarlas. Esta distinción fundamental planteó preocupaciones éticas entre los miembros de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). Las preocupaciones fueron desestimadas por la dirección de la organización, que quería complacer al gobierno del entonces Presidente George W. Bush. Durante años, psicólogos opuestos a la tortura llevaron a cabo una campaña para cuestionar la complicidad de la APA, la mayor asociación de psicólogos profesionales del mundo, con el Pentágono y la CIA. Finalmente se destituyó a los directores de la APA y la asociación prohibió a sus miembros participar en interrogatorios de ese tipo.

Durante su campaña para ganar la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano en 2015 y 2016, Donald Trump habló muchas veces a favor de la tortura, a pesar de que universalmente se reconoce que genera información falsa y poco fiable. En uno de los debates antes de las elecciones primarias, Trump se jactó: “Reinstauraría el ahogamiento simulado y volvería a utilizar muchas técnicas peores que esa”.

En una entrevista con Democracy Now!, Baher Azmy, director de asuntos jurídicos del Centro por los Derechos Constitucionales, una organización de defensa legal sin fines de lucro que ha representado a muchos prisioneros de Guantánamo, reflexionó sobre el juicio político a Donald Trump y los tribunales militares de Guantánamo: “Ambos juicios son, de algún modo, una farsa. En lugar de llevar a cabo un juicio penal tradicional de acuerdo al Artículo III, se creó el proceso de los tribunales militares, a fin de evitar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y, en el juicio en el Senado, el objetivo es evitar la rendición de cuentas por abuso de poder”.

Desde Washington, D.C. hasta la Bahía de Guantánamo esta semana ha quedado en evidencia la lógica perversa del sistema de justicia estadounidense.

© 2020 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org[:en]By Amy Goodman & Denis Moynihan | Democracy Now!

All eyes are on the U.S. Senate this week for the impeachment trial of President Donald J. Trump, only the third presidential impeachment trial in U.S. history. But another important trial is happening at the same time, far from the eyes of the public, at the U.S. Naval Base at Guantanamo Bay, Cuba. Behind the razor-wire fencing of “Camp Justice,” five of the remaining 41 Guantanamo prisoners sit through more pretrial hearings, almost 20 years after the Sept. 11, 2001, attacks they are charged with perpetrating.

One witness this week is Dr. James E. Mitchell, a retired Air Force psychologist who, with his partner, psychologist John “Bruce” Jessen, developed and then implemented the CIA’s post-9/11 torture program. Mitchell and Jessen actively participated in torture sessions at CIA black sites. Both have long maintained that they were only contractors, taking orders from the CIA. Despite having no prior experience with interrogation, they were paid handsomely, receiving at least $81 million in taxpayer dollars from the U.S. government for their work on the torture program. Torture is a war crime, and those who torture should be prosecuted. But Mitchell is not the one on trial this week. Indeed, he defiantly said in court this week, “I’d get up today and do it again.” Mitchell was sitting in the courtroom, not far from his torture victims.

The pretrial hearings at Guantanamo this week are an attempt by the defense attorneys for the five, all who face the death penalty, to suppress statements the defendants made to the FBI during or not long after being tortured by the CIA. Among the five prisoners is the alleged 9/11 mastermind, Khalid Sheikh Mohammed, who was waterboarded 183 times — some or all of which were directly conducted by Mitchell. Waterboarding is a torture technique that uses water and a wet towel over one’s mouth and nose to bring a victim to the brink of suffocation, simulating drowning.

Mitchell and Jessen shun the word “torture,” preferring the euphemism “enhanced interrogation techniques,” or “EITs.” The American Civil Liberties Union sued Mitchell and Jessen on behalf of two CIA prisoners and the family of another CIA torture victim, Gul Rahman, who died during his brutal interrogation and torture at a CIA black site in Afghanistan. In the lawsuit, the ACLU summarized some of these “EITs”: “Torture methods devised by Mitchell and Jessen and inflicted on the three men include slamming them into walls, stuffing them inside coffin-like boxes, exposing them to extreme temperatures and ear-splitting levels of music, starving them, inflicting various kinds of water torture, depriving them of sleep for days, and chaining them in stress positions designed for pain and to keep them awake for days on end.”

Mitchell and Jessen said they reverse-engineered techniques taught to the U.S. military to avoid capture, or, if caught, how to resist torture and interrogation. The military training is called “SERE,” for Survival, Evasion, Resistance and Escape. In theory, SERE was developed to help people survive. Mitchell and Jessen developed techniques to harm people, not to help them. That vital distinction raised ethical concerns with members of the American Psychological Association (APA) — concerns that were dismissed by the organization’s leadership, eager to please the administration of President George W. Bush. Anti-torture psychologists led a multiyear campaign challenging the collusion of the APA, the world’s largest professional association of psychologists, with the Pentagon and the CIA. The APA leadership was ultimately ousted, and the organization barred its members from participating in harsh interrogations.

While he was campaigning for the Republican presidential nomination in 2015-16, Donald Trump frequently touted the need for torture, even though torture is almost universally acknowledged to deliver false or unreliable information. “I would bring back waterboarding, and I’d bring back a hell of a lot worse than waterboarding,” he bragged at one of the candidate debates.

Speaking on the “Democracy Now!” news hour, Baher Azmy, legal director at the Center for Constitutional Rights, a nonprofit law organization that has represented scores of Guantanamo prisoners, reflected on the impeachment trial of Donald Trump and the Guantanamo military tribunals: “They are, in a sense, both show trials. The military commissions process was generated instead of a traditional Article III criminal trial, in order to suppress the truth, in order to repress accountability for war crimes and, in the Senate trial, repress accountability for an abuse of power.”

This week, the tortured logic of the U.S. system of justice is on full display, from Washington, D.C., to Guantanamo Bay.

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