Frayba: La militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado
- A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.
La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)
En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)
Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.
Un país sano y digno, lo hacemos nosotros mismos los pueblos, nunca vendrá una transformación social de un gobierno que no respeta el modo de vida y organización de los pueblos.
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Nuevamente las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal, nos encontramos en la Tierra Sagrada, para honrar su memoria y demandar justicia para nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, quienes cayeron a mano de los paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, por órdenes de los tres niveles de gobierno priista, el 22 de diciembre de 1997.
En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, denunciamos que la masacre de Acteal sigue impune, llevamos más de 21 año sin conocer la verdad, ya hasta la fecha no ha habido voluntad política de garantizar la no repetición de hechos como el de Acteal, al contrario, se siguen asesinando a defensores de derechos humanos y criminalizando la protesta social.
En este Día Internacional del Derecho a la Verdad, volvemos a insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya emita el informe de fondo, lo más pronto posible. Consideramos que una justicia verdadera y digna a la masacre de Acteal, puede dar pie a que otros crímenes cometidos por los gobiernos priistas y panistas, también consigan verdad y justicia.