AMLO ¿Qué hicieron ambientalistas tras 1,609 concesiones mineras en áreas protegidas?
Por Ñaní Pinto
Foto de Portada: Protesta frente a la minera San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Por Santiago Navarro F
El pasado miércoles (19 de mayo), el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó en conferencia de prensa a los ambientalistas mexicanos sobre su actuar en torno a 1,609 concesiones mineras que han sido emitidas en territorio mexicano. Sobre todo, puntualizó que de 142 Áreas Naturales Protegidas que existen en México, en 68 de ellas hay concesiones mineras, esto abarca 1.5 millones de hectáreas. El presidente, en un arranque cuestionó, “¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?”, en relación a estas concesiones.
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De acuerdo con el informe que presentó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presidida por María Luisa Albores González, durante los últimos 12 años que, califica como “el periodo neoliberal”, se anuncia que alrededor del 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras.
Albores sostuvo que tan solo en el periodo de 2006 a 2018, en el caso del oro, se ha extraído “más de mil 59 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia y Conquista”, de igual modo dijo que aconteció con la plata, se han extraído “48 mil 626 toneladas de plata, que es más del 90 por ciento de lo que se extrajo en esos más de 300 años en la Colonia”.
Por ello, el mandatario mexicano, arremetió argumentando, “miren, mil 609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75 por ciento en áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios de flora, de fauna nativa, 15 por ciento en los parques nacionales”.
Y cuestionó, entonces ¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?
Los ambientalistas conservadores
Lo que quizás no recuerda el presidente López Obrador es que, hasta se reunió con varios de estos ambientalistas, cuándo aún estaba en campaña. Un caso muy emblemático es el pueblo de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, dónde lo recibieron en tres ocasiones y le expusieron las problemáticas ambientales, que, hasta el día de hoy, ha ocasionado la Compañía Minera Cuzcatlán que opera a menos de 800 metros del pueblo. “Nos sentimos traicionados, porque nos dijo que iba a resolver el problema y simplemente nos ignoró”, comparte el ciudadano Felipe Martínez.
Minera Cuzcatlán es filial de la canadiense Fortuna Silver Mines y actualmente opera 5 de 31 concesiones que tiene en su poder, que abarcan más de 64 mil hectáreas. Junto a ella, la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) abarca más de 100 mil hectáreas. Son las dos únicas empresas que tienen concesiones en fase de explotación en Oaxaca, pero han sido denunciadas por las afectaciones que han comenzado a experimentar los pobladores. Mientras que los empleos prometidos son de limpieza y de ayudantes, mal pagados.
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Otro caso emblemático es la región del Soconusco en Chiapas, dónde el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 99 concesiones ubicadas principalmente sobre seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo. Una gran resistencia devino de diversos pueblos en esta región al enterarse de las concesiones, durante el gobierno de Peña Nieto, la respuesta fue la represión y la intimidación. Un problema que aún está latente.
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Cuándo el mandatario mexicano pregunta ¿Dónde estaban los sudoambientalistas? Muchos de ellos, en resistencia. Mientras que a otros los amedrentaban y los amenazaban de muerte, o peor aún, los mataban. Tan solo en el periodo de 2012 al 2019 se registraron 83 asesinatos de ambientalistas, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cartocrítica.
Los ambientalistas, principalmente campesinos e indígenas, que han sido asesinados en México no solo se han opuesto al sector minero, sino que también a los complejos de “desarrollo” que viene devastando ecosistemas y pueblos completos para dar paso a los grandes capitales. El riesgo, incluso de levantar la voz, siempre es latente. Como el asesinato del indígena Nahua, Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado frente a su casa un día después de denunciar, en un evento público en el estado de Morelos, los daños ambientales que provocaría el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), un ambientalista asesinado en el periodo de gobierno de AMLO.
Mucho se ha documentado ya de la devastación que va dejando el extractivismo minero, como el caso de la Minera Grupo México, quien, el 6 de agosto del 2014, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, una contaminación que persiste en la zona, en los cultivos y que está presente en diversas enfermedades entre los habitantes.
Al parecer, para el gobierno mexicano, la era neoliberal ha concluido, mientras que las empresas extractivas marchan viento en popa y especulan con sus explotaciones a futuro, mientras el Estado les de la seguridad legal para su explotación, por otra parte, a los pueblos promete más empleos.
El caso Sonora o el Caso de Oaxaca, con los últimos indicios de contaminación, es algo con lo que tendrá que lidear el gobierno actual. Pero, además, también con la explotación acelerada de más minerales que exige el mercado, porque son acuerdos delimitados por las políticas neoliberales, enmarcadas en un primer momento, en el Tratado de Libre Comercio y retomadas con el llamado Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).
Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”
• Riesgo de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.
• El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la educación.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información por parte de las alumnas y alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” y sus familiares, que el 18 de mayo de 2021, se encontraban repartiendo volantes a la altura de la caseta de cobro de la carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, cuando policías de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, efectuaron un operativo de desalojo con uso excesivo de la fuerza pública. Este mismo hecho se repitió en el tramo conocido como La Pochota y en el Libramiento Norte Poniente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el operativo fueron detenidos 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron trasladados a la Fiscal General del Estado (FGE).
En la FGE se les impidió la comunicación con sus familiares. Fue hasta el día 19 de mayo de 2021, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en compañía de sus familiares tuvieron acceso y documentaron de las lesiones de los estudiantes, durante la privación arbitraria de la libertad y en su permanencia en la FGE, posteriormente no se les permitió volver a verlos. Durante la noche de este mismo día fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, sin que los familiares recibieran información sobre la situación jurídica de los estudiantes.
Posterior a la detención se instaló una mesa dialogo con la Secretaría General de Gobierno quienes han condicionado la libertad de las y los alumnos a cambio de no volver a realizar ninguna manifestación ni emitir crítica al gobierno.
Desde hace varios días, las alumnas y alumnos han realizando diversas movilizaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso se realice de manera presencial y no vía internet, cumpliendo con las normas sanitarias frente a la pandemia, debido a que la mayoría de los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a equipo de computo e internet.
El Frayba manifiesta su preocupación debido al uso excesivo de la fuerza pública y la aplicación de diversos delitos como Motín, Pandillerismo, Robo con Violencia, Daños y Ataques a la Vías de Comunicación para criminalizar el derecho a la libertad de manifestación. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de criminalización de la libre manifestación, señalando además que los cortes de ruta, el copamiento del espacio público, e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.1
Las y los alumnos detenidos se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad, por lo que exigimos al poder judicial del estado la liberación inmediata de los estudiantes a fin de que no se continúe criminalizando su ejercicio a la libre manifestación.
Exigimos además al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las 74 mujeres y 21 hombres estudiantes detenidos y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de evitar violaciones a derechos humanos contra los estudiantes.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2021
Acción urgente No. 5
Descarga la Acción urgente aquí: Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”