Foto de Portada: Protesta frente a la minera San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Por Santiago Navarro F

El pasado miércoles (19 de mayo), el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó en conferencia de prensa a los ambientalistas mexicanos sobre su actuar en torno a 1,609 concesiones mineras que han sido emitidas en territorio mexicano. Sobre todo, puntualizó que de 142 Áreas Naturales Protegidas que existen en México, en 68 de ellas hay concesiones mineras, esto abarca 1.5 millones de hectáreas. El presidente, en un arranque cuestionó, “¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?”, en relación a estas concesiones.

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De acuerdo con el informe que presentó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presidida por María Luisa Albores González, durante los últimos 12 años que, califica como “el periodo neoliberal”, se anuncia que alrededor del 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras.

Albores sostuvo que tan solo en el periodo de 2006 a 2018, en el caso del oro, se ha extraído “más de mil 59 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia y Conquista”, de igual modo dijo que aconteció con la plata, se han extraído “48 mil 626 toneladas de plata, que es más del 90 por ciento de lo que se extrajo en esos más de 300 años en la Colonia”.

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Por ello, el mandatario mexicano, arremetió argumentando, “miren, mil 609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75 por ciento en áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios de flora, de fauna nativa, 15 por ciento en los parques nacionales”.

Y cuestionó, entonces ¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?

Los ambientalistas conservadores

Lo que quizás no recuerda el presidente López Obrador es que, hasta se reunió con varios de estos ambientalistas, cuándo aún estaba en campaña. Un caso muy emblemático es el pueblo de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, dónde lo recibieron en tres ocasiones y le expusieron las problemáticas ambientales, que, hasta el día de hoy, ha ocasionado la Compañía Minera Cuzcatlán que opera a menos de 800 metros del pueblo. “Nos sentimos traicionados, porque nos dijo que iba a resolver el problema y simplemente nos ignoró”, comparte el ciudadano Felipe Martínez.

Minera Cuzcatlán es filial de la canadiense Fortuna Silver Mines y actualmente opera 5 de 31 concesiones que tiene en su poder, que abarcan más de 64 mil hectáreas. Junto a ella, la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) abarca más de 100 mil hectáreas. Son las dos únicas empresas que tienen concesiones en fase de explotación en Oaxaca, pero han sido denunciadas por las afectaciones que han comenzado a experimentar los pobladores. Mientras que los empleos prometidos son de limpieza y de ayudantes, mal pagados.

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Otro caso emblemático es la región del Soconusco en Chiapas, dónde el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 99 concesiones ubicadas principalmente sobre seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo. Una gran resistencia devino de diversos pueblos en esta región al enterarse de las concesiones, durante el gobierno de Peña Nieto, la respuesta fue la represión y la intimidación. Un problema que aún está latente.

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Cuándo el mandatario mexicano pregunta ¿Dónde estaban los sudoambientalistas? Muchos de ellos, en resistencia. Mientras que a otros los amedrentaban y los amenazaban de muerte, o peor aún, los mataban. Tan solo en el periodo de 2012 al 2019 se registraron 83 asesinatos de ambientalistas, según  datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cartocrítica.

Los ambientalistas, principalmente campesinos e indígenas, que han sido asesinados en México no solo se han opuesto al sector minero, sino que también a los complejos de “desarrollo” que viene devastando ecosistemas y pueblos completos para dar paso a los grandes capitales. El riesgo, incluso de levantar la voz, siempre es latente. Como el asesinato del indígena Nahua, Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado frente a su casa un día después de denunciar, en un evento público en el estado de Morelos, los daños ambientales que provocaría el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), un ambientalista asesinado en el periodo de gobierno de AMLO.

Mucho se ha documentado ya de la devastación que va dejando el extractivismo minero, como el caso de la Minera Grupo México, quien, el 6 de agosto del 2014, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, una contaminación que persiste en la zona, en los cultivos y que está presente en diversas enfermedades entre los habitantes.

Al parecer, para el gobierno mexicano, la era neoliberal ha concluido, mientras que las empresas extractivas marchan viento en popa y especulan con sus explotaciones a futuro, mientras el Estado les de la seguridad legal para su explotación, por otra parte, a los pueblos promete más empleos.

El caso Sonora o el Caso de Oaxaca, con los últimos indicios de contaminación, es algo con lo que tendrá que lidear el gobierno actual. Pero, además, también con la explotación acelerada de más minerales que exige el mercado, porque son acuerdos delimitados por las políticas neoliberales, enmarcadas en un primer momento, en el Tratado de Libre Comercio y retomadas con el llamado Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).