Radio Zapatista

En sentencia histórica para la comunidad mazateca de Eloxochitlán, Oaxaca, Tribunal Federal confirma la inocencia de Miguel Peralta en todas las acusaciones en su contra y determina la inexistencia de un delito clave

• La sentencia reconoce, por primera vez en más de una década de acoso judicial, la inexistencia de la tentativa de homicidio contra la presunta víctima Elisa Zepeda Lagunas.
• Al considerar el contexto de los hechos, el Tribunal calificó los testimonios acusatorios como carentes de credibilidad y sinceridad.
• Miguel deberá ser absuelto de manera definitiva por la Tercera Sala Penal de Oaxaca de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
• Además de Miguel, las y los defensores mazatecos que todavía cuentan con órdenes de aprehensión y procesos penales por ese delito inexistente, deben ser absueltos.

Distintas geografías, 02 de marzo de 2026. El día 25 de febrero de este año se publicó la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca en el Amparo Directo 631/2022, que absuelve a Miguel Peralta Betanzos de todas las acusaciones en su contra luego de un proceso de más de once años. Este reconocimiento es coherente con estándares internacionales de debido proceso, presunción de inocencia y protección de personas defensoras indígenas.

El amparo otorgado obliga a la Tercera Sala Penal de Oaxaca a confirmar la inocencia y libertad absoluta de Miguel por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Además, por primera vez en el proceso, hay una determinación judicial que niega la existencia de este último delito, supuestamente cometido en contra de Elisa Zepeda, y considera el contexto en el que ocurrieron los hechos para calificar los testimonios acusatorios como desconfiables, carentes de sinceridad y sesgados por la simpatía al grupo caciquil, lo que evidencia su intención de incriminarlo.

Para Miguel esto representa una pequeña ventana donde a lo lejos se puede observar la libertad; un espacio por donde podemos salir de este encierro, pues aunque estemos libres seguimos limitados en muchos sentidos. Hemos logrado una pequeña batalla en esta gran afrenta contra el estado y sus representantes. Nuestra comunidad ha vivido en carne propia el racismo institucional, la dilación sistemática, la persecución, la criminalización, la fabricación de delitos, la tortura, el desplazamiento forzado y la cárcel. Una vez más se ha confirmado que las mentiras que nos mantuvieron tras las rejas se están desvaneciendo, ya no tienen forma de sostener esta falacia que crearon para someter a nuestro pueblo y tomar el control político y económico. No dejaremos de resistir hasta que todas las personas perseguidas de Eloxochitlán sean absolutamente libres.

Para la comunidad, que ha estado sujeta al hostigamiento judicial y a la devastación del río Xangá Ndá Ge por parte del grupo caciquil, esta sentencia confirma, por un lado, la persecución y la fabricación de delitos con el objeto de inhibir la organización comunitaria y la defensa del territorio. Por otro lado, abre la puerta a la justicia para el resto de las personas injustamente procesadas, pues se convierte en criterios sólidos externos para exigir la liberación de 12 de las personas defensoras exiliadas y 5 más, sujetas aún a proceso penal por esos mismos delitos. Además, la sentencia permite combatir la estigmatización y represión que aún prevalece sobre toda la comunidad criminalizada que, en el año 2025, fue nuevamente objeto de más de 200 órdenes de aprehensión, lo cual significó un recrudecimiento de la persecución por parte de los tres poderes del estado de Oaxaca.

Este patrón de judicialización masiva contra personas indígenas defensoras refleja prácticas de criminalización que han sido documentadas en distintos contextos contra pueblos indígenas que ejercen su autonomía y defienden su territorio.

Es importante recordar que Miguel Peralta ya había obtenido su libertad en octubre de 2019, luego de una extenuante defensa, por no haber señalamientos directos en su contra. Sin embargo, las supuestas víctimas apelaron y esa sentencia fue revocada en marzo de 2022 por la Tercera Sala Penal de Oaxaca; esto lo ha obligado a mantenerse en el exilio por cuatro años. Desde entonces, buscó arrebatarle al Primer Tribunal Colegiado la confirmación de su inocencia y libertad absoluta, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2024 devolvió el caso a ese tribunal para que resolviera con perspectiva intercultural.

Durante más de un año de tramitación ante el Tribunal Colegiado, se aportaron alegatos, pruebas y escritos de amicus curiae que obligaron a los magistrados a entrar al estudio de fondo. A raíz de dos peritajes antropológicos de contexto, el tribunal reconoció la existencia de un conflicto socio-político que derivó en “grupos antagónicos”. La sentencia deja claro que las testimoniales de quienes mantienen alianzas con el cacicazgo, según los propios peritajes, dejan entrever “la pretensión de involucrar [a Miguel] como parte del grupo contrario”. La sentencia es contundente al señalar inconsistencias y contradicciones graves en las pruebas que se han usado contra decenas de personas perseguidas y exiliadas de la comunidad mazateca.

Este caso ha evidenciado cómo el sistema penal puede ser utilizado como mecanismo de castigo contra quienes defienden su territorio y ejercen su organización comunitaria propia. La criminalización de Miguel Peralta y de la Asamblea de Eloxochitlán no es un hecho aislado, sino parte de un intento de debilitar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, manteniendo la devastación del río.

Esperamos que, sin mayor dilación, la Tercera Sala Penal acate esta resolución, dicte la absolución definitiva y permita que, tras más de una década de proceso, se termine la persecución y se abra paso a la justicia.

Agradecemos su difusión,
Miguel Ángel Peralta Betanzos
Mazatecas por la Libertad
Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta
The Indigenous Peoples Rights International (IPRI)

Foto de portada: Elizabeth Díaz

A LAS MUJERES QUE LUCHAN
A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, a 2 de marzo de 2026.

El día de hoy se cumple un año del nacimiento del Consejo Supremo de Mujeres Indígenas de Michoacán (CSMIM), conformado por compañeras autoridades tradicionales, Consejeras de Gobierno, Jefas de Tenencia, Comisariadas Comunales y Ejidales y mujeres indígenas que luchan, es por ello que alzamos la voz en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, jornada global de lucha, reflexión y movilización para visibilizar las desigualdades, la violencia de género, las injusticias en contra de las mujeres y en general, por un mundo más justo.

En este contexto, pedimos la LIBERTAD de nuestra hermana MARÍA CRUZ PAZ ZAMORA, quien desde el 5 de junio de 2024 fue privada de su libertad, DETENIDA INJUSTAMENTE, mujer indígena originaria de la comunidad de Ocumicho, defensora de los bosques, impulsora de los derechos de las mujeres, p’urhépecha enraizada en su comunidad, en la cual día tras día trabajaba por el bien común.

Exigimos al Poder Judicial de Michoacán que cese de criminalizar a las defensoras del medio ambiente, y que conceda la libertad a Maricruz, toda vez que proteger a la Madre Naturaleza y luchar por el Territorio y los derechos de las Mujeres NO ES UN DELITO.

NO A LA REPRESIÓN, NO ALA DISCRIMINACIÓN, las mujeres no debemos de ser blancos fáciles de un sistema de justicia racista, clasista y deficiente, que las autoridades judiciales no esperen años para que Mari obtenga su libertad. A la compañera Maricruz la esperan sus raíces, su comunidad, su familia, pero sobre todo, sus hijos, ella es padre y madre, mujer autónoma y trabajadora, debe de estar al lado de sus hijos forjando su educación y el devenir de su comunidad.

Maricruz merece como todas las mujeres, el derecho de vivir en paz y libre de violencia en todos los espacios que habitamos, el derecho de que nadie nos cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, patrimoniales, económicos o sexuales. Todas las autoridades deben de condenar la violencia en contra de las mujeres y aplicar las medidas apropiadas para erradicarla.

El caso de la compañera María Cruz Paz Zamora, ejemplifica como este sistema en que vivimos., reprime, encarcela y aísla a las mujeres por ser indígenas, por ser pobres y por luchar. Libertad para la defensora de los bloques Maricruz.

CONSEJO SUPREMO DE MUJERES INDÍGENAS DE MICHOACÁN #CSMIM

Foto de portada: CSIM

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
COMISIÓN SEXTA.

1 de marzo del 2026.

A las personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones
firmantes de la VI Declaración y de la Declaración por la Vida:

La Comisión Sexta Zapatista tiene el honor de invitarles a las jornadas de pensamiento crítico, arte, resistencia y rebeldía para este año del 2026:

ResignARTE u OrganizARTE

En estas actividades se tratará de exponer sus experiencias artísticas, organizativas y de acción frente a la tormenta que el mundo padece. La idea es señalar que, ante la brutalidad de la tormenta, aparecen dos opciones o caminos: uno es resignarse, rendirse pues, y que sea lo que el destino o los dioses de cada quien decidan; el otro es organizarse y luchar para la resistencia y la rebeldía.

En las siguientes fechas:

Días 2, 3 y 4 de abril del 2026. Semillero de la Comisión Sexta: La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas. Sede: CIDECI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Agosto del 2026.
     Encuentro todas las Artes. Temas: “ResignARTE u OrganizARTE”. Sede por definir.
     Encuentro Mundial de Resistencias y Rebeldías I: “Organizarte o Resignarte”. Sede por definir.

Diciembre- enero 2026-2027.
     Encuentro Mundial de Resistencias y Rebeldías II: “Organizarte o Resignarte”. Sede por definir.

Registro en el siguiente correo: resignarteuorganizarte2026@gmail.com Por favor les pedimos que especifiquen en qué fecha calculan venir y forma de participación.

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Más detalles les iremos dando a conocer.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, marzo del 2026.

A quienes integran la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
Al Congreso Nacional Indígena
A las redes y resistencias, quienes vemos al ejemplo zapatista un camino por donde caminar juntos

El día de hoy, 1 de marzo del 2026, alrededor de las 2:30 pm, arribaron al pueblo de Loma de Bácum de la tribu Yaqui tres patrullas de la MARINA persiguiendo a dos personas que se escondieron en la comunidad, con una total falta de respeto a las leyes propias del pueblo, los marinos se introdujeron de manera violenta ante lo cual la población comenzó a alertarse y a congregarse.

La Guardia Tradicional emplazaba a los elementos de la MARINA a que se estableciera un diálogo ante la situación, ya que de acuerdo a las leyes internas, los militares no pueden entrar al territorio sin autorización y acompañamiento de las autoridades tradicionales, sin embargo, los uniformados detonaron al menos en 20 ocasiones sus armas en contra de la población, si bien no hubo heridos, este ataque es súmamente grave.

Posteriormente llegaron al pueblo alrededor de 10 patrullas del municipio de Cajeme así como policía estatal.

Aproximadamente a las 4:00 pm y ante la presión de la comunidad, todos los elementos de la marina y policía se retiraron.

Estos hechos demuestran no solo el carácter violento del Estado, también son muestra de un claro desconocimiento y violación a las formas de gobierno propias del pueblo yaqui y de todos los pueblos originarios.

Es por ello que los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunciamos enérgicamente la detonación de armas de fuego en contra de la población así como la intromisión y violación de las leyes propias del pueblo de Loma de Bácum.

Sabemos que el territorio yaqui es objeto de la ambición capitalista y del mal gobierno, por ello nos mantenemos alertas y hacemos responsable a los tres niveles de gobierno por estos hechos y por posibles agresiones que, a través de sus fuerzas armadas puedan ejercer en contra de nuestros compañeros. En territorio yaqui se ha demostrado que el pueblo manda y el gobierno tiene que obedecer y desde nuestros distintos territorios nos mantendremos en alerta.

Exigimos
– Respeto a la libre determinación y leyes propias de la tribu yaqui.
– Alto a la violencia del Estado en contra del pueblo de Loma de Bácum.
– Alto a la violencia del Estado en contra de todos los pueblos.

ATENTAMENTE
TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

27 de febrero de 2026

Boletín No. 02

Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá

• Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
• Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.

El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.

A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.

Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.

El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. 

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.  

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By Carolina Bracco* – LatFem

Far from being “collateral damage,” sexual and reproductive violence against Palestinian women is part of a long-standing colonial strategy. The genocide in Gaza is part of a demographic logic that seeks to prevent the reproduction of Palestinian life and annihilate not only the present, but also the possibility of a future.

The genocide in Gaza must be understood as the most recent phase of a colonial settlement project that, from its inception, aimed to eliminate the indigenous Palestinian population in order to guarantee Jewish supremacy over the territory. Far from being an exceptional episode, the current violence is part of a continuous Nakba, which began in 1948 and has never been interrupted.

That year, under the auspices of the British Mandate, Zionist militias carried out a systematic ethnic cleansing that forced more than 750,000 people to abandon their homes. More than 80% of the native population was expelled from the territory that would soon be declared the State of Israel. This foundational violence—accompanied by more than 13,000 murders—produced in a few months a radical transformation of the demographic composition: the Jewish population went from representing approximately 30% to 81% of the total. The objective was to replace the existing population, laying the foundations for a colonial order whose eliminationist logic continues to operate to this day.

But unlike other settlement processes, the colonial project did not end: it became normalized. Israel was recognized by the international community without any demands for justice, reparations, or the return of the displaced population. 

Despite the mass expulsions of 1948 and 1967—which affected 250,000 people—the immigration of more than one million Jews from the former Soviet Union between 1990 and 2000, and the multiple massacres, the proportion of Palestinian population in the territory between the Jordan River and the Mediterranean Sea never stopped increasing.

In 2000, Jewish settlers and their descendants made up 52% ​​of the total population. By 2010, they represented only 49%. Ten years later, they accounted for just 47%. These figures come from Palestinian academic Joseph Masad , who sees the current genocide as a clear political strategy; the only one that would allow the settlers to maintain their supremacy over the historic Palestinian territory.

Concern about the demographic imbalance has always been present in Israeli rhetoric and policy. As early as the 1970s, then-Prime Minister Golda Meir—the same one who said that Palestinians “did not exist”—stated that she went to sleep worrying about how many Arab children would be born during the night. Four decades later, Justice Minister Ayelen Shaked openly declared that pregnant Palestinian women should be shot because “they give birth to little snakes.” 

As reproducers of life and national continuity, Palestinian women have historically been constructed by the colonial regime as demographic threats. Within this framework, sexual, obstetric, physical, and symbolic violence perpetrated against them has been a persistent and structural practice. Its aim is to disrupt the reproduction of Palestinian life and break its continuity over time.

Genocide must be understood precisely in these terms: as the systematic destruction of a people, which is not limited to direct physical elimination, but also operates through blockade, prolonged siege, induced famine, the production of collective trauma, and the annihilation of present and future prospects. In this process, women’s bodies become a central battleground, where reproductive violence functions as a technology aimed at preventing the very survival of the Palestinian people.

“Reprocidio”: to annihilate the present and the future

At the heart of genocide is the elimination of life. And that is why resistance to this attempt at erasure depends not only on immediate survival, but also on the capacity to reproduce life: to conceive, to give birth, to raise children. Today, in Gaza, that is practically impossible. Reproductive violence manifests itself at every level: there are no homes, no privacy, no specialist doctors, no fertility treatments. Rape leaves traumatic scars on bodies that directly affect the ability to conceive. Between 2022 and 2025, miscarriages increased by 300% and the birth rate fell by 41%. And even if a woman manages to conceive, under what conditions will she give birth? Without hospitals, without neonatal care, without anesthesia for cesarean sections. And if she gives birth and the baby survives, cold and famine await: malnourished mothers, without access to breast milk, without formula, without clean water, without basic immunity.

This set of practices is defined by the Gazan academic Hala Shoman as reprocidio : a specific form of colonial violence that aims to dismantle the reproductive structures of a population in order to eliminate it not only in the present, but also in its future potential.

The paradigmatic case was the bombing of the Al Basma fertility center , the largest in Gaza, in December 2023. A missile destroyed more than 4,000 embryos and over 1,000 samples of unfertilized sperm and eggs. Dr. Bahaeldeen Ghalayini, the center’s founder, described the magnitude of the attack with a heartbreaking phrase: “5,000 lives in a single projectile.” This deliberate attack is part of a systematic and sustained policy of reproductive annihilation, which ranges from the destruction of maternal and child health hospitals to the obstruction of safe childbirth, the use of sexual violence in prisons, environmental poisoning, the destruction of homes, and the structural impossibility of raising or breastfeeding children in conditions of minimal dignity.

This is compounded by the total collapse of the healthcare system, the lack of electricity in incubators, the surge in births without anesthesia or supplies, and the exponential increase in emergency cesarean sections and hysterectomies performed to prevent fatal hemorrhaging. In some cases, doctors have had to perform post-mortem cesarean sections to save babies from the wombs of their murdered mothers. 

The conditions of childbirth and raising children in makeshift shelters—many surrounded by Israeli tanks or lacking access to water, food, or privacy—have created an environment of structural trauma and hopelessness. Many women express a desire to carry their children back inside their bodies as the only way to protect them.

Meanwhile, attacks against reproduction are not limited to Gaza. In Israeli prisons, accounts of sexual violence and torture with direct impacts on reproductive health are multiplying. These assaults not only seek to harm individual bodies: they aim to humiliate, break, instill terror, and dismantle the intimate fabric of Palestinian life, erasing the possibilities of motherhood, fatherhood, or shared intimacy.

Sexual violence as a colonial technology

Sexual violence is not a recent or marginal phenomenon; it has been central to colonial practices from the very beginning. It has been a systematic policy of both labor and right-wing governments. In the Deir Yassin massacre on April 9, 1948, mass rapes of Palestinian women and girls were reported. According to historian Ilan Pappé, Zionist leaders proudly announced the high number of victims to sow panic. Under those circumstances, fleeing was the only rational option. Since then, thousands of girls and women, as well as men and boys, have been victims of rape, genital torture, forced feminization, and castration as part of a systematic colonial technology of domination.

The Sde Teiman detention center , where more than 4,000 Gazans have been held since October 7, has become a torture center even more brutal than Guantanamo or Abu Ghraib. Allegations of rape and sexual abuse are numerous. Instead of prosecuting the perpetrators, sectors of Israeli society have been seen demonstrating in defense of the accused soldiers .

Gender and sexuality dynamics are fundamental to understanding the structure of Israeli colonialism. Domination operates through the feminization of the enemy: raping a Palestinian woman is to humiliate her community; feminizing the colonized man is to symbolically castrate him; dismembering a body is to turn it into waste.

White, colonial, and Zionist masculinity is imposed not only by force, but also by discourse. In mainstream media and liberal circles in the West, Palestinians are portrayed as barbarians, violent, misogynistic, fanatical, or simply as faceless numbers.

This discursive operation constitutes what Orlando Patterson defined as “social death”: the symbolic dispossession of agency, history, and belonging to the human race. Within this framework, the rape of Palestinian bodies is a tool. And its impunity, a symptom of structural dehumanization.

In practice, this translates into a comprehensive genocidal policy where the deliberate destruction of schools, hospitals, universities, libraries, churches, mosques, and water and energy networks is a systematic strategy to prevent Palestinian social reproduction. What is sought to be destroyed is not only the present, but also the possibility of a collective future. It is a violence that affects bodies, but also knowledge, affections, memory, and ways of life.

Sustaining life under conditions of death

In this context of absolute violence, affirming life becomes an act of insurrection. However, not all families can or wish to reproduce. Many women have publicly expressed their decision to avoid pregnancy during the genocide, given the collapse of the healthcare system and the extreme risk of maternal or infant death. As Hala Shoman wrote on social media in August 2024: “Think carefully before bringing children into the world. Miscarriage rates have tripled. Mothers are bleeding to death. There is no milk, no food, no medicine. This is a plea wrapped in love and fear.” These words encapsulate the ethical and political dilemma faced by those who wish to continue an emotional and family life amidst a regime of extermination.

At the same time, this temporary refusal to reproduce does not contradict the affirmative impulse toward life, but rather forms part of an ethic of care and a politics of protection against extermination. As Shoman points out, resistance does not simply mean having children; it means making the conditions for life possible. And that, in Gaza today, is a radical form of struggle.

Sustaining life under conditions of death means challenging the legal framework that defines genocide solely in terms of death tolls. Destroying the capacity to reproduce, imposing perpetual mourning, closing off possibilities, preventing children from being raised, criminalizing childhood, and isolating desire are forms of annihilation that international law still fails to fully recognize.

The history of Palestinian women is the history of Palestine. It is a story of resilience and resistance, of occupation and exile, but also of continuity and the struggle for the very possibility of existing, of continuing, of living with dignity. It is a struggle not only for liberation, but also against elimination.

Palestinian women, in this context, are not only victims. They are active agents of resistance. Their bodies bear the marks of the extermination project, but also the stubborn will to live. And as long as there is life to be defended, to be reproduced, to be told, there will be a future for Palestine. 

*Carolina Bracco, political scientist, PhD in Arab and Hebrew cultures, writer and researcher.

Read also: https://www.elsaltodiario.com/palestina/israel-empleo-municion-carbonizo-3-000-gazaties-dejar-rastro

JALISCO ES MÉXICO

El Río Santiago de El Salto y Juanacatlán, Jalisco se encuentra gravemente enfermo por desechos industriales sumándose a megaproyectos termoeléctricos que intensifican el sacrificio de nuestros territorios.

“El sistema criminal capitalista aplasta y barre todo lo que considera no necesario, lo que consideran que es el lastre, y el lastre son millones de seres humanos a través de la guerra y el genocidio” #EZLN

“El genocidio capitalista del narcotráfico, narco gobierno o narco capitalismo salvaje, genera 800 mil millones de dólares anuales, los bancos son los que se quedan con la mayor parte del blanqueo del capital $$$ … la estrategia no es combatir el narcotráfico, pero si utilizarlo como un instrumento de dominación militar, imponer el miedo que paralice para sostener un sistema en crisis” (Libro de Gilberto López y Rivas)

30 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, 6 ASAMBLEAS NACIONALES POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO.

SEGUIMOS EXISTIENDO PORQUE AÚN RESISTIMOS.

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA EUROPA INSUMISA
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES.

Como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del colectivo Un Salto de Vida, quienes viven todos los días la embestida capitalista, no es suficiente con la constante contaminación de su territorio y cuerpos por parte de la industria y el mal gobierno, tienen que enfrentar la cruenta violencia criminal que les arrebata sus herramientas de trabajo para defender la vida y les arrebata la tranquilidad.

Hoy hacemos nuestros sus dolores, su digna rabia y con énfasis hacemos nuestras sus exigencias.

A continuación, como asamblea abrimos espacio a su voz, para que, haciendo eco de ella, resuene en todos los rincones hasta construir la justicia verdadera:

HECHOS

Agradecemos la solidaridad para nombrar lo que ocurre en nuestros territorios, porque hablar de esto no es fácil, pero es urgente.

El Domingo 22 de febrero de 2026 derivado de las acciones capitalistas de #Narcobloqueos, nos encontrábamos en acciones de observación de territorio y monitoreo de descargas industriales junto con investigadores universitarios.

Fuimos retenidos cerca de la carretera a La Capilla, en el límite con Ixtlahuacán de los Membrillos. Se nos obligó a descender de nuestra camioneta, la cual fue incendiada junto con todos nuestros teléfonos celulares y todos los equipos para el muestreo para registrar los contaminantes que son vertidos impunemente por las empresas del corredor industrial de #ElSalto. Fue una pérdida total. Afortunadamente, no pasó a mayores en relación a la integridad física, pero sí en un impacto psicosocial.

Los equipos y el vehículo quemado siempre están a disposición para la investigación, la defensa del territorio y acciones relacionadas con el vivero, reforestaciones y crianza del “Bosque del Fin del Mundo”. No es la primera vez que ocurre. Es algo al que estamos expuestos los defensores y defensoras del territorio, pero también todos aquellos que habitamos este planeta en este tiempo en donde el crimen organizado es sirviente siempre de intereses financieros y políticos de las élites que ven a la sociedad como desecho tóxico.

PALESTINA: Nuevos reportes denuncian mas de 75 mil muertes de palestinos por el Genocidio. Más de 1000 médicos partirán a Gaza en abril: Flotilla Global Sumud https://www.federacionanarquista.net/mas-de-1000-medicos-partiran-a-gaza-en-abril-flotilla-global-sumud/
https://globalsumudflotilla.org/

SAHARA: Convocatoria a Sahara de Pallasos en rebeldia a una iniciativa solidaria el ‘Festiclown Sahara’ que se celebrará en los campamentos de refugiados en el 50º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

ECUADOR: Lanzamiento de la campaña Sin Defensores No Hay Derechos frente a la criminalizacion a luchadores sociales en el Ecuador perseguidos por el gobierno de Daniel Noboa y sujetos a un sistemático acoso financiero con el bloqueo y cierre definitivo de cuentas bancarias.
https://frenteantiminero.com/sin-defensores-no-hay-derechos/

OAXACA: Libertad… pero no total; Miguel Peralta seguirá enfrentando juicios a pesar de victoria en el Tribunal. La respuesta organizada de la comunidad, grupos de apoyo, familiares y amigos sigue tejiendo resistencia.
https://wp.me/p6BKO7-3Po

OAXACA: Comunicado contra el fallo por indemnización: “Por ningún precio, el despojo de nuestro territorio”- Comunidad de Santa María Chimalapa, Oaxaca.
Fuente: https://hijosdelatierra.espora.org/?p=5927

CDMX: Denuncian violencia policial en actividades de protesta contra el mundial durante llegada de Clara Brugada a Coapa
https://radiozapote.org/denuncian-violencia-policial-en-actividades-de-protesta-contra-el-mundial-durante-llegada-de-clara-brugada-a-coapa/

JALISCO: Denuncian ataque a colectivo en defensa de agua y los rios de El Salto Jalisco, fueron victimas de agresión en narco bloqueo.
Fuente: Agrupación Un Salto de Vida
https://www.facebook.com/100068155622074/posts/1245175567764286/?rdid=wt6zaNS3qf9LIQCT#

Jornada global demanda Justicia para Samir Flores.
https://wp.me/p6BKO7-3Pg

TecnoAcratas: Abra ahora habla español: una herramienta clave para la soberanía digital en América Latina
https://cuidados.yanapak.abyaya.la/2026/02/23/abra-ahora-habla-espanol-una-herramienta-clave-para-la-soberania-digital-en-america-latina/

Por Renata Bessi | Avispa Midia

^{En portada: Sitios contaminados con residuos peligrosos mantienen la dispersión de contaminantes en la Sierra Norte de Puebla y en el Totonacapan, al norte de Veracruz, regiones que registran la implementación de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos. Fotos: Regina López.}

Organizaciones sociales e investigadores advirtieron durante el foro Riesgos e Impactos Socioambientales del Fracking en los Territorios Comunitarios que una de las estrategias difundidas por el gobierno federal para alcanzar la soberanía energética de México es expandir la extracción de hidrocarburos utilizando el método de la fractura hidráulica, conocido como fracking, pese a las promesas de campaña electoral de Claudia Sheinbaum de prohibir dicha técnica por los altos riesgos ambientales y sociales que representa. 

La meta, de acuerdo con el Plan Estratégico de Pemex de 2025-2035, es aumentar la producción nacional de petróleo a 1.8 millones de barriles diarios (MMbd). Hoy la producción es de 1.63 MMbd. Según el geólogo del Centro de Geociencias de la UNAM y especialista en energía y transición energética, Lucca Ferrari, la situación actual es que la producción no ha subido y los campos maduros tienen un declive de 6.5% anual (-115Mbd/año). “Hay un declive de la producción desde 2004 [cuando se alcanzó 3.4 MMbd]. Se exporta cada vez menos”.

Lo mismo pasa con la extracción de gas. El objetivo, de acuerdo con el plan estratégico, es producir 5,000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd). La producción actual es de 3,600 MMpcd, “no sube y se importa hasta el 90% de gas que México necesita para la industria y la generación eléctrica; es también muy inferior al máximo de la producción que se obtuvo en 2009 [de 6,900 MMpcd]”, explica.

A pesar de que el gobierno federal justifica la extracción en yacimientos no convencionales como una forma de mejorar este escenario y alcanzar la soberanía energética, en realidad, los análisis de Ferrari enseñan una realidad poco viable.

El escenario de producción de gas con fracking, previstos en el plan estratégico de Pemex, es de 500 MMpcd para 2030. México en 2025, consumió 9000 MMpcd de gas; alrededor de 60% de la energía eléctrica en el país es producida a partir del gas. La cantidad que planea Pemex producir del hidrocarburo, utilizando el fracking, representa el 5.5% de lo que el país consumió en total en 2025. 

On April 12, 2026, the largest flotilla in support of Gaza in history will depart from the port of Barcelona, followed by other ports, heading to Palestine.

(Join the Flotilla or support with a donation here: https://globalsumudflotilla.org/)

The Flotilla will carry more than 1,000 healthcare professionals in response to the systematic destruction of Gaza’s healthcare system by the State of Israel. In Gaza today:

• 34 out of 36 hospitals have been partially or totally destroyed.
• There is an active blockade that restricts the entry of essential medicines and medical equipment.
• Healthcare workers are operating under extremely difficult conditions and without support.
• Over 20,000 Palestinians require urgent treatment abroad and are not allowed to leave.

In response to the situation, the Flotilla will carry urgently needed medicines and equipment, as well as healthcare workers who will join Palestinian doctors’ efforts in the midst of genocide.

The Flotilla will also be joined by the search and rescue ship of the organization Open Arms. Open Arms has saved 70,000 migrants fleeing war, persecution, or hunger while navigating the Mediterranean. In 2024, Open Arms joined the World Central Kitchen organization on two aid missions to Gaza. The first succeeded in delivering 200 tons of food to the Palestinian population that was being annihilated by Israel’s starvation policy. The second mission, however, was cowardly attacked by Israel with several missiles, killing seven people on a humanitarian mission.

Despite the rhetoric of ceasefire, the blockade and genocide of the Palestinian people by Israel continue. Only the unity and collaboration of all of us who stand in solidarity with the Palestinian people will be able to stop the genocide.

Join the Flotilla or support with a donation here: https://globalsumudflotilla.org/