Radio Zapatista

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

31 AÑOS

Palabras del Subcomandante Insurgente Moisés

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Diversas comunidades Mayas entregaron un informe a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo sobre Desarrollo Sustentable 2025-2030, celebrado en Mérida el pasado jueves (9), detallando los desafíos y conflictos socioambientales que enfrentan los pueblos originarios de la Península de Yucatán. 

En su intervención, José Argamiro Cobá Cocom, Comisario Ejidal de Ixil en Yucatán, subrayó que el modelo de “desarrollo” impuesto en la región ha generado despojo, deforestación y contaminación, con impactos devastadores sobre los ecosistemas esenciales de la región, como la selva y los manglares. “Nos están despojando de nuestra tierra, y con ella, de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro derecho a vivir dignamente”, afirmó el campesino, quien destacó que la lucha de los pueblos mayas no es solo por la tierra, sino por la preservación de una cosmovisión ancestral.

Las comunidades denuncian que los proyectos de desarrollo, principalmente del sector inmobiliario, vienen invadiendo tierras comunales, alterando los ecosistemas y amenazan con destruir el patrimonio arqueológico maya. “En Ixil, por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos inmobiliarios en 5,300 hectáreas de tierras, sin tomar en cuenta los vestigios arqueológicos ni la biodiversidad que habitan en ese territorio”, que pretenden convertir en zonas turísticas y residenciales resaltaron.

Cobá Cocom señaló que, en los 106 municipios del estado de Yucatán, aún se conserva la cultura de los mayas. “En nuestro territorio se encuentra el reservorio del pensamiento mágico de los mayas. Si se despoja vendrá la total desaparición de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, formas de vida y cultura”.

Otra comunidad de Yucatán que corre con el mismo destino es Kinchil, otro territorio invadido por el sector inmobiliario con fines de urbanización. Aquí habitan más de 200 familias y hoy están siendo vulneradas por el riesgo de perderlo todo “frente a especuladores con poder político. La situación se agrava aún más con el creciente desinterés por parte de las autoridades, que han permitido que se registren tierras como ‘propiedad privada’ sin el consentimiento de las comunidades afectadas”, afirman los representantes de esta comunidad.

Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, puntualizó que “están vendiendo nuestras tierras en internet, sin documentos legales; ya hay personas que se consideran dueñas de nuestros territorios, y el gobierno no hace nada”.

La industria 

Otro de los problemas abordados en el informe es la expansión de las megagranjas porcícolas y avícolas en la región. Estos proyectos industriales, señalan las comunidades, vienen provocando “afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida, plenamente conocidas por el Gobierno Federal”.

Para ello toman el ejemplo de otra comunidad de la Península, Santa María Chi, de unos 500 habitantes, una zona donde se estableció una granja de 72 naves y más de 60 mil cerdos, que está ubicada a 100 metros del pueblo. “Lleva 40 años contaminando el agua, causando enfermedades respiratorias y estomacales, y alterando la armonía, la cohesión social y la vida interna de la comunidad”. 

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Los habitantes denuncian que la vida ya no es viable en esta región debido a la peste insoportable, así como la acumulación de excrementos, moscas, incluso, argumentan, “por el ruido que día y noche generan las instalaciones y los transportes de cerdos”.

Esta mega granja, según los indígenas Maya, pertenece a la familia del empresario y periodista Loret de Mola, la cual “no cuenta con permisos, registros ni autorizaciones a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada para clausurarla”, expresan las comunidades ante Semarnat.

Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, denunció la impunidad con la que operan estas empresas afirmando que, “el gobierno nunca nos ha escuchado. Nos tratan como delincuentes por defender nuestra tierra y nuestra salud”, expresó. 

Las comunidades denuncian en su informe que Semarnat se limitó a colocar un sello de clausura sin folio pero que la empresa siguió funcionando y que “nunca llegaron inspectores federales a investigar”. 

Tras las diversas protestas de estos pueblos, “la granja está hostigando judicial y policialmente a las autoridades comunitarias, y ha imputado a Wilberth Alfonso Nahuat Puc por delitos fabricados, prohibiéndosele acercarse a menos de 300 metros de lote catastral en que se ubica la granja, situado a 30 metros de su casa”, destaca la denuncia de las comunidades.

Agudización de la crisis climática

Además, el escenario cambiante por la crisis climática ya ha comenzado a impactar estas comunidades y las condiciones se agudizan con las políticas aceleradas de desarrollo, por su flexibilidad con la falta del cuidado del medio ambiente y el tejido comunitario. A ello se suman las sequías prolongadas, las lluvias irregulares y el calor extremo que están afectando la producción agrícola, base tradicional de subsistencia en la región.

Las comunidades mayas han solicitado medidas para mitigar estos efectos, como el fomento a la energía renovable local y la restauración de ecosistemas clave para la agricultura, como los manglares.

Peregrina Cutz Tec, del Consejo Comunitario de Ixil, expresó que “el cambio climático ya no es algo lejano, lo vivimos a diario. La falta de lluvia y el aumento de las temperaturas están afectando nuestra tierra y nuestras costumbres. Necesitamos que el gobierno federal atienda nuestras propuestas para adaptarnos sin destruir nuestro territorio”, ha puntualizado.

Frente a esta situación, las comunidades mayas han propuesto una serie de medidas urgentes para revertir los efectos del modelo de desarrollo actual. Entre ellas, destacan la creación de una mesa de trabajo con la participación activa de las comunidades mayas y organizaciones sociales y ambientales para diseñar un modelo de desarrollo sustentable basado en los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos originarios.

En respuesta a las demandas, la secretaria Alicia Bárcenas se comprometió a organizar una reunión con las comunidades mayas de la región en febrero de 2025, en Ixil, donde se discutirán con más detalle las propuestas presentadas. 

Mientras tanto, las comunidades mayas reafirman que su lucha no solo es por la defensa del territorio, sino por la supervivencia de su cultura y sus tradiciones. 

Leydi Eloína Cocom Valencia, del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó: “No solo estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir en armonía con la naturaleza. Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”.

Fuente: Avispa

^{Por Mariángeles Guerrero, Gioia Claro, Roxana Sposaro, Celeste Vientos y Mariana Aquino / Agencia Tierra Viva}

^{Foto de portada: Roxana Sposaro}

El desalojo a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut) había sido anunciado con mucho énfasis. A las 8 de la mañana de este jueves comenzaron a llegar por la ruta 71 más de 30 móviles de la Policía Federal y de Gendarmería, camionetas y colectivos, y personal de Parques Nacionales. La magnitud del operativo para excluir a unas pocas familias de sus tierras se condice con el discurso racista del gobierno provincial y nacional; y se basa en una disposición del Poder Judicial Federal de Esquel. Pero la Lof resolvió retirarse previamente, de forma pacífica, por lo que los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar.

En la zona habitada por la Lof quedaron algunos carteles dispuestos en lo que eran las casas de la comunidad. En ellos se lee: “Las fuerzas del territorio les están observando”. “Aquí se gestó y parió a una persona de modo libre, en armonía con el territorio ancestral. No hay desalojo que despoje esa memoria”.

«Sabíamos que esto iba a suceder, así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, hallaron casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos los integrantes de la Lof no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno», aseguró la weychafe Moira Millán, que acompaña el reclamo de Pailako por su derecho al territorio.

La Lof reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces (a 35 kilómetros de Esquel). Este proceso, espiritual e identitario, comenzó en 2020. Actualmente, una veintena de personas viven allí: familias con niños y niñas. En el lugar funciona un centro educativo. De haberse concretado tal como lo anunció el Gobierno durante los últimos días, iba a ser el primer desalojo tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La intención de echar a las familias mapuche de sus tierras tenía un efecto aleccionador, en el marco de las persecuciones que vienen sufriendo los pueblos indígenas en el gobierno de Javier Milei. Otras situaciones, como la vivida en octubre pasado por la comunidad wichí Guerrero, de Jujuy, replican este panorama.

A nivel institucional, primero se vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA). Luego se disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional. La frutilla del postre fue la derogación (por decreto) del decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el 10 de diciembre.

Sólo 20 días después, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, arremetió contra la comunidad Pailako. “Arremetió”, porque las amenazas de desalojo y la violencia institucional comenzaron cuando las familias decidieron habitar el territorio en el que crecieron sus abuelos.

Un show anunciado y frustrado

El desalojo fue un show anunciado por el gobierno nacional y provincial, el Poder Judicial y muchos medios de comunicación. En el lugar estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó en helicóptero cerca del mediodía. La Ministra también había ocupado ese cargo durante los operativos militares que culminaron con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en 2017. Otro funcionario que también dijo presente fue el titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. La conferencia de prensa prometida desde el Gobierno nunca se hizo.

La orden del juez federal Otranto (conocido por su participación en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado), se basa en la Ley 22.351. Esta normativa fue sancionada en la última dictadura militar: criminaliza a los “intrusos” que utilicen las instalaciones de los Parques Nacionales y autoriza su desalojo.

Sin sentencia firme

Las acciones llevadas a cabo durante este jueves se realizaron sin una sentencia judicial firme y sin que se hayan agotado las presentaciones realizadas por la organización Gremial de Abogados, en representación de la comunidad Pailako, ante el Poder Judicial.

Ante estos atropellos, la comunidad resiste. “Siempre somos vistos de mala manera. Nuestra intención es preservar este monte, poder criar a nuestros hijos y las infancias que están aquí”, afirmaba días antes del desalojo Belén Salina, integrante de la Lof. Pese a haber evitado una situación de violencia contra las familias, la comunidad se vio obligada a dejar sus viviendas, su tierra y sus animales en el Parque.

El 8 de enero, la Lof, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de los presos políticos Mapuche en Puelmapu brindaron una conferencia de prensa en Esquel.

En representación del Comité, Millán apuntó contra el Gobierno: “Hoy vemos a estos mentores de la muerte venir a nuestros territorios y hacer de la narrativa de las políticas criminales la normalidad. Ellos reivindican el proceso militar. Y durante el proceso militar se eliminó un ecosistema prístino para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy abastece a una empresa privada. Esa lógica es la que está siendo reivindicada, no sólo los desaparecidos sino también el saqueo”. Al respecto, aseguró: “Quieren privatizar áreas de los Parques Nacionales y la piedra en el zapato somos los pueblos originarios”.

La represa a la que aludió Millán es Futaleufú, que se construyó dentro del Parque Los Alerces y fue puesta en funcionamiento en 1978 para el abastecimiento energético de la empresa de aluminio Aluar. Bajo la lupa de las comunidades indígenas están también los incendios intencionales. La Lof Pailako aseguró en un comunicado que “queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo negocios extractivos”. Al desalojo se suma el despido reciente de cien brigadistas forestales que trabajaban en el Parque.

En la conferencia, Millán señaló la responsabilidad de los gobiernos anteriores por no haber regularizado la situación territorial de los pueblos indígenas. Finalmente, llamó a hacer un “boicot” a los parques nacionales del país, evitando pagar las entradas respectivas.

Solidaridad con Pailako en Nahuelpan

Mientras Bullrich hacía un despliegue desmedido de las fuerzas de seguridad, a 40 kilómetros de ahí, en el Lof Nahuelpan, un grupo de Pu Lamien autoconvocadas y desde una red de acompañamiento a Lof Pailako, realizaron una acción para visibilizar, conversar e informar a quienes llegan al tren turístico La Trochita sobre lo que pasaba en Los Alerces y la estigmatización hacia las comunidades indígenas.

Por un rato se cortaron las vías, se colocó una bandera, se repartieron volantes y se conversó con quienes iban a abordar el tren. Hubo momentos de tensión cuando llegaron las fuerzas policiales, pero nadie cedió a las provocaciones y los micros pedidos por el municipio se encargaron de trasladar a las y los turistas.

”Vinimos de manera pacífica para romper con ese imaginario social que nos crean desde los medios de comunicación hegemónicos y la misma sociedad racista, donde nos tratan de violentos, cuando nosotros solamente queremos informar. Lamentablemente, la ignorancia y la desinformación es un virus, es una enfermedad que nos atraviesa hoy como sociedad. Vinimos de forma pacífica y llegó la policía a amedrentarnos, a violentar a la gente y a empujar”, dijo Zamira Tacuman.

Con todas las fuerzas represivas a disposición, esta pequeña acción de resistencia y solidaridad pudo realizarse pacíficamente, en un sitio emblemático para las protestas. Fue un modo de abrazar la lucha de la Lof Pailako y de todas las comunidades indígenas criminalizadas por el gobierno provincial y nacional.

En noviembre, en la Asamblea de la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución contra los derechos de los pueblos originarios

La batalla judicial y desigual: cómo se llegó al desalojo

La comunidad recuperó su territorio ancestral en 2020, reafirmando su arraigo cultural y espiritual en la Mapu (tierra). Allí siembran, crían animales y cuidan a sus hijas e hijos. Desde entonces, enfrentan amenazas y hostigamientos. Quienes allí viven son descendientes de pobladoras y pobladores mapuche en lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, creado por el Estado argentino en el marco de las políticas de expulsión de las comunidades indígenas de la Patagonia.

“Para nosotros ‘pailako’ significa ‘arroyo tranquilo’”, explicó Lemu Cruz Cárdenas, en una nota brindada a la Agencia Presentes. “El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. Vivíamos a la orilla de ese arroyo”, recordó Cárdenas. Hoy, él y María Belén Salina (integrantes de la comunidad) están imputados por presunta participación en incendios forestales ocurridos en el Parque. No hay una sola prueba en su contra.

Como respuesta a la recuperación territorial iniciada en 2020, Parques Nacionales realizó una presentación ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la comunidad. En primera instancia, el magistrado habilitó el ingreso a la Lof para identificar a las personas que habitan allí. Fue un paso previo al desalojo.

El juez Otranto emitió entonces la orden para la expulsión, pero fue suspendida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Ante la apelación de Parques Nacionales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al organismo nacional y la amenaza del desalojo volvió a estar vigente.

Resulta llamativo en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones el argumento del juez Javier Leal de Ibarra: “Queda debidamente expuesto que Cruz Cárdenas y María Belén Salinas (NdR: nótese la mala escritura del apellido Salina, familia tradicional de la zona) adscribieron a una comunidad mapuche que ocupó la zona denominada ex Población Felidor Salina a partir de enero del año 2020. […] y que si bien descienden de pobladores que contaban con permisos para ocupar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ningún permiso precario les ha sido conferido sobre la zona que específicamente pretenden”. Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación.

El 30 de diciembre, días después de la derogación de la prórroga de la Ley 26.160, Otranto habilitó nuevamente el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso y antes de haberse agotado los recursos legales presentados por la comunidad. Desde la APDH también presentaron un hábeas corpus preventivo, que fue desestimado por el juez.

El 2 de enero, un oficial de justicia, acompañado por fuerzas federales, notificó a la comunidad sobre el desalojo. Dio un plazo de cinco días hábiles (hasta el 9 de enero) para abandonar el territorio. En la notificación se advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios». La información fue presentada junto a Danilo Hernández Otaño (intendente del Parque Nacional Los Alerces) y Laura Fenoglio, personal de Parques Nacionales.

El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para el desalojo es preservar el área protegida. Sin embargo, la ONU destacó en 2023 que “gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”.

El Parque Los Alerces

La Reserva Nacional Los Alerces se fundó en 1937. En 1945 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de más de 280.000 hectáreas. Fue a través del despojo y el desalojo violento de las comunidades que allí habitaban que se crearon estas áreas “protegidas”.

“El juicio civil, en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la Justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales”, expresa un documento firmado por decenas de comunidades mapuche y asambleas socioambientales.

En el mismo texto, denuncian que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos”.

Un Estado que reivindica su racismo

En diciembre pasado, el gobernador de Chubut aseguró: «Este gobierno (provincial) va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes toman un bien que no es propio y que vayan presos. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios […] de estos delincuentes que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces».

En la misma línea, el 8 de enero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Vicejefatura de Gabinete y la Administración de Parques Nacionales, emitió un comunicado afirmando que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces». Y anunciaron que el operativo se llevaría a cabo con Fuerzas Federales.

También aludieron al «derecho a la propiedad del Estado Nacional» y a supuestos ataques verbales y físicos por parte de la comunidad. Y refirieron a la Ley 26.160: «Una legislación impulsada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos». Una forma de desconocer los derechos de los pueblos indígenas que rigen en Argentina.

La identidad es un derecho

Nora Rodríguez y Raúl Mazzone, integrantes de la APDH presentes en la conferencia de prensa, expresaron: “Es horrible ver el rostro racista, colonial, cada vez más inquisidor que habilita métodos que estaban prohibidos desde la dictadura, de investigación como si hubiera enemigos internos. Es una faceta horrible del Estado. Pero a la vez vemos en las comunidades procesos de identidad, que son un derecho. Despojarlas de sus territorios es muy doloroso. Vemos el daño que esto causa en personas de distintos géneros, edades, a infancias que van a sufrir esto de una forma significativa en su proceso de vida. La identidad es un derecho, quizás al Estado en su formato actual no le guste reconocerlo”.

A su turno, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaró: “¿Para qué elegimos un gobierno democrático? Tenemos derecho a cuestionar a ese gobierno, ningún gobierno es absoluto. La gestión actual ¿no debe respetar la Constitución argentina? Hoy vemos a un Estado que fomenta la discriminación”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) manifestó mediante un comunicado: “El desalojo de la comunidad nos recuerda oscuros episodios recientes en los que perdieron la vida quienes formaban parte de reivindicaciones territoriales. Es posible construir un diálogo intercultural en el que todas las culturas y pueblos sean respetados, pero no ocurrirá si la respuesta estatal es la violencia, la discriminación y la falta de respeto a los derechos colectivos de las comunidades preexistentes”.

^{Cobertura colaborativa de Infoterritorial, Revista Cítrica, Agencia Presentes y Agencia Tierra Viva}

^{Edición: María Eugenia Ludueña}

^{Edición de Fotografía: Nicolás Pousthomis}

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Trabajadores de Tesla en Suecia iniciaron una huelga durante el invierno del 2023 que se extendió a toda la región escandinavia.}

La denominada transición energética aún va comenzando y ya se perfilan las ventajas comparativas de cada país, donde unos avanzan y otros se quedan satelizando la nueva economía. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías, ya que según la Agencia Internacional de Energía (EIA) casi 14 millones de unidades fueron producidas en 2023. Este mercadose mantiene concentrado en un 85% por China, la Unión Europea y Estados Unidos en conjunto, mientras que los países emergentes o en vías de desarrollo se enfocan al extractivismo de minerales y producción de energía limpia. 

El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos. Solo en 2023 el aumento de la demanda de litio subió el 30%, el níquel, cobalto, grafito y elementos de tierras raras oscilaron entre el 8% y el 15%. “Las ventas de coches eléctricos se acercaron a los 14 millones en 2023, un aumento interanual del 35%, y se prevé un crecimiento acelerado a medida que avancen los principales mercados y aumente la adopción en las economías emergentes”, resalta el informe de AIE llamado Perspectivas mundiales de los minerales críticos 2024.

El economista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Willebaldo Gómez Zuppa, argumenta que, si el modelo de desarrollo que se quiere vender al mundo es el de China, Estados Unidos y la Unión Europea, “el mundo lo vamos a terminar de devastar en un par de décadas. Porque, un ejemplo es China, que ha crecido muchísimo desarrollando una buena técnica de producción, pero es mucho más contaminante en términos ambientales, además de su proceso de súper explotación de la fuerza de trabajo que le ha permitido tener altas tasas de rentabilidad al tiempo que reduce costos de venta”.   

El profesor de la UNAM sostiene tajantemente que lo que está haciendo el capitalismo verde “es una falacia, ya que, el consumidor piensa que deja de contaminar al comprar un auto de este tipo; lo que sucede es que la contaminación deja de ser visible”. Solo el proceso para producir baterías viene “provocando una devastación muy importante en los lugares de donde se están extrayendo los minerales necesarios como el litio; casi el 40% del peso del auto es por sus baterías y esto el consumidor no lo sabe”, dijo para Avispa Mídia el economista Gómez.

La carrera por dominar el mercado de las nuevas tecnologías depende en gran medida del suministro de minerales convencionales, así como los que son críticos por su escasez y las tierras raras, entre ellos figura el: iridio, plomo, magnesio, molibdeno, niobio, metales del grupo del platino, selenio, silicio, plata, tantalio, telurio, estaño, titanio, wolframio, vanadio, zinc, cobre y aluminio. “Desde África hasta Indonesia y la República Popular China, el aumento de la nueva oferta (de minerales) ha superado el crecimiento de la demanda en los dos últimos años”, resalta el informe de la AIE presentado a finales del 2024.

De acuerdo con la EIA se espera que la demanda, solo de litio, aumente cuatro veces hacia 2040 mediante las políticas presentadas en posibles escenarios: Escenario de Políticas Establecidas (STEPS, por sus siglas en inglés), el Escenario de Compromisos Anunciados (APS) y el Escenario de Emisiones Netas (NZE), alcanzando casi 40 millones de toneladas solo de litio para atender la producción de 58 millones de automóviles proyectados para ese año pico.

Según el informe de la EIA, los “beneficios de la expansión del mercado de las energías limpias y de automóviles se reparten entre las distintas regiones”, sobre todo en relación a la minería. “América Latina acapara la mayor cantidad de valor de mercado para la producción minera, con alrededor de 120.000 millones de USD para 2030. Indonesia registra el crecimiento más rápido, duplicando su valor de mercado para 2030 debido a su floreciente producción de níquel. África registra un aumento del 65% en valor de mercado para 2030. Casi el 50% del valor de mercado del refinado se concentrará en China en 2030”, sostiene el documento.

Las tecnologías y el poder

El profesor de la UNAM, especialista en la industria automotriz, anuncia que lo que se perfila con el nuevo esquema de producción es un nuevo paradigma de poder, donde no solo se posicionan las economías avanzadas, sino que, también, las corporaciones que tienen en sus manos la cadena productiva. “Hoy quien detenta la articulación de estas tecnologías, empieza a situarse como un elemento de poder. Sobre cualquier proceso, no solo productivo, político, sino también social”.  

Por un lado, señala el economista, se observa una fuerte competencia del lado asiático con China a la cabeza y por otro lado están los Estados Unidos y Rusia en las nuevas áreas tecnológicas que, incluso, se expanden o desprenden del complejo industrial militar.  “Ahí vamos a ver el ascenso de algunas empresas vinculadas a los grandes aparatos corporativos financieros que van a tener un ascenso vertiginoso y que van a poder dominar muchísimas áreas y regiones a escala planetaria. Estamos en una fase de ver quien acumula más poder”, dice el profesor. 

En esta carrera por el dominio del mercado de la nueva matriz tecnológica, de la producción de automóviles eléctricos, microchips, el control de los minerales y todas las cadenas productivas, “observamos una rivalidad entre estas potencias y nuevamente vamos observar países dependientes que no lograrán desarrollar sus propias bases tecnológicas y que estarán bajo la egida de estos entes de poder”, acrecienta el investigador.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía afirma, en su documento llamado Perspectivas Tecnológicas de la Energía 2024, que los países en vías de desarrollo cuentan con oportunidades. “Más allá de la minería y el procesamiento de minerales críticos, los países de África, América Latina y el Sudeste Asiático tienen perspectivas de impulsar sus ventajas competitivas y ascender en la cadena de valor”, sostiene el informe. Para ello se plantea la creación de más infraestructura de energías limpias, tendidos eléctricos de alta tensión, puertos y gasoductos.

La lógica de la AIE es que, a través de esta infraestructura, los países emergentes puedan colocarse en algún eslabón de las cadenas productivas, sobre todo con más exportaciones de componentes, como Brasil, quien “está dotado de abundantes recursos energéticos renovables, que constituyen una buena base para las exportaciones de amoníaco, hierro y acero con emisiones próximas a cero a mercados en los que la producción de estas materias primas es más costosa, como Europa y Japón”.

Para establecer las ensambladoras de autos se pretende que sea en países con salarios bajos, con acceso a minerales, agua y demás recursos necesarios, como el norte de África, donde se va establecer “un centro de fabricación de vehículos eléctricos. La inversión ya está en marcha y, si la región es capaz de alcanzar su potencial en consonancia con la consecución de cero emisiones netas en 2050 a escala mundial, el norte de África exportará en 2035 casi la mitad de los 3,7 millones de vehículos eléctricos que produzca para entonces, en su mayoría a la Unión Europea”, anuncia el documento de la AIE.

África al igual que China, Canadá y Brasil concentran grandes yacimientos de espodumeno (mineral que contiene litio, aluminio y silicio, y es una fuente de materiales cerámicos) los cuales según la Agencia de Energía “también están en condiciones de registrar un fuerte crecimiento”, además de otros yacimientos que solo contienen litio en Argentina, Australia y China.  

Más allá del dióxido de carbono

Está claro que la narrativa sobre la crisis climática se ha centrado en las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO₂) pero, dice el investigador de la UNAM, tenemos que ver más allá y poner atención en lo que implica la aceleración del extractivismo justificado para la economía verde. “Solo el uso de agua que requiere la extracción de los minerales para los michochips son monstruosos. Es por ello que están establecidos en Corea del Sur y en California, porque son los que tienen agua disponible. Entonces cuando nos venden la alternativa con el automóvil eléctrico nos están vendiendo una gran mentira, porque siguen afectado el metabolismo de la naturaleza”. 

Además, agrega el profesor, “sumamos los componentes de polímero, derivados de los hidrocarburos. La contaminación va quedando en la cadena de valor, en los procesos previos. Ahí hay que colocar el acento”.

En el fondo “la economía verde busca una tasa de ganancia cada vez más alta. Y un producto novedoso, con el plus de la no contaminación, esto está generando grandes ganancias, pero sigue siendo contaminante. Ya no vamos a ver el humo, pero veremos más geografías devastadas”.

Es así que el problema de la crisis climática se está atendiendo con la venta de nuevas tecnologías y nuevas cadenas productivas, en especial, la del automóvil eléctrico particular, cuando tal vez se debería atender las alternativas de transporte colectivo. “Es importante cobrar conciencia de este modo de vida y de consumo, porque es insostenible para la naturaleza y tenemos que pensar en otra forma de vida”, concluye el economista.

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Fragmentos del Programa Cultural del Encuentro de Resistencia y Rebeldía

Material de Tejemedios (https://tejemedios.yanapak.org) y Tercios Compas
Edición: Tercios Compas

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

La Tormenta y el Día Después. Teatro Zapatista

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MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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EL CAPITALISMO: CRUEL, INHUMANO Y CRIMINAL
OBRAS DE TEATRO

Escena 1 DESCARGAR VIDEO

Cientos de jóvenes zapatistas realizaron una obra de teatro presentada en dos partes, el 31 de diciembre se presentaron las primeras seis capítulos, el día 1 de enero presentarían la segunda y última parte donde comparten la idea que tienen del mundo, sus preocupaciones y las ideas que les guían para el futuro. Las y los zapatistas siendo ejemplo y semilla con sus años de caminar en la autonomía y escuchándose y escuchando a otres.

“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”.
Obra de Teatro en 12 escenas con jóvenes y jóvenas zapatistas de los 12 caracoles.
Festival cultural del 31 aniversario del levantamiento zapatista. Oventic, Chiapas, México, 2025.
Cámara y edición: Noticias de abajo y Del Barrio News.

https://wp.me/p6BKO7-3CQ

Parte I

Parte II

Puedes descargarlos aquí:

PARTE 1 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/985151073464768

PARTE 2 https://www.facebook.com/LosTejemedios/videos/588930103747496

PARTE 1

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte1_obrazapatista

PARTE 2

https://nube.yanapak.abyaya.la/s/parte2_obrazapatista

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters}

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Participación Zapatista: Audios y Videos para Descargar
Para firmantes de la Declaración por la Vida, compas zapatistas y herman@s partidistas

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SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024
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Presentación

Capitán Insurgente Marcos
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SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024
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La Cofa del Vigía: Un largavista hacia el ayer

Capitán Insurgente Marcos
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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte I. Genealogía del Común Zapatista

Subcomandante Insurgente Moisés y Miembros del CCRI-CG del EZLN

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CCRI-CG del EZLN
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Subcomandante Insurgente Moisés
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Subcomandante Insurgente Moisés
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Subcomandante Insurgente Moisés
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DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024 
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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte II. Mujeres

Comandantas del CCRI-CG del EZLN y autoridades de Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. 

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DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024 
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Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte III. Los primeros pasos del Común Zapatista

Subcomandante Insurgente Moisés y Miembros del CCRI-CG del EZLN 

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Promotoras y promotores del Sistema de Salud Autónoma Zapatista

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El árbol, la piedra y el mañana

Capitán Insurgente Marcos
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LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024
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Genealogía del Común Zapatista

Subcomandante Insurgente Moisés
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La Cofa del Vigía: Señales al mañana

Capitán Insurgente Marcos
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Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía.
Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.

Asistencia: ¿algunas partes del todo?

Personas registradas hasta el 2 de enero del 2025:

.- 1079 asistentes firmantes de la Declaración por la Vida.

.- 245 grupos, colectivos, movimientos u organizaciones.

.- 35 medios libres, autónomos, independientes, o como se llamen.

.- Procedencia:

          .- 31 estados de la República Mexicana (todos menos Campeche)

          .- 46 países o geografías del mundo.

.- Más 900 zapatistas asistentes a las mesas en CIDECI los días 28-29 y 30 de diciembre del 2024. Autoridades autónomas, promotores de salud, de educación y de como mujeres que somos, bases de apoyo, milicianos, milicianas, mandos político-organizativos.

Es todo.

Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista.
Enero del 2025.