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Avispa Midia

La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina

Fuente: Avispa Midia

por Darío Aranda

Andalgalá es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Allí se instaló, en pleno menemismo, Minera Alumbrera. Fueron más de 25 años de explotación sin cumplir las promesas de trabajo, desarrollo local, ni cuidado del ambiente. Andalgalá también es un epicentro de la resistencia: desde hace más de veinte años se movilizan en rechazo al extractivismo. Llevan 696 caminatas (cada sábado) en defensa del agua y la vida. Y están en alerta por la llegada de la multinacional Pan American Silver (PAS), que intenta explotar el cuestionado proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen los ríos que brindan agua a la región.

El cartel es enorme, blanco con letras negras y ubicado en un lugar estratégico, en la esquina de la plaza 9 de Julio, pleno centro de Andalgalá: “En defensa del agua y de la vida. Andalgalá libre de megaminería”. Y debajo de una bandera de Argentina, aporta otro concepto: “Más letal que el Covid-19 es la corrupción de los gobiernos y de las mineras”. Resume el clima que se palpa en esta ciudad, la segunda en cantidad de población (luego de la capital provincial). El mensaje refleja buena parte del sentir de la población, que -desde la llegada de la actividad- sufrió una decena de represiones, judicialización y la modificación radical de su forma tradicional de vida.

En ese contexto, se conoció que la multinacional canadiense Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo) adquirió a la minera Yamana Gold, principal accionista del proyecto MARA. El comunicado corporativo informa: “Se completó la adquisición de Yamana Gold. Se espera un aumento significativo en la producción de plata y oro y mejores márgenes operativos”. El proyecto MARA (antes llamado solo Agua Rica) estaba en manos del consorcio de Yamana Gold, Glencore y Newmon. La incorporación de PAS intentaría darle impulso.

Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo -histórico espacio en lucha por la defensa del agua- recuerda que el proyecto minero MARA es “ilegal” porque está en zona protegida por la Ley Nacional de Glaciares (26.639) y precisa la vigencia de la ordenanza 029 que protege los ríos de Andalgalá. “Siempre les decimos a estas empresas, sea PAS o sea Yamana, que no permitiremos la explotación de estos proyectos, porque violan derechos humanos, porque está en juego nuestra el agua y la vida del pueblo”, afirma.

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La organización canadiense Mining Watch sigue de cerca el accionar de la empresa y emitió un comunicado en el marco de la reunión anual de accionistas de la empresa: “Pan American Silver adquiere más activos tóxicos con la fusión con Yamana. La empresa ha declarado un compromiso con los derechos humanos, pero este discurso es contrario a su patrón de adquisición de activos con historial de violaciones de derechos indígenas, violencia y fuerte oposición local”.

El malestar contra la megaminería en Andalgalá tuvo un punto alto en abril de 2021, cuando ardió la sede de Yamana Gold. Sobrevino más represión: una decena de vecinos y vecinas (la mayor parte integrantes de la Asamblea El Algarrobo) fueron apresados durante dos semanas, sin ninguna prueba de haber sido culpables del incendio. En mayo de 2022 también hubo dos represiones en la vecina localidad de Choya, donde cerraban el paso a la minera. El Poder Judicial volvió a criminalizar a los vecinos: hubo decenas de judicializados. No es casual que en Andalgalá se afirma, por el incumplimiento de derechos, de la vigencia de una “dictadura minera”.

Rosa Farías, abuela y parte de Asamblea El Algarrobo, remarca que seguirá la lucha contra la megaminería porque saben que el proyecto MARA pone en riesgo a toda la población de Andalgalá. “No es agradable enterarse de la llegada de PAS, sabemos que es una empresa poderosa y que tiene el aval del Gobierno, ambos hacen como que no existimos, no nos escuchan, pero haremos respetar nuestros derechos, de nuestros hijos y nietos”, advierte.

“Fuera, fuera, fuera las mineras”, es el grito que resuena cada sábado al atardecer en Andalgalá. Desde hace más de 10 años es un rito el caminar alrededor de la Plaza 9 de Julio con decenas de pancartas y banderas que grafican el rechazo al extractivismo. Sergio Martínez resume el pasado y presente: “La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina, no solo con Alumbrera en Andalgalá. No pueden demostrar que no destruyen, que no contaminan y que no nos saquean. Es un sistema de destrucción, contaminación y saqueo que no es viable como modelo de desarrollo para Andalgalá ni para ningún lugar del país”.

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El mismo Martínez aporta un dato más de “las mentiras” de empresas y gobiernos, en base al propio presupuesto oficial: las regalías por la megaminería representan solo el 1,68 del presupuesto provincial. Recuerda que el 1 de julio se cumplieron 700 caminatas en Andalgalá, donde volvieron a flamear dos banderas históricas: “El agua vale más que el oro” y “Andalgalá no se vende. El Aconquija no se toca”.

Pan American Silver es una compañía ya conocida en Argentina y América Latina. Desde hace 15 años intenta la explotación en Chubut el proyecto de plata y plomo llamado Navidad. Contó con el apoyo de todos los gobiernos (provinciales y nacionales), pero no pudo avanzar por el amplio rechazo de la población. Un hecho histórico se dio en diciembre de 2021, con una movilización popular conocida como “el chubutazo”, cuando tras siete días de movilización en las calles (e incluso incendio parcial de la Casa de Gobierno), el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás y restituir las restricciones a la megaminería.

Una versión de ese texto se publicó en Página 12

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Avispa Midia

Radio Tosepan se opone a transmitir propaganda de partidos políticos

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.

Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.

Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.

En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.

Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.

Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.

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Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.

Lo que sigue

Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.

El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.

Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.

Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.

Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.

“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.

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Avispa Midia

Bacalar: los olvidados que va dejando el despojo del Tren Maya

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: María Dolores y su esposo en su hogar, a pocos pasos del trazo del tramo 6 del Tren Maya. Foto: Santiago Navarro F

Bacalar, en el estado de Quintana Roo, fundada por los mayas en el año 415 d.c., fue uno de los principales centros de resistencia del pueblo Maya contra la colonización española. Hoy, los vestigios monumentales de la antigua ciudad maya de Ichkabal, los más antiguos de esta civilización que se conocen hasta ahora, y su Laguna de Siete Colores atraen turistas de diversas partes del mundo, quienes ocupan los hoteles y restaurantes que forman una especie de muralla alrededor de la laguna, restringiendo su acceso a los que pueden consumir los diversos servicios.

A unos pocos kilómetros del alboroto turístico, el equipo de Avispa Mídia se internó por pequeñas brechas en el bosque tropical, que aún sobrevive en las orillas del municipio, para encontrarse con el trazado por donde pasará el Tren Maya, la megaobra estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto “fortalecerá la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán”, según argumentan los documentos oficiales del gobierno, y atraerá aún más turistas para la región, a pesar de los cortes frecuentes de energía, la falta de agua y el drenaje colapsado.

Después de caminar alrededor de quince minutos, aparece una gran brecha de 60 metros de ancho con una largura que parece infinita. A las orillas yace parte de la vegetación moribunda, el resto fue retirado hacia un paradero desconocido. La brecha fue rellenada con una capa de arcilla arenosa conocida como sascab y compactada más de una vez. Todo está listo para la siguiente fase que es el tendido de las vías, los durmientes y el balasto que cargará los vagones del tren que cruzará por esta región.

Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago

De pronto, a lo largo de la brecha, aparece una humilde casa, como si hubiera bloqueado la línea recta del desmonte. Sobrevivió al ir y venir de la maquinaria pesada que devastó miles de árboles a su paso. La casa pertenece a una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, donde vive con su familia, su esposo y dos hijos, desde hace12 años.

La resistencia de esta familia es lo que aún mantiene la casa en pie. “A nosotros nos quieren sacar de nuestro hogar bajo amenazas. Vienen personas y nos amenazan para que salgamos, nos dicen que van a reubicarnos, que agarremos lo más necesario de nuestras cosas y que nos van a llevar”, cuenta María para Avispa Mídia, sosteniendo que personas del propio Ejido de Bacalar y, otras veces, personas que no se identifican son quienes les amedrentan.

Un día después que el equipo de este reportaje estuvo con María y su esposo, personas vestidas de militares fueron a su casa amenazándoles nuevamente con que se retiraran. Pero ella afirma que va a defender hasta las últimas consecuencias estas tierras.

No obstante, este gran proyecto avanza a marchas forzadas. Esta región comprende el tramo 6, previsto para estar listo para operar a finales de 2023. Es uno de los tres tramos del Tren Maya que están bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).


El tramo 6 del Tren Maya posee una longitud de 250.84 km y 4.66 km de gaza de conexión con el Tramo 7, dando un total de 255.50 km, entre las ciudades de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo. La línea ferroviaria es de doble vía, considerada para tráfico mixto, de pasajeros y de carga. Las locomotoras viajarán a velocidades máximas de 160 km/h para trenes de viajeros y mínima de 85 km/h para los trenes de mercancías. Pasará por las poblaciones de Nuevo Progreso, Pedro Antonio Santos, Limones, Miguel Hidalgo y Costilla, San Isidro de la Laguna, Buenavista, Caan Lumil, Bacalar, Aarón Merino y Cuauhtémoc, mismas que integran la región prioritaria de influencia del proyecto ferroviario.

El proyecto suma una superficie de 1,582.13 has., de acuerdo con estudio de Greenpeace, sin considerar otras obras vinculadas, como pasos vehiculares, obras de drenaje, campamentos, centros de acopio y subestaciones. El Tren Maya, en sus siete tramos, tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.


“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos notificó sobre las obras del tren. Un día, hace cuatro meses, nos despertamos y vimos que personas estaban derrumbando los árboles. Nos acercamos para preguntar porque estaban derrumbando y fue cuando la gente que estaba trabajando nos dijo que iba a pasar el tren”, se acuerda María con gran tristeza.

Foto: Renata Bessi

Un día, sin pedir permiso, llegaron a mover la cerca que delimita la propiedad de María. “Salimos a hacer compras, cuando regresamos habían movido la cerca, disminuyendo nuestras tierras. Mi esposo la puso nuevamente”, cuenta esta mujer Maya. Mientras, sus vecinas fueron abandonando sus predios una a una. “Quién sabe para dónde fueron. No sabemos”, agrega María.

Trabajan día y noche en la construcción de la vía. Deforestaron toda el área. Tumbaron todo lo que había, rasparon la tierra negra, característica del bosque tropical, y trajeron una tierra de color amarillo claro, rellenaron y aplanaron la vía. Cerca de la casa de María, alrededor de un kilómetro, está la construcción de lo que está previsto para ser la estación de pasajeros de Bacalar.

Cuando María se dio cuenta de lo que significaba el proyecto que se desarrolla frente a su vivienda, inmediatamente se dirigió a la casa ejidal de Bacalar. “Nosotros compramos las tierras del ejido. Tenemos papeles firmados y sellados por ellos (los ejidatarios). Como compramos de ellos tenían la responsabilidad de notificarnos. Teníamos todo el derecho de saber lo que se avecinaba”, comparte María con cierta rabia.

Tampoco los intentos hechos por la familia directamente en la casa ejidal han resultado en la apertura de un canal de diálogo. “No hay ninguna comunicación. Ellos se cierran a nuestras preguntas. No se prestan para hablar con nosotros, se nos cierran las puertas. Nos dan vueltas. Dicen cosas, pero no hay una respuesta concreta. Nos tratan con la punta del pie”, agrega María.

María y su familia no piensan en salir de su casa. “Estamos firmes. No queremos dinero, tampoco queremos ir a otro lugar. Esta casa tiene un valor muy especial. Empezamos de cero. Primero con una casa de maderita y fuimos luchando poquito a poquito. Es muy triste ver todo esto que, de repente, vengan y te digan, no, pues tienen que salir de tu casa” y, además, “destruyen nuestros arbolitos, alejan a los animalitos que aquí vivían, como las guacamayas, los loritos, los venaditos, el jaguar”.

La mayor parte del bosque que se destruyó es conformada por “arbolitos como estos”, exclama María al señalar una Ceiba, que aún sobrevive en su patio. Es considerado por el pueblo Maya como el árbol divino, el de la vida. “Es el árbol que nos conecta con los dioses”, comparte con certeza.


De los 1,582.13 has. que suma la superficie del proyecto, 92.22% es considerado como terreno forestal para cambio de uso de suelo. Alrededor de 1,388 hectáreas son de Selva Mediana Subperennifolia, 48.0989 hectáreas son consideradas como terrenos forestales que sostienen vegetación del tipo Selva Baja Subperennifolia, así mismo se consideran 15.3584 hectáreas de Tular y 6.6751 hectáreas de Manglar.


¿Qué pasó con las tierras?

Las tierras para el proyecto fueron vendidas por el Ejido Bacalar al gobierno federal. Fueron consideradas de utilidad pública y expropiadas. El decreto fue publicado recientemente, el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con el decreto de expropiación, el 9 de julio de 2022, en asamblea general, los 167 ejidatarios del Ejido Bacalar aprobaron el convenio de ocupación previa con Fonatur, respecto de las tierras de uso común que comprenden la superficie de 56 hectáreas, 80 áreas y 44 centiáreas.

El 14 de septiembre de 2022, Fonatur solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la expropiación, por causa de utilidad pública.

A los integrantes del comisariado del Ejido Bacalar se les notificó el 11 de febrero de 2023, la solicitud de expropiación y la superficie a expropiar. De acuerdo al documento, se les informó que contaban con 10 días hábiles para que “manifestaran lo que a sus intereses conviniera”. En dicho plazo no realizaron manifestaciones.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió, el 21 de diciembre del 2022, una evaluación en la cual determinó que el monto total de indemnización, con base en el valor comercial, asciende a $150 millones y 276 mil pesos.

Va porque va

El ejidatario Luis Chimal Balam, autoridad agraria que estuvo al frente de las negociaciones con el gobierno federal, dijo para el equipo de Avispa Mídia que el pago por las tierras ya fue realizado. “Nos pagaron lo que pedimos”, comenta.

Foto: Renata Bessi

El ejidatario se acuerda que, en el inicio de las negociaciones, en 2020, el gobierno federal envió al ejido a varios representantes de diversas instancias gubernamentales. “Incluso un teniente fue enviado para negociar. Nos dijo que iban a depositar el dinero de la expropiación en el banco. Nos dijo: ´cuando ustedes quieran lo pueden cobrar, y si no lo quieren, no lo cobren. El tren va a pasar, porque va a pasar´”, se acuerda.

Entonces, “les dijimos que estaban equivocados, que no era así, que nos iban a dar lo que nosotros pidiéramos; no porque somos gente humilde nos van a venir a humillar, no se equivoquen, les dijimos”.

Así que se abrió un proceso de negociación de cuatro reuniones, “hasta llegar a un arreglo”.

El ejidatario admite que el Tren Maya “no nos va a beneficiar; nos dijeron que iba a dar trabajo a la gente del pueblo, no hubo nada”.

Sin acuerdo

Uno de los puntos que los ejidatarios quisieron negociar con el gobierno federal, sin lograrlo, como moneda de cambio para el avance del Tren Maya, fue que se resolviera el litigio en que se encuentran 368 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores.

En 1971, se decretaron 368 hectáreas de las tierras del ejido, que están alrededor de la Laguna, a favor del gobierno del Estado. Y el gobierno las vendió, “para puros políticos y funcionarios de gobierno”, lo que permitió la privatización de gran parte de las orillas de la Laguna. Los ejidatarios han metido demandas para recuperar las tierras, “pero han salido sentencias negativas”.

Embarcaciones en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar. Foto: Aldo Santiago

Los ejidatarios presentaron la demanda directamente al gobierno federal. “Con López Obrador he tratado personalmente, he llevado las carpetas, para que se haga justicia, que se devuelva las tierras. Y hasta a la fecha no hay ninguna solución a favor de nosotros”, reclama el ejidatario.

El ejido no representa el Pueblo Maya

El integrante de la Asamblea Múuch´Xíimbal del Pueblo Maya, Aldair T´uut´, considera que no se respetó el derecho a la autonomía y a la libre determinación del Pueblo Maya en las decisiones tomadas por los 167 ejidatarios.

Foto: Renata Bessi

“Ellos tienen su papel como ejidatarios, pero no representan al territorio maya. Dejaron en manos de un puñado de personas ese tipo de decisiones que al final corresponden a toda la comunidad Maya”, dijo para Avispa Mídia.

Sostuvo que “milenariamente hemos estado acá, antes de que existiera la Constitución, antes que existiera el presidente, antes que existiera el propio Estado de México; entonces, somos nosotros quienes debemos de decidir”.

Este tipo de situación ha pasado en toda la Península de Yucatán, advierte T´uut´. “El gobierno federal, a lo mucho, se acerca con los comisarios y ahí sabemos que el Estado ya tiene experiencia en ese tipo de cosas de corromper a las autoridades ejidales. Ya son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan acá, pues ya tienen como que un plan bastante servido a donde confrontan y juegan con el propio ejido. Unos quieren vender las tierras, otros no lo quieren. También juegan con la necesidad y el empobrecimiento de las comunidades”.

Foto: Renata Bessi

Mientras tanto, María y su familia, gente que no figura en las negociaciones, terminaran por ser desplazados y posiblemente olvidados por las autoridades.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la Fiscalía de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

6 de julio de 2023

Boletín No. 16

 

 

José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la FGE

 

  • Ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad, sin garantía de una defensa adecuada y juicio justo por parte del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
  • Cuatro BAEZLN en riesgo inminente de ser arbitrariamente detenidos.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exige la libertad inmediata del Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) José Díaz Gómez (José Díaz), quien lleva ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas.

José Díaz, indígena Cho´l, originario de la Ranchería “El Trapiche”, ubicado en el municipio oficial de Salto de agua, perteneciente al municipio autónomo Francisco Villa, Junta de Buen Gobierno “Que habla para todos”, Caracol V, Roberto Barrios, es un campesino detenido de manera arbitraria y con señales de uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en su momento desaparecido forzadamente e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva quienes llevaron a cabo la orden aprehensión.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, le ha vulnerado la garantía al debido proceso, acusado del delito de robo ejecutado con violencia. Además, existen órdenes de aprehensión por el mismo delito en contra de otros cuatro BAEZLN, que los ponen en inminente riesgo a su dignidad y derecho humano a la libertad, lo anterior, como una forma de intimidación y acoso a la autonomía zapatista.

El Frayba documentó que el 25 de noviembre de 2022[1], José Díaz fue detenido aproximadamente a las 16:00 horas, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas. En compañía de un familiar, fueron interceptados por una camioneta de color negra, con policías abordo, le enseñaron una supuesta orden de aprehensión, lo subieron a la góndola de la camioneta, esposado, vendado de los ojos, golpeado en varias partes de su cuerpo, fue despojado de 1,400.00 pesos, cartera y su credencial.

Fue trasladado a la Fiscalía en el municipio de Palenque, Chiapas donde le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, refiere que en todo momento no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni mucho menos por un abogado. Allí permaneció detenido los días 25 y 26 de noviembre. El 27 de noviembre le realizaron una audiencia dando inicio su proceso judicial, ese día le cambiaron de ropa, y ahí mismo se enteró que lo acusan de un supuesto robo agravado por la cantidad de 22 mil pesos en septiembre de 2022.

El Frayba evidenció la situación jurídica, en donde existe contradicción de modo, tiempo y lugar frente a la detención ejecutada por los policías adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva; en la Carpeta de Investigación refiere que la detención de José Díaz fue el 27 de noviembre a las 21:05 horas en el municipio de Palenque, evidenciándose las contradicciones sobre su verdadera detención, vulnerando sus derechos humanos, bajo una detención ilegal, arbitraría y con acciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.

Por otra parte, la Fiscalía del Distrito Selva solicitó una orden de aprehensión con datos de prueba deficientes y sin apego a los principios de eficacia, profesionalismo y objetividad, en la que no se encontraron mayores indicios para asumir la responsabilidad penal directa.

Actualmente José Díaz, está en espera de llevar a cabo su audiencia de etapa intermedia, ya que la Fiscalía solicitó plazos de investigación complementaria desde diciembre de 2022, sin embargo, la situación de dilación procesal, criminalización y contubernio de autoridades trae como consecuencia el riesgo de seguir privado ilegalmente de su libertad por más de 1 año.

Exigimos a la Fiscalía el desistimiento de la acción penal perpetrada en contra de José Díaz indígena Cho´l, con fines de criminalizarlo de manera injusta y mantenerlo privado de su libertad.

Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse y a exigir a la Fiscalía General y Poder Judicial del Estado la Libertad Inmediata del compañero José Díaz Gómez BAEZLN.

 

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[1] (sobre la detención hay un documento enviado por el Juez rural autónomo de Francisco Villa) citado textualmente: “José Díaz es BAEZLN, edad 44 años viven en Trapiche municipio de salto de agua, Chiapas detenido el viernes 25 de noviembre a las 5 pm no sabemos porque motivo lo detuvieron que sea urgente la búsqueda

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

El FrayBa y la OMCT exponen ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la situación de desplazamiento y violencia en Chiapas

El CDH Frayba y la OMCT expusimos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nuestra preocupación por la situación de desplazamiento forzado en México, y por la violencia particular que causa este fenómeno en los pueblos originarios de #Chiapas.

En voz de Dora Roblero, directora del CDH Frayba agradecimos el informe de la Relatora Especial en materia de Desplazamiento tras su visita al país, reconocimos la importancia de sus hallazgos, y urgimos al Estado mexicano cumplir con sus recomendaciones.

Acá su intervención 📲

https://media.un.org/en/asset/k1s/k1spzpihu3?kalturaStartTime=10926

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Comunicado Pueblo Creyente por la Paz. Julio 2023

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas Comunicado del Pueblo Creyente Peregrinación por la Paz

Al pueblo de México

A todas las confesiones religiosas

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los tres niveles de gobierno

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

 

“La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad

y confianza para siempre” (Isaías 32,17).

 

“La paz es un grito que merece ser escuchado”.

(Papa Francisco, 25.10.22)

 

 

El día de hoy como Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas unimos nuestro clamor con la de nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Queremos ser agentes constructores de paz, entendiendo, como afirma el Papa Francisco, que “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo” (Fratelli Tutti 229).

Como humanidad muchas personas siguen construyendo un mundo individualista, egoísta donde se buscan los propios intereses sin importar el bien común, un mundo en donde reina la mentira, la avaricia, la envidia, las divisiones, los pleitos, las confrontaciones, las guerras a todos los niveles de la vida social y que poco a poco también van generando destrucción y muerte.

La misión profética del Pueblo Creyente nos pide estar de pie y de proclamar su palabra, por eso vemos esta realidad que vivimos:

  • LA VIOLENCIA Y ENFRENTAMIENTO GENERADOS ENTRE GRUPOS ARMADOS Y DEL NARCOTRÁFICO: Que provocan secuestros, desapariciones, miedo, dolor, sufrimiento, heridos y asesinatos. La disputa de territorio por grupos criminales ha ocasionado el desplazamiento forzado de personas y familias enteras. El narcomenudeo ha penetrado en las escuelas en zonas urbanas y comunidades.

También aumenta el paso de personas migrantes, de otros países por nuestro territorio chiapaneco, la migración forzada de personas y familias de nuestras comunidades, sea por la pobreza o por la violencia generalizada.

  • CONFLICTOS TERRITORIALES: Notamos también que hay comunidades y organizaciones que continúan en conflicto por la tierra, pero, que están buscando caminos de dialogo, reconciliación y toma de acuerdos para el bien común.
  • EL AUMENTO DE CANTINAS: Vemos cada vez más el aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en las comunidades, donde también han sido centros de prostitución a menores y venta de drogas. Donde el gobierno ya no tiene control, e incluso algunas autoridades están coludidas.
  • LA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE AGENTES DE PASTORAL DE DIFERENTES PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS: Vemos la fabricación de culpables, por ello denunciamos la arbitraria privación de la libertad de nuestros hermanos de San Juan Cancuc: Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez. Quienes, por defender su territorio, han sido condenados a 25 años de prisión mediante un proceso legal ineficaz, injusto, con violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, carente de valor jurídico. Por ello, exigimos su libertad inmediata y absoluta, y de otros hermanos presos o sentenciados injustamente.
  • EL ATAQUE Y DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Hemos notado que hay persecución y ataque a las comunidades autónomas de parte de organizaciones armadas, que quieren desalojarlos de las tierras que habitan para quedarse con ellas y explotar los recursos naturales para obtener ganancias. Todo esto genera miedo y desplazamiento forzado en estas comunidades.
  • EL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA:

Se deja escuchar un discurso de negación de la realidad de la violencia e integridad e inseguridad que vivimos por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero como Estado tiene responsabilidad de esta violencia que sufrimos a nivel estatal y nacional.

Cada día también se nota más la falta de fe en Dios, o a veces sí se cree en Dios pero buscamos un dios a nuestra medida, un dios que justifique nuestros egoísmos y no nos dejamos conducir por el verdadero Dios que nos llama a buscar la verdad, el bien, la justicia, la búsqueda organizada del bien común y de la solidaridad hacia las persona más vulnerables, pobres y marginadas de nuestra sociedad.

Como Pueblo Creyente:

  • Estamos buscando los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos que se presentan en nuestras comunidades.
  • Procuramos no caer en este juego de violencia y venganza. No vamos a caer en la violencia que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje, que “no pasa nada”. Y vamos a estaratentos a su estrategia de contra-insurgencia y militarización. Ya sabemos que la militarización es para hacer más posible el despojo y el saqueo de nuestros bienes. Ya sabemos que promueven la acción de los paramilitares, grupos armados y se alían con ellos.
  • El Dios de la Vida nos llama siempre a ser personas dadoras de vida y para ello es necesario fortalecer nuestra espiritualidad. Por eso seguiremos fortaleciendo nuestra fe y nuestra voz profética para contribuir a la construcción de caminos alternativos de transformación y vida de nuestra sociedad tan golpeada por la violencia y la impunidad.
  • Continuaremos realizando nuestros ayunos y oraciones, nuestras peregrinaciones que nos animan a la esperanza en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Lo cual también incluye la denuncia de las injusticias y la impunidad que sufrimos como sociedad.
  • Se empiezan a notar también las campañas electorales anticipadas y disfrazadas de muchas maneras en diferentes puntos de nuestro estado de Chiapas, por eso nosotros buscaremos no caer en las divisiones que provocan estas campañas políticas.
  • Seguiremos acompañando los sufrimientos de hombres y mujeres que sufren, independientemente de su cultura, posición social o religión.
  • Seguiremos caminando en sinodalidad, comunión y participación, de manera respetuosa, pacífica y dialogante, por la paz en nuestro territorio y en todo México.

Llamamos:

  • A todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a estar atentos y a solidarizarse activamente con estos casos de criminalización, los cuales se suman a la persecución de quienes buscan caminos de paz con justicia y dignidad para los pueblos.
  • A todos los hombres y mujeres de buena voluntad a ser constructores y constructoras de la paz.

Pedimos a María, Reina de la Paz, que interceda ante el Dios de la Vida, en favor de su pueblo y de sus hijos e hijas que luchan por la paz.

 

¡Alto a la persecución y amenaza de los defensores de derechos humanos!

¡Libertad a los cinco presos de San Juan Cancuc!

¡Justicia para nuestros hermanos y hermanas asesinados!

Pueblo Creyente, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 5 de julio de 2023

Descarga el Comunicado del Pueblo Creyente en PDF (213.15 KB)

 

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Alzamos nuestra palabra por la Paz en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de julio de 2023

Boletín No. 15

 

Alzamos nuestra palabra por la Paz en Chiapas

  • Recordamos y honramos a Simón Pedro como símbolo de quien lucha, sirve y da la vida por su pueblo.

 

Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, afirmamos nuestra vocación y apuesta por los caminos de la Paz y la Justicia, junto a los pueblos y comunidades desde donde constatamos que en estas tierras se han ido levantando procesos de respeto y defensa por la vida y el territorio. Nos sumamos al caminar del Pueblo Creyente para construir la Paz desde abajo, para desmontar la violencia que está lacerando las comunidades y pueblos en Chiapas.

Recordamos en su segundo aniversario luctuoso a nuestro compañero de lucha Simón Pedro Pérez López, quien dio su vida por el pueblo, su andar es un ejemplo de servicio, compromiso, lucha inquebrantable y apuesta a lo organizativo es por ello que hoy abrazamos a su familia, a su comunidad Nuevo Israelita, y a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Nos sumamos a las voces y la accion necesaria por la Paz en todo el territorio de Chiapas y de México, en medio de una agudización de la violencia que genera una grave crisis de seguridad y violaciones a derechos humanos; los gobiernos Federal y Estatal pretenden ocultarlo y negarlo de manera deliberada ya que están implicados. Es claro que no se puede tapar la realidad con discursos vacíos en medio de una inseguridad y terror que emana de la delincuencia organizada en complicidad con funcionarios de las tres esferas gubernamentales, lo que también arrastra un profundo desgarramiento del tejido social de las comunidades y pueblos, teniendo como consecuencia un alto riesgo a la vida, seguridad e integridad física y psicológica, siendo los grupos más vulnerables las niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad.

El actuar del gobierno mexicano permite que impere la violencia. La impunidad y vínculos entre la delincuencia organizada con la clase política ha permitido su fortalecimiento y control territorial sobre la población mediante el terror, asesinatos, desaparición, tortura, robo, despojo y desplazamientos forzados, entre otros perjuicios.

En Chiapas hay un sistema de justicia que criminaliza a las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, fabrica delitos y culpables, como el caso de los cinco compañeros de San Juan Cancuc, de los dos compañeros de San Jerónimo Bachajón, y Manuel Gómez Vázquez Base de Apoyo del EZLN, así como a Bersaín Velasco García ambos del municipio de Ocosingo, Chiapas, todos indígenas tseltales. Hoy exigimos su libertad y alto a la criminalización.

Son múltiples los agravios y las expresiones de la violencia, se suman también las agresiones contra la población civil y violaciones a la tierra y territorio en comunidades y pueblos autónomos; una agudización del fenómeno del desplazamiento forzado que tan solo del año 2021 a la fecha ha dejado alrededor de 7500 víctimas; así  como un aumento de la desaparición de personas en medio de la disputa de los territorios por parte de la delincuencia organizada, además de la remilitarización a través de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, cuya estrategia de seguridad ha sido evidenciada como fallida.

En medio de este contexto convocamos a quienes la Paz le resuena en su corazón como un camino para fortalecer e inspirar a cambiar estos días de obscuridad por caminos de luz, que nos provoque a reconstituir los pueblos y comunidades que están siendo asediadas por estos males. Evocamos a nuestro jTatik Samuel Ruiz García, del mismo camino que sigue el Pueblo Creyente en Chiapas para que todas y todos transitemos por la defensa de la vida y el territorio desde la dignidad de los pueblos que somos.

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA CIPOG-EZ

La guerra que recorre al país: Nuestro respaldo total al EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional 

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

A quienes suscribieron la Declaración por la Vida

A los pueblos y comunidades de Guerrero

Al movimiento social Guerrerense

A los medios de Comunicación 

A las organizaciones de Derechos Humanos

 

6 de julio de 2023

Hermanos y hermanas de México y del mundo, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), escuchamos con mucha atención y preocupación la palabra del EZLN así como su silencio, siempre tan potente y que hoy nos llama a estar alerta frente a una guerra anunciada que se va haciendo realidad: CHIAPAS AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL; aunque lo niegue cínicamente Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón, aunque lo oculten los medios de comunicación nacionales. Sabemos lo que está haciendo hoy el gobierno de la 4T, que en sus calendarios están calculando el número de votos, no de vidas. Que prefieren aliarse con la delincuencia organizada y trabajar con los grupos paramilitares, asegurándose así el control territorial para entregárselo al capitalismo y al mismo tiempo, desmovilizar a quienes defienden la vida y se oponen a sus megaproyectos de muerte

 

  • Sabemos que a Morena no le interesa reconocer que hay un escenario de guerra en Chiapas por las afectaciones que esto pueda tener para sus pretensiones de mantenerse en el poder. Que reconocerlo implicaría incluso visibilizar la colusión entre la clase política y el crimen organizado (sabemos que Adán Augusto, uno de los candidatos más sólidos de Morena para la presidencia del país, es hermano de la esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien ha hecho un silencio sospechoso frente a la violencia que recorre al estado que “gobierna”).
  • Que sería contradictorio reconocer el nivel de conflictividad que existe en el territorio de Chiapas, a la vez que se militariza el país sobre el argumento de mayor seguridad, lo que vemos en Chiapas y en el país entero es el despliegue del crimen organizado, tal como si avanzaran juntos y coordinados, en la lógica de la guerra de destruir-reconstruir.
  • Sabemos también que el gobierno de la 4T no reconocerá que la violencia está siendo generada por sus programas gubernamentales que pretenden silenciarnos, al mismo tiempo que dividirnos entre comunidades y evidentemente perpetuar al grupo gobernante en el poder, para que este a su vez, entregue cuentas al mandón, al sistema capitalista; su programa Sembrando Vida, está acabando con los cultivos, con el tejido comunitario, así como generando ataques para quienes defendemos a la tierra, no como una mercancía sino como parte esencial de la vida comunitaria. Es así que grupos paramilitares como la ORCAO ven en estos programas gubernamentales una fuente de ingresos y para obtener más, despojan a nuestros hermanos zapatistas de sus tierras, tal como quieren hacer en la comunidad de Moisés y Gandhi, perteneciente al municipio de Lucio Cabañas, del Caracol 10, que está siendo atacada desde 2019 con armas de alto calibre y donde el 22 de mayo de 2023 hirieron al base de apoyo zapatista Jorge López Santiz, es decir, son ataques permanentes, claramente intencionados, denunciados y finalmente solapados por el mal gobierno.
  • Nos causa mucha preocupación que los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros, se muevan en el estado de Chiapas y en su frontera, que estén armando a comunidades enteras que a su vez están dispuestas a atacar a otras y López Obrador mire con desprecio los cuestionamientos respecto al tema.

 

Nosotros y nosotras, mujeres y hombres de la Montaña Baja, Alta Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, entendemos la situación, pues la guerra que se avizoraba en Chiapas, la vivimos también en nuestro territorio. La aparición de grupos narco-paramilitares, aunado al desprecio y olvido históricos de quienes han gobernado el país, ha dejado muerte y dolor: asesinatos, tortura, desapariciones, fabricación de delitos, encarcelamientos y todo tipo de violaciones a los derechos individuales y colectivos, todo eso con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal. No olvidamos que interceptamos a Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de octubre de 2022 y le exigimos que hiciera su trabajo de brindar seguridad y justicia; la respuesta no se hizo esperar, los Ardillos (grupo narco-paramilitar) asesinaron a 3 de nuestros compañeros el 5 de noviembre del mismo año: Adán Linares, Moises Cuapipistenco y Guillermo Linares. Tal como si fuera un historia interminable que nos enseña que los gobiernos, del partido que sea, trabajan con la delincuencia y no para el pueblo. No es casual el encuentro de la actual alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández, de Morena, con uno de los líderes del grupo narco-paramilitar los Ardillos, Celso Ortega, a quien le pregunta “¿cómo puedo ayudarte?”; la relación del Estado con la delincuencia es a todas luces una realidad.

 

Y es la misma situación que se viven en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, Colima, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y en todo el país: Por eso decimos que CHIAPAS ES EL ESPEJO DE MÉXICO.

 

Militarización, grupos paramilitares y grupos de la delincuencia organizada, son la actual triada con la que el Estado, sirviente de los capitalistas, está re-ordenando el territorio mexicano para el beneficio de los capitalistas, que avanzan en la apropiación del territorio. Pero sabemos que en la lógica de la guerra para re-ordenar, re-poblar y reorganizar un territorio, primero hay que destruir lo existente, de ahí la impunidad de la delincuencia organizada y los paramilitares. Es por eso que aunque AMLO ha militarizado al país, vemos que los cuarteles, bases militares, retenes, son filtros para quienes defendemos nuestra tierra, la vida, porque el crimen organizado y los paramilitares se mueve con total impunidad.

 

Llamamos pues a la sociedad en general a organizarse para defender el territorio y la vida pues la delincuencia organizada avanza con la complicidad de los malos gobiernos y si no estamos organizados, en poco tiempo no habrá nada que defender. Llamamos a la solidaridad en los hechos con los pueblos de México que nos organizamos en el Congreso Nacional Indígena (CNI), con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues es en los pueblos indígenas donde encontramos hoy en día una de las alternativas más sólidas al capitalismo. Nosotras y nosotros como CIPOG-EZ nos mantenemos en resistencia y organizándonos en nuestro territorio; respaldamos las iniciativas nacionales e internacionales de denuncia contra la guerra a nuestros hermanos y hermanas del EZLN y estamos dispuestos a acompañar y ser parte de cualquier acción solidaria en el territorio zapatista: reciban hermanos y hermanas del EZLN el abrazo de nuestras comunidades.

 

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL EZLN!

¡ALTO A LOS ATAQUES CONTRA LA COMUNIDAD DE MOISÉS Y GANDHI EN CHIAPAS!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!

¡ALTO A LA GUERRA EN EL TERRITORIO MEXICANO!

 

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

radio
Radio Zapatista

Chiapas es México: Denuncian situación de guerra en Chiapas y complicidad del Estado

“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…

Pronunciamiento “Chiapas es México”

En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.

En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.

Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.

Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.

Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.

Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.

También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.

Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.

Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.

Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:


Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas

(Descarga aquí)  

Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.

Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…

Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.

Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.

En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.

Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.

El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.

Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.

Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.

Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:

1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.

2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.

3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:

a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones

Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.

Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.

Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas

[1] Datos del gobierno federal.
[2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
[3] Datos del gobierno federal.
[4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).

radio
Avispa Midia

Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Foto de portada: Embajada de los EEUU en Perú

La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de mil militares de Estados Unidos, cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal -otras 19 fallecieron en incidentes relacionados- por parte de las fuerzas de seguridad.

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La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima.

De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre, con el fin de ofrecer “apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú”. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado (Ayacucho, Apurímac, Cusco).

El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima: “¿Cuántas muertes más quieren?”.

Foto: Marina de Perú

En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp) reafirma su posición no violenta, sin banderas de partidos ni sindicatos. “Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión: abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado, plurinacional, de las regiones. Desde 1821 las 12 constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva Constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No los vamos a permitir en nuestra lucha, ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar”.

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Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. Desde la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sea por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.

En las movilizaciones masivas en la capital también participarán, de acuerdo a la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 30 mil integrantes de la organización encargada de la seguridad comunitaria en áreas rurales.

Guerras imperiales por extractivismo

A la vez de la advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica, donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas, como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.

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Estados Unidos respaldó, desde el principio, la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. En declaraciones recientes, la embajadora de EE.UU. en el país andino, Lisa Kenna, sostiene que trabaja con el Perú “fieles a los principios de la democracia”. Es la única nación suramericana en la que ejecutarán ejercicios militares este año y la tercera de Latinoamérica, con México y Belice.

Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Macusani Yellowcake el primero de tres permisos para la exploración de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la Policía y el Ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna el capital de Washington: “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo (…) La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.

El litio es, actualmente, el mineral más codiciado por los capitales imperiales. Suramérica posee las mayores reservas mundiales: el 80% de todo el ‘oro blanco’ del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.

Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero ‘triángulo del litio’ no lo conforman estos países, sino “el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.

“Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo, en Argentina, donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de tierras, el agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo”, indicó, desde Lima, la delegada de gremios internacionales que respaldan al Conulp.

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La violencia de Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación, ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.

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