Hostigamiento del mal gobierno hacia el compañero Alejandro Torres Chocolatl, Concejal del CNI-CIG
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A l@s compañer@s Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A la sociedad civil
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, Guardianes del río Metlapanapa y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala denunciamos que:
En medio de la guerra mundial que padecemos en contra de la Madre Tierra y de los pueblos originarios generada por el capitalismo y fortalecida por los malos gobiernos federales, estatales y municipales, las comunidades seguimos siendo perseguidas por defender el territorio, la vida y la construcción de autonomía.
En el estado de Chiapas, en medio de una crisis de seguridad que está a punto de detonar una guerra civil, el mal gobierno federal, a través de la Organización regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), desata una guerra contra las comunidades zapatistas, lo que ha ocasionado heridos de gravedad como el caso del compañero Gilberto López Sántiz, la detención injusta del compañero Manuel Gómez Vázquez y diversas agresiones y perdidas materiales con la finalidad de seguir el hostigamiento hacia las Comunidades Bases de Apoyo Zapatistas.
En el estado de Puebla, el día de hoy, viernes 2 de junio de 2023, el mal gobierno estatal de MORENA encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el fiscal del estado Gilberto Higuera Bernal, el gobierno municipal de Juan Crisóstomo Bonilla encabezado por José Cinto Bernal, continúan con la persecución contra los compañeros defensores del territorio y la región Cholulteca. Al punto de las once de la mañana en el pueblo de Santa María Zacatepec la Fiscalía del estado se hizo presente a bordo de dos vehículos, un auto tipo Cámaro color gris y un Jetta color azul rey vestidos de civil preguntando por la ubicación y el domicilio del compañero Alejandro Torres Chocolatl. Después, a la 1:30 PM el vehículo gris fue a preguntar a la cabina de radio Zacatepec por el compañero Alejandro Torres Chocolatl. Es importante señalar que Alejandro Torres vive un proceso jurídico en su contra encabezado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS-PUE) a raíz de la oposición que las comunidades Cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa.
Este acto de persecución e intimidación se desarrolla en el marco del proceso jurídico que se lleva a cabo con el compañero Miguel López Vega que fue perseguido durante 3 años por la misma defensa del río Metlapanapa y en el marco de las acciones globales para exigir el cese a la guerra que se vive en territorio zapatista.
Exigimos el alto a la guerra de exterminio que se vive en los pueblos originarios y el cese a la violencia sistemática que el capital ejerce en contra de las comunidades que se organizan por la vida y el territorio.
El compañero Alejandro Torres Chocolatl es comunicador popular de la radio Comunitaria Zacatepec, integrante del Concejo Indígena de Gobierno- Congreso Nacional Indígena y defensor de la vida y la autonomía del territorio cholulteca.
Autonomía, tierra y libertad
A 2 de junio de 2023
Región Cholulteca, Puebla México
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Guardianes del río Metlapanapa
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
Pueblos y organizaciones de Perú anuncian reanudación de protestas en junio
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.
Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.
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Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.
Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.
Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.
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Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.
Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.
La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).
Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.
Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.
Racismo letal
El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de
Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.
De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.
Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.
Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.
Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.